Sindicales
07.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El comienzo del Julio del Bicentenario reserva a los compañeros del INDEC una nueva pieza magistral del despropósito. La Junta Interna de ATE hace pública su queja frente al dictamen emitido por la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación respecto del Instituto. 
Realmente, da vergüenza ajena leer que una de las sentidas reivindicaciones que esgrimen consiste en que se despida a una buena cantidad de compañeros, cuya gravísima falta consiste en haber comenzado a trabajar en el Organismo en los últimos tres años. Esa es la calidad de gremialistas que tienen estos señores y estos son los sindicalistas crecidos al amparo de la lamentablemente desvirtuada ATE y los más conspicuos representantes del grupo A. 
Una mirada desprevenida podría interpretar que se trata solamente de ombliguismo, pero quienes trabajamos en el INDEC y hemos seguido (claro que con estupor) la política de la Junta y sus superiores sabemos que hay otros condimentos.  
Recordamos la verdadera “escalera a la fama” recorrida por muchos de ellos de la mano del grupo Clarín, ya fueran Técnicos Supremos, Guardianes de la Integridad Estadística o Víctimas de Abusos Asociados. 
Sabemos que tienen (¿o tenían?) vía expedita al despacho del Senador Morales, que los recientemente invisibilizados, (y ojalá que sea que por voluntad propia) Pino y Claudio les palmeaban afectuosamente la espalda y que el resto de los A, baila gustosos esta música. 
Siempre se supo que, en política, la mentira tiene patas cortas y que la soberbia es pésima consejera. De la lectura de sus comunicados se desprenden tanto falsedades como muestras del pecado capital citado. Para mencionar sólo algunas: 1) no es la sociedad sino la Oposición la que se aprestaba y apresta a debatir en torno a qué INDEC necesita; 2) la representatividad de la Asamblea General de trabajadores del INDEC que votó el documento “Las condiciones Previas para la normalización del Indec” fue, abrumadoramente insuficiente y 3) como para abrochar el paquete, apela a la Teoría de los dos demonios cuando sostiene que no está ni con el gobierno ni “con cualquier tipo de interés especulativo del mundo financiero local o internacional, sean los bonistas, las consultoras privadas o el FMI”. 
Una vez montada en ese caballo de fantasía, esta minoría cada vez más insignificante se constituye en juez de todo. Dictamina pomposamente la “crisis técnica, institucional y laboral del INDEC” (sic); puntualiza las acciones que deberán seguirse como parte de la etapa previa a cualquier discusión...y siguen las barbaridades, que según dicen, hicieron llegar a todos los bloques legislativos. Podemos imaginar la seriedad con que políticos experimentados tomaron el documento. Ahora la Junta Interna de ATE emite el histórico manifiesto “Declaración de los trabajadores del INDEC”, en el que remite a “Las condiciones Previas...”, que como se puede ver por la muestra del párrafo previo, es un collar de señalamientos imperativos.
 Finalmente, no podemos dejar de advertir que el tajante rechazo que la Junta Interna de ATE-Indec al mencionado proyecto legislativo sabe un poco a desilusión. ¿Será que extrañan el protagonismo mediático, que no tiene retroceso posible o que el ser usados de forro es desagradable?.(Agencia Paco Urondo)

