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Sociedad
26.07.2010

 
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Por Nicolás Bondarovsky 
En los tiempos políticos que vivimos, el análisis de las elecciones presidenciales del año próximo es un tema recurrente que no escapa a ninguna charla, debate o plenario. Dentro de los actores que pueden llegar a protagonizar esta película - y no mirarla desde una cómoda butaca - están la compañera y actual presidenta Cristina Fernández y el compañero Néstor Kirchner.
Una de las aristas que suelen surgir cuando se trata de analizar el panorama electoral, es el tema de una eventual segunda vuelta. ¿Qué harán los terceros en discordia? Según pudo averiguar este cronista, el debate no escapa a la militancia de Proyecto Sur (PS) que lidera Fernando Pino Solanas. Las fuentes consultadas nos dicen que “tienen decidido” acompañar la fórmula kirchnerista llegada la situación. Habrá que ver…
Las mismas fuentes nos hablan de largas discusiones – que no son nuevas - que siempre tienen como protagonista central al proceso político que comenzó en 2003. En su momento, un acalorado debate giró en torno a la ley de medios y a la decisión que tomarían los diputados de Proyecto Sur. Muchos militantes querían apoyar al kirchnerismo y dudaban de sus representantes. Finalmente, los legisladores de Proyecto Sur acompañaron al proyecto oficial.
Tanto Pino Solanas, como Claudio Lozano o Alcira Argumedo, principales figuras de PS, se mostraron muy duros al momento de caracterizar al kirchnerismo. No pocas veces, lo han definido como una mera continuación del menemismo.
En cambio, ese panorama se modifica cuando el diálogo incluye como interlocutores a militantes de base del espacio. Allí emergen los elogios a muchas intervenciones K y se extiende la conclusión de que el kirchnerismo es la mejor opción entre las posibles (por supuesto, siempre que el propio PS no llegue a la etapa electoral final). De allí surge la decisión de acompañar la fórmula oficialista en una posible segunda vuelta. ¿Coincidirán Solanas, Lozano o Argumedo?
En su momento, discutimos con PS. Le pedíamos una reacción que quitara al espacio de ese conglomerado opositor al que identificábamos como de “derecha conservadora”. Sosteníamos – lo seguimos creyendo - que si “el enemigo triunfa, el futuro nos iba a encontrar luchando espalda con espalda para resistir”. (Agencia Paco Urondo)
 

23.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Las nuevas formas sociales y las fisonomías urbanísticas recientes, obligan a pensar en aggiornadas repuestas al fenómeno de la inseguridad, el cerco arquitectónico-social  que las representa y simboliza. Un acercamiento al caso Medellín.
Ante las conocidas, escuchadas y reiteradas recetas que intentan paliar la compleja problemática de la inseguridad; frente al reduccionista argumento de que la inseguridad requiere, para ser vencida, más policías en la calle y un Código Penal a tono con las violencias que los delitos han cobrado en los últimos años; ante la urbanística fisonomía que las ciudades han ido asumiendo a lo largo de los últimos veinte años, otras respuestas posibles deben ser analizadas. Algunas están siendo ejercidas desde campos diversos que no siempre son interpretados como válidos a la hora de pensar soluciones estructurales a dicha problemática.
Como un fenómeno que en apariencia burla el proceso de Globalización, cuando en verdad forma parte de su secreto intrínseco, en todas partes del mundo se han ido desarrollando micro centros urbanos que se presentan, en muchas ocasiones, inexpugnables para los distintos niveles del Estado. Al tiempo que las fronteras nacionales parecen, por un lado  desvanecerse con la fugacidad de internet; y por otro, parecería ser que algunos países construyen fronteras de cemento para hacer visible lo que la Globalización tiende a invisibilizar: el sujeto social.
Fisonomías Urbanas
En Brasil y Medellín las favelas, El Alto de La Paz, los Ghettos en el suburbio francés y los suburbios del Bronx Neoyorquino, tan estudiados por Loïk Waqcuant en “Estado, Ghetto y Periferia.” En Argentina lo que podría ser Fuerte Apache, la villa 1.11.14, la villa 31, el Bajo Flores, Dock Sud, etc. Algunos de esos barrios estudiados y puestos en evidencia en el reciente libro de Cristian Alarcón “Si me queres, quereme transa” seductor ensamble novelístico con Non fiction y crónica periodística de alta pluma; trascendente investigación que abre un nuevo género en la literatura argentina poniendo en discusión, qué tanto podemos desconocer de nuestro propio territorio cuando el fenómeno del narcotráfico a mediana escala (cruce salvaje de micro emprendimiento económico, fenómeno migratorio mixturado y sustentado en complejas redes de complicidad con el Poder Judicial y fuerzas de seguridad publicas), o cualquier otro fenómeno social de reciente data, azota a la gran urbe, lejos, lejísimos del brazo corto del Estado que nunca llega, excepto en su faz extorsiva o represiva; y la Escuela que siempre está.
En todos estos lugares de Francia, Estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina, estos nuevos Ghettos imponen a la democracia nuevas formas de verse y repensarse, nuevos semblantes urbanos, novedosos y complejos dilemas que cuestionan el seno mismo de la vida democrática: la igualdad y la justicia social. Sin embargo, el fenómeno de los Ghettos argentinos tiene una particularidad; es la lógica del country, pero al revés. Digamos que en vez de encerrarse en un territorio para evitar las inseguridades de la gran ciudad, habría ahora un country privado, un Ghetto, propio de la marginalidad, la ciudad y el sistema los ha depositado ahí. Allí la gran parte de la población no ingresa pero porque salir con vida psíquica de allí sería inverosímil. Esa negación, materializada por esos Ghettos, implica costos sociales y culturales, consecuencias que requieren de reflexiones que analicen las posibles soluciones de nuevos fenómenos que colateralmente fluyen desde ellos. Entre los cuales el de la inseguridad es solo el más renombrado, nunca el más complejo.
En su reciente libro “La ciudad pánico” el ensayista y filósofo francés, Paul Virilio, sostiene que  “La ciudad pánico se traduce como la hiperconcentración de las metrópolis modernas. Sabemos, por ejemplo, que en el año 2000 había 3.000 millones de seres urbanos censados, sin hablar de las villas miserias. Ahora bien, según las predicciones, en el 2025 seremos 5.000 millones de personas las que viviremos en las ciudades, o sea la mitad de la población mundial. La ciudad hoy tiene más importancia que el estado. Entonces, la ciudad que fue el lugar no sólo de lo político sino también de la ‘civitas’, es decir de la civilización, ha dejado de serlo. El espíritu, el aire de la ciudad liberan, y eso es lo que se invierte en este momento. La ciudad se vuelve una máquina de guerra; es el foco de la crisis de lo político y de lo bélico, ya que lo militar y lo político están ligados. El pánico se apodera de la ciudad. Pensemos en esas megalópolis de 20 o -muy pronto- 30 millones de habitantes, en el modo de vida de esas aglomeraciones que ya no tienen rostro ni escala humana. La desregulación y la des-realización han penetrado en la ciudad. Y se ha operado una inversión: la ciudad, que alguna vez fue el corazón de nuestra civilización, se ha vuelto el corazón de la des-estructuración de la humanidad”
A nuevos fenómenos nuevas respuestas.
En este sentido la ciudad colombiana de Medellín se ha puesto al frente de una cruzada complejísima que no resuelve el problema de la violencia y el narcotráfico, pero da herramientas para que algo, más allá del aislamiento social y de la mera represión policial, suceda. Ese fenómeno de narco/violencia ha sido tan contundente y devastador que la propuesta de construir un mega Centro de Desarrollo Cultural ha emergido de la comunidad a la Alcaldía y no a la inversa, como suele suceder. Pero Medellín fue más allá y se propuso hacer un centro cultural pensando, no en pobres marginales, no en parias que, más temprano  que tarde morirán bajo una ráfaga de metralleta o descerrajados por el tiro de las Glock 40. Se han puesto a pensar en términos de ciudadanía, no en pobres. Construyeron  un auditórium, varias salas de grabación musical, salas espejadas para practicar danzas, salas insonorizadas para ensayar canto. Y los conjuntos que de allí brotan, graban sus Cds y los comercializan en la misma favela y la ciudad. Ello hace pensar que la apuesta con los niños y adolescentes es tan fuerte como costosa. Allí se dictan cursos de literatura, canto, baile, cine. Como respuesta a la iniciativa, lejos del imaginario social que indica que el marginal destruye por placer y no por impotencia, la comunidad ha sido ejemplar en su conducta y un modelo que podríamos copiar. Se han apropiado del Centro de Desarrollo Cultural desde un primer momento. Lejos de las fuerzas de seguridad que se tirotean de a miles con los narcos, allí dentro, otra cosa sucede (y suena)  mas allá de las balas; sin que ellos mismos puedan saber cómo saldrán a la vida y a un mercado laboral que les ofrecerá mejores opciones económicas en lo ilegal que en el estudio o el trabajo formal.
En Argentina hay experiencias muy positivas al respecto, quizás no de la dimensión de lo de Medellín, cuyo presupuesto municipal en cultura, supera al total nacional de Colombia en igual rubro. La Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs.As., lleva adelante el programa “La Orquesta Escuela”, en donde los alumnos son miembro y parte de la orquesta, la escuela le da los instrumentos, ensayan en la escuela con profesores de la escuela, realizan conciertos y participaciones con otras “orquesta escuela” y coros provinciales e interprovinciales. El nivel de aceptación del programa en la comunidad es excelente. También ello muestra un camino a imitar para reproducirlo y multiplicarlo. Otro ejemplo interesante es el colectivo Chicos Rodando, un grupo de adolescentes de La Cava que produjeron y filmaron el documental “No somos peligrosos, estamos en peligro” o el documental de los chicos de la Villa 31 llamado “Mate o leche” y todas las actividades desarrolladas por la Escuela de Educación Popular de Arte Plástica de la Villa 31 y tantas otras actividades que se llevan adelante en lugares en donde “lo cultural” no sería tomado como una necesidad de primer orden, sin embrago allí, también habita el acto que dignifica y tracciona subjetividades. 
 Estos ejemplos conforman una nueva vertiente de la cultura popular que obliga a reflexionar acerca de qué tanto margen de maniobra les dejamos a los niños y adolescentes en un mundo que se ha concentrado en reproducir culturas de aislamiento y segmentación, ofreciendo hacia el futuro sólo lo convencional conocido, ante un nuevo escenario sociocultural, que no guarda relación alguna con nada de lo sucedido en nuestra historia.
Medellín camina, allí están ellos, erguidos pero bailando, de pie, filmando, cantando, leyendo, grabando sus músicas mientras afuera la noche se cierne sobre los miles de muertos que el narcotráfico se cobra año tras año. Son niños y pibes refugiados en actividades artísticas, de esparcimiento. La cultura los contiene, ahora forman parte de una apuesta al futuro, eso es lo novedoso, lo instituyente, lo esperanzador.
 En Argentina lo que sucede de malo con los adolescentes, al menos en parte,  es la falta de propuestas creativas para ellos, no el incentivo sobre lo que NOSOTROS, los adultos, creemos que ellos tiene que ser, sino una verdadera libertad para que ellos elijan lo que quieren ser o al menos la posibilidad de intentarlo. No están “perdidos” por iniciativa propia, les faltan opciones. En un país donde la segunda causa de muerte son los suicidios, ofrecer este tipo de herramientas en la niñez y la adolescencia, podría ser parte de una respuesta más integral que las oídas y desactualizadas propuestas de cercar y cercenar ciudadanías.   (Agencia Paco Urondo)

23.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, comunicado de prensa) En respuesta a la nota escrita por Julio Blanck, y publicada en Clarín en su última edición dominical, el Diputado Nacional Fernando Solanas responde y aclara alguno de los conceptos expresados en la nota.El nacimiento del Interbloque Proyecto Sur -hecho público el 15 de diciembre pasado- desorientó a todos con su política independiente y su agenda propia, votando lo que consideraba bueno para el país viniera del oficialismo o de la oposición. Para los K somos apéndices del grupo “A” porque nuestra oposición a las medidas neoliberales del gobierno le hace el juego a la derecha, aunque ellos siguen endeudando a la Argentina y entregando los recursos naturales. Para el grupo A somos funcionales al kirchnerismo cuando no compartimos su agenda y puntos de vista. Lo que a ellos, al gobierno y a los grupos mediáticos les cuesta admitir es que no somos ni el grupo “A” ni el “B”; en todo caso, seríamos el grupo "C": con la "C" de coherencia y cambio. Se ponen nerviosos porque no pueden gobernarnos y seguimos siendo una fuente de atracción para sus bases, los jóvenes y el electorado independiente.
Hoy todos quieren que compitamos por el gobierno de la ciudad. En eso coinciden el kirchnerismo, el peronismo disidente y la coalición radical, ya que si vamos por la presidencial debilitamos a todos. Lo divertido es que nos dicen: “Che…cuídenlo a Pino..!. nosotros lo respetamos mucho pero sería una locura que no fuera por la ciudad..". Esa tentadora opción tiene sus ventajas y su contra, en tanto podría significar la posibilidad de gobernar la capital de la república, hacer una experiencia de gestión y desde allí prepararse para el 2015. Por el contrario, significaría ceder nuestro potencial de votos nacionales a los otros partidos y abandonar la construcción y desarrollo de una fuerza nacional que cuestione al bipartidismo para el 2015 o (¿por que no?) para el 2011. ¿Quién puede predecir cuanto podemos crecer con un electorado decepcionado por los partidos tradicionales? ¿Quién iba a imaginar que sin habernos pronunciado ni lanzado públicamente una candidatura, figuremos en las encuestas entre los 3 o 4 primeros candidatos...? ¿Quién pensaba en el 2009 que en la Ciudad de Buenos Aires -donde dos años antes Macri ganara con el 62%- Proyecto Sur iba a multiplicar los votos un 350%, pasando del 7,5 al 24,5 %?. Lejos de haber girado a la derecha, una parte del electorado de la ciudad apoyó nuestra campaña, que hablaba de los temas nacionales afirmando que “se puede” reconstruir el país, recuperar los recursos, democratizar la democracia, refundar una ética pública.
Ante la participación nacional de Proyecto Sur, la coalición que lidera el radicalismo es vista como la repetición de la "Alianza" del 98 y sectores progresistas y aun de sus propias bases, se inclinarían hacia nosotros porque encarnamos las causas de los derechos sociales, la defensa patrimonial y la democratización de la democracia. Del lado de las variantes peronistas, todos saben que Proyecto Sur reivindica la continuidad de las ideas del movimiento nacional, desde Forja al 45 y Juan Perón me convocó para filmar su único testimonio cinematográfico. Hoy las encuestas a nivel nacional nos dan alrededor del 10%, sin haber lanzado la candidatura: en campaña podríamos pegar un salto significativo. No solo gozamos de alta imagen positiva; también somos un punto de convergencia de muchos sectores políticos y sociales. Debe recordarse que en muchas provincias la mitad de la población no vota porque descree en los partidos tradicionales o ya hace demasiado tiempo que solamente puede optar entre Frankestein y Drácula.
Por estas razones, es prematuro afirmar como Julio Blanck que estamos "lejos de la pelea por la presidencia". Hoy no se presenta ningún candidato con un liderazgo tal, que esté en condiciones de ganar por una gran diferencia. La disputa no solo será entre tres, sino entre cuatro fuerzas; es el bipartidismo o nosotros. Proyecto Sur aparece como la alternativa del cambio, la fuerza de la juventud y los sin partido, el instrumento político de los movimientos sociales y las fuerzas territoriales dispuestos a protagonizar transformaciones con sentido emancipador, en paz y en democracia. Antes que habernos desunido, seguimos creciendo –como afirma Blanck- y sumando fuerzas; porque somos un espacio de convergencia de varias culturas políticas unidas detrás de un proyecto emancipador. Recién a fin de año y en el marco del tercer Congreso de Proyecto Sur, cuando se vea más claro quienes son los competidores y se confirmen las fechas electorales, decidiremos dónde jugar mi candidatura. Hoy no sabemos si Macri termina su mandato, si será Cobos o Alfonsín, o si Cristina terminará midiendo mejor que Néstor. Mientras tanto, nos preparamos para gobernar en cualquiera de los dos escenarios.
Con mis compañeros de cincuenta años de militancia –Alcira Argumedo, Luis Brunati, Julio Raffo, junto a aquéllos con quienes fuimos confluyendo en estos años –Mario Mazzitelli, Claudio Lozano, Eduardo Macalusse, Jorge Cardelli, Humberto Tumini y muchos más- seguimos profundizando nuestra propuesta y recogiendo la experiencia de estas décadas. Haciendo y proyectando películas, dando charlas y seminarios, organizando encuentros y participando en cientos de acciones de resistencia a dictaduras, traiciones y entregas, fuimos construyendo en estas décadas la referencia nacional de un espacio que sueña con un proyecto emancipador. Lejos de ser la frutilla del postre que amasan otros, somos un lugar de confluencia en la construcción de unmovimiento político, social y cultural; un emergente de las luchas que gran parte de nuestro pueblo -tantas veces traicionado- ha venido protagonizado en las últimas décadas. (Agencia Paco Urondo)

23.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Clarín 18/7/2010, gentileza Julio Fernández) Con Macri están decididamente en la vereda de enfrente. Y la mayoría del peronismo federal no los puede ni ver. Pero desde el kirchnerismo dejaron de revolearles cascotazos y ahora les tiran ondas de seducción. Ya sea en nombre de los buenos viejos tiempos cuando el contacto es con peronistas intachables de largo camino recorrido, o con recién estrenadas tolerancias cuando quieren sumarlos en algún proyecto parlamentario. Y los radicales les hacen caídas de ojos. Cada tanto Ricardo Alfonsín les desparrama un poco de su bonhomía. O les mandan mensajes prometedores a través de Margarita Stolbizer. Y hay zalamerías de los socialistas y hasta de Lilita Carrió.
 
