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Sindicales //// 26.12.2018
Sigue en peligro la Defensoría del Público

El organismo que defiende los derechos de las audiencias de la televisión y la radio afronta una virtual paralización de sus funciones y misiones. 

Comunicado ATE-Defensoría del Público

Preocupación en la Defensoría del Público

Quienes trabajamos en la Defensoría del Público manifestamos nuestra preocupación por las irregularidades en el funcionamiento del organismo y la falta de continuidad en las líneas de acción que desarrollamos.

Luego de que en septiembre la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización designara a Emilio Alonso como encargado transitorio de la Defensoría por el plazo de 60 días, otorgándole las facultades conservatorias para sostener el funcionamiento del organismo, hubo un declive pronunciado en las actividades.

Al cumplirse los 60 días del nombramiento de Alonso y sin designar a un Defensor o Defensora, la Comisión decidió prorrogarlo como encargado hasta el 15 de marzo. En diciembre, ante la falta de respuesta sobre la renovación de contratos de locación de servicios y plantas transitorias que puso en riesgo 17 puestos de trabajo, la Asamblea de trabajadores y trabajadoras decidió un plan de acciones gremiales que culminó en la renovación de todos los contratos hasta el 28 de febrero de 2019.

Pese a este logro colectivo, atravesamos un peligroso congelamiento de las líneas de acción del organismo. Esa situación empeoró por la decisión del Encargado de desplazar a Ernesto Lamas, Director del área de Capacitación y Promoción. Así, se paralizarían aún más las acciones del sector que desarrolla la mayor parte del trabajo territorial de la Defensoría y que responde a las demandas de diferentes sectores de la sociedad mediante capacitaciones y actividades orientadas a promover y garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación.

Esta medida, sumada a la falta de nombramiento de una autoridad competente y la amenaza sobre los puestos de trabajo, agudiza la obstaculización de las funciones de la Defensoría del Público y pone en riesgo su continuidad.