02.07.2010

Córdoba (Agencia Paco Urondo, publicado en ACTA) Manuel Salguero, trabajador de la empresa Telecom de la provincia de Córdoba que se postulaba como delegado, fue despedido como consecuencia de su actividad gremial. A eso se suma el agravante de que el despido fue posterior a que la Justicia ordenara cautelarmente que no se realizara su traslado a la ciudad de Salta. La CTA instó a la empresa a rectificar la medida y anunció que, caso contrario, presentará el caso ante la OIT.
“Nosotros nos presentamos ante el sindicato y el Ministerio de Trabajo porque queríamos elegir delegado en nuestro lugar de trabajo, en el Edificio Alvear de la ciudad de Córdoba. Enseguida empezó la persecución. El sindicato ni apareció y la empresa intentó trasladarme a Salta. Al final, como la Justicia falló a mi favor, Telecom me despide diciendo que no me presenté en mi lugar de trabajo”, contó a ACTA Salguero, quien se encuentra en la Capital Federal realizando gestiones con distintos gremios y federaciones del sector.
La CTA de Córdoba, así como los dirigentes de la Central a nivel nacional, también acompañaron en su reclamo al trabajador telefónico. En una carta enviada al Presidente de la compañía, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, expresó que “no cabe duda de que este despido es discriminatorio y consecuencia directa de su actividad sindical. Es clara la violación de los convenios 87, 98 y 111 de la OIT; de la ley 23.551 y de la ley antidiscriminatoria 23.592. Invitamos a Ud. a rectificar dicha medida y a reinstalar a Manuel Salguero en su lugar habitual de trabajo en la provincia de Córdoba. Caso contrario, iniciaremos queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT”, dice la misiva enviada ayer.
Según explicaron los letrados de la CTA que llevan adelante el caso, después de recibir el aviso de traslado el 31 de marzo pasado, comenzaron las acciones judiciales por discriminación ya que no existía causa ni queja alguna referida al orden laboral o personal de Salguero. Un mes más tarde la Justicia se expidió a favor del trabajador y ordenó a Telecom que “se abstenga de modificar las condiciones laborales del actor hasta que se sustancie el presente incidente”.
Pero ocurrió todo lo contrario. El 23 de abril Salguero recibió el telegrama de despido. “Todo esto sucede porque con mis compañeros logramos que intervenga el Ministerio de Trabajo y se convoque a elección de delegados. Tan simple como eso. Yo era candidato porque habíamos resuelto que necesitábamos tener representación. Y bueno, así respondió la empresa. Por suerte sigo teniendo el apoyo de mis compañeros de trabajo y de muchas organizaciones sindicales”, expresa el trabajador durante la entrevista.
Además, recordó que antes del despido la empresa intentó por todos los medios convencerlo de su traslado. “Me ofrecieron irme a Salta con un mayor nivel gerencial, con beneficios superiores a lo que dice el Convenio, me alquilaban vivienda y me daban viajes en avión para que pudiera visitar a mi familia. Hasta llegaron a ofrecerme el traslado a Catamarca, que está más cerca, y hasta me daban tres autos para que los ponga de remises. Pero mi respuesta siempre fue la misma: Yo sólo quiero seguir trabajando en las mismas condiciones que antes”, indicó Salguero.
Desde ayer, el trabajador mantiene reuniones en Buenos Aires con distintos gremios del sector, tanto de la CTA como de la CGT, y recibe la solidaridad y el apoyo de sus pares de distintos edificios de la empresa. Además, existe un proyecto de resolución que lleva la firma de varios diputados nacionales y la misiva enviada por Yasky, que de no tener respuesta, avanzará hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Se trata de un caso más de falta de libertad y democracia sindical. Los trabajadores van por más, quieren defender sus derechos, discutir convenios. Y por eso estamos denunciando este caso. Y vamos a seguir en la pelea”, concluyó Salguero.
Antecedentes
En marzo de 2010, otro trabajador de la empresa con cincuenta años de antigüedad y 32 de trabajador telefónico, Oscar Quiñónez, fue despedido por su actividad gremial. Así lo denunció la CTA cordobesa y la Agrupación de la Unión de Trabajadores Telefónicos de Córdoba (UTATEC-CTA). "Despidieron al compañero Oscar Quiñonez con una causa inventada que carece de legalidad. Esto es puramente debido a la militancia sindical del compañero, convirtiéndolo en un acto discriminatorio y de persecución”, decía el comunicado de prensa enviado en aquel momento.
“Con este accionar, Telecom pretende crear un clima de terror para que ningún trabajador reclame sus derechos. Pero nosotros exigimos al SOETC (gremio que nuclea a los trabajadores del sector en esa provincia) y a la FOEESITRA que ejerza el derecho a huelga hasta lograr la reincorporación efectiva del compañero. Basta de persecuciones. Libertad y democracia sindical ya”, agregaba la misiva. (Agencia Paco Urondo)

30.06.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, comunicado de PTS Zona Norte) Denunciamos los despidos discriminatorios y persecutorios de trabajadores en la Peugeot, quienes comenzaban a organizarse gremialmente para exigir el respeto a sus derechos laborales, frente a las terciarizaciones que impone Peugeot Argentina para abaratar el costo laboral y maximizar sus ganancias, en fraude a la ley laboral. Utilizando para esto firmas fantasmas que año a año cambian de nombre para burlar los derechos de los trabajadores. Los ritmos extenuantes de producción de la Peugeot generan  accidentes y enfermedades laborales dejando discapacitados a cientos de trabajadores.
Como antecedentes y pese a un año récord para la industria Automotriz en la Argentina y a los subsidios millonarios recibidos del plan repo, que el año pasado recibió por parte del gobierno nacional, Peugeot no dudó en despedir a más de 2000 trabajadores en su planta de palomar.
Repudiamos y estamos alarmados ante estos despidos discriminatorios, de una empresa que tiene un pasado oscuro en su vinculación con la dictadura militar en nuestro país. Su ex presidente, y hoy  embajador Argentino en Francia Luís María Ureta Saenz Peña es conocido por haber firmado una solicitada en el año 89 en apoyo a las fuerzas armadas. Peor aún, dicho directivo ocupo cargos directivos en la empresa durante la época de plomo en la Argentina, donde como consta en los juicios de la verdad, obreros de esa fábrica fueron secuestrados y  desaparecidos, producto de su actividad gremial. Es evidente que la impunidad por los hechos del pasado se expresa en el presente con los despidos persecutorios a todo aquel trabajador que se levante por sus derechos.
Por todo esto exigimos la reincorporación inmediata y el fin de las persecuciones a los trabajadores. Fernando, uno de los despedidos: 1557748251 (Agencia Paco Urondo)

