fbpx Ctera y AGD rechazan la suspensión del régimen especial de los docentes | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Sindicales //// 19.12.2019
Ctera y AGD rechazan la suspensión del régimen especial de los docentes

La Confederación de Trabajadores de la Educación manifestó su "preocupación" por los artículos 51 y 52 del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que suspenden la fórmula de actualización jubilatoria y el régimen especial del 82 por ciento móvil para los docentes.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) manifestó su "preocupación" por los artículos 51 y 52 del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que suspenden la fórmula de actualización jubilatoria y el régimen especial del 82 por ciento móvil para los docentes, y exigieron su modificación antes de la votación de mañana en la Cámara baja. La Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA también se manifestó en contra de los mismos artículos y solicitó su anulación.

"Compartimos el espíritu general de la ley, ya que entendemos que son los sectores que menos ganan los que deben recibir, de manera inmediata, la mayor asistencia del Estado", reconoció la CTERA respecto del contexto económico y social en el que el Gobierno envió al Congreso una ley de emergencia, pero exigió que "sean los beneficiarios directos de las políticas económicas de Cambiemos, los que hagan el mayor esfuerzo y no les trabajadores".

La junta directiva de la confederación -integrada por Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López- recordó que los docentes "han sido fuertemente perjudicados por el ataque al sistema previsional de la administración anterior" y detallaron que de los 150 mil docentes jubilados, solo el 2 por ciento accedería al bono de 5 mil pesos contemplado por el Gobierno. 

Además, la CTERA recordó que el 50 por ciento de los jubilados docentes -74 por ciento son mujeres- cobra menos de 44 mil pesos, cuando el INDEC reveló que la canasta básica alimentaria era de 37.596 pesos en noviembre pasado. La propuesta del proyecto del Gobierno es un bono de 5 mil pesos para quienes cobren el mínimo (14.068 pesos) y un monto menor hasta un tope de 19.068 pesos . 

"Les solicitamos a los señores legisladores que sean modificados los citados artículos del proyecto de ley de tal forma que no se afecte el régimen jubilatorio docente ni su movilidad", subrayó CTERA. 

La AGD-UBA también se expresó en contra de los artículos 51 y 52, que suspenden los regímenes especiales también de otras actividades como los investigadores científicos, recordaron que la docencia universitaria paga todos los meses un 2% de su salario para acceder a ello y lamentaron que "serán condenados a la miseria tal como exige el FMI".

El debate en el recinto

La suspensión de la movilidad jubilatoria y los regímenes especiales fue el punto más crítico de la exposición del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien sostuvo que el objetivo, como indica la norma, es poder pagar un monto extra a los jubilados que reciben la mínima, pero negó que se trate de un "congelamiento", ya que el Gobierno decretaría un aumento -sin un criterio previo- para todos los jubilados en los próximos dos trimestres. 

Moroni aseguró que la suspensión de los regímenes especiales será por 180 días y serán puestos en vigencia nuevamente vencido ese plazo. El ministro de Trabajo resaltó que en los próximos días se conformará una mesa de diálogo con legisladores y representantes gremiales para trazar una revisión de la movilidad jubilatoria y también una compensación para aquellos que hayan sido afectados en sus pagos. En ese punto, la oposición advirtió sobre una posible avalancha de juicios contra el Estado. 

El titular de la CTA de los Argentinos y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, reconoció durante el debate la crisis social y económica que entregó el ex presidente Mauricio Macri, respaldó el proyecto de emergencia, pero aseguró que "no tendrá sentido" el perjuicio que tendrán los jubilados que reciben salarios más altos si no se convoca a todas las partes afectadas a debatir lo que ocurrirá después de los 180 días solicitados por el Gobierno.