fbpx Economía | Page 110 | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Economía
25.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Asteriscos TV) La presidenta, Cristina Kirchner, destacó la acumulación de divisas y la política previsional del Gobierno: "Nos decían que nos íbamos a fundir, que las reservas se iban a acabar". Volvió a criticar a la oposición por "no reconocer las cosas que se hacen bien".
La presidenta Cristina Kirchner defendió la decisión del gobierno nacional de recurrir a recursos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para pagar parte de la deuda externa y advirtió que "casi le quisieron hacer un juicio político por utilizar las reservas". "No estábamos equivocados", remarcó la jefe de Estado al encabezar un acto en la ciudad bonaerense de General Belgrano. "Teníamos razón, nos decían que nos íbamos a fundir, que las reservas se iban a acabar", recordó la primera mandataria.
Asimismo, destacó que el nivel de reservas del BCRA se ubica en 50.925 millones de dólares y se encamina a sobrepasar la barrera de los 51.000 millones de dólares por primera vez en la historia del país. Cristina Kirchner reiteró que en el 2009 la Argentina pudo hacer frente a la crisis porque estaba "sólidamente parada", y señaló que esto fue responsabilidad "de todos los que creyeron, ayudaron y apoyaron" el modelo de país. "El 2009, más allá de las diferencias lógicas de una democracia, nos ha abierto los ojos a todos porque nos dimos cuenta lo que hubiese pasado si la crisis nos agarraba con una economía enfriada ", agregó. Recordó anteriores crisis que sí golpearon a la Argentina y dijo que "si no estábamos sólidamente parados, no hubiera quedado nada" y que "no existen enfrentamientos de sectores" porque "es la industria, es el campo, y es la exportación", los que ayudan al país a acumular reservas.

 
(Agencia Paco Urondo)
 

23.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado por El Argentino)
Según informaron los medios locales, 102.432 españoles abandonaron el país en 2009, en medio de la fuerte crisis económica internacional y antes de los anuncios realizados este año por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero de fuertes ajustes. América sigue siendo el destino favorito de los emigrantes.
La crisis española y la falta de empleo provocó un éxodo masivo. El diario El Mundo informó que 102.432 españoles abandonaron el país en 2009, en medio de la fuerte crisis económica internacional y antes de los anuncios realizados este año por el presidente Zapatero de fuertes ajustes. América sigue siendo el destino favorito de los emigrantes.
Según informó el diario español, el continente americano es el elegido por seis de cada 10 españoles. Europa es el segundo lugar favorito de emigración y ya recibe a más de medio millón de emigrantes.
Pero Asia pisa fuerte y es el continente donde la comunidad emigrante creció un 16%.
 
(Agencia Paco Urondo)
 

23.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Ambito.com)

 El Gobierno abrirá formalmente en agosto las negociaciones para subir el salario mínimo vital y móvil. En los próximos 15 días, el Ministerio de Trabajo hará el anuncio de la convocatoria al Consejo del Salario, donde empresarios y sindicalistas discutirán durante algunos días cuál será el monto del nuevo salario mínimo y la forma en que se liquidará. Según las estimaciones oficiales y gremiales, pasaría de los actuales $ 1.500 a aproximadamente $ 1.750 mensuales. Lo que se discutirá, en realidad, es si para llegar a esa suma (o a un monto similar) se implementará como en 2009 un esquema gradual o si será en un solo paso. Nuevamente se rechazará además la idea de la Unión Industrial Argentina (UIA), de implementar un esquema regional, con salarios mínimos según la localidad del país en que se trate.
Esta paritaria general para determinar el salario mínimo que debería cobrar cualquier argentino en el país, en blanco o en negro, se lanza luego que el 70% de los trabajadores ya hayan cerrado sus negociaciones para determinar los incrementos salariales que se aplicarán durante este ejercicio. Se estima, dentro de la cartera que conduce Carlos Tomada, que aproximadamente unas 300.000 personas en todo el país están alcanzadas por este ingreso, sin tomar en cuenta a los empleados rurales o el empleo doméstico, sectores que tienen sus propios regímenes. 
El nivel de trabajadores no registrados, con salarios en negro, llega hoy al 36,1% (casi cuatro millones de trabajadores) de la mano de obra activa del país. De confirmarse el nuevo monto, el salario mínimo quedará sensiblemente por debajo del piso que dejaron las últimas negociaciones paritarias, las que, según estudios del ministerio, determinaron un piso de $ 2.100. Este es el caso del trabajador de minería; mientras que los trabajadores con salarios de convenio más elevados serían los bancarios, con $ 4.500. El porcentaje de aumentos más bajos de este año corresponde a los empleados de la Administración Pública Nacional, con un alza promedio de 22%; mientras que el incremento más alto lo logró el sindicato de Alimentos con una suba del 35%.
 