17.06.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en La Nación, por Silvia Stang) El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que se procura que los trabajadores mantengan su nivel adquisitivo.
Más gremios están logrando o prevén lograr en los próximos días acuerdos por un incremento salarial cercano al 30%. El sindicato de comercio, que representa a más de un millón de trabajadores, consiguió ayer ese objetivo tras una larga negociación de 50 días, en tanto que los choferes de camiones, liderados por Hugo Moyano, podrían firmar el martes de la semana próxima un aumento no muy lejano a ese nivel. Es un porcentaje que triplica el índice de inflación que el Gobierno afirma que hubo en los últimos doce meses, un dato fuertemente cuestionado por centros de estudios privados, que estiman en algo más del 20% anual el alza de precios.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, admitió ayer que hubo aumentos de precios y que las alzas salariales buscan compensarlos para que se mantenga el poder adquisitivo, pero a la vez insistió en su postura respecto de que hay gremios que obtienen porcentajes "que parecen escandalosos" por lo elevados, pero que en realidad son sectores en los que se pagan sueldos bajos. "Olvídense de los porcentajes", pidió. Citó el caso de la industria de la alimentación, donde ?dijo? con una suba del 35% se llega a un básico de $ 2800.
Sin embargo, en los últimos días se supo que para los camioneros, que están entre los mejor ubicados en la escala salarial, Moyano sólo aceptará un incremento más cercano al 30 que al 20%. Eso dio por tierra con versiones previas respecto de que el líder de la CGT, hombre cercano al Gobierno, trataría de moderar la puja gremial por los salarios, luego de que se elevaron los porcentajes demandados junto con una aceleración de los precios.
Mantener el poder adquisitivo
"Estas negociaciones están procurando que los trabajadores mantengan la capacidad adquisitiva del salario", señaló Tomada, a la vez que admitió que "los precios aumentaron, sobre todo en el sector alimentos". Los datos oficiales del cuestionado Indec muestran un alza del 15% en el rubro de alimentos y bebidas para entre mayo de 2009 y mayo último.
En el caso de los empleados mercantiles, el pacto firmado ayer por el sindicato que conduce Armando Cavalieri con la Cámara Argentina de Comercio, la CAME y Udeca, prevé un incremento del 27%, que se dará en forma escalonada y acumulativa, por lo cual a fin de año los salarios serán un 29% más altos que ahora. (Agencia Paco Urondo)

15.06.2010

Barcelona, España (Agencia Paco Urondo) Europa, el cerebro del monstruo decía el Che. Mostró como malo al Gobierno Socialista Español de Zapatero al tomar medidas contra los intereses de los trabajadores y buenos a los derechosos que decían que mucho antes se deberían haber tomado las medidas de ajuste del cinturón a los trabajadores.
Ahora aparece la realidad sin perversión, los trabajadores rechazan las medidas en su contra y van a la huelga general, el Gobierno que las dictó apoya la huelga y los derechosos del PP la rechazan. Se ve claramente que el gobierno de izquierda venía tomando medidas diseñadas por los propios asesores de la derecha y volvió a su cauce popular en contra de las propias medidas que se vió obligado a tomar al estar en un sistema económico financiero diseñado por las grandes fortunas. Mientras que la derechosa decía y dice que viene estando por esas medidas antipopulares desde hace tiempo.
 
El modelo económico debe cambiar, para los corazones socialistas que aún conservan sus ideales de justicia social. Puede servirles el modelo peronista real del socialismo nacional, la participación de los obreros al 50% en las fabulosas ganancias de las grandes multinacionales industriales y financieras, practicado en Argentina en 1945-55, real, estadista para el mundo entero, incluso anterior y superior al modelo socialdemócrata alemán de posguerra del Estado del bienestar que lleva a la ruina progresiva de los trabajadores, demostrado actualmente por sus mecanismos de reparto de las ganancias. Los peces gordos se llevaron las ganancias de 20 años a países emergentes, vaciando el país de industrias. Con cierta salvedad del modelo de ajuste practicado en Cataluña que se hizo aplicando impuestos a los que más tienen. Parecido al modelo peronista actual de ir mejorando las condiciones de los pobres. (Agencia Paco Urondo)

14.06.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) La OIT propuso aprovechar el Mundial de Fútbol que comenzó en Sudáfrica para difundir su lucha contra la explotación infantil. Desde el Gobierno, el ministro Carlos Tomada destacó que no sólo se buscará informar sino involucrar a todos los ciudadanos en la erradicación de ese flagelo. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se conmemora este domingo. Y como concuerda con el inicio del Mundial de Fútbol, la campaña de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se llamará "Metamos un gol".En la Argentina, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció hoy que comenzará a implementarse "una nueva campaña que tiene por objetivo no sólo difundir el problema, sino involucrar a toda la sociedad en el tema". El ministro planteó que "desde que llegamos en 2003 y luego en 2007, pusimos manos a la obra para intentar erradicar este flagelo que tiene raíces en la pobreza, en una economía despiadada, en lo cultural y en la ignorancia del problema". Y explicó que "hemos realizado un trabajo didáctico en el propio campo en donde se utilizan niños para trabajar. Lo hicimos también a nivel nacional buscando concientizar a la sociedad".Así, recordó Tomada que "en 2005 se envió al Congreso y votó una ley para subir la eda de quienes pueden trabajar. Esta suba se hizo paulatinamente y en este 25 de mayo se llegó a la edad de 16 años. Esto quiere decir que ningún chico de menos de 16 años debe trabajar". "El lugar de los chicos es la casa, la escuela, son los juegos. En este esquema deben crecer y se deben formar y nosotros como Estado y como sociedad debemos continuar generando las condiciones para que esto ocurra. No bajaremos los brazos, esta lucha requiere persistencia", subrayó Tomada.-OIT y su lema "Metamos un gol"Los Estados Miembros de la OIT han establecido la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2016. En mayo de 2010, los representantes de unos 80 países asistieron a la Conferencia mundial sobre trabajo infantil de La Haya, Holanda, donde se adoptó la Hoja de Ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016. Según el Informe mundial de la Organización Internacional del Trabajo Intensificar la lucha contra el trabajo infantil, presentado en La Haya, entre los años 2000 y 2008 la tasa de trabajo infantil se ha reducido poco más del 7% en América Latina y el Caribe. En la región, diez millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años trabajaban en 2008 (el 9% de la población en ese rango de edad). Este año el Día mundial coincide con la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Sudáfrica. El 12 de junio, muchas celebridades internacionales del mundo del fútbol estarán prestando su apoyo al Día mundial y a la campaña Metamos un gol. (Agencia Paco Urondo)