Sucede que con el escenario político dividido en tres grandes porciones, la alternativa módica pero sólida de Proyecto Sur es bocado apetecible para cualquiera. Y más todavía: Pino Solanas y los suyos ya mostraron que están para picotear del plato de casi todos. Si hasta le distrajeron unos cuantos votos al macrismo en la última elección porteña. Los que más los sufren son los kirchneristas. Porque a esta altura, cada puntito que Solanas y compañía vayan acumulando será a costa del capital “progre” que el oficialismo intenta que no se le escurra entre tanta trapacería y manipulación. Ya lo dijo Solanas, en un acto en Moreno: “Hay muchos dirigentes preocupados; tienen miedo de que sigamos creciendo”.
En esas palabras hubo un poco de arenga de ocasión para entusiasmar a la concurrencia, y otro poco de dato concreto, de tendencia que parece afirmarse. Para evitar confusiones hay que decir enseguida que Solanas está lejos de la pelea por la presidencia. Y que para Proyecto Sur el poder es una variante que ni siquiera se perfila en su horizonte. Pero son un vecino molesto para los demás, porque supieron armar una oferta atractiva para ciertas franjas sensibles del público urbano. Solanas le pone una dosis de carisma, cierto aura de epopeya, una historia personal detrás y un puñado de temas, como la protección del medio ambiente y los recursos naturales, de los que no se ocupa casi ningún otro político de notoriedad. Pero Solanas es la frutilla de un postre que vienen amasando con paciencia y trabajo en barrios, gremios y universidades, los grupos que lidera el diputado Claudio Lozano y que tuvieron origen en la CTA que creció alrededor de Víctor De Gennaro.
A esa masa que está levando se incorporaron no hace tanto algunos sectores que se alejaron por izquierda del oficialismo, cuando Kirchner decidió consolidar su alianza con la estructura más rancia del PJ. Es el espacio que conduce Humberto Tumini, un histórico de la izquierda, donde destacan la diputada Victoria Donda y el dirigente piquetero y ex funcionario kirchnerista Jorge Ceballos. Hace menos tiempo todavía se sumaron algunas patrullas perdidas de la centroizquierda, decepcionadas del kirchnerismo después de haberle prestado tantos servicios. Hoy, dicen las encuestas que encarga el Gobierno, Proyecto Sur está firme en el segundo lugar en la Capital. Para la elección presidencial, con Solanas o para la elección porteña, con Lozano. Y se ofrece como un lugar amigable para los que se reconocen como progresistas pero no digieren ni la corrupción kirchnerista, ni el juego de alianzas volcado a la ortodoxia más dura, ni el discurso de distribución de la riqueza con que el oficialismo se llena la boca, mientras la inflación se come sueldos y asignaciones por hijo, y la riqueza se sigue concentrando.
Lo que más espanta a los muchachos de Solanas es terminar como furgones de cola del peronismo o el radicalismo. Según ellos, ninguna de las dos grandes formaciones alberga ya propuestas de cambio social y, en cambio, sólo se preocupan por reforzar su vínculo con los factores de poder. La licuación del Frepaso y del ARI en su acercamiento con los radicales, y el triste derrumbe de la transversalidad kirchnerista, parecen haberles servido de suficiente escarmiento. Si hoy tuvieran que cerrar la fórmula presidencial, irían Solanas y De Gennaro. Pero esperan que las grandes fuerzas terminen de acomodarse y quizás entonces asomen nuevas alianzas posibles. Juran que no tienen apuro. Y que su primer objetivo es construir una fuerza extendida en todo el país, con representatividad social más que con caritas conocidas en la tele. Se saben, por ahora, solamente objetores del poder. Y esa postura, si se quiere menos comprometida, no les resulta incómoda. En eso también son, o parecen, diferentes. (Agencia Paco Urondo)

23.07.2010

 
Catamarca (Agencia Paco Urondo) Los trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (APROSCA), que integra la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA), anunciaron una nueva medida de fuerza de 7 días hábiles ante la falta de respuesta del gobierno provincial a sus demandas. El paro se iniciará el próximo lunes 26 de julio y finalizará el martes 3 de agosto. Se cumplirán con las guardias mínimas y la atención a los internados.
 
Los médicos y profesionales de la salud reclaman entre otras cosas "un incremento salarial del 35 por ciento, la incorporación de profesionales en los centros de atención del interior de la provincia en todas las especialidades básicas, y una especial atención a los centros de salud del interior, sobre todo la zona de montaña, donde están renunciando muchos profesionales porque no llegan a cubrir con el salario ni siquiera sus necesidades básicas", explicó Julio Sánchez, secretario general de la APROSCA.
“Estamos a la expectativa de ser convocados al diálogo. El conflicto comenzó en octubre del año pasado y seguimos al día de hoy sin ninguna solución concreta. Los trabajadores del sector necesitamos una respuesta”, señaló Sánchez, y adelantó que de no abrirse el diálogo con el gobierno evaluarán continuar profundizando las medidas de fuerza. Desde la FESPROSA, presidida por Jorge Yabkowski, manifestaron el apoyo a los reclamos de los médicos y profesionales de la salud de la provincia de Catamarca y exigieron al gobierno la apertura de la mesa de negociación.
Prensa: Sabrina Roth 011-15-6600-7438 011-15-6600-7438 / Marcos Viancheto 011-15-5340-0973 011-15-5340-0973 (Agencia Paco Urondo)
 

22.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Página 12) Aun en un país donde prima la ligereza institucional, el paso dado ayer por Mauricio Macri pugna por un nuevo record. Un gobernante que pide su juicio político, que insta a sus legisladores a ser sus promotores es otro hallazgo argentino, aunque cabe reconocer que el jefe de Gobierno no es pionero en eso de creer que las normas son de látex, muy elásticas. Gestos de ese porte inducen a la ironía o a la indignación. El cronista optará por analizarlo políticamente y tomarlo con humor. Un poco por estilo, otro por razones de salud.

En términos políticos, Macri decidió pasar de la defensiva a la ofensiva y trocar una comisión investigadora por el juicio político. Tenía perdida, a plazo fijo, la objeción a la Comisión que sus legisladores habían sostenido en el recinto ¡hasta el martes inclusive! Y venía encerrado en su área, rechazando centros como podía.
El escenario mediático también se le mostraba adverso, hasta en las tapas y análisis de ayer de los diarios ligados a Papel Prensa y Expoagro. Ese devenir enardece al macrismo, que suele ser acunado con cariño por la cadena privada de medios. Quizá la recurrencia de malos tragos en ese territorio amigable sobredeterminó la vuelta de campana. El mandatario la anunció en una conferencia de prensa, breve, en la que nadie le preguntó (ni mucho menos controvirtió) si su jugada era legal. Por ahí son detalles irrelevantes para una prensa sosegada, en un sistema de baja intensidad republicana.
La comisión investigadora se haría realidad en semanas o en un mes. Así lo cifraban los números de la Legislatura donde PRO es primera minoría tras la decepcionante cosecha de Gabriela Michetti en las elecciones de 2009. La primera minoría es bastante para frenar el juicio político, como ocurrió anteayer con el pedido sobre tablas: la oposición unida no junta los dos tercios exigidos en estos casos.
La apuesta del jefe de Gobierno es soportar una investigación ineludible logrando que desemboque en absolución por el cuerpo. Absolución que, todo lo indica, podría conseguir en minoría. ¿Es más auspicioso ese horizonte? Así lo cree Jaime Durán Barba, el mentor de esas acciones en una fuerza cuyo líder es un principiante en política y que adolece una chocante carencia de cuadros. El ecuatoriano es un analista de opinión vivaracho y audaz, vaya usted a saber cuán sabio y profético. Un detalle digno de mención, en la incertidumbre: hace cuatro días el gurú ecuatoriano opinaba que la cuestión de las escuchas “le importa un carajo” a la opinión pública. Trascartón, incitó una maniobra de enorme volumen institucional, no exenta de peligros y de gran visibilidad. El cambio de tácticas diario parece desmentir la calma que menciona Macri como mantra, con excesiva asiduidad para convencer incrédulos.
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El régimen constitucional porteño sobre el juicio político se hizo conocido cuando fue acusado y destituido Aníbal Ibarra. Vale la pena refrescarlo, de todas formas. Como la Legislatura es unicameral ejerce dos funciones, la de acusar y la de juzgar que en el Congreso nacional están divididas entre Diputados y el Senado. Cuarenta y cinco legisladores (ya sorteados en la primera sesión con la nueva integración) conforman la Sala acusadora, los otros quince integran la Sala juzgadora.
Para admitir la acusación (y pasar al juzgamiento) hacen falta 30 votos de la sala acusadora. Según el porotómetro vigente al momento de confección de esta nota, el macrismo cuenta con 18 o 19 (siempre hay algún navegante en los Parlamentos nativos), restando 26 o 27 al archipiélago opositor. La cifra bastaría para zafar (raspando) a Macri, ése parece ser el destino manifiesto del juicio político, si la oposición se aviene a aceptarlo.
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El juicio político es una medida extrema, puede fundarse en mal desempeño (una causal amplísima) o en otra más ceñida, “la comisión de delito”. No es competencia de la Legislatura establecer si Macri delinquió en términos penales. Esa función concierne al Poder Judicial, que seguirá adelante con el expediente respectivo. En otra sobreactuación, Macri pidió que se acelerara su juicio oral, lo que contraría los tiempos y las rutinas judiciales. Deberá esperar los plazos y trámites pertinentes, que le vienen muy adversos, de ahí que busque un juego distractivo en otro terreno.
El juicio político no es un proceso penal, eso contraría la división de poderes. Autodenunciarse ante la Legislatura es un disparate, esa potestad corresponde a la oposición, que debe determinar los cargos. Mezclar las condiciones de fiscal, acusado y juez ridiculiza la lógica de cualquier tribunal, trasvierte los roles.
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Según el artículo 94 de la Constitución porteña, la Sala acusadora nombra “en su primera sesión anual” una comisión para investigar los hechos. Por disposición reglamentaria, la componen 13 diputados.
La redacción es imprecisa, no deja en claro si esa primera sesión es al comienzo del período legislativo o cuando se activa la Comisión. El cronista cree que la interpretación más armoniosa sería tenerla designada al comienzo, pero no primó ese criterio. El colectivo investigador no está designado, su formación dará lugar a la primera puja interesante. Su número debe guardar proporción con la distribución general de bancas: el PRO ocupa 24 bancas sobre 60, el cuarenta por ciento. Ese porcentual, medido sobre 13, arroja un resultado con porcentual: 5,2 diputados. En un ente investigador es razonable dar la derecha a la oposición, así lo reclama el grupo “A” (en el que milita PRO) en el Congreso nacional. Nadie creerá que el macrismo obrará con coherencia. Definir como se redondea será otro punto de disputa, primará la política y no la matemática ni la congruencia.
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Los diputados nacionales Francisco de Narváez y Felipe Solá corrieron en apoyo de su aliado, del que venían escindiéndose. Su análisis jurídico no es interesante, ni merece atención. El apego a la ley no es la característica más resonante de los compañeros peronistas. El Colorado supera esa tendencia porque pretende (al servicio de su ambición presidencial) que se decrete la inconstitucionalidad de la Constitución. Nuevamente, el núcleo de avales o críticas es político.
La diputada Elisa Carrió fue drástica para desaprobar la movida, el bloque de la Coalición Cívica es el mayor entre los opositores, con ocho integrantes, lo que da cuenta de la dispersión de ese espacio.
Para los opositores en general, la ofensiva de Macri es un intríngulis porque los coloca en una instancia que muchos no querían. Eso se sinceró en una de las votaciones del martes que arrojó un saldo contrario al juicio político.
El dilema que plantea la nueva instancia es falaz. Muchas personas pueden considerar criticable el accionar de Macri sin pretender destituirlo. Para una sanción tan extrema deben ponerse en la balanza el principio de la soberanía popular expresada en el voto y razones de prudencia política.
Macri fuerza un debate fariseo, dando por sellado su desenlace. Institucionalmente, el juicio político se transforma en una parodia donde el acusado elige el ámbito, porque dispone de diputados suficientes para bloquearlo.
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El cronista renuncia al uso de la bola de cristal, no pronosticará cuál será la repercusión del nuevo escenario en la opinión pública. Le parece que la sobreexposición es riesgosa. Y que la línea argumental de Macri (“Kirchner me persigue”) es imperfecta para responder a una Legislatura en la que, si prospera su moción, muchas otras fuerzas políticas harán cola para fustigarlo. Además, intuye un cimbronazo centrífugo en el Grupo “A” porque no es fácil pelearse en una Legislatura y ser novios en otra ubicada a quince cuadras de distancia. También le genera dudas cuán exitosa puede ser una absolución lograda en minoría. Pero los humores de “la gente” son difíciles de predecir. Habrá que ver.
Un juego parlamentario endemoniado y capcioso se abre, no será el primero pero igualmente es de lamentar cómo se distorsionan las leyes al servicio de cualquier operación política. O mediática.
Como el final verdadero, el del veredicto popular, está abierto, el cronista cierra con un extraño recuerdo que lo asaltó cuando se enteró de la movida. Evocó una nota de Diego Lucero, un elegantísimo cronista deportivo uruguayo que escribía en Clarín hace décadas. Lucero narraba (inventaba) la historia de un réferi bombero que intentaba con denuedo favorecer al equipo local. “Inclinaba” la cancha, decidía a su favor todas las jugadas dudosas, pero los locales jugaban mal y esa ayudita no le bastaba. En un momento, cerca del final, cuando el juego transcurría sin peligro de gol en el mediocampo, el árbitro salió corriendo, con la mano horizontal, hacia el área del cuadro visitante. “¿Qué cobró?” –le preguntó uno de sus jugadores, intuitivo–. “Penal pa’ nosotros”, se sinceró el juez. En un arbitraje así confía el ex presidente de Boca mientras habilita un despliegue parlamentario que puede resultar una caja de Pandora. (Agencia Paco Urondo)