Las conclusiones de los estudios internos del Ministerio de Trabajo sobre las discusiones paritarias de este año son las siguientes:
 
 
La cantidad de convenios firmados llegó a los 368, alcanzando a 3 millones de asalariados.
 
 
El porcentaje de aumento acordado se ubica entre el 25% y el 27%.
 
 
La mayoría de los convenios acordó incrementos salariales para la categoría inferior que oscilan entre los 500 y 600 pesos mensuales.
 
 
Los trabajadores que en promedio mayor nivel salarial tendrían a partir del resultado de las paritarias de 2010 son los bancarios con un salario piso de 4.500 pesos. Luego se ubican los camioneros ($ 4.000), petroleros privados ($ 3.300), plásticos y gastronómicos (3.200). En la otra punta de la curva se encuentran los operarios de la minería con un salario de 2.100 pesos mensuales, seguidos por la metalúrgica (2.200) y maestranza (2.300).
 
 
Este año se observó dentro de las negociaciones paritarias, una importante dispersión tanto en porcentajes de aumento como en el nivel salarial dentro de los diferentes sectores. De hecho, el sindicato de camioneros dejó de ser este año la variable de referencia. El gremio del titular de la CGT alcanzó un alza porcentual del 26%, en el medio de la pirámide. (Agencia Paco Urondo)

23.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Página 12) A mediados de 2009, el gobierno nacional dispuso el lanzamiento del Programa de Ingreso Social con Trabajo, conocido como Argentina Trabaja. A través de éste se pretende alcanzar inclusión social por medio de la generación de trabajo, para lo que las personas interesadas deben conformar cooperativas mediante las cuales desarrollan distintas obras en las localidades donde residen y a cambio de lo cual obtienen un ingreso mensual, para lo que además reciben capacitaciones en oficios. Lógicamente, un programa de tales características y con pretensiones de cobertura muy amplias atraviesa diversos avatares en el transcurso de su implementación:

