Violencia Institucional //// 10.07.2018
27 de agosto: cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil

Familiares de víctimas del gatillo fácil convocan a una marcha el 27 de agosto desde el Congreso a Plaza de Mayo. La movilización se replicará en distintas ciudades del país.

Por Familiares organizadores de la Marcha Nacional contra el Gatillo

El 27 de agosto marcharemos desde Congreso a Plaza de Mayo para decir: basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención; basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas; libertad a los presos políticos; no a la reforma del código penal y la implantación de la “doctrina Chocobar”; no a la inclusión de las fuerzas armadas genocidas en la seguridad interna, responsables de los 30000 compañeros detenidos desaparecidos; ni una menos en las cárceles también.

Con la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, y la criminalización de la lucha encabezada por el lonko Jones Huala, actualmente en huelga de hambre y que atraviesa juicio tras juicio de extradición a Chile donde buscan condenarlo por terrorismo, el Estado dio durante el año pasado un salto en la represión, buscando imponer la idea de un enemigo interno.

Durante diciembre se sucedieron represiones con múltiples militantes detenidos y procesados en las manifestaciones populares que se organizaron contra la política económica de Cambiemos. También fueron reprimidos los trabajadores que se organizaron contra los despidos en sus lugares de trabajo: SENASA, INTI, Hospital Posadas, el Subte.

El año 2018 comenzó con una explícita defensa por parte de Estado del represor que tiró a matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc, el policía Chocobar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el mismísimo presidente Macri celebraron públicamente el accionar asesino del policía, mostrando con claridad cómo el gatillo fácil es política de Estado. A los pocos días, en Tucumán, Facundo Ferreira, un pibe de 12 años era asesinado por la policía. Otro crimen fue el asesinato previsible de Federico Salazar, detenido en un centro penal de menores, denunciado en diversas oportunidades, incluso ante la CIDH. No podemos dejar de mencionar la impunidad de la que gozó el comisario Donza, prófugo durante un año, siendo el responsable de los 7 pibes masacrados en Pergamino.

Desde la vuelta del régimen constitucional hasta hoy, pasando por gobiernos de distinto color político, hay registrados más de 5500 casos de muerte por gatillo fácil, torturas en cárceles y comisarías seguidas de muerte y desapariciones. Nos matan un pibe cada 23 horas.

No son casos aislados, sino que estas formas de represión son ejercidas de manera sistemática a lo largo y a lo ancho del país y dirigida fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes. Se suceden impunemente, además de asesinatos por parte de las policías, múltiples formas de represión contra los más vulnerables: redes de trata, como de la que fue víctima Johanna Ramallo y otras, desaparecida desde julio del año pasado, femicidios, travesticidios, o hasta el impulso de acciones lesbofóbicas como la que originó la prisión de Eva de Jesús, Higui.

Por eso denunciamos que no se trata de uno, dos o mil policías sino de toda la institución, así como de todas las otras fuerzas represivas: gendarmes, prefectos, penitenciarios, etc. El responsable es el Estado.

Pero también decimos que Cambiemos, desde que llegó al gobierno a fines de 2015, ha tenido como política intensificar la represión a la clase trabajadora. Eso significó la promulgación de la Ley de Sepultura 24.660, que arrebata casi todos los derechos de los privados de su libertad, y el intento de bajar la edad de imputabilidad el año pasado. A eso responden la intención de reformar el Código Penal para librar de responsabilidad a los policías que matan a nuestros pibes en todo el país, o la de devolver a los milicos a las calles para que colaboren con las fuerzas de inseguridad y juntos aumenten los niveles de represión a los que nos vemos sometidos bajo las excusas de las “nuevas amenazas” como terrorismo y el narcotráfico.

El año pasado denunciábamos en nuestra convocatoria las absoluciones de los asesinos de Omar Cigarán, Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, entre otros muchos casos. Esa política continuó con el fallo que ratifica la impunidad para el caso de Jonatan Herrera en Rosario y la absolución de Diego Walter Flores, el asesino de Omar, confirmada a principios de este año en La Plata.

El 21 de agosto, unos días antes de la marcha, comenzará el segundo juicio por la tortura y la muerte de Fabián Gorosito, en el que se encuentran acusados 11 policías. Todos ellos fueron absueltos tras el primer juicio en 2014 y llegan en libertad a esta nueva instancia. La mamá de Fabián, María, al igual que durante este primer juicio, volvió a sufrir amenazas y hostigamientos. Esto nos muestra que no están dispuestos a dejar que nos organicemos y luchemos contra la represión. Tal como lo demostraron al reprimir a los compañeros que organizaron la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en Córdoba el año pasado. Ante lo que necesitamos estar más unidos que nunca para frenar este avance en las políticas represivas del Estado.

Por esto el 27 de agosto salgamos a la calle para gritar: ¡Basta de gatillo fácil! ¡Ni un pibe menos! ¡Ni una bala más! ¡El Estado es responsable!