07.06.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Silvia Stang, publicado en La Nación) La idea de que los trabajadores participen de las ganancias empresariales está traducida en un hecho real, por lo menos por una compañía instalada en la Argentina: la fabricante de neumáticos Bridgestone. La firma, que cuenta con una planta en la localidad bonaerense de Llavallol, emplea a 1300 personas, que cada año tienen derecho a un ingreso adicional, pero sólo si la rentabilidad empresarial supera determinados niveles, según lo acordado con el sindicato de la actividad hace casi una década.

David Benvenuti, presidente de Bridgestone Argentina Foto: Archivo
 
El tema de la distribución de parte de las utilidades entre los trabajadores ganó protagonismo en los últimos días, a partir de declaraciones del diputado kirchnerista Héctor Recalde. El abogado, hombre cercano a la CGT, y particularmente a su secretario general, Hugo Moyano, dijo que en julio presentará un proyecto de ley para darle vida a lo dispuesto en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que indica que las leyes le asegurarán al trabajador, entre otros derechos, "participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección".
"En nuestro caso, el mecanismo de participación en las ganancias surgió como una forma de resolver algunos problemas en 2001, cuando había una situación de crisis importante. La empresa dispuso medidas de reducción de costos, y en una negociación se estableció que si todo eso daba resultado, una vez que volviera a haber ganancias se participaría a los trabajadores", explicó a LA NACION Daniel Benvenuti, presidente de Bridgestone Argentina.
Por las condiciones que se establecieron y los resultados obtenidos por la firma, la cláusula de participación se aplicó en la práctica en tres años: 2003, 2004 y 2005. Según recordó Pedro Wasiejko, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino, el mejor año fue 2003, cuando cada empleado recibió cerca de $ 12.000. Al año siguiente, la asignación se redujo a menos de la mitad. Y en los últimos períodos no hubo reparto, porque no se alcanzó la rentabilidad fijada como umbral.
Tal como explicaron tanto en la empresa como en el sindicato, para que exista una distribución de recursos, la utilidad neta de la compañía (después del pago de impuestos) debe ser superior al 6 por ciento. Del excedente de esa ganancia, se distribuye el 33 por ciento. La cifra es igual para todos, sin establecer diferenciaciones por categorías. Según lo acordado, otro tercio se destina a capital de trabajo y otra parte igual, a inversiones para asegurar la continuidad de la compañía.
Cuidar el capital
Benvenuti explicó que la definición del esquema y de los límites para dar participación en las ganancias tiene que ver con las características propias de la actividad y con la necesidad de resguardar una tasa de retorno mínima para el buen funcionamiento de la empresa. "No se puede quitar capital que se considera necesario para seguir creciendo, porque se elimina la posibilidad de creación de empleos", explicó.
Siguiendo el criterio de la necesidad de evaluar los rasgos propios de cada sector, el directivo opinó que una eventual ley sobre el tema no debería imponer una única modalidad de participación en las ganancias para todas las compañías.
Entre los sistemas vigentes en varios países de América latina, el de Brasil prevé, justamente, que las pautas sean establecidas en negociaciones entre las partes. En cambio, en países como México, la normativa establece cuánto se debe distribuir, aunque se exceptúa de la obligación a las firmas que no llegan a determinado nivel de facturación y a quienes desarrollan nuevos emprendimientos en ciertos rubros.
Benvenuti apuntó también que el mecanismo implica un mayor costo. Y advirtió: "Todo mayor costo se traslada al producto, y si eso hace perder competitividad, se puede llegar a salir del mercado", lo que implica un punto a tener en cuenta al evaluar cómo instrumentar el reparto.
En la opinión de Benvenuti, cuando las empresas establecen pagos adicionales para sus empleados atados a la productividad, de alguna manera está también haciendo una distribución de las ganancias. "Si tienen mayor productividad, seguro que también están ganando más", evaluó.
El debate en el Congreso por una ley que obligue a distribuir parte de las utilidades aún no comenzó. Y tanto desde el sector empresarial como desde algunos sectores del sindicalismo, hay quienes piensan que es muy probable que la discusión ni siquiera llegue a darse. (Agencia Paco Urondo)

07.06.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El Centro Cultural "Francisco Paco Urondo" invita a la Mesa Redonda "El Bicentenario y el movimiento obrero argentino: balance y perspectivas". Será este 9 de junio a las 19, 25 de mayo 221. Serán disertantes: la Prof. de historiadora Mirta Lobato, el periodista e historiador Santiago Senén González, el Prof. e historiador Claudio Panella, y el sociólogo Julio Godio.
Desde sus orígenes la clase trabajadora fue un pilar de la sociedad argentina. Durante el transcurso de su historia, los trabajadores atravesaron diversas etapas. La idea de la Mesa será analizar las mismas como una manera de entender la realidad de hoy y las perspectivas del mañana. Más info: 4342-5922. (Agencia Paco Urondo)

03.06.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Ceplas La Plata.blogspot) La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el pasado 19 de mayo en los autos “González, Martín Nicolás c/Polimat S. A. y otro” inconstitucional una serie de decretos que encontraron su origen en la crisis económica que atravesó nuestro país durante los años 2002 y 2003, mediante los cuales se otorgaron a los trabajadores que se desempeñaban bajo relación de dependencia en el sector privado sumas de carácter no remuneratorio en concepto de aumentos salariales considerando que se había deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios perjudicando a los trabajadores.