1 Porque queda población sin cubrir.
2 Porque algunos mecanismos de funcionamiento pueden no ser claramente comprendidos o distorsionados en el ámbito micro.
3 Porque su cobertura no llega a ámbitos territoriales y políticos que lo reclaman.
Todos ésos y otros elementos se constituyen en aspectos negativos que alcanzan para obnubilar todo lo positivo que el programa posee. Hay aspectos positivos que se desconocían y que se pueden encontrar en visitas e intercambios con los trabajadores que hoy ya forman parte de él. Vale la pena compartir algunos de esos elementos, que son poco o deficientemente comunicados por las propias autoridades que lo llevan adelante.
En primer lugar, resalta el hecho de que el programa está planteado desde una perspectiva que ex profeso pretende alejarse del formato de “programas enlatados” que se implementaron a lo largo de la década de los noventa. Estos se denominaban comúnmente de esa forma en tanto establecían rígidamente los parámetros según los cuales la población beneficiaria debía ser seleccionada, los montos a financiarse, así como el tipo de prestaciones que podían brindarse. En oposición a ello, entonces, el programa se presenta como flexible en el quehacer cotidiano en el territorio.
La flexibilidad está asociada con facilitar que los mecanismos y procedimientos burocráticos permitan incluir a la mayor cantidad de personas, en las mejores condiciones posibles y que posibiliten alcanzar los objetivos del programa. Ello no implica actuar por fuera de lo legalmente establecido, sino revisitar los mecanismos preexistentes en distintas dependencias del Estado para generar una sincronía virtuosa entre el programa y las distintas instancias en que el Estado cristaliza sus intervenciones. Y si ello requiere introducir modificaciones nodales en dependencias que tienen injerencia directa e indirecta con el mismo (por ejemplo, en la AFIP), las autoridades avanzan en ese sentido.
En segundo lugar, sobresale el hecho de que el programa posibilita, además de lo ya dicho, el acceso a una cobertura de salud tanto para el titular como para su grupo familiar. En algunas de las recorridas que tuvimos la oportunidad de realizar a distintas localidades del conurbano, se pudo comprobar que cientos de las personas que ya se incorporaron o están en camino de hacerlo son jóvenes –muy jóvenes– que no han podido cumplimentar sus estudios secundarios e incluso primarios. Son jóvenes que se incorporaron muy tempranamente a empleos informales y mal pagos, y que también muy tempranamente han conformado sus propios hogares. Así, a partir de su inclusión en el Argentina Trabaja, estos jóvenes tan largamente postergados tienen la posibilidad de concretar su derecho a la salud.
Aquellas recorridas nos permitieron observar que las capacitaciones que reciben los trabajadores tienen un objetivo muy claro: dejar instalado que el dinero que reciben como ingreso les pertenece y que ninguna persona a título individual o en nombre de algún agrupamiento de tipo colectivo puede solicitarles un porcentaje de éste. Este hecho no es un dato menor, ya que apunta al corazón de mecanismos ampliamente vilipendiados y cuestionados por parte de distintos sectores de nuestra sociedad. Incluso, este hecho cobra más importancia aún si se toma nota de que algunas organizaciones (de la sociedad civil o gubernamentales de nivel local) se han sentido cuestionadas a sí mismas por la insistencia en esta indicación.
El nivel de implementación tiene siempre múltiples dificultades en su concreción. Quien haya participado alguna vez de la gestión sabe que esto indefectiblemente es así. Algunos objetivos y parámetros establecidos pueden no ser útiles, prácticos o lógicos cuando se topan con la persona de carne y hueso. Seguro hay mucho para mejorar, ampliar, cambiar, repensar, pero también hay mucho para ponderar positivamente
* Socióloga y Magister en Políticas Sociales, UBA. Docente de la Carrera de Sociología UBA. Investigadora del Instituto Gino GermaniUBA. (Agencia Paco Urondo)

21.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo)
En la tarde de ayer la Presidenta anunció "un aumento del superávit primario de junio contra junio del año pasado de un 198,5 por ciento", durante el acto de licitación de la autovía Pilar - Pergamino, en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa de Gobierno.
Refiriéndose al tema, Cristina destacó: "Hemos tenido un aumento del superávit primario de junio contra junio del año pasado de un 198,5 por ciento".
"De enero a 30 de junio llevamos 11 mil millones de pesos, un 54 por ciento más que los primeros 6 meses del año 2009"
 
(Agencia Paco Urondo)
 