22.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Exposición del diputado sanjuanino Gioja en la sesión del 14 de julio de la Cámara de Diputados, en relación con la Ley de Glaciares. Versión literal de taquígrafos.
Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
 
Sr. Gioja.- Señor presidente: la verdad es que... Qué sé yo. Tanta virulencia, tanta violencia, tanta grosería, tanta liviandad, tanta irrespetuosidad, tanta soberbia... Decía Sarmiento que la soberbia es producto de la ignorancia. Quiero entender que entre quienes hacen este planteo quizás mesiánico respecto de la minería hay algunos que tienen buena fe; pero hay otros que poseen una especulación que es digna de que la hablemos. ¡Aquí se dicen tantas estupideces, señor presidente...!
- Manifestaciones en las galerías.
Sr. Presidente (Fellner).- Ruego a la barra que mantenga silencio y respete al orador.
Sr. Gioja.- Se dice que en el emprendimiento minero se utilizan 230 millones de metros cúbicos de agua. Este dato proviene de una ignorancia absoluta. En principio, no se consume ni un litro de agua: sí se usa el agua pero, luego de utilizada, se clarifica y vuelve al río. Esta es una muestra de la cantidad de zonceras que se están diciendo. Además, se está vinculando al gobernador de la provincia y hay sujetos que han detenido a una diputada para decirle no sé qué cosa. Todo esto es de mal gusto. No quiero asumir la defensa de nadie. Me comprenden las generales de la ley. Aquí sabemos que el gobernador de la provincia de San Juan, desde muy joven, ha militado en la Juventud Peronista. Todos son testigos. Ha sido diputado provincial y ha sido funcionario del primer gobierno peronista. Voy a decir una cosa –el señor presidente también lo sabe‑: él y el senador han estado muchos años presos. No han estado trabajando en Tribunales ni han estado afuera mirando a la dictadura. Han estado presos. Hemos sido víctimas de esa oscura noche que le tocó vivir a la Argentina a partir de la toma de poder por parte de estos irresponsables extremos que se hicieron cargo de la administración del Estado nacional. ¿Saben otra cosa? Después fue diputado provincial, fue diputado nacional, fue vicepresidente del Senado de la Nación. Usted, señor presidente, ha compartido la banca con él. Fue vicepresidente del Senado de la Nación en momentos muy difíciles de la Argentina. No vamos a hacer cartel con esto, pero él tuvo una actuación que ayudó a la Argentina, junto con este Parlamento, a salir de la crisis. Esto también es cierto y hay que decirlo.
Y ahora vienen unos “lenguasuelta”, unos mesiánicos que se creen no sé qué –parece que Dios los ha puesto en este recinto‑, a decir quiénes son los buenos y quiénes somos los malos. Pero esto no es así. Existe gente que administra el Estado que no es corrupta; existe gente que tiene historia política que no es corrupta; existen compañeros que con mucha capacidad de trabajo, con mucha voluntad, hoy en día administran la provincia de San Juan. Quiero referirme a la especulación que surge a raíz de este dictamen. Parece que se ha debatido, pero no es así. Ni el primero ni el segundo: hace tres años que está pero nunca se debatió. Nunca se debatió. Cuando la ex diputada Maffei –a quien respetamos mucho‑ elaboró este dictamen, ingresó a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Después apareció este señor, diciendo zonceras y ofendiéndonos, como presidente de dicha comisión. ¿Saben lo que hizo? Sacó dictamen y le pidió al presidente de la Cámara que no pasara por las otras comisiones, a lo que accedió. ¿Sabe otra cosa? El dictamen no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es donde están los representantes de todas las provincias. Por lo tanto, eludieron el paso por esa comisión y por la de Minería. Dicho dictamen fue llevado al recinto cuando se estaba tratando la ley de presupuesto y la de prórroga al impuesto al cheque, pero no se debatió en esta Cámara. Cuando vino el otro proyecto hicieron exactamente lo mismo: este señor lo trabaja en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. No lo pasa...
Sr. Bonasso.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?
Sr. Gioja.- No, señor diputado. Quiero terminar.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Fellner).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr. Gioja.- Señor presidente: la historia la conocemos todos. Viene el dictamen del Senado. Lo toma este señor, porque va a la comisión que preside. Se saca dictamen sin haber pasado por la Comisión de Minería, y se exige una reunión conjunta de las comisiones de Minería y de Recursos Humanos y Conservación del Ambiente Humano. En esa comisión, al igual que en este momento muchos compañeros ‑entre los que estábamos nosotros- pedíamos una semana o diez días para poder estudiar el dictamen. Pero no lo aceptaron; como siempre, aplicaron el número y hoy...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Gioja.- ...se presenta como dictamen de mayoría curiosamente el que no viene del Senado y, cosa de locos, el que viene en revisión del Senado, aprobado por unanimidad en esa Cámara, llega como dictamen de minoría.
Sr. Presidente (Fellner).- Redondee su exposición, señor diputado.
Sr. Gioja.- Sí, señor presidente, pero la verdad es que hemos sido ofendidos muy feo. Venimos siendo ofendidos por esta suerte de complicidad que tienen los medios de comunicación que están en contra del gobierno, con estos señores, que también están en contra del gobierno. Se enlazan los intereses, y otro de los problemas de la especulación con este proyecto de ley es ver cómo jodemos al gobierno y a la presidenta de la Nación. En consideración al pedido de la Presidencia de que redondee mi exposición sólo agregaré algo más. Nosotros en serio en la provincia de San Juan creemos que la minería es un factor de desarrollo; en serio creemos que el desarrollo tiene que ver con la redistribución, y en serio creemos que entre otras cosas hacer minería implica inclusión. Sólo voy a dar un ejemplo a esos tarambanas que andan diciendo estas cosas por ahí. ¿Saben cuántas empresas trabajan alrededor de Veladero en San Juan? Quinientas empresas. ¿Saben cuánto invirtió en San Juan esta empresa de la que hablan estos señores? Mil quinientos millones de dólares. ¿Saben qué porcentaje de esos 1.500 millones corresponde a servicios? El setenta por ciento. ¿Saben cuáles son los mejores salarios privados que se pagan en el conjunto de las provincias? Los del sector minero sanjuanino.
Para hablar con claridad, un tema es el de los glaciares y otro el de la minería. Si querés hablar de la minería en serio, hagamos un debate como corresponde. Si vos me decís que estás preocupado por la propiedad de la empresa, las regalías o la contaminación, podemos conversarlo porque nosotros entendemos cosas distintas. No somos demonios, no somos tipos que ‑como apareció en una película‑ permitimos que la minería mate los patos y los gansos, se contamine el agua y producto de esa minería aparezcan señoras con cáncer. ¡Esto es una taradez mal! ¿Por qué? Porque entre otras cosas somos sanjuaninos, y el agua que nosotros tomamos y que tomarán nuestros chicos es de allí; no vamos a venir a tomar el agua del Riachuelo. ¡Estos son intereses nuestros, recursos nuestros! No tienen que jugar con nuestra libertad de elegir y decidir cómo desarrollamos y hacemos nuestra provincia. Para terminar, señor presidente, le pido disculpas a usted y a los colegas si he tenido algún exabrupto, y solicito a la comisión que considere esta cuestión de privilegio que tenga en cuenta que nos hemos sentido ofendidos. Nosotros no tenemos lobbies con absolutamente nadie; lo único que pretendemos es gobernar la provincia como la venimos gobernando, y hacer de esto, que es nuestra vocación política, una vocación de servicio en orden a construir una sociedad más justa. Por eso solicito que esto se tome como lo que es: una ofensa para un diputado de la Nación. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Gioja pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Agencia Paco Urondo)

21.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)
Poder Judicial de la NaciónAño del Bicentenario
 

C.N° 44.450 “Incidente de apelación del resolutorio de fecha 14 de mayo de 2010”Juzgado 7 - Secretaría 13Expte. n° 12.466/09/40Reg. n° 689
//////////////nos Aires, 15 de julio de 2010.Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I)
Con motivo de los recursos de apelación interpuestos por las partes, el Tribunal debe revisar la resolución dictada por el Dr. Norberto Oyarbide con fecha 14 de mayo ppdo., a través de la cual amplió el procesamiento de Jorge Alberto Palacios y procesó a José Luis Rey, Horacio Enrique Gallardo, Mauricio Macri y Mariano Narodowski. En ese mismo auto se dispuso el sobreseimiento de Guillermo T. Montenegro, temperamento que no fue recurrido y ha quedado firme ( v. fs. 1/321).
          I. i) J. A. Palacios fue procesado como “coautor penalmente responsable de los delitos previstos en el art. 153 incisos 2° y 4°, en concurso ideal con el delito previsto por el Art. 293 del Código Penal, reiterado en cinco oportunidades” (punto dispositivo VI).Su defensa, en cabeza del Dr. Diego I. Richards, considera dogmático y arbitrario el razonamiento del juez a través del cual le atribuye la participación en las escuchas de Daniela Roca, Rodrigo Blas Velazco, Diego Natalio Molaro y Carlos Ávila, por el sólo hecho de haber mantenido comunicaciones telefónicas con James, quien retiraba los cassettes donde quedaban registradas dichas intervenciones. Entiende, además, que se contradice con el fundamento del anterior procesamiento respecto del hecho vinculado a Burstein, y en el cual se había intentado acreditar un interés por parte de Palacios. Agrega que es ilógico sostener que su asistido controlaba a James, sobre todo cuando la actividad de este último se remonta –por lo menos- al año 2007. Paralelamente se agravia del mantenimiento de la prisión preventiva y del embargo, en este caso, por la arbitrariedad de su monto -$ 250.000- (fs. 399/400).
En su memorial ante esta Cámara llama la atención sobre nuevos descubrimientos que tendrían incidencia sobre el proceso: la posible identificación del autor de la llamada anónima como integrante de la Secretaría de Inteligencia y la posible adulteración de registros en los expedientes policiales de la provincia de Misiones, de donde surgieron las solicitudes a los jueces provinciales. Recuerda, finalmente, la resolución de esta Sala en el incidente de excarcelación para insistir en que esta resolución del juez posee los mismos vicios de aquella que fuera anulada. También, repite su crítica dirigida a la falta de fundamentación del monto del embargo.
          I. ii) El procesamiento de J. L. Rey es por haberlo considerado “coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los Arts. 153 (conforme ley 23.077), 248 y 293, todos ellos del Código Penal, concursando dichas figuras entre sí en forma ideal, reiteradas en cinco oportunidades, las cuales concursan de manera real con los delitos previstos en el art. 153 incisos 2° y 4°, y el art. 293 del Código Penal, reiterado en dos oportunidades. Asimismo, todos ellos concurren materialmente con el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, figura prevista en el Art. 210 del Código Penal de la Nación” (punto dispositivo I).El Dr. Arturo C. Goldstraj, su abogado, inicia su planteo remarcando que el procesamiento no es derivación razonada del derecho vigente y que exhibe vicios que afectan su validez. Dice que se recurre a una interpretación extensiva o analógica que se encuentra vedada en el derecho penal y que el interlocutorio es autocontradictorio e incongruente. Explica los hechos como un “fraude o estafa procesal”. De seguido cuestiona la calificación escogida, indicando que entre un delito medio y un delito fin hay tan sólo un concurso aparente y que las decisiones judiciales no pueden ser nunca ideológicamente falsas pues su naturaleza no es probatoria. Agrega que las escuchas realizadas con anterioridad a la reforma legal eran atípicas -característica que se extiende hasta el agotamiento de la conducta- y que se trata de delitos de acción privada en los que no puede procederse de oficio. Respecto de la asociación ilícita, ella no estaría configurada en autos. Finalmente, destaca la ausencia de pruebas que refuten el descargo de su asistido. El monto del embargo -$ 250.000- es también apelado por alto y por carente de explicación (v. fs. 398).En forma oral el letrado desarrolló los agravios ante esta Cámara.
          I. iii) A H. E. Gallardo se lo procesó como “coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los Arts. 153 (conforme ley 23.077), 248 y 293, todos ellos del Código Penal, concursando dichas figuras entre sí en forma ideal, reiteradas en tres oportunidades, las cuales concursan de manera real con los delitos previstos en los arts. 153 incisos 2° y 4°, y 293 del Código Penal, reiterado en cinco oportunidades. Asimismo, todos ellos concurren materialmente con el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, figura prevista en el Art. 210 del Código Penal de la Nación” (punto dispositivo III).Su abogado, el Dr. Erik R. Soderlund, se remite al descargo ofrecido al momento de prestar declaración indagatoria y que gira alrededor del desconocimiento por parte del ex magistrado de la falsedad de los pedidos de intervención telefónica cursados por los efectivos policiales. El letrado hace una crítica de la adjudicación y del significado jurídico otorgado por el juez, quien, aduce, debió reparar en el principio de confianza que existía respecto de la actividad de los policías (v. fs. 401/407).En su memorial, el Dr. Soderlund, profundiza esa crítica.
          I. iv) M. Macri fue procesado como “coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los Arts. 153 (redacción Ley 23.077), 248 y 293, en una oportunidad, en concurso real con el delito previsto en los Arts. 153 incisos 2° y 4° y 293 del código de fondo, en una oportunidad. Asimismo, ambos concurren materialmente con el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, figura prevista en el Art. 210 del Código Penal de la Nación” (punto dispositivo IX).Sus defensores, Dres. Santiago Feder y Ricardo Rosental, identifican en párrafos numerados sus críticas al auto de procesamiento de su asistido. Dicen: que el procesamiento no es reflejo de las constancias del expediente y ha desoído la alerta que diera este Tribunal en relación a evitar su atomización; que desde un comienzo la investigación fue direccionada en contra de Mauricio Macri y de las autoridades del Gobierno de la Ciudad –la visión parcial se traduciría en la elección injustificada del período de tiempo que va del año 2007 al año 2009-; que la reconstrución del suceso histórico asignado es arbitraria y antojadiza; que los datos invocados como fundamento para la atribución de participación ni siquiera son indiciarios –serían sólo conjeturas arbitrarias-; que la lógica del procesamiento de Macri es muy distinta del de otras personas –parece que se hubiese disminuido el estándar exigido-; que el supuesto interés que habría tenido Mauricio Macri en las escuchas de Leonardo y Burstein no pasa de ser una conjetura del juez; que a partir de la suposición de ese interés se construyó un discurso con datos inconexos y sin valor imputativo; que Leonardo no sindicó a Mauricio Macri como presunto organizador de la intervención telefónica ilegal sino que expresó unicamente una creencia que, de hecho, también involucraba a Richard Ford –a quien núnca se convocó-; que Leonardo se halla comprendido en las generales de la ley, a pesar de lo cual el juez acogió sus dichos como un dato obejtivo; que el procesamiento no evalua el contenido de las grabaciones; que no se investigó ninguna línea alternativa para explicar la intervención del teléfono de Leonardo como sí se hizo con otras personas involucradas; que no se entiende que se haya interpretado como sospechoso el mail de la retractación cuando la reacción era natural y lógica y debió haber sido tomado como un elemento desincriminante; que el juez enhebra datos descontextualizados –“ que por sí mismos nos demuestran nada”- para vincularlos al alegado interés, tal como sucede con las características de la contratación de James; que la activación de las antenas ubicadas en la zona en la cual vivía Macri durante los días en los cuales James retiró de la SIDE los cassettes “no puede ser indicio de nada”; que el supuesto interés en la escucha de Burstein también se asienta sobre conjeturas; que el juez no meritúa que no existieron comunicaciones de Macri con James ni tampoco con Palacios –que el presunto interés personal de Palacios se haya trasladado a un interés institucional en Macri es una conjetura sin apoyo en datos concretos-; que el juez no ha evaluado que el supuesto llamado que dio origen a la investigación había mencionado tan sólo a Palacios, por lo que nada autoriza a relacionar a Macri con la escucha a Burstein; que el juez omite valorar –cuando sí lo había hecho en relación a la escucha de Leonardo- lo que captaron las antenas los días en que se retiraron los cassettes vinculados a Burstein porque el celular de James no se activó en la zona del domicilio de Macri -se trataba de una comprobación negativa que fue ignorada-; que se tomaron en consideración los testimonios de Gabriela Cerruti y Roberto Digón, pasando por alto la parcialidad y subjetividad de sus relatos y que ninguno de los dos conocía “de primera mano” los hechos que refirieron; que no hay ninguna prueba que demuestre la intervención de Macri en la asociación ilícita ni se describieron en la indagatoria las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se basa esa afirmación, pues la imputación sobre la participación en la asociación ilícita se montó “pura y exclusivamente” en las escuchas de los señores Leonardo y Burstein; que el discurso del juez para fundar la participación en la asociación ilícita es un ejercicio de retórica sin sustento en la realidad; que el juez no ha evaluado las pruebas que constituyen la totalidad del expediente y de donde se deriva que la asociación ilícita se remonta a muchos años antes de la asunción de Macri en el Gobierno de la Ciudad –esa parte propuso pruebas para demostrar la independencia de su asistido respecto de la asociación ilícita pero no fueron aceptadas por el juez-; que las medidas de prueba rechazadas por el juez buscaban demostrar “que el alcance temporal, territorial y personal de la asociación que se investiga sería de una envergadura muchísimo mayor que la que se presupone” y que concretarlas importaba asegurar un adecuado ejercicio del derecho de defensa; que se ha afectado de manera directa el derecho de defensa de Macri pues ni en la indagatoria ni en el procesamiento se ha descripto detalladamente el hecho atribuido, lo que constituye una causal de nulidad; que, finalmente, existen “sobradas irregularidades y muestras de concreto direccionamiento hacia los funcionarios del Gobierno de la Ciudad desde los prolegómenos de la causa” (v. fs. 343/357).En el memorial presentado ante esta Cámara, los Dres. Feder y Rosental califican la pesquisa “como un largo camino tendiente a comprometer la situación del Jefe de Gobierno en la trama de escuchas que, si bien existió, resulta completamente ajena a su persona”. Desarrollaron allí los agravios introducidos en la anterior instancia.
 