La causa se inició con la demanda del trabajador Martín González contra Polimat S. A. y Raya S. A., en procura del cobro de créditos salariales y otras indemnizaciones derivadas del despido resuelto por la empleadora con fecha 9 de octubre del año 2003. De igual modo, el asalariado solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03 en cuanto calificaron como “no remunerativos” los incrementos que dispusieron en los ingresos de los trabajadores del sector privado comprendidos en las convenciones colectivas del trabajo y en el régimen de la negociación colectiva, en los términos de la ley 14.250 y sus modificatorias. En primera instancia el fallo fue favorable al trabajador en cuanto al reclamo del carácter remunerativo de dichos aumentos. Sin embargo, a posteriori, una vez apelada la sentencia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó el fallo de primera instancia, y consecuentemente redujo la condena por diferencias salariales en las indemnizaciones por despido y por vacaciones no gozadas y en el sueldo anual complementario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con elevado criterio, hizo lugar al recurso extraordinario por encontrarse los requisitos reunidos y revocó unánimemente el pronunciamiento de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había declarado la constitucionalidad de los decretos mencionados, ya que desconocen la naturaleza salarial de las prestaciones que disponen. Es dable señalar que el origen de los mencionados decretos se encuentra en el intento por recuperar el poder adquisitivo de los asalariados, quienes por aquellos años se enfrentaban a dario a una creciente incertidumbre acompañada por una clara inflación. Así fue que se sancionaron los decretos mencionados, los que establecieron que los trabajadores del sector privado comprendidos en convenciones colectivas de trabajo –con excepción de los agrarios y los del servicio doméstico– debían percibir de su empleador una “asignación” mensual “no remunerativa de carácter alimentario”, que fue fijada en $100 entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2002, en $130 entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2003, en $150 entre el 1º de marzo y el 30 de abril de 2003, y en $200 a partir del 1º de mayo de 2003. También dispusieron que en caso de que la prestación del trabajador en el período de pago correspondiente hubiera sido inferior a la jornada legal o a la establecida en convenio colectivo de trabajo, la “asignación” se liquidaría en forma proporcional, y por el otro, que las empresas que hubieran otorgado “otros incrementos con carácter remunerativo o no remunerativo” –durante el período inmediatamente anterior que individualizaron– podían compensarlos, hasta su concurrencia, con las sumas anteriormente señaladas. En este sentido cabe mencionar que en julio del año 2003 el presidente electo en aquel entonces, Néstor Kirchner, dispuso que la suma de $200 no remuneratoria se incorporaría a los salarios básicos, a todos los efectos legales y convencionales, de manera progresiva y escalonada a razón de $28 mensuales, mediante el decreto 392/03, y posteriormente se encontró completamente integrada a los salarios básicos. Con dicha disposición se restableció el carácter salarial de la contraprestación que el trabajador percibe por la prestación de servicio que brinda y se promovió la negociación colectiva. El principal problema de estos aumentos gira en torno de que el carácter no remunerativo implica que esas sumas no se consideran para los aportes y las contribuciones a la seguridad social, perjudicando en forma directa al sector pasivo de la población y al futuro del sector actualmente activo, dado que en relación con los propios beneficiarios les reduce el haber previsional del trabajador en el caso de que se encuentre a menos de 10 años de su retiro, ello en virtud de que para el cálculo del ingreso pasivo se toman en cuenta las remuneraciones sujetas a aportes de la década previa al pedido del beneficio. Asimismo, el perjuicio al asalariado es directo, ya que dichas sumas al no ser remunerativas no sólo no están sujetas a aportes y contribuciones sino que tampoco se computan para el cálculo de distintos rubros salariales como el sueldo anual complementario, las vacaciones, así como también –en el caso de despido arbitrario– para las indemnizaciones correspondientes. Privar a los mencionados aumentos de naturaleza salarial viola el artículo 14 bis de la Constitución nacional que establece que el trabajador gozará de la protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador una retribución justa y condiciones dignas y equitativas de labor. Así es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anticipó con el fallo bajo análisis eventuales problemas para los futuros convenios colectivos de trabajo que disponen aumentos salariales de sumas fijas no remunerativas, los que –cabe destacar– ya encontraban ciertas líneas directrices en sentencias de instancias inferiores, mediante las cuales se determinó el carácter remunerativo de los incrementos salariales. Lo cierto es que los decretos determinaron el carácter “no remunerativo” de los incrementos salariales, pero por el contrario éstos encuadran claramente en lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya definición no deja lugar a dudas de que “toda” prestación que reciba el trabajador por parte de su empleador como consecuencia de la relación laboral y que represente una beneficio patrimonial para él, tiene carácter remuneratorio. El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y este último, a cambio, le otorga una contraprestación que, conforme todo el ordenamiento laboral, la Constitución nacional y normas supralegales debe ser “justo” y produzca la satisfacción de las necesidades del trabajador y de su familia. No puede obviarse al respecto la definición dada por el Convenio 95 O.I.T. ratificado por nuestro Estado: “...la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”. Así, no definen al salario ni el nomen iuris dado por las partes, ni su método de cálculo, ni su forma de pago, ni su fijación. Por ende, ha de considerarse la verdadera causa que motiva la prestación percibida por el trabajador, a su susceptibilidad de ser apreciada pecuniariamente, a la ventaja patrimonial que ésta pueda representar para el trabajador en sentido lato, incluido consecuentemente el ahorro como oportunidad de obtener un beneficio o ganancia. Del mismo modo en que la prestación a cargo del trabajador –sus servicios infungibles– se presume remunerada, las prestaciones a cargo del empleador se presumen hechas como contraprestación por los servicios personales del trabajador (remunerativas). Es decir que, como manifestación del principio de primacía de la realidad, que es uno de los principios generales del derecho del trabajo (art. 11 L.C.T.), la “remuneración” debe ser considerada tal siempre que surja de los hechos que se trata de la contraprestación de un contrato de trabajo, aunque al aparentar ser la prestación de una figura contractual no laboral, las partes le asignen otra denominación como “honorarios”, “estipendio”, “precio”, “compensación”, “renta”, “arancel” u otra similar. Nosotros siempre sostuvimos que el ingreso que percibe el trabajador como contraprestación por su trabajo (verbigracia el caso de los tickets –ley 26.341–) es siempre remuneración.
Una vez más la Corte enaltece los derechos individuales del trabajador en su categoría de derechos humanos de segunda generación, doctrina que va de la mano de lo señalado por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución nacional en progreso económico con justicia social.
(Agencia Paco Urondo)

