Violencia Institucional //// 13.06.2019
APDH denunció penalmente a Bullrich

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich, funcionarios y exmiembros del ministerio de Seguridad de la Nación. Desde el Poder Judicial se solicitó la detención del prefecto Francisco Javier Pintos, uno de los responsables del asesinato de Rafael Nahuel. 

Foto Daniela Morán

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Gerardo Milman, secretario de Seguridad; Pablo Noceti, exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad; y Gonzalo Cane, exsecretario de Cooperación, fueron denunciados por la APDH quienes los responsabilizó penalmente de las represiones y asesinatos que sufre la comunidad originaria del sur. Estos serán investigados por delitos de coacción agravada, lesiones graves, torturas psicológicas y físicas, abuso de autoridad y homicidio agravado.

Ayer por la tarde también se notificó el pedido de detención del prefecto Francisco Javier Pintos, procesado como actor responsable del asesinato de Rafael Nahuel. La APDH celebró la detención de este y aseguró que: “La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel son ejemplos claros de la existencia de un plan criminal coordinado desde las más altas esferas del Estado, con el objetivo de llevar adelante un accionar represivo premeditado”. Es por ello que se deberá investigar los hechos sucedidos sobre el territorio Mapuche desde la reforma del protocolo de la protesta social. La Asamblea planteó además que la ministra modificó la reforma del protocolo de la protesta social en el que se eliminó la prohibición del uso de armas de fuego pero introdujo el uso de la flagrancia para justificar la represión.

“La búsqueda de verdad y justicia por los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son banderas inclaudicables en nuestra lucha. Existe una clara intención de emplear el aparato represivo del Estado Nacional para amedrentar a la comunidad Mapuches abusando de la autoridad que le da la Ley para consumar su plan represivo sin importar las consecuencias. Hay un verdadero desprecio por la vida”, expresaron desde la APDH.

Por último, agregaron que "la persecución no se puede desvincular de los negocios inmobiliarios en las tierras patagónicas. No es un acto que solo refiera a cuestiones vinculadas con la represión de la protesta social".