          I. v) Finalmente, a M. Nadorowski se lo procesó como “autor penalmente responsable del delito previsto en el inciso 1° apartado a) del artículo 277, agravado en los términos del inciso 3° apartado d) del mismo artículo, y con aplicación de la inhabilitación especial del inciso 3° del artículo 279, ambos del código penal” (punto dispositivo XI).El Dr. Carlos Alberto Beraldi, su defensor, señala, en primer lugar, una violación al principio de legalidad penal como consecuencia de haberle asignado al tipo descripto por el artículo 277, inc. 1, ap. a), del C.P. un alcance indebido. Luego, apunta a un apartamiento del principio de culpabilidad como consecuencia de haberse atribuido una responsabilidad meramente objetiva. En tercer lugar, denuncia estar frente a un supuesto de arbitrariedad –en el sentido en el que ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-. Por último, considera excesivo el monto del embargo impuesto -$ 100.000- (v. fs. 340/342).El letrado desarrolló tales agravios en forma oral ante el Tribunal, oportunidad en la que postuló la nulidad de la resolución y, subsidiariamente su revocación.
          I. vi) El querellante Sergio Leonardo Burstein, junto a su letrado -Dr. Hernán D. Del Gaizo-, se presentó ante esta Sala, por escrito, para solicitar la confirmación de la resolución apelada.Dijo que el rol de los magistrados provinciales en la organización criminal consistía en ordenar las intervenciones cuando un miembro de la asociación ilícita se lo requería –que se tratase de dos jueces aseguraba que sus ausencias no fuesen “un impedimento para el funcionamiento del circuito paraestatal de espionaje”. Respecto de Mariano Nadorowski, su aporte fue recibir formalmente a James en su Ministerio y retribuirlo, no para que cumpla tareas lícitas sino para que “cumpla con su auténtica función de espionaje”. De Mauricio Macri, dijo que estaba probada su responsabilidad de acuerdo -a grandes trazos- a la siguiente lectura: desde el nombramiento de James en el Ministerio de Educación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –del cual ejerce la jefatura- comenzó, a través de sus recursos económicos, a sostener su actividad ilícita, que no consistía en trabajar de asesor legal para aquella área sino en trabajar –informalmente- en la Policía Metropolitana –otro organismo dependiente del gobierno local-, llevando a cabo tareas de espionaje (la inserción de James en la administración pública local es coetánea a la intervención del teléfono del cuñado de M. Macri). En lo que hace a la intervención de sus comunicaciones, recuerda la existencia de un conflicto con el Jefe de Gobierno a partir de la decisión de designar a Jorge A. Palacios al frente de la Policía Metropolitana. Postula que “Mauricio Macri insertó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la organización criminal, no contrató a Ciro James por fuera del ámbito de la administración pública porteña, lo recibió en ella y le otorgó todas las condiciones que favorecían su actividad ilícita como denominador común de las operaciones de espionaje: nombramiento, retribución, cobertura, confidencialidad y libre desenvolvimiento en la estructura estatal devenida en paraestatal” y lo justifica focalizando en una serie de factores: “el denominador común del espionaje Ciro James (a) logró la intervención telefónica del cuñado del Jefe de Gobierno; (b) su esposa era socia de la esposa del Jefe de Gabinete de Ministros; (c) el Ministro de Educación le pagó ciento once mil pesos sin que trabaje; (d) tenía un fluido trato con el primer Jefe de la Policía Metropolitana quien le encomendó la representación de la Policía Metropolitana ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad; y (e) con el sucesor de Palacios, Osvaldo Chamorro, también tenía trato directo en la sede de la Policía Metropolitana como fue registrado por filmaciones”.
         I. vii) El Fiscal de Cámara, Dr. Germán Moldes, aportó su opinión en orden a los planteos de nulidad formulados por las partes. Estimó que: “todo lo referido a la validez del modo en que fue iniciada y promovida la pesquisa, lo que incluye a las menciones sobre la investigación de delitos de acción privada, está resuelto por el Tribunal en las causas 43.915 y 43.998; a tales decisiones cabe remitirse y no agregar aquí nada más.- Lo señalado en punto al perjuicio que ocasiona la decisión del Sr. juez de no habilitar a la defensa para compulsar las transcripciones de ciertas escuchas agregadas a la causa, está tratándose en la causa 44.523 (…); entonces, este asunto también debe quedar fuera de esta respuesta, porque específicamente se está conociendo en otro incidente. (…) Los otros argumentos de la defensa presentan los agravios que habría irrogado la actuación del Sr. juez en el proceso (por ser defectuosa la intimación y por haber denegado –por el momento- la producción de ciertas pruebas).- La situación ventilada tiene una incidencia tan estrecha con la médula de la decisión recurrida, que, no siendo ostensiblemente nulos los actos procesales referidos, pueden aquellos agravios ser atendidos, ponderados y resueltos en el recurso de apelación concedido, de espectro más amplio” (fs. 563).
II)
Previo a adentrarnos en la revisión de lo que hace al fondo del auto de procesamiento, corresponde dar respuesta a los planteos de nulidad introducidos por las partes. Observamos dos grupos: aquel que denuncia la invalidez del pronunciamiento por defectos en su fundamentación y aquel que apunta a actos procesales previos pero cuyos vicios –a entender de los nulidicentes- se proyectarían en el auto apelado.Respecto del primer grupo, ninguna de las afirmaciones que hacen las partes, tales como deficiencias en el razonamiento lógico o una fundamentación defectuosa o aparente, escapan de lo que constituye su disenso respecto de la decisión tomada por el a quo y el mérito contenido en ella, atacable por la vía que se ha intentado en el presente incidente. En consecuencia, se trata de supuestos de absorción de la nulidad por la apelación, siendo aplicable aquella cita tantas veces repetida de que A...la absorción del recurso de nulidad por el de apelación es propio de los códigos modernos, porque como advertía Carnelutti se iba operando la absorción de la invalidación por la impugnación@ (c. 36.887 AMárquez Martín, Walter Fernando s/ procesamiento@, rta.7/9/04, reg. 847, entre muchas otras).En lo que atañe al segundo grupo de casos, el Tribunal comparte y hace propia la opinión del Fiscal de Cámara Dr. Moldes, agregando que, pese al reclamo de los letrados, el expediente demuestra que se ha podido desplegar una defensa amplia y eficaz.
III)
El rechazo de las nulidades habilita el camino para proceder al examen de lo decidido por el juez instructor.
             III.i) Situación de los ex magistrados José Luis Rey y Horacio Enrique Gallardo:
A ambos se les imputa haber ordenado indebidamente una serie de intervenciones telefónicas –siete hechos se le atribuyen a Rey, y ocho a Gallardo- cuyos antecedentes fueran aquellas requisitorias suscriptas por los efectivos policiales de la Provincia de Misiones y cuya falsedad condujera al procesamiento de Diego G. Guarda, Raúl A. Rojas, David S. Amaral, Antonio C. Fernández y Rubén A. Quintana. El temperamento fue confirmado por esta Alzada, oportunidad en la cual se hizo un repaso acerca de cómo se instrumentó cada escucha (v. c. 43.998 “James”, reg. 259, rta. 31/3/10).Las defensas de los ex magistrados no discuten la materialidad de esas órdenes sino que pretenden demostrar que fueron víctimas de un engaño, en un contexto de división de trabajo donde el juez debía confiar en los informes de la fuerza de seguridad.La existencia de un contexto de división de trabajo es una premisa correcta que debe ser aceptada. De hecho, al valorar la actividad de los Secretarios, este Tribunal estudió especialmente qué se esperaba de ellos para luego poder discriminar sus responsabilidades. Eso hizo que se revocasen varios procesamientos (v. c. 43.998 antes citada).Evidentemente quienes personificaban la jurisdicción eran ambos jueces. Por eso tenían imperio: decidían, daban las órdenes y ellas debían ser cumplidas. Así lo refleja los dichos de Lidia Kruchowski –si bien a través de su descargo-, quien contó que a los meses de haber asumido el juez Rey, éste le comentó que gente de la Dirección de Investigaciones iba a pedir la intervención telefónica en una causa sobre un homicidio y que días después concurrió al Juzgado el oficial Guarda con el pedido de intervención, tras lo cuál el juez la ordenó, firmando ella los oficios en carácter de fedatario (a una pregunta concreta del Fiscal respondió que todo lo relacionado con los abonados telefónicos lo manejaba personalmente el Dr. Rey). En un sentido similar, Fernando Castelli –también al prestar declaración indagatoria- explicó que recibió las resoluciones cuestionadas ya firmadas por el juez Gallardo y su función consistió en dar fe de esa rúbrica.La ausencia de intermediarios –con la salvedad de la situación prima facie acreditada respecto de la Dra. González-, y la imposibilidad de compartir el poder jurisdiccional, ubica a los jueces, dentro de ese contexto de división del trabajo, en el lugar más delicado y trascendente. Eran ellos quienes debían procurar, dentro del marco de la legalidad, alcanzar eléxito de las investigaciones, pero también eran ellos quienes, como representantes de la judicatura, debían resguardar las garantías y los derechos individuales.Esa instancia jurisdiccional necesaria a la hora de disponer una intervención telefónica –de la que dan cuenta los distintos códigos de procedimiento (p. ej . art. 221 del digesto de Misiones)- habla del nivel de ingerencia y de la gravedad de dicha intromisión. Es de notar que incluso la Ley Nacional de Inteligencia la prevé cuando, en el marco de actividades de inteligencia o contrainteligencia, fuese necesario realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas (cfr. art. 18 de la ley 25.520).De modo que, nada más lejano que un mero trámite, la intervención telefónica impone al juez un escrutinio severo del que no puede apartarse so pretexto de una coyuntura laboral desfavorable. Si lo hiciese estaríamos cuanto menos frente a un actuar negligente. Esta pareciera ser la situación de mínima o el piso para interpretar la conducta de los Dres. Gallardo y Rey.Sin embargo, se han acreditado una serie de circunstancias que comprometen aún más su situación y que en lugar de una ceguera describen una organización que supone un actuar consciente en pos de una finalidad ilícita.Una de esas circunstancias fue advertida en el marco del procedimiento de destitución. Allí, los Dres. Roberto Rubén Uset y Cristina Irene Leiva notaron lo siguiente:“Podríamos colegir de los expedientes analizados, que el “Estándar o forma habitual de proceder” indicaba que las órdenes de intervenciones se dirigían a la Oficina de Observaciones Judiciales, ubicada en la calle Colón N° 1515 de esta Ciudad, (Ver resolución obrante a fs. 6 del expediente 1107/07 acumulado al Expediente 1106/07 y resolución de fojas 29 del expediente N° 75/08 acumulado al 1106/07) y que ésta dependencia era la que informaba al Juzgado sobre el alta y la baja de la intervención telefónica ordenada. (Ver fojas 32 Expediente N° 75/08 acumulado al Expedinte N° 1106/07).- Sin embargo, se aprecia en numerosas ordenes libradas por ambos magistrados, que sin mediar argumento alguno, las mismas se comenzaron a librar a la ex SIDE de la ciudad autónoma de Buenos Aires, (Ver fs. 3 del Expediente N° 1263/09, acumulado al Expediente N° 1106/07 –Dr. Gallardo-; fojas 02 y 03 del incidente N° 757/08 –Dr. Rey- acumulado al Expte. 1228/04) dejando de lado la oficina local, resultando sumamente llamativo que en éstas, se autorizó mediante oficio y en forma expresa al Sr. CIRO GERARDO JAMES a retirar los casetes de las escuchas. Lo que es mas graves aún, no se impartía orden alguna en referencia a qué debía hacer con el material que este retiraba. Así, el mencionado “James” podía llevarlo a un ámbito particular o simplemente no entregarlas nunca, toda vez, que la orden se limitaba a que “retirar el material” sin indicación de si debía transcribir, entregar a la policía local o quizás al Juez o, simplemente, guardarlas en su ámbito particular”.- Como se observa, los supuestos “Estándares” o patrón a seguir, entendidos como modelo por los Magistrados Enjuiciados, fueron dejados inexplicablemente de lado, dándose intervención y un manejo discrecional del material confidencial (escuchas telefónicas) a una persona “desconocida” (Sr. Ciro James)…” (del Voto de los Dres. Roberto Rubén Uset y Cristina Irene Leiva en el “EXPTE. N° 03-JE-2009- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES Y SU ACUMULADO EXPTE. N° 01-JE-2010 DIAS JULIAN S/ FORMACION J.E. (art. 23 Ley N° 651) A LOS DRES. JOSE LUIS REY – JUEZ TITULAR DE INSTRUCCIÓN N° 2 Y HORACIO GALLARDO – TITULAR JUZGADO INSTRUCCIÓN N° 1 AMBOS DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL” –v. fs. 76 del sumario 119/10 de la División Operaciones Judiciales de la PFA).Ello va de la mano de que la característica de las intervenciones ilícitas era que correspondían a abonados que residían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus alrededores, es decir, que estaban fuera de la jurisdicción de los jueces misioneros. En otras palabras, vecinos de la ciudad y del conurbano bonaerense eran investigados –escuchados- por jueces de otro estado provincial a más de mil kilómetros de distancia.Los Dres. Rey y Gallardo se regían por la ley local que expresa: “Cuando un acto judicial deba ejecutarse fuera de la sede del Tribunal, éste podrá encomendar su cumplimiento por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un Tribunal dejerarquía superior, igual o inferior, o autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial” (art. 120 CPP de Misiones). También, paralelamente, por la ley 22.172 –a la que adhirió la Provincia de Misiones a través de su ley 1243- que tan sólo exceptúa la comunicación entre tribunales cuando se trate de practicar notificaciones, citaciones e intimaciones o para efectuar pedidos de informes (art. 6), o cuando se trate de cumplir resoluciones o sentencias que deban inscribirse en los registros o reparticiones públicas de otra jurisdicción territorial (art. 7).A todo esto, cabe aclarar que no se estaba frente a materia federal ni a normas habilitantes, tales como la excepción prevista por la Ley de Estupefacientes -23.737- (cfr. 32).Aun cuando la Secretaría de Inteligencia es una autoridad que no pertenece al Poder Judicial es claro que el pedido no era un simple informe sino un acto de eminente naturaleza jurisdiccional cuya tramitación, de hecho, debía regirse por la ley del lugar del tribunal requerido (art. 2 de la ley 22.172) y el oficio contener, entre otras cosas, el nombre de las partes, objeto o naturaleza del juicio, la mención sobre la competencia del tribunal oficiante, la transcripción de la resolución que debía cumplirse y su objeto claramente expresado, y el nombre de la persona autorizada para intervenir en el trámite (art. 3 de la ley 22.172).No se tomó ninguno de esos recaudos. En lugar de un juez de otra jurisdicción territorial se optó por el atajo que ofrecía James para ingresar sin ningún tipo de filtro en la intimidad de vecinos de esta ciudad. De ese modo, se auscultó a varias personas por períodos más o menos prolongados, y las escuchas no se integraron a los expedientes judiciales sino que quedaron a disposición del mencionado agente de inteligencia.Este modo de proceder, comprobado a través de la prueba reunida y enumerada en el vasto resolutorio, impide acoger la defensa que se centra en la ajenidad de los magistrados y en su ignorancia respecto de la falsedad de los informes policiales. Por el contrario, lleva a homologar la hipótesis presentada por el Dr. Oyarbide en el sentido de que ambos jueces tuvieron dominio del hecho: sabían que los informes eran falsos y que las órdenes judiciales fundadas en ellos estaban dirigidas a intervenir comunicaciones de personas ajenas a los