31.05.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Clarín, PorIdafe Martín) Los gremios europeos comenzaron a coordinar medidas conjuntas. Consideran que los recortes presupuestarios repercutirán en la clase media y los trabajadores. Los sindicatos europeos quieren coordinar su respuesta a los planes de ajuste. Con las centrales de trabajadores de los países mediterráneos como punta de lanza, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) considera que los recortes presupuestarios son "injustos" porque se ceban en las clases medias y en los trabajadores.El martes se reúnen en Bruselas bajo el paraguas de la CES. El sindicato italiano CGIL -con 6 millones de afiliados- ya anunció una huelga general para el próximo 25 de junio y manifestaciones desde el día 12. En Grecia, con cuatro huelgas generales desde principios de año, la principal central sindical, la GSEE, volverá a sacar a los trabajadores a las calles para protestar contra un plan de ajuste durísimo y en especial contra la reforma de las pensiones.Los sindicatos españoles se plantean si llamar también a la huelga general a la vez que negocian con la patronal empresarial y el gobierno una reforma laboral que la UE, el FMI y la OCDE exigen a España, donde el desempleo alcanza al 20% de la población activa, más de 4,5 millones de españoles. Mañana lunes se cumple el plazo que el gobierno de Rodríguez Zapatero dio a sindicatos y empresarios para acordar la reforma laboral.Si no hay acuerdo el ejecutivo de Zapatero la impondrá por decreto. El gobierno español necesita dar una clara señal a los mercados de su compromiso de austeridad y reformas. El viernes, la agencia de calificación Fitch, rebajó la nota de la deuda española de AAA a AA+, lo que encarecerá financiación exterior y aumentará la presión mañana sobre las bolsas españolas.El GCEE griego y el CGIL italiano piden a los demás sindicatos europeos una acción común para hacer frente a las medidas tomadas por los gobiernos. Guglielmo Epifani, jefe del CGIL, dijo a Reuters que los sindicatos necesitan "iniciativas a nivel europeo" y que eso pedirá a sus socios de otros países del bloque comunitario.Los sindicatos consideran que los planes de ajuste los van a pagar las clases más desfavorecidas y los funcionarios -a los que es muy fácil subir impuestos. En un artículo publicado en 'Le Monde' el sábado, John Monks, secretario general de la CES, pedían que se revise el modelo social europeo y denunciaban la "injusticia" de los recortes. "Mientras miles de millones fueron a salvar a los bancos de la catástrofe que ellos mismos habían fabricado, los trabajadores, los ciudadanos europeos, tienen que pagar ahora la irresponsabilidad de los agentes financieros de ayer y de hoy", firmaba Monks."Estas medidas de austeridad reducen el crecimiento y minan el consumo, agravan el desempleo, afectan a la capacidad productiva y, en fin, deprimen los ingresos fiscales y sociales que se hundieron", añadía. Pero hay divisiones, los sindicatos del norte de Europa -y poderosos sindicatos como el metalúrgico alemán IGMetall- no han propuesto movilizaciones. (Agencia Paco Urondo)

