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Sociedad //// 04.04.2016
Cuando Macri fue procesado por operar una empresa offshore

Fue en el marco de la causa que lo investigó por contrabando. El ahora presidente fue sobreseido por la Corte Suprema menemista.

Por Nicolás Adet Larcher

El escándalo por el descubrimiento de un cargo ejecutivo del presidente Mauricio Macri en una sociedad offshore, Fleg Trading Ltd, obliga a repasar parte de la historia del mandatario desde su ascenso como empresario hasta el Poder Ejecutivo. Para Macri, los negocios con sociedades offshore no son una novedad.

Hagamos historia. En febrero de 2001, Macri fue procesado junto a su padre, Franco, por el delito de contrabando de autopartes. La causa se había iniciado en 1997, un año antes de la fundación de Fleg Trading, cuando salió a la luz un mecanismo que la empresa Sevel utilizaba para vender autopartes hacia Uruguay. Luego, vendía los autos terminados hacia Argentina.

Para poder impulsar esta estrategia, donde el grupo empresarial se beneficiaba con un arancel diferencial, la familia Macri utilizaba una empresa fantasma llamada Opalsen S.A., que era controlada por la misma Sevel desde Argentina. En aquel momento, Macri era presidente de Boca y fue procesado por el juez en lo Penal Económico Carlos Liporace por el delito de contrabando.

En la investigación se detectaron exportaciones que se habían llevado adelante en 1993 a través de compras y ventas mediante Sevel Uruguay y la empresa Drago S.A., que también era controlada por la familia empresaria, según lo determinado por la justicia. El hecho había saltado a la luz por la comparación realizada entre números de chasis y el motor de más de 1300 vehículos.

En ese momento, la fiscalía había calculado que durante 1993 se habían realizado movimientos por 14 millones de dólares.  El padre del actual presidente ya había sido procesado por esta causa antes que su hijo, quién luego se sumó por el mismo delito que tenía previsto una pena que iba de 2 a 10 años de prisión. Para la DGI, la empresa llegó a evadir alrededor de 55 millones de dólares.

La Aduana se mantuvo como querellante en la causa hasta el año 2000, cuando el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, intervino para sugerir que se desistiera en la causa. Los medios atribuyeron la presión de Machinea sobre la Aduana a la preocupación de la empresa Peugeot por el impacto de la causa sobre sus activos financieros.

Finalmente, la Corte Suprema menemista de mayoría automática, que se mantendría hasta 2002, tomó el caso del tráfico de autopartes luego de que la Cámara de Casación emitiera un polémico fallo donde la familia Macri quedaba sobreseída. En esta situación, llamó la atención la intromisión de la Cámara en cuestiones probatorias. Ante esto, el fiscal Ricado Weschler interpuso un recurso ante el tribunal para objetar el sobreseimiento.

Como es sabido, la Corte Suprema determinó el sobreseimiento de los directivos de la empresa y del propio Macri. El hecho fue tan trascendente que incluso ese fallo se tomó dentro de los casos a tener en cuenta en la Comisión de Juicio Político para desplazar al juez Julio Nazareno.