expedientes judiciales que estaban a su cargo.En lo que atañe a la significación jurídica de sus conductas, la mayoría de las objeciones formuladas por los letrados ya fueron objeto de tratamiento en anteriores pronunciamientos, a los que corresponde, por ende, remitirse (v. c. 43.799 “Guarda”, reg. 1490, rta. 22/12/09; c. 43.915 “Palacios”, reg. 1491, rta. 22/12/09; 43.800 “Quintana”, reg. 1492, rta. 22/12/09; c. 43.998 “James”, reg. 259, rta. 31/03/10).Por lo que se dijo más arriba, a esta altura ha de tenerse por probado que dicha forma de proceder fue dolosa, es decir, involucró conocimiento y voluntad.No obstante, lleva la razón el Dr. Goldstraj cuando plantea que no hay falsedad ideológica en la decisión judicial, por cuanto su finalidad no es probatoria sino que se trata de una orden que simplemente debe ser cumplida, en este caso, por la Secretaría de Inteligencia (conforme doctrina de Fallos 324:3952).Esa afirmación, de todos modos, no desemboca en la atipicidad sino que reconduce la mirada hacia la figura especial del prevaricato, que contempla la conducta del juez que dictare resoluciones en las que citare, para fundarlas, hechos falsos (cfr. art. 269 C.P.). Traducido a los términos de las acciones enfocadas en autos, esa figura abarca las conductas dolosas de los jueces Gallardo y Rey en tanto dispusieron órdenes de intervención telefónica basadas en informes ideológicamente falsos.El prevaricato concurre idealmente con la intervención telefónica ilegal y desplaza por especialidad la figura del art. 248 del C.P..En torno a su participación en la asociación ilícita, corresponde recordar la descripción de esta Cámara:“Así James, cual si de un denominador común se tratase, fue el encargado de establecer y mantener el contacto entre la sede de operación local –individualizado, hasta ahora, en la persona de Palacios-, y de aquellos que serían los nexos necesarios para el despliegue de las maniobras acordadas: la policiía de misiones y los funcionarios judiciales. Al respecto, no resulta ocioso recordar las innumerables comunicaciones telefónicas que se han registrado entre James, Palacios, Guarda y González, cuyo sentido se aprecia unívoco cuando son examinadas a la luz de lo acaecido en los sumarios de trámite ante la provincial misionera, esto es, en fechas próximas a solicitarse o disponerse la intervención o prórroga de las ilegítimas intervenciones investigadas.Por otra parte, este primer enlace entre los sujetos implicados condujo al segundo eslabón de la cadena criminal. El siguiente paso fue, esta vez, exclusivamente encomendado al personal de la Policía de Misiones. Guarda, Quintana, Rojas, Amaral y Fernández tendrían a su cargo desempeñar ese papel que la asociación les tenía reservado: confeccionar los informes falaces que dieran una apariencia de legalidad a la más palmaria conducta delictiva. Y así, elpróximo estadio quedaba habilitado. Los jueces Gallardo y Rey dictarían esas órdenes de intervención que tanto se ansiaban, reclamando de la Secretaría de Inteligencia una tarea que jamás debieron haber hecho. Pero además, depositarían en James la tarea de recoger el producido de ese ilícito. El círculo se cierra. La derivación ha sido perfecta.Desde aquellos iniciales contactos se puso al ruedo toda una maquinaria debidamente concertada, concretamente planeada, que involucró a diferentes personas, con diversas funciones, y que en razón de ellas quedaron convocadas en la asociación, en procura de ese fin ilícito en donde la privacidad de las personas y los recursos estatales quedaron a merced de unos pocos que estructuraron, en derredor de todo esto, una empresa del delito” (c. 43.998 “James”, reg. 259, rta. 31/3/10).En ese momento ya era conocido el aporte material de los ex jueces aunque nada se había dicho sobre si había sido doloso o no. Como consecuencia de lo interpretado en los párrafos precedentes, acreditado el dominio del hecho por parte de Rey y Gallardo, sus conductas se insertan como un eslabón consciente en aquella empresa, en la cual, cómo únicos autorizados al dictado de las órdenes de intervención, ocupaban un rol protagónico. 
Por ello, se ratificará el procesamiento a la luz de la figura de la asociación ilícita.
         III. ii) Situación de Jorge A. Palacios
 La Sala ya se refirió al papel desempeñado por Palacios en los sucesos investigados en autos, por lo que este pronunciamiento debe integrarse con los anteriores.Ahora llega en revisión su participación puntual en una serie de intervenciones telefónicas antes no incluidas -Daniela Roca, Rodrigo Blas Velazco, Diego Natalio Molaro y Carlos Ávila-.En respuesta a lo que objeta el Dr. Richards, el Tribunal considera que es sesgado postular que en estos casos el reproche sólo se ha montado en base a las comunicaciones mantenidas entre Palacios y James. En todo caso, ese parece ser un elemento más a tener en cuenta, pero la clave de la sospecha no está ahí sino en la vinculación directa y de subordinación –de acuerdo a lo que va desnudando el avance de la instrucción- de James respecto de Palacios. Es sobre ese presupuesto que los elementos sopesados por el juez instructor cobran fuerza y permiten extender el reproche a esos hechos individuales.Es cierto que la defensa discute esa hipótesis acerca de la ascendencia de Palacios sobre James, mas, de momento, las constancias actuariales le dan solidez. El minucioso repaso que ha hecho el magistrado de grado es ilustrativo al respecto. Merece citarse, tan sólo como una muestra, lo que contara Jorge W. Carrano -Jefe del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la P.F.A.-: “Cabe destacar que por fines del mes de abril del corriente año, el nombrado auxiliar de inteligencia me hizo el comentario que por el conocimiento personal que tenía con el Comisario Mayor Retirado de la Policía Federal Argentina Jorge Alberto PALACIOS –a quien yo ni siquiera conozco personalmente-, le otorgarían un cargo importante en la Policía Metropolitana, puntualmente en la parte de asuntos legales o similar, por lo que se desvincularía de la Institución, circunstancia que finalmente así ocurrió” (v. fs. 2711vta.).Ese extracto no pertenece a una declaración testimonial pero sintetiza una información que se desprende del resto del expediente y que indica que entre James y Palacios existía una relación cercana que se había estructurado en base a haber estado uno bajo el mando jerárquico del otro en la Policía Federal Argentina. Este vínculo se forjó con bastante anterioridad al año 2007
Por lo tanto, el temperamento del juez luce correcto y amparado en las constancias actuariales, lo que lleva a que sea confirmado.
            III. iii) Situación de Mauricio Macri.La postura de la defensa podría resumirse del siguiente modo:A esta altura del proceso aparece probada la existencia de escuchas ilegales. Está probada también la participación material de funcionarios policiales y judiciales de la Provincia de Misiones, quienes junto a Ciro James, llevaron a cabo la intervención indebida de ciertos teléfonos. Sin embargo, nada de eso se vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y menos con quien ejerce su Jefatura. El hecho de que James haya logrado insertarse laboralmente allí responde a sus dotes de espía, que le han permitido a lo largo de los años engañar a distintas instituciones y organismos. La única explicación posible a que Macri esté imputado en esta causa es la arbitrariedad del juzgador quien de antemano se ha propuesto enjuiciarlo con independencia de lo que señalen las constancias actuariales. Por eso ha atomizado el expediente –desoyendo la indicación de esta Sala- y ha elegido injustificadamente limitarse a pesquisar el período de tiempo que va del año 2007 al año 2009.Del lado de la acusación, el querellante S. Burstein le ha dicho a esta Cámara, en resumidas cuentas, lo siguiente:Su teléfono fue intervenido debido a su oposición pública a la persona del ex Comisario Jorge A. Palacios. Lo intervino un grupo de personas integrado por el especialista en inteligencia Ciro James, quien tenía una estrecha vinculación con Palacios. James formaba parte del proyecto que encabezaba Palacios en materia de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo este proyecto ingresó en el Gobierno de la Ciudad. Aún cuando su ingreso se produjo formalmente a través del Ministerio de Educación, su verdadera actividad siempre estuvo ligada al proyecto de creación de la Policía Metropolitana, siendo su tarea el espionaje. Macri fue quien insertó a James en la administración a su cargo, lo nombró, le dio una retribución y cobertura para que se dedique a espiar. Así James espío al propio cuñado de M. Macri y a él, entre otras personas.Ambas partes han trazado el camino que debe recorrerse en tren de revisar el pronunciamiento.
En ese camino hay ciertos presupuestos que ya han sido tenidos por válidos, por ejemplo, en lo que concierne a la sospecha que recae sobre Jorge A. Palacios, en tanto pieza clave de la asociación ilícita descripta más arriba, y a su vinculación con Ciro James, tributaria de una relación vertical de mando que se había forjado cuando ambos trabajaban en la Policía Federal Argentina.Palacios estuvo al frente de la puesta en marcha de la Policía Metropolitana, a tal punto que fue su primer Jefe. Este era un proyecto nuevo, que por tanto había que dar forma. Como toda empresa, para llevarse a cabo, debía contar con recursos humanos y materiales. Dentro de los recursos humanos estaba prevista la incorporación de Ciro James en un cargo de jerarquía. Más allá de la relación personal que podría unirlo con Palacios, el sumarlo a las filas de la nueva policía debía responder también a su capacidad operativa y funcional.El curriculum vitae presentado por James a la Policía Metropolitana permite conocer su perfil, su experiencia profesional, su especialización, en una palabra: qué ofrecía él a la nueva institución. El documento es una carta de presentación de un experto en inteligencia, especialmente idóneo en materia de comunicaciones.Allí se asientan como formación profesional vinculada a su título de abogado, sólo tres seminarios de la Universidad Nacional de La Matanza. Como experiencia profesional se da cuenta de dos cargos ocupados en esa misma Universidad.Ahora bien, como experiencia policial –período que va de 1998 a 2009-, el curriculum apunta a la Superintendencia de Investigaciones Federales y enumera las siguientes tareas desempeñadas:1. Reunión de información ordenada en causas judiciales2. Identificación y toma de vistas fotográfica de causantes ordenadas en causas judiciales3. Escuchas y transcripción de material auditivo obtenido en la Dirección Observaciones Judiciales de la SIDE (escuchas telefónicas ordenadas en investigaciones de causas judiciales)4. Enlace con la Policía de la provincia de Buenos Aires5. Enlace con la Policía de la provincia de Misiones
6. Enlace con la Policía de la provincia de Corrientes7. Enlace con la Policía de Investigaciones de Paraguay8. Enlace con la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal9. Enlace con la Dirección de Inteligencia Naval10. Enlace con la Dirección de Inteligencia MilitarCon anterioridad, entre los años 1994 y 1997, se identifica un curso de auxiliar 7 ° de Inteligencia de la Escuela Federal de Inteligencia, uno de corresponsal de guerra, otro de buzo táctico, y se detallan actividades relacionadas con inteligencia en el Ejército.Como se desprende de allí, incluso con anterioridad al ingreso en la Policía Federal Argentina, Ciro James ya mostraba una clara orientación hacia el desarrollo de tareas de inteligencia.Otros datos que ha arrojado la encuesta, indican que Jorge Zenarruza, su socio (v. fs. 2608/2613 y 10.249/10.255) y quien figura como titular de las líneas telefónicas que usaba, era un Coronel de Infantería –retirado- (fs. 4001) vinculado al área de inteligencia del Ejército (fs. 4055/4088). También ha salido a la luz que James no sólo frecuentaba la Secretaría de Inteligencia para llevar órdenes y retirar escuchas sino que mantenía comunicación con personal de esa Secretaría asignado al Puesto de Control de Ezeiza (fs. 6756).De hecho su notoriedad en estos menesteres era tal que el ex juez Rey refiere que James no sólo trabajaba en colaboración interfuerzas con la Policía de la Provincia de Misiones sino que le daba clases de inteligencia a ese personal (fs. 8862/8911).Aquí se suscita el primer problema: la Policía Metropolitana tenía prohibido por ley producir el tipo de inteligencia que ha salido a la luz a partir de la presente investigación.La ley de Seguridad Pública –nro. 2894-, sancionada el 28 de noviembre de 2008, establece las bases jurídicas e institucionales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La finalidad de ese sistema es la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de prevención de la violencia y el delito, así como a las estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja.El sistema de seguridad pública de la ciudad está encabezado por su Jefe de Gobierno. Éste, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y jefe de la administración, es responsable de la coordinación político-institucional superior del sistema de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires (art. 10).Del Jefe de Gobierno –a través del Ministerio de Justicia y Seguridad- depende jerárquica y funcionalmente la Policía Metropolitana, que cumple con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia (art. 18 y sstes). Tanto el Jefe como el Sub jefe de la Policía Metropolitana son designados por el Jefe de Gobierno.La ley establece los principios básicos de actuación del personal de esa fuerza de seguridad. Dentro de ellos prohibe expresamente la inducción a terceros a que cometan actos que afecten la intimidad y privacidad de las personas. Tampoco se le permite obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción (art. 29).Esa prohibición es consecuente con lo que establece la ley de Inteligencia Nacional -25520- en su artículo cuarto.Esta ley nacional prohibe también la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por esa ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional (art. 21).Por lo tanto: ¿Qué haría un experto en aquel tipo de inteligencia en una institución que tenía prohibido hacerla? O bien innovaba en otras materias o bien presumiblemente haría esa inteligencia de manera clandestina.Es sintomático que James no presentó a la Policía Metropolitana un curriculum orientado a otra actividad, como sí lo hizo ante el Ministerio de Educación, donde se ofrecía como un abogado con algo de experiencia en materia de educación por haber trabajado en la Universidad de la Matanza. A la Metropolitana exhibía aquello en lo que verdaderamente era idóneo, aquello que Palacios conocía desde los años de la Policía Federal Argentina.La respuesta acerca de lo que haría James en la Policía Metropolitana se construye a partir de lo que no hacía en el Ministerio de Educación porteño.Los testimonios reunidos por el juez de grado coinciden en que el trabajo de James era una incógnita (v. p. ej. testimonial de Roberto L Ayub a fs. 607/608, C. J. Cabral a fs.8596/8597). No hay registros de informes ni ningún otro tipo de constancia documental que pueda acreditar su labor allí. Tan sólo se sabe que era asesor, pero no se ha demostrado un trabajo, un aporteen ese sentido.Contrariamente, sí se ha demostrado que durante ese tiempo James era una pieza clave en la intervención ilegal de teléfonos que se ordenaba desde Posadas, así como también, que seguía siendo personal de la Policía Federal Argentina. Ambas circunstancias abonan la tesis de que James no cumplía en los hechos ninguna función para el Ministerio de Educación y que, mientras percibía de ese organismo un importante sueldo, se concentraba en la actividad de inteligencia.Cuanto señala la querella en el sentido de que James trabajaba para la Policía Metropolitana -aún cuando ésta era todavía un proyecto mientras formalmente estaba nombrado en el Ministerio de Educación es una lectura que guarda coherencia con esta sucesión de hechos.En definitiva, todo hace pensar