26.05.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en prensa.medios.gov.ar) El ministro de Trabajo firmó un convenio, en el barrio de La Boca, por el que se dio inicio al funcionamiento de un centro de capacitación que es parte del "Comedor Los Pibes". "Vamos a seguir trabajando para conseguir una mejor distribución del ingreso", manifestó.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró hoy que "la puja entre el capital y el trabajo encuentra un buen proceso a través de la negociación colectiva". Lo expresó al firmar un convenio en el barrio de La Boca, que dio inicio al funcionamiento del Centro Popular de Capacitación "Los Chisperos", que es parte del "Comedor Los Pibes"."Vamos a seguir trabajando para conseguir una mejor distribución del ingreso", expresó el ministro, luego de firmar el convenio, que establece la financiación de cuatro cursos de Informática Básica para 64 personas y dos cursos de Informática Aplicada a la Gestión de Emprendimientos para 32 personas.El titular de la cartera laboral destacó que "el Centro `Los Chisperos`, que se incorpora a la Red de Instituciones de Formación Profesional, es la consolidación de una tarea que venimos haciendo con una prestigiosa organización social que tiene una larga trayectoria en este tipo de tareas y de compromisos".En relación a las negociaciones salariales en paritarias, Tomada las calificó como "normales", y aseguró que "son la consolidación de un instrumento democrático de las relaciones laborales que funciona en nuestro país con absoluta normalidad en estos últimos seis años"."Venimos a reforzar ese compromiso que se viene llevando a cabo a través de la conformación de una institución de formación social y este vínculo entre el Estado y las instituciones para la capacitación de nuestros ciudadanos. Creemos que es una tarea que comienza a mostrarse como una política consistente de inclusión social", añadió.El centro de capacitación se puso en marcha en diciembre de 2009 y desde entonces la cartera laboral aportó recursos para mejorar la infraestructura del lugar y su equipamiento, además de realizar un relevamiento en el barrio para conocer las necesidades de formación de la comunidad.Asistieron a la firma del convenio el subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional, Matías Barroetaveña, y el legislador porteño Francisco "Tito" Nenna. (Agencia Paco Urondo)

21.05.2010

Salta (Agencia Paco Urondo) Acusan al gobernador Urtubey de dar la orden a infantería parar la marcha de los médicos y profesionales de la salud.

"Nos cercaron violentamente y se llevaron a tres compañeros", denunciaron los profesionales de la salud de Salta que se están movilizando desde el Hospital San Bernardo a la Plaza 9 de Julio, en la capital de la provincia. Cristina Nesrala (03878-15-565-203), secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta, denunció el hecho recién en comunicación telefónica con el presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA), Jorge Yabkowski. Los detenidos son Alejandro Guardi y Carlos Ceja, dirigentes de ATE  y Mario Campos, del Hospital San Bernando.
 
En este sentido, Yabkowski pidió denunciar inmediatamente este hecho a los medios y exigió “la inmediata liberación de los compañeros”, responsabilizando “al gobernador Urtubey por cualquier cosa que les pueda pasar”. La Asociación de Profesionales de la Salud de Salta convocó para este jueves a un paro de 24 horas y una movilización en el marco de la Jornada Nacional de lucha y movilización “Bicentenario con más salud pública y trabajo decente”, decretada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA). Los profesionales reclaman salarios dignos, trabajo en blanco, Paritaria Nacional de Salud, Ley de financiamiento del sector público que lleve el gasto estatal al 5% del PBI y Jubilación con el 82% móvil. En el caso particular de Salta exigen que termine el gerenciamiento privado en el sistema de salud pública.
 
Prensa: Sabrina Roth (011) 15-6600-7438 / Marcos Viancheto (011) 15-5340-0973. (Agencia Paco Urondo)

18.05.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en La Nación) Representantes gremiales y empresarios de la alimentación discutían anoche, al cierre de esta edición, en el Ministerio de Trabajo, el aumento salarial más alto de los últimos años en el país para compañías de consumo masivo: la cartera laboral intentaba interceder para que el sindicato aceptara un 35% de alza.

La negociación es crucial no sólo para este sector, que tiene desde hace 23 días varias plantas paradas como consecuencia de los reclamos, sino también para otros siete segmentos fabriles que todavía no cerraron las paritarias y que han decidido fijar los parámetros de sus pedidos de acuerdo con estas conversaciones. "En este nivel, no habría que descartar que paritarias que cerraron en el 22 por ciento pidan reabrir la discusión", se lamentaron anoche en la Unión Industrial Argentina (UIA), donde se recordaba a los banqueros, los primeros en acordar ese porcentaje, a fines del verano.
Cerca de la medianoche, en un encuentro que había empezado a las 19, el Ministerio de Trabajo, que conduce Carlos Tomada, reunía a representantes de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), integrada por 80.000 trabajadores, y a ejecutivos de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), cuyo presidente, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, acompañó este fin de semana a la jefa del Estado, Cristina Kirchner, a su visita por España. La delegación oficial incluyó también a Héctor Méndez, presidente de la UIA.
La propuesta de los empresarios es llegar a mayo del año próximo con un 35% de incremento total, modificación que empezaría con un retroactivo de 250 y 300 pesos para abril y un 21% para mayo. Junio vendría con un nuevo incremento de 150 pesos que se harían remunerativos en septiembre, a los que se sumarían, de ahí en adelante, otros 80 pesos.
Plantas tomadas
El salario básico de los obreros de la alimentación es de 2130 pesos, pero tiene un promedio de 4500 pesos. "Estamos conversando", se excusó uno de los sindicalistas ante la consulta de LA NACION. En el encuentro, los representantes de Copal mantenían el argumento de que las más perjudicadas por los incrementos serían las pequeñas y medianas empresas. "Esto va a empujar al negro a varias pymes, van a empezar a trabajar en la informalidad y a irse de la cámara porque no les da", se quejó uno de los ejecutivos, con el diálogo todavía incierto.
Anoche, en Córdoba, tres plantas de Arcor seguían completamente paradas y con piquetes en sus ingresos: las ubicadas en Colonia Caroya (fabricante de chocolates), Totoral (papel film de envoltorio) y en la capital provincial (galletitas de Lía-Bagley). Cumplían, así, 23 días sin actividad como consecuencia de las protestas.
La evolución de esta paritaria mantiene a toda la UIA con un alto nivel de inquietud desde hace varios días. Hoy por la mañana, en un desayuno, miembros de la entidad fabril intentarán convencer con algunos de estos conceptos a sindicalistas de la CGT. Como los empresarios temen una escalada de protestas, no quisieron ayer revelar el lugar del encuentro en que estarán, por la UIA, el vicepresidente 1°, Miguel Acevedo; el secretario, José Ignacio de Mendiguren, y el prosecretario 1°, Pablo Challú, y por la CGT, Omar Viviani (taxistas), José Luis Lingeri (trabajadores de obras sanitarias), Juan Carlos Schmidt (dragado y balizamiento) y Horacio Ghidini (docentes particulares y estadísticas y defensa del consumidor), entre otros.
Los equipos técnicos de ambas centrales se vienen reuniendo desde hace varias semanas por la cuestión salarial. Hasta ahora, las partes se han limitado sólo a exponer sus argumentos. "Lo que intentamos acordar es desinflar las expectativas inflacionarias -dijo a LA NACION un miembro de la junta directiva de la UIA-. La propuesta nuestra es que un rebrote de precios se combate aumentando la oferta."
Los empresarios buscan además convencer a los sindicalistas de que, por lo menos en el sector fabril, el salario formal se ha duplicado en relación con el resto de los sectores. "El verdadero problema está en la informalidad; no entenderlo equivale, como siempre, a cazar dentro del zoológico", agregaron en la entidad de Avenida de Mayo. (Agencia Paco Urondo)