que designado en la Policía Metropolitana, James continuaría con la actividad en la cual se ocupaba y en la que era experto. Si, como provisoriamente se ha demostrado, James y Palacios integraban una misma asociación delictiva, en la que el aporte de James era infiltrarse como espía –p. ej. a través de las pinchaduras telefónicas-, es dable suponer que Palacios lo llevaría a la Metropolitana con ese mismo propósito.A todo esto se suma que la firma de seguridad atribuida a Jorge A. Palacios y Osvaldo Chamorro, Consultora Estrategic Security SRL, practicaba averiguaciones a través del sistema NOSIS respecto de varios opositores al proyecto político encabezado por Mauricio Macri (v. fs. 1106/1238, 3058, 3059, 3076/3086, 3154). Y que hay una importante coincidencia entre la fecha del primer pedido de intervención telefónica descubierto –Federico C. Infante (septiembre de 2007)- y la fecha en la que empezaron las consultas al sistema NOSIS –el servicio se habilitó en diciembre de 2007-.Recientes declaraciones testimoniales a quienes fueron víctimas de esa intromisión hablan de: tareas de inteligencia por razones póliticas (Silvia P. La Ruffa –fs. 10.842-), hackeo de mails y espías (Diana H. Maffía -fs. 10.846-) y “persecución” (Patricio Datarmini –fs. 10.869). Ellas son de similar tenor a los dichos juramentados de Gonzalo R. Ruanova, que atribuye la intrusión en sus datos personales al carácter público de su oposición a la designación de Palacios (fs. 10.840), y a los de Pablo S. Litardo, quien incluso se presentó como querellante (fs. 10.653 y 10.657).Esto es indicativo de que el recabar información privada a través de una actividad de inteligencia de este tipo era una parte de la empresa integral de diseño y puesta en marcha de una fuerza de seguridad propia. La índole de esas tareas explica que ellas no fuesen manifiestas y que se instrumentasen a través de una empresa de seguridad paralela y los servicios de espías.El interrogante cuya respuesta define la responsabilidad de Mauricio Macri es si contribuyó al armado de este incipiente aparato de inteligencia que empezaba a montarse a la sombra de la Policía Metropolitana.Apreciar en forma aislada que el nombramiento de James en el Ministerio de Educación se produjo casi en la misma fecha en que se interviniera ilegalmente el teléfono de Leonardo, cuñado de M. Macri, permite a la defensa impugnar su fuerza como elemento de cargo; sin embargo, ello no deja de ser un dato cuanto menos sugestivo
Lo mismo cabe decir respecto de la prueba de las antenas de telefonía celular, que fuera prolijamente desmenuzada por los Dres. Feder y Rosental, pues aún frente a la ausencia de un patrón que permita arribar a conclusiones dirimentes, no es en soledad que ella debe ser apreciada.El camino al reproche, no obstante, se perfila a partir de las condiciones en que Ciro James se incorpora al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y empieza a ser remunerado.James no ingresa en un sector de la administración vinculado a la temática de seguridad sino en un Ministerio totalmente ajeno a esa materia. Lo hace sin contraprestación acreditada en ese ámbito y cobrando casi el mismo sueldo que ganaría una vez que se lo nombrase en la Policía Metropolitana (en la Policía Federal Argentina su sueldo era prácticamente la mitad –v. testimonial de Carrano a fs. 781/784-).Sería razonable suponer que Palacios estaba en condiciones de decidir y ejecutar, como jefe de la Policía Metropolitana, el nombramiento de James dentro de esa fuerza. Por el contrario, no parece posible que decidiera y ejecutara ese nombramiento en otra área de la administración y que, incluso, asegurase un salario acorde al que le pagaría en un cargo directivo de aquella policía. Menos aún si se tiene en cuenta que el ex Ministro Nadorowski no tenía relación con él.Semejante margen de acción no puede ser atribuido en soledad a Jorge A. Palacios.Quien iba a ser Jefe de la Policía Metropolitana, empero, sí tenía relación con Andrés Ibarra, quien era Gerente General del Club Boca Juniors cuando aquel, en el año 2006, fue designado Jefe de Seguridad. Según el testimonio de Roberto Digón, Palacios dependía directamente de Ibarra (fs. 3485/3500).A su vez, Ibarra, según cuenta M. Nadorowski, fue incorporado a su Ministerio por recomendación del propio Jefe de Gobierno, tras lo cual pasó a ocupar el cargo de Subsecretario de Administración y luego Secretario de Educación. Macri, en su indagatoria, confirma lo declarado por Nadorowski y asume haberle presentado a Ibarra para que se hiciera cargo de la parte vinculada a la administración, mientras el ministro se circunscribía a lo pedagógico.Nadorowski también dijo que Andrés Ibarra recomendó a muchas personas que trabajan en su línea y que, como Subsecretario, secundaba al Ministro y tenía importantes facultades en temas de administración, salarial, recursos humanos, infraestructura escolar, etcétera.La relación de Palacios con Ibarra puede tender a explicar, la aparición de James bajo su órbita. Pero mejor lo explica la relación de Palacios con el Jefe de Gobierno, máximo responsable de la administración.Por lo pronto, que Palacios sabía que James trabajaba en el Ministerio de Educación fue algo reconocido por él mismo, cuando en su indagatoria dijo haberle encomendado a Roberto Ontiveros que concurriera a entrevistarse con personal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad junto con James, pues a éste le faltaba únicamente su renuncia a aquel área educativa (fs. 8799/8839).Refuerza la presunción de un vínculo de confianza sumamente estrecho entre Mauricio Macri y Jorge A. Palacios, la declaración testimonial de la diputada Gabriela Cerruti. La defensa de Macri objeta por falta de imparcialidad sus dichos, sin embargo no es posible ignorarlos, sobre todo si se los pondera en conjunto con lo visto hasta aquí.La legisladora expresó que la relación de M. Macri con J. A. Palacios se remontaba al año 1991 –a partir de su secuestro-. Desde allí este último habría colaborado en la protección de su familia, de sus empresas y en el Club Boca Juniors. La comitiva que acompañaba a Macri en dicho club de fútbol decía que la seguridad la manejaba Palacios. Agregó, basándose en dichos de terceros, que Ciro James era una de las personas de su mayor confianza. Recordó también que siendo Ministra del Gobierno de la Ciudad y candidata a legisladora en el año 2007, el equipo de campaña le pidió a ella y al resto de los candidatos y funcionarios que no usaran los teléfonos celulares o mail para asuntos personales porque había información que decía que Mauricio Macri –en ese momento, el candidato opositor- tenía a Palacios interviniendo los teléfonos de todo el mundo. Finalmente refirió una serie vínculos de M. Macri con funcionarios de la Provincia de Misiones, desde donde se ordenaron las escuchas ilegales (v. fs. 3222/3247).En una segunda declaración relató un encuentro con M. Macri donde éste le manifestó que “en este país todo el mundo escucha” y que Nestor Leonardo fue escuchado por orden de su padre Franco a través de una empresa norteamericana. Según Cerruti, la empresa de seguridad Ackerman Group trabajaría con la firma de seguridad de J. Palacios y habría sido consultada para su nombramiento al frente de la Policía Metropolitana (fs. 8014/8016).Al mismo tiempo, por el modo en el que se manejaba James en el Ministerio de Educación porteño, parecía ser una suerte de secreto a voces la designación meramente formal a cambio de cumplir en realidad otro tipo de tareas.Mientras era abogado asesor, el experto en inteligencia se reunía con el Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal Agustín C. Gamboa. Según su testimonio, la reunión se gestó merced a la solicitud de Palacios para que recibiese a Roberto Ontiveros –la relación cercana entre ambos fue tenida en cuenta por esta Sala en un anterior pronunciamiento (v. c. 43.915 “Palacios”, reg. 1491, rta. 22/12/09)-, quien también se encontraba pronto a formar parte de la nueva policía. En vistas de que Ontiveros y James se iban a incorporar a la fuerza en el área de investigaciones les explicó los lineamientos generales del fuero contravencional y de faltas (fs. 8126/8127).James también concurría al cuarto piso del Ministerio de Seguridad, aunque sin dejar constancia de visita (fs. 7736/7860 y 8142/8159). Allí estaban las oficinas de la jefatura de la Policía Metropolitana.Y, por lo que pudo constatarse, no mantenía en reserva su aspiración a ser designado en la Policía Metropolitana con un cargo de jerarquía (v. p. ej. testimonial de Anibal Ibarra a fs. 703 y de Jorge Rapaport a fs. 1394/1395).Esta serie de factores refuerza la idea de que era sabido por varios que Ciro James cobraba del Ministerio de Educación porteño pero trabajaba en el proyecto del ex Comisario Jorge A. Palacios. Mauricio Macri no era ajeno a ese proyecto; por el contrario, cumplir el anhelo de que la Ciudad tuviese su propia policía había sido una promesa de campaña y sería una de las prioridades de su gobierno.La fuerte vinculación con J. A. Palacios, la intromisión en datos privados de personas consideradas opositores políticos -a través de una empresa de seguridad a éste atribuida-, el nombramiento de C. James -un hombre de su equipo- con alta remuneración en un área de la Administración totalmente ajena a la seguridad, la total ausencia de contraprestación acreditada en esa área y, en oposición, su cercanía a la Policía Metropolitana, son elementos que consolidan la hipótesis de la querella –tal cual fue presentada- y que refutan –a esta altura de la investigación- la hipótesis de la defensa acerca de la ajenidad de su defendido respecto de los hechos pesquisados.Es posible que M. Macri no conociese personalmente a James, sin embargo, es muy difícil sostener que no estaba al tanto de la tarea que en materia de seguridad le había encomendado a Jorge A. Palacios.Lo relevado hasta el momento en este expediente, señala que ese emprendimiento preveía, a través de Ciro James y de otros, el armado de una estructura de inteligencia subterránea al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puntualmente, a su Policía Metropolitana.Esto da asidero a la postura de la acusación que sintetiza que en definitiva fue el Jefe de Gobierno quien insertó a James, por medio de la influencia de Palacios, en la administración a su cargo, lo nombró, le dio una retribución y cobertura para que coadyuve al proyecto de la Policía de la Ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida.La importancia prioritaria que dentro del proyecto político encabezado por Mauricio Macri ocupaba el problema de la seguridad conduce a corroborar que el Jefe de Gobierno no era ajeno a la apuesta del aparato de inteligencia clandestino aún cuando podía estar al margen de los detalles de su funcionamiento. En este contexto, la pinchadura del teléfono de su cuñado y la pinchadura del teléfono de Sergio Burstein vienen tan sólo a confirmar el producido de una matriz.De este modo se invierte la manera de ver las cosas en la crítica de la defensa. No se postula que M. Macri montó una empresa de pinchaduras telefónicas para escuchar a su cuñado y a Burstein, sino que conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido.La Policía Metropolitana es la depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad (cfr. art. 19 de la ley 2894). La agencia depositaria de la fuerza pública depende del Jefe de Gobierno, quien, de se modo, posee el ejercicio de la coacción legítima.De acuerdo a lo demostrado hasta aquí es posible sostener que existió una decisión por parte del Jefe de Gobierno que consistió en designar al ex Comisario Jorge A. Palacios al frente del proyecto de seguridad que iba a ser instrumentado a través de la creación de una policía metropolitana y que esa decisión estuvo acompañada de la facilitación de los medios materiales que fuesen necesarios. El nombramiento de James se perfila a esta altura como uno de esos aportes, que posibilitaba que este integrante del equipo de quien iba a estar al frente de la Policía percibiese una remuneración a cambio de prestar sus servicios como cuadro de inteligencia. De esa manera los agentes públicos fueron montando en la estructura del Gobierno de la Ciudad un incipiente aparato de inteligencia prohibido por ley.La conclusión provisoria, en base a lo antecedentes relevados, es que el funcionamiento de este aparato, su actuación y procedimientos de acción, fue tolerado y consentido por el Jefe de Gobierno. Habría habido aquiescencia de parte Mauricio Macri respecto del proceder de Jorge A. Palacios, lo que lleva a ratificar que ocupó un rol en la asociación ilícita: asegurar, como máxima autoridad del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar.En lo que hace a las puntuales intervenciones teléfonicas de los Sres. Leonardo y Burstein, como se adelantó, ellas vienen a confirmar la matriz del aparato de inteligencia clandestino.Lo dicho en relación a su rol en la asociación delictiva lo ubica participando, en estos casos, de la tarea materializada por otros. Esa participación se traduce, en principio, en haber sostenido económicamente a James a través de los recursos estatales y de una estructura que permitió y favoreció las intervenciones.Más allá de la discusión acerca del interés personal en las escuchas –que, a entender de la defensa, el juez intenta probrar sobre meras conjeturas-, lo cierto es que ambos destinatarios aparecen conectados con el Jefe de Gobierno: Leonardo, a través de un vínculo familiar y Burstein, por haber sido, publicamente, un fuerte crítico de su gestión –en particular en lo que se refiere a la designación de Jorge A. Palacios al frente de la Policía Metropolitana-. Esa conexión, a la luz de lo sostenido en el párrafo precedente, permite avalar, provisoriamente, que el imputado sabía y participó de esas dos intervenciones del modo indicado y, por ende, conduce a homologar su procesamiento por estos hechos más allá de la calificación que en definitiva corresponda, en tanto la actual no ha sido discutida por la parte.
           III. iv) Situación de Mariano NadorowskiEn lo que al ex Ministro de Educación concierne, áun cuando su descargo denota cierta fragilidad a la hora de explicar cómo llego C. James a su área y qué labores cumplía allí, no puede ser compartida la hipótesis sostenida por el juez instructor en el sentido de que el funcionario lo había acogido como forma de ayudarlo a eludir las investigaciones (cfr. art. 277 CP).En primer lugar no termina de guardar una lógica que se pretenda esconder a alguien a través de su nombrarmiento formal en la Administración. Por el contrario, el sentido común indica que la mejor manera de sustraerse a una eventual investigación es no aparecer o, en otras palabras, permanecer en la informalidad.De todos modos, hasta aquí ello remite únicamente al desacierto en la elección de la calificación jurídica del hecho, pues sin ser encubridor, la conducta de Nadorowski podría igualmente ser considerada delictiva si se acreditase una colaboración con el desarrollo de la actividad clandestina, tal como se concluyó respecto del Jefe de Gobierno párrafos arriba.Sin embargo, a diferencia de aquel no se ven en este caso los elementos de cargo que permitan sostener provisoriamente la responsabilidad de Nadoroswski. Particularmente, no tenía vinculación con el área de seguridad del Gobierno, ni relación con Jorge A. Palacios, como tampoco relación directa con C. James.A lo anterior se suma que, siguiendo sus dichos y los de Macri, su materia de incumbencia habría estado limitada a lo pedagódico, permaneciendo al margen de la administración de la infraestructura y personal de su Ministerio.Por ello, es correcta la crítica de la defensa que se agravia de lo que entiende una atribución de responsabilidad meramente objetiva por el sólo hecho de haber sido Nadoroswski el Ministro del área donde se había contratado a Ciro James en un cargo de asesor.La resolución, entonces, será revocada en lo que concierne a Mariano Nadorowski debiendo el Sr. Juez de grado resolver en los términos del artículo 309 o bien 336 del C.P.P..
IV)

Medidas Cautelares

          IV. i) Prisión preventivaEn su memorial, el Dr. Richards trae a colación la resolución de esta Sala en la causa 44.495 (“Incidente de Excarcelación de Palacios”, reg. 618, rta. 30/6/10). Allí se había anulado, por mayoría, el auto del juez Oyarbide – y el dictamen precedente del Fiscal Di Lello- por el cual rechazaba un pedido de excarcelación presentado con posterioridad a la prisión preventiva que aquí llega en revisión. Como consecuencia de ese pronunciamiento, tanto el Fiscal como el magistrado instructor, volvieron a expedirse. Está última resolución – de fecha 1ero. de julio ppdo.- fue apelada pero todavía no ha llegado a estudio del Tribunal (v. c. 44.574).Por ende, el examen acerca de la pertinencia de mantener la prisión preventiva de Jorge A. Palacios corresponde hacerlo en la c. 44.575 “Incidente de excarcelación de Palacios, Jorge Alberto”.
               IV. ii) EmbargosLos embargos lucen razonables a la luz de las pautas señaladas por el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación y de una previsión, sobre todo, de las eventuales costas del proceso y los posibles reclamos civiles.
 
V)
Finalmente corresponde hacer una serie de consideraciones que interesan al futuro de la encuesta.Como parte de la crítica que hace la defensa de M. Macri al proceder del juez de grado –materializado finalmente en el procesamiento en su contra- está la negativa a realizar prueba que ella ha solicitado para demostrar su versión de los hechos. Lo que estaría en juego sería la comprobación de que la actividad de James -como espía especialista en la intervención indebida de teléfonos- precedía a la actual gestión al frente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de que esa persona se trata de un elemento dentro de una organización posiblemente más grande que la que aquí se intenta acreditar - la que estaba al servicio de variados intereses que no coinciden con los de esa gestión-, cuya capacidad de simulación es tal que engañó a otros organismos –P.F.A., SIDE y la Universidad de la Matanza-.El Tribunal ha entendido que ninguna de esas posibilidades, en definitiva, contrarresta la sospecha pues, aún si la actividad era precedente, lo relevante es que haya pasado a instalarse y nutrirse de la estructura del Gobierno de la Ciudad. Tampoco sería exculpatorio el hecho de que el servicio de inteligencia se prestase a particulares, ni tampoco el eventual engaño a otros organismos. Por eso, se dijo que estaban dadas las condiciones para confirmar el procesamiento.De allí no se deriva, sin embargo, que las diligencias propuestas por la defensa no deban hacerse, pues, más allá de lo que se ha visto hasta aquí, es también cierto que algunas cuestiones debieran profundizarse, sobre todo cuando es esa parte la que lo solicita para poder ejercer una defensa eficaz. Las últimas constancias actuariales indican que el juez está avanzando en ese sentido (p. ej. exhorto internacional a fs. 10.623).En la línea de esta vertiente de investigación asumida por el juez a quo se muestra prioritario agotar las diligencias que puedan realizarse en el orden local respecto de la actividad de la empresa Ackerman Group y el sindicado Richard Ford, más allá de la información que provenga del extranjero. Del mismo modo, debiera verificarse definitivamente si la firma Consultora Estrategic Security SRL prosigue de alguna manera funcionando para, de ser así, ponderar la posibilidad de disponer cautelarmente las medidas de rigor en orden a evitar que el presunto delito rinda frutos.A todo esto, la posibilidad de corregir los límites del presente objeto procesal conduce la mirada al Fiscal, en tanto, como titular de la acción penal (art. 5 CPP), es quien circunscribe dichos extremos (cfr. art. 188 CPP).En otro orden de cosas, así como se reclama descubrir al verdadero interesado detrás de las escucha de Leonardo –por ejemplo en lo que concierne a Franco Macri y a la empresa Ackerman Group-, lo mismo debiera procurarse en relación a las restantes intervenciones. Esto permitiría establecer patrones comunes y desentrañar el detalle de cómo funcionaba la empresa de inteligencia.
VI)
Como consecuencia del acuerdo que antecede, el TribunalRESUELVE
 
I) CONFIRMAR LA AMPLIACIÓN DEL PROCESAMIENTO de JORGE ALBERTO PALACIOS como “coautor penalmente responsable de los delitos previstos en el art. 153 incisos 2° y 4°, en concurso ideal con el delito previsto por el Art. 293 del Código Penal, reiterado en cinco oportunidades” (v. punto dispositivo VI del auto obrante en copias a fs. 1/321).
II) ESTAR A LO QUE ÉSTE TRIBUNAL RESUELVA EN LA CAUSA 44574, RESPECTO DEL MANTENIMIENTO DE SU PRISIÓN PREVENTIVA.
III) CONFIRMAR EL MANTENIMIENTO DEL EMBARGO por la suma de doscientos cincuenta mil pesos -$ 250.000- (v. punto dispositivo VIII del auto obrante en copias a fs. 1/321).
IV) CONFIRMAR EL PROCESAMIENTO DE JOSE LUIS REY, modificando la calificación por la de coautor penalmente responsable del delito previsto en el art. 153 (conforme ley 23.077) y autor del previsto en el art. 269, ambos del Código Penal, concursando dichas figuras entre sí en forma ideal, reiteradas en cinco oportunidades, las cuales concursan de manera real con los delitos previstos en el art. 153 incisos 2° y 4°, y el art. 269 del Código Penal, reiterado en dos oportunidades; todos ellos concurriendo materialmente con el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, figura prevista en el art. 210 del Código Penal ( v. punto dispositivo I del auto obrante en copias a fs. 1/321).
V) CONFIRMAR LA TRABA DE EMBARGO por la suma de doscientos cincuenta mil pesos -$ 250.000- (v. punto dispositivo II del auto obrante en copias a fs. 1/321).
VI) CONFIRMAR EL PROCESAMIENTO DE HORACIO ENRIQUE GALLARDO, modificando la calificación por la de coautor penalmente responsable del delito previsto en el art. 153 (conforme ley 23.077) y autor del previsto en el art. 269, ambos del Código Penal, concursando dichas figuras entre sí en forma ideal, reiteradas en tres oportunidades, las cualesconcursan de manera real con los delitos previstos en el art. 153 incisos 2° y 4°, y el art. 269 del Código Penal, reiterado en cinco oportunidades; todos ellos concurriendo materialmente con el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, figura prevista en el art. 210 del Código Penal (v. punto dispositivo III del auto obrante en copias a fs. 1/321).
VII) CONFIRMAR EL PROCESAMIENTO DE MAURICIO MACRI como “coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los Arts. 153 (redacción Ley 23.077), 248 y 293, en una oportunidad, en concurso real con el delito previsto en los Arts. 153 incisos 2° y 4° y 293 del código de fondo, en una oportunidad. Asimismo, ambos concurren materialmente con el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, figura prevista en el Art. 210 del Código Penal de la Nación” (v. punto dispositivo IX del auto obrante en copias a fs. 1/321).
VIII) REVOCAR EL PROCESAMIENTO DE MARIANO NARODOWSKI, debiendo el magistrado de grado proceder en los términos indicados en el punto III.iv) de los Considerandos (v. punto dispositivo XI del auto obrante en copias a fs. 1/321).
IX) ENCOMENDAR al Sr. Juez de grado tener presente lo expresado en el punto V) de los Considerandos.Regístrese, hágase saber en forma urgente a la Fiscalía de Cámara y devuélvase sin más trámite para que se cumplan en la anterior instancia las notificaciones de rigor
 
Sirva la presente de atenta nota de envío.
FDO.. JORGE L. BALLESTERO, EDUARDO R. FREILER, EDUARDO G. FARAH
Ante mí: Sebastián N. Casanello, Secretario de Cámara
 
 
(Agencia Paco Urondo)

21.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por Buenos Aires Económico)
Nada más saludable para el espíritu profano y secular de quien esto escribe que leer un domingo lluvioso la editorial de La Nación y las columnas de sus dos insignes periodistas. Nada más gratificante que hacerlo después de una semana en la que se aprobó la Ley del Matrimonio Civil Igualitario y en la que nuevamente el inefable Mauricio Macri vio cómo se derrumbaban todas sus argumentaciones ante el fallo unánime de los tres jueces de la Cámara Federal que encontraron motivos suficientes para que se lo procese.
De la retórica inquisitorial del cardenal Bergoglio, que no pasó de ser apenas un ejercicio bélico con balas de fogueo a la impresentable defensa que ensayaron los principales referentes del macrismo ante el nuevo y decisivo tropiezo de su jefe; lo que volvió a quedar en evidencia es que la derecha está desconcertada y no sale de su asombro. Nada parece salirle bien, nada de aquello que soñaron como realidad efectiva a partir de las elecciones de junio de 2009 alcanza a cumplirse. Los tiros le siguen saliendo por la culata y amenazan con provocarle heridas irreversibles.
Por un lado, Bergoglio tendrá que remar a contracorriente para recuperar algo de lo que perdió en esos días de furia en los que se creyó el nuevo Torquemada de los tiempos actuales. Su carta a las monjas de las carmelitas (toda una circunstancia que suena a naïf, que nos hace imaginar el interior de un convento en el que las escandalizadas monjas se encuentran con la terrible realidad demoníaca de un afuera amenazador para su intangible castidad), oportunamente hecha circular por manos “aviesas”, lo convirtió en el mejor enemigo de aquello que supuestamente venía a defender. Lo mostró como lo que viene siendo en los últimos años: el diseñador de la estrategia horadadora de una derecha a la que le atrasa inexorablemente el reloj de la historia.
Bergoglio cometió errores de principiante, se dejó “apretar” por los más ultramontanos entre los reaccionarios de la curia y tuvo que colocarse a la derecha de la derecha para defender sus posiciones al interior de una institución que cada vez más ya no sabe hacia dónde correrse cuando, incluso, se le acaban los lugares hacia su propia derecha. Seguramente, y aprovechando la proximidad de San Cayetano, volverán a levantarse las voces “indignadas” ante tanta pobreza, ahora ya no pronunciadas por el cardenal que tendrá que retirarse por un tiempo a cuarteles de invierno, sino por el obispo de San Isidro, que pondrá su mejor cara y su voz engolada para narrar las tremendas injusticias que se padecen en la Argentina de Cristina Fernández.
Mientras tanto, una parte sustantiva de la sociedad hoy siente que vive en un país un poco más justo, que contra las voces desencajadas de la ortodoxia eclesiástica y las aberraciones discursivas de algunos senadores impresentables, la madurez de un amplio espectro de legisladores, fundamentalmente apoyados por el deseo de la mayoría de la población y la incansable militancia de las organizaciones de homosexuales, culminaron, con su voto positivo, un largo camino hacia la definitiva ampliación de los derechos. La democracia, que no es, como la sexualidad, algo “natural” e intocable, salió enriquecida y fortalecida. La derecha, la que se expresó a través de Bergoglio y de otros obispos, pero que también se mostró en los argumentos de Chiche Duhalde o de la senadora del Opus Dei Negre de Alonso, se tuvo que contentar escribiendo cartas indignadas que, como siempre, se publican los domingos en La Nación.
Por una vez desconcertados los dos columnistas insignias del buque del conservadurismo argentino, casi al unísono, salieron a expresar su “preocupación” por la debilidad de la oposición y la semana “triunfal” del kirchnerismo. Grondona, más mojigato que su colega de página, tuvo que digerir la aprobación del matrimonio gay, mientras que Morales Sola, más sensibilizado por esos temas, dejó deslizar, al modo elíptico que nos tiene acostumbrados, su esquiva conformidad con lo votado. Su odio compartido tiene que ver, una vez más, con comprobar que una ley decisiva y democrática ha sido llevada adelante por sus más odiados enemigos que hicieron suyo un proyecto que había emanado de otros sectores políticos. Como con las AFJP y la ley de medios, los velos de quién es quién en nuestro país volvieron a correrse y cada vez más amplios sectores sociales empiezan a establecer relaciones entre una y otra cosa. ¿Será por eso que, a última hora, se retiraron para no dar su posición y no votar los Reutemann, los Rodríguez Saá y los Romero?
Sin acallarse todavía los festejos por el matrimonio civil igualitario, nos encontramos con la decisión de la Cámara Federal que a través de sus tres jueces (reconocidos por el propio Morales Solá como aquellos que “no cargan con el desprestigio público de Oyarbide”) reafirmaron el procesamiento de Mauricio Macri por el delito de asociación ilícita. Mientras que Grondona se despacha a gusto contra Néstor Kirchner, señalándolo como el instigador del fallo de la cámara, Morales Solá, algo más compungido, tiene que reconocer que la situación del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es harto delicada.
Por supuesto que los malabarismos retóricos de ambos buscan trasladar la responsabilidad por el espionaje y las andanzas de Macri hacia el kirchnerismo. Sus argumentos resultan inverosímiles y, a esta altura de los acontecimientos, ni ellos mismos los creen. Hasta la propia Lilita Carrió, afecta a las frases apocalípticas a la hora de calificar al Gobierno y a la Justicia, salió a decir que el fallo le parece ejemplar y muy difícil de rebatir al estar sólidamente fundamentado. Pareciera que la aventura del heredero rico al que el padre no quiere demasiado está iniciando su hora crepuscular. Quizá la política le quedó demasiado grande y el santo desde la presidencia de Boca a la intendencia lo haya hecho sin red de contención.
En todo caso, algo se ha hecho evidente: por un lado, la derecha eclesialconservadora ha perdido una batalla clave y buscará restañar las profundas heridas que recibió (sería ingenuo de nuestra parte suponer que se arrepentirá de sus acciones y que aceptará el veredicto de la mayor parte de la sociedad). Seguirá, como hasta ahora, tejiendo la telaraña en la que sueña con atrapar a un gobierno que sigue apostando por profundizar medidas de cambio y de signo avanzado y progresista, de esas que espantan a las monjas carmelitas y a los cultores de la “guerra de Dios”).
Por otro lado, la derecha cool, la que quería mostrarse como neomoderna y descontracturada, la que se imaginaba como la alternativa al kirchnerismo, hoy ve de qué modo uno de sus principales candidatos va siendo acorralado no sólo por lo actuado por una justicia independiente sino, fundamentalmente, por sus propias carencias entramadas con una práctica de gestión entre ineficiente, retrógrada y represiva.
El macrismo se cocina en su propio caldo en el mismo momento en la que otra de las estrellas de la derecha restauracionista, el pequeño señor Cobos, tal vez la más inflada de todas, contempla horrorizado cómo se desdibuja su lugar en la preferencia de la sociedad. Mala semana para Bergoglio, Macri y Cobos que ni siquiera pudo aprovechar que Cristina estaba en la China para hacer de las suyas.
Pésima semana para La Nación y sus columnistas, que no pueden hacer otra cosa que destilar su odio inconmensurable a lo abierto en mayo de 2003. Mientras tanto, los ciudadanos que imaginamos que un país mejor, más justo y democrático es posible concluimos una semana para celebrar.
 