14.05.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Elizabet Peger, publicado en El Cronista Comercial)  Hugo Moyano puede dar fe de que sus hijos aprendieron muy bien sus mañas. Ayer, su hijo Facundo, titular del Sindicato de Trabajadores de peajes y Afines (SUTPA), puso en práctica la histórica estrategia del camionero de presionar a fondo para después negociar y, tras levantar durante doce horas los peajes de las autopistas porteñas, en una protesta que provocó largas demoras y caos en el tránsito metropolitano, logró el aval de la empresa AUSA y las autoridades laborales para avanzar en el reencuadramiento de unos 600 trabajadores actualmente afiliados al gremio de Comercio. Pero lo más llamativo fue que el acuerdo que habilita a Facundo Moyano a disputar la representación gremial de ese grupo de trabajadores se fundamento en el “principio de libertad sindical”, justamente el argumento que su padre cuestiona para rechazar la personería gremial de la CTA y en defensa del monopolio sindical de la CGT. “Nosotros queremos la libertad para persuadir a los empleados de que este es el sindicato que los tiene que representar y al final hubo acuerdo”, afirmó Moyano hijo al retirarse del encuentro realizado en el Ministerio de Trabajo.
 
 
Además de posibilitar al SUTNA disputar el reencuadramiento de alrededor 600 trabajadores de AUSA que en la actualidad reportan al sindicato de comercio que lidera Armando Cavalieri, un histórico adversario interno de Moyano, en el acuerdo la empresa se comprometió a no tomar medidas disciplinarias ni económicas contra el personal involucrado en el conflicto. En contrapartida, el gremio que comanda Facundo Moyano aceptó la suspensión de las medidas de fuerza que durante toda la jornada colapsaron el tránsito en las principales autopistas porteñas.
 
Las protestas lideradas por el hijo del camionero comenzaron a las 6 de la mañana con el levantamiento de las barreras de los puestos de peaje de la autopista Perito Moreno, a la altura del Parque Avellaneda, y la autovía La Plata–Buenos Aires, en el tramo Dock Sud y Hudson. Más tarde se sumaron a la medida el personal de la autopistas del Oeste, Richieri, Jorge Newbery y Ezeiza–Cañuelas. “Como cortó la gente del campo las rutas, nosotros cortamos la autopista por un reclamo legítimo que es que los trabajadores puedan realizar actividades gremiales sin ser despedidos ni perseguidos por optar por tal o cual sindicato”, dijo Moyano hijo para justificar la protesta.
 
En varios puestos de peajes se registraron manifestaciones que generaron demoras y embotellamientos, situación que se agravó por el efecto de los cortes que grupos de organizaciones piqueteras enfrentadas al kirchnerismo mantuvieron durante varias horas en la Autopista 25 de Mayo y los accesos al Puente Pueyrredón, que conecta la ciudad de Buenos Aires con la zona sur del conurbano bonaerense.
 
Los problemas en el tránsito se agravaron también en la zona norte, a raíz de otra protesta realizada por los trabajadores de las firmas alimenticias Kraft y PepsiCo que cortaron por la mañana las dos manos de la ruta Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de General Pacheco, en el marco de las medidas de fuerza que lleva adelante el gremio de la alimentación para exigir un sueldo básico de $ 3.000, conflicto que hoy derivará en un paro general de 24 horas en todas las fábricas del país.
 
Pese al acuerdo logrado ayer con el gremio que lidera el hijo del camionero, el conflicto en los peajes parece lejos de una solución. Desde el gremio mercantil advirtieron ayer con disponer protestas similares en las autopistas si no se frena el avance del moyanismo en el sector.