(Agencia Paco Urondo)
 

20.07.2010

Washington, EEUU (Agencia Paco Urondo, publicado en Democracy Now) En el día de hoy, BP afirmó que la limpieza del derrame ha costado aproximadamente cuatro mil millones de dólares hasta ahora, de los cuales 207 millones se han destinado a acuerdos de conciliación en las demandas por daños y perjuicios. Los residentes de la costa del Golfo, mientras tanto, manifestaron su indignación al enterarse de que el fondo para reclamaciones administrado por el gobierno deducirá de las futuras indemnizaciones toda suma de dinero que ganen los trabajadores por participar en los esfuerzos de limpieza. Kenneth Feinberg, administrador del fondo, afirma que la disposición se aplicará a todos quiene participen en el programa "Vessels of Opportunity" (buques de oportunidad), que ha dado trabajo a centenares de residentes de la costa del Golfo que perdieron sus empleos por causa del derrame. Un grupo de pescadores se retiró de una reunión pública realizada el viernes luego de que Feinberg anunciara la decisión. (Agencia Paco Urondo)

20.07.2010

Coronda, Santa Fe (Agencia Paco Urondo, publicado en La Cantora) Desde hoy lunes 19 de julio se inicia una huelga de hambre en la totalida del penal de Coronda, Provincia de Santa Fé. Los compañeros privados de su libertad realizaron un petitorio dirigido al gobrenador de la Provincia, Hermes Binner y al director del Servicio Penitenciario, Mariano Bufarini. La medida es pacífica, en reclamo de sus derechos.
 
Hoy lunes, los compañeros de la Coordinadora de Trabajo Carcelario de Rosario harán llegar al Gobernador como así también a Legisladores y miembros del Poder Judicial, el petorio que hacemos público a continuación:
En su totalidad los internos alojados en la Unidad 1 de Coronda, alojados en el modulo Sur y Norte, pabellones: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 de la misma, venimos ante Ud. a plantear lo que abajo detallamos y consideramos ajustado a derecho:
La ley penitenciaria establece que el régimen de progresividad será tendiente a la reeducación y resocialización de los internos alojados en instituciones de régimen cerrado, semi abierto, etc.
Ahora bien, la función penitenciaria debe ser siempre direccionada hacia el mejoramiento de los lazos familiares y hacer que el detenido comprenda los alcances de la ley, por ende, del delito y sus consecuencias. Nunca debe ser el tratamiento penitenciario direccionado al avasallamiento de los derechos no conculcados por la condena que es contrario a lo establecido en las leyes y en la constitución nacional que ya en la primer redacción del año 1853 estableció que: “Las cárceles serán sanas y limpias, para resocialización y no para castigo de los reos…”
Así las cosas, entendemos que en la unidad 1 del SP se violan todos los derechos de los aquí alojados. Por cuanto consideramos dar un vuelco en la forma de manejarnos de no obtener respuesta a nuestros reclamos, siempre en forma pacifica y adecuando nuestros reclamos a las reglamentaciones vigentes. Como medida, adoptamos en total acuerdo con la comunidad carcelaria, ajustarnos a una huelga de hambre que dará comienzo a partir del próximo lunes 19 del corriente mes.
Esta huelga se realizara de forma totalmente pacifica y con apertura al dialogo, entre los manifestantes y las autoridades del SP y gubernamentales, a quienes invitamos hacerse presentes, dado que junto a nosotros, son los responsables de mantener la paz y el bienestar en la comunidad carcelaria, los días que consideremos necesarios hasta recibir respuestas a nuestros justos reclamos que a continuación le detallamos.
Atento a ello, pretendemos que vuestra dirección analice varios puntos a saber:
1. Fijación de Penas: Por la fijación de penas a los internos que necesitan saber la fecha de su condena.
2. Conmutaciones de Penas y Rebajas: la cual nos pertenece como lo declara la Constitución Nacional.
3. Libertad Condicional: Libertad Condicional para los reincidentes la cual se viene otorgando por determinados magistrados cuando el Art. 14 del CP es inaplicable al caso concreto. Exigimos la modificación de este articulo en cuanto prohíbe otorgar el beneficio de la libertad condicional a los reincidentes por ser inconstitucional atento violar el principio del nom bis in idem.
4. Salidas Transitorias: Se de cumplimiento al régimen de progresividad dispuesto, elevando las propuestas de salidas transitorias en tiempo y forma. Revocar la aplicación en el régimen de salidas transitorias a un régimen normal y progresivo. Cambio de la modalidad sobre las salidas transitorias que incompetentemente aplica el Dr. Julio Arri.
5. Progresividad: Se respete el régimen de progresividad, por ende, se proponga a los internos a las distintas fases del tratamiento penitenciario conforme a las reglamentaciones vigentes.
6. Derogación de la Ley Nº 25.892 “Ley Blumberg”: Derogación de la ley nº 25.892 , declararla inconstitucional por ser contraria al principio de resocialización, proporcionalidad y progresividad de las penas.
Aclaramos que la huelga es una medida totalmente pacífica y que estamos, como siempre dispuestos al dialogo. Solicitando así que se mantenga el mismo régimen de horario de cada pabellón a lo que se refiere al horario de recreación. Y que también a los internos que se encuentren actualmente gozando de sus Salidas Transitorias no tengan ningún perjuicio en las mismas. Siendo todo cuanto debemos plantear ante Ud. dejamos hecho el reclamo y quedamos a la espera de una reunión con Ud. y el señor Secretario de Asuntos Penitenciarios Dr. Leandro Corti para una mejor contemplación de la actual condición de los alojados en esta unidad Penal, quedando abiertos al dialogo en forma permanente.
Para más Información: Coordinadora de Trabajo Carcelario TEL. 00 54 341 4450082 e-mail: ctcrosario@hotmail.com . (Agencia Paco Urondo)

19.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) A partir de la entrevista que la Agencia Paco Urondo realizó a Hugo Yasky, titular de la CTA (ir a entrevista ) los lectores se sumaron al debate sobre el rol de la CTA en el actual momento político. Ellos, tienen ahora la palabra.
Marcelo: “Realmente comparto lo que dice el compañero Hugo Yasky, pero me parece muy mal intencionado y poco serio el comenatrio que hacen sobre Lozano, sobre todo porque si bien en ese momento -a mi entender Lozano se equivoca- no es menos cierto que los que no quieren aumentar las jubilaciones es el gobierno que ustedes defienden y el mismo gobierno que subsidia a las multinacionales mineras. El gobierno es una parte del bloque dominante, es una lucha interburguesa, no existe una crisis orgánica, es un modelo capitalista que beneficia a los sectores economicos concetrados multinacionales. Ojala los compañeros del campo popular volvamos a estar juntos luchando por la patria socialista y dejemos de estar separados por el gatopardismo Kirchnerista”
 
Pepe: “El modelo sigue siendo capitalista sin duda, y no es lo que queremos desde el campo popular. Cómo construir alternativa es la cuestión. Se hace fácil el diagnóstico de bloque "de clase" dominante. Es lo que se hace en todos los países del Unasur.
Para quienes juegan esas caracterizaciones en el continente y en el mundo? El grupo A mundial se regodea de todas estas posiciones de avanzada. Ni pensar de hacer un paso atrás para avanzar dos y sostenerlos”
 
Hache: “Marcelo, acuerdo totalmente con los conceptos del Cro. Yaski. Lo que estamos discutiendo con referencia al 82% móvil que impulsa el bloque opositor, no es un derecho o una reivindicación justa solamente. Lozano y Víctor De Genaro, son sin duda compañeros forjados en las mejores tradiciones de militancia social y política. Son compañeros de lucha. Sin embargo creo que así como se equivocaron con la 125, que vos mismo reconocés, se siguen equivocando ahora. Porque el 82% no es solamente una reivindicación, que sin duda es justa y necesaria. Estamos hablando de gestión. Es decir de derechos, pero también de cómo se garantiza el cumplimiento de ese derecho, desde el punto de vista de los recursos. Y ojo compañero. Porque si en algún momento no hay fondos, la discusión se traslada al Consejo del Salario, es decir entra a ser un factor de negociación paritaria. Hoy muchos conflictos salariales se resuelven por la intervención positiva del Estado. Se imaginan al Estado en manos de la derecha que cuando gestionó lo hizo ajustando fundamentalmente salarios y jubilaciones?
En cuanto a la caracterización del gobierno como parte del bloque dominante, no estoy para nada de acuerdo. Utilizando categorías marxistas, creo que la luchas de clases se debe analizar desde el punto de vista del capitalismo como sistema mundial, y advertir que el nuestro es una país dependiente, semicolonial, si se quiere, Lenin, ya lo analizó así, cuando describe la etapa superior del capitalismo: El imperialismo. Entonces, el bloque dominante está constituido por los grandes monopolios, y las potencias que saquean los recursos naturales de los países mas atrasados, que lo son justamente porque esa es la división establecida para garantizar la acumulación de capital. Y casualmente son los sectores vinculados a la explotación del agro, los que se asocian a esas grandes potencias y monopolios, impidiendo el desarrollo autónomo que nos permita acceder a una mejor calidad de vida, y una mejor disputa por distribución de la riqueza. Es decir, además hay que generarla. Es importante distinguir esto, y vincularlo a la correlación de fuerzas locales para imponer un proyecto de otra naturaleza, en donde el bloque dominante sea por ejemplo una alianza entre la clase obrera, el campesinado pobre –pequeños y medianos productores- e inclusive industrias Pymes, cooperativas etc. Quedarse en las consignas, es quedar preso de la derecha. Existe mucha bibliografía, y muchos pensadores marxistas además de Stalin. Leer no está de más. Y sobre todo a pensadores del campo nacional y popular, que también los hay.
Hoy, nadie está en mejores condiciones para enfrentar a los poderes imperiales, que el partido actualmente en el gobierno".
 
Daniel: “Se termina el doble discurso K, y Yasky tiene que irse y dar lugar a los que tienen posiciones independientes de las patronales y los partidos polìticos entreguistas. Desde que està al frente de la CTA con su politica de obsecuencia al Kirchnerismo los trabajadores estamos peor que nunca. No logramos ningùn avance digno, ni la personerìa, ni salarios dignos, ni buenas jubilaciones ni asignaciones universales de verdad. Yasky tiene dos caminos o despegarse de K y el poder econòmico o llamar a una gran marcha contra el hambre. Vamos compañeros que se puede. Salvemos a la CTA de seguir siendo forra de Moyano, Cristina y todos los traidores”
 
Mirta Bruno: “Coincido en casi todo con lo que dice Hugo Yasky. No tengo la misma interpretación que ustedes respecto del voto de Lozano cuando la 125. No votó lo mismo que los que representaban a la sociedad rural. Votó su propuesta, está muy claro en el diario de sesiones de ese día. No coincido en estos momentos con la posición de Lozano, pero no digamos cosas que no son así, juega en contra de nosotros mismos”.
 
Jorge Turk: “Un excelente reportaje. Yasky deja en claro de que lado está y cuales son las diferencias existentes en la CTA. Luchadores eternos que identifican el camino que deben seguir las mayorías nacionales y populares”.(Agencia Paco Urondo)

17.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Diferentes organizaciones pertenecientes al espacio kirchneristas repudiaron frente a la Casa de Gobierno porteño la gestión de Mauricio Macri. Fue ayer desde las 18 horas. Participaron alrededor de 500 personas. El Colectivo de Comunicación Paco Urondo adhirió a la convocatoria.
Entre la multitud pudo verse al legislador porteño Tito Nenna, el diputado nacional Dante Gullo, entre otros referentes sociales, sindicales y políticos de la Ciudad. Además, se manifestaron espacios de la Juventud (La Cámpora, JP Descamisados), sindicales (gremio de Docentes), políticos (Comunarte, Negros de Mierda, Peronismo Militante, entre tantísimas fuerzas). Fue una propuesta de una amplia Multisectorial que se reúne desde hace meses para repudiar al gobierno macrista bajo la consigna de "Macri, la Ciudad no es tu empresa". Las actividades continuarán en los próximos días. (Agencia Paco Urondo)

16.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en El Argentino) Los diputados Adrián Pérez y Fernando "Pino" Solanas y los legisladores Aníbal Ibarra, Diego Kravetz y Juan Cabandié reclamaron al jefe de Gobierno que "pida licencia" hasta que se resuelva su situación como procesado por la causa que investiga las escuchas ilegales.

El líder de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, consideró hoy que luego de la ratificación de su procesamiento Mauricio Macri "como mínimo debe pedir licencia" porque evaluó que "la Ciudad de Buenos Aires no puede tener un Jefe de Gobierno procesado".En ese sentido, el presidente del bloque kirchenrista Encuentro Popular para la Victoria de la Legislatura porteña, Juan Cabandié, se sumó a los reclamos al considerar que "Macri debe tomar licencia" y cuestionó que "los porteños estamos pagando impuestos para que Macri escuche a su cuñado".Para Solanas, "ya no se puede armar un circo de persecución política, es la justicia argentina la que acaba de dictaminar la situación procesal de Macri en forma unánime".Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, adelantó que el lunes la fuerza política que lidera Elisa Carrió evaluará las consecuencias del fallo, pero a título personal se pronunció a favor de crear una comisión especial investigadora del hecho en la Legislatura.
"Nos parece un hecho muy grave. En su momento dijimos que Oyarbide era una figura poco confiable pero ahora es un tribunal superior, así que creo que es momento de avanzar en una investigación en la Legislatura", aseguró Pérez.A su vez, el legislador porteño, Diego Kravetz, estimó a través de la red social Twitter que lo mejor es conformar una comisión investigadora, al señalar: "Para Comisión Investigadora se necesita mayoría simple. Para Juicio Político 40 votos. Somos 60, el macrismo son 24. Lo viable es Com. Inv".También el ex jefe de gobierno porteño y actual diputado de la Ciudad, Aníbal Ibarra, reclamó hoy a Macri que "se tome licencia hasta que se resuelva su situación judicial, para evitar el desgaste de un proceso de juicio político". La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó por unanimidad el procesamiento del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la causa en la que se investigan intervenciones telefónicas irregulares. (Agencia Paco Urondo)

16.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El 14 de julio, el Senado argentino inició el debate del proyecto de Diputados habilitando el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Curiosidad de la historia, coincidió la fecha con el aniversario de la toma de la Bastilla, en el París de 1789, símbolo de la Revolución Francesa.
No fue la única coincidencia: la noche del miércoles al jueves, también se enfrentaron el Medioevo con la Modernidad. De un lado, la catarsis inquisitorial torpe (y algo forzada) del cardenal primado, Jorge Bergoglio. Sostenido inicialmente por Clarín y luego por una entente de fanáticos evangelistas y católicos que no conocían de la separación entre Estado e Iglesia. Algunos de ellos hicieron profesión de fe (provocadora) esa misma noche.
Del otro lado, un sorprendente abanico que abarcaba el troskismo (PTS), la izquierda medática del MST, una fracción de la Juventud Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica (en contra de lo votado por su líder, Elisa Carrió), el kirchnerismo (La Cámpora, el Movimiento Evita, JP Descamisados, La Paco Urondo), además de las organizaciones específicas (CHA, LGBT) y las mixtas (tanto partidarias como de género: Putos Peronistas, Diversia).  Todos bailando al ritmo de Patricia Sosa y Kevin Johansen (el de "qué lindo que es soñar, soñar no cuesta nada").
Hacia las 4 de la mañana del jueves, la ley se aprobó. Ganaron los buenos, diría el filósofo José Pablo Feinmann. Pero también ganó Bergoglio y sus adláteres. Una sociedad de iguales, democrática y fraterna es una sociedad mejor para todos. Y además, porque si estuviésemos en 1789, Robespierre le hubiera hecho conocer al cardenal papable el invento del Monsieur Guillotin.
A continuación, las fotos de nuestra eximia Analía Garelli.

 

 

(Agencia Paco Urondo)