20.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Página 12) El acuerdo de Aerolíneas con la fabricante brasileña de aviones empieza a concretarse: el mes próximo arranca la entrega de las veinte naves adquiridas. La empresa informó además que los vuelos a Sudáfrica dejaron una ganancia de dos millones de dólares.
Aerolíneas Argentinas recibirá a fines de agosto el primer avión Embraer, de un total de veinte aeronaves que la línea de bandera adquirió por 700 millones de dólares. Estas inversiones forman parte de un plan quinquenal presentado por la compañía hace unos meses, cuyo objetivo es ampliar las frecuencia hacia las provincias y el exterior. “La Argentina tiene por delante fuertes perspectivas de desarrollo del servicio aéreo para atender sus necesidades crecientes”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de Aviación Comercial de Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva. Los Embraer servirán para reemplazar la actual flota de Austral. Por otro lado, la empresa que dirige Mariano Recalde anunció que los 19 vuelos programados a Sudáfrica durante el Mundial de Fútbol arrojaron una ganancia de dos millones de dólares, resultado que desmintió al titular del gremio de los pilotos, Jorge Pérez Tamayo, quien había vaticinado una pérdida de 20 millones de dólares.
Aerolíneas invertirá en los próximos cinco años más de 1733 millones de dólares. La compañía estatal apuntará a la modernización de toda su flota, la compra de simuladores para las pruebas de los pilotos, el mejoramiento de las áreas técnicas y el desarrollo de acuerdos estratégicos con otras compañías. Hasta el momento, AA cuenta con 54 aviones. Una vez que esté finalizado el plan quinquenal, los directivos de la compañía prometen tener en el aire 74 naves. En este contexto, Embraer entregará la primera aeronave en agosto. Para este año están previstos seis nuevos aviones, mientras que en 2011 debería entregarse un avión por mes. La totalidad del contrato finalizará en 2012.
Los nuevos aviones –que fueron financiados en un 85 por ciento por el Bndes– reemplazarán la actual flota de Austral (Mac Douglas), que ya tiene catorce años de vida. La flota quedará renovada con aviones nuevos más pequeños, con 96 asientos en vez de los actuales 140, los cuales podrán cubrir aproximadamente 4000 kilómetros, es decir, la totalidad de los destinos del país. Los aviones Embraer consumen un 30 por ciento menos de combustible que los MD.
El costo de estos aviones motivó una denuncia de la oposición, ya que estimó que hubo un sobrecosto de 65 millones de dólares en la compra de las aeronaves. Las autoridades de la empresa lo negaron y justificaron la operación en las condiciones de financiamiento ofrecidas por Embraer. También señalaron que el acuerdo es conveniente por la transferencia de tecnología, ya que se fabricarían piezas de los aviones en los talleres de la reestatizada Lockheed en Córdoba.
“Aunque su población equivale al 21 por ciento de Sudamérica y su producto bruto por habitante es el segundo de la región, Argentina todavía posee un mercado aéreo pequeño. La modernización de su flota mejorará la posición de Aerolíneas”, señaló de Souza e Silva.
Con la adquisición de los nuevos equipos –que también incluirá aviones más grandes, como los Airbus–, la compañía calcula que podrá transportar 10 millones de pasajeros para 2014, con un incremento en los destinos hacia Europa, Latinoamérica y el interior del país. En este sentido, Córdoba sumará 27 frecuencias, Salta recibirá 29 vuelos (contra los 19 actuales) y Rosario tendrá un vuelo por día. Además, Aerolíneas invertirá aproximadamente 10 millones de dólares en joint ventures y alianzas globales con otras compañías, como parte de su plan.
Por otro lado, la aerolínea de bandera anunció que los 19 vuelos a Sudáfrica tuvieron un resultado positivo. La ocupación fue del 74 por ciento. La venta de pasajes alcanzó a 10,4 millones de dólares, mientras que los costos variables fueron de 6,7 millones de dólares. “Si se considera que los gastos fijos operativos fueron de 1,7 millón de dólares, el resultado positivo para AA fue de dos millones de dólares”, muy lejos de las “enormes pérdidas” que habían vaticinado desde el gremio de pilotos. (Agencia Paco Urondo)

19.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Revista XXIII) Es cierto que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional acumula activos por 150.000 millones de pesos, tal como se informa oficialmente? La respuesta es afirmativa si los datos son analizados con mirada de contador o desde un punto de vista formal. Pero si se los observa con ojos de economista, la realidad es que en el FGS de la ANSeS hay sólo un 40 por ciento del monto señalado, ya que el 60 por ciento restante son títulos públicos. Es decir que se trata de una acreencia de un organismo del Estado con el mismo Estado. Trazando analogía con una empresa, es como si en el activo de la compañía figurara un pagaré de esa misma firma. Su importancia económica sería nula, y en la contabilidad habría como contrapartida un pasivo equivalente que cancelaría todo efecto.Nada sustancial se modificaría si la ANSeS dejara de considerar como propios los alrededor de 90.000 millones de pesos de títulos públicos que figuran en la cartera del FGS. Para empezar es un activo que se supone indisponible. Aparecen en la cartera, pero los vencimientos no se cobran sino que se refinancian automáticamente, y casi todo el rendimiento devengado se capitaliza o se reinvierte en títulos públicos.Se podría contraargumentar que eso es así en tanto la ANSeS no necesite recurrir al FGS, pero llegado el caso de necesidad el Estado deberá afrontarla. La respuesta a eso es que en un sistema previsional estatal es, obviamente, el Estado el encargado de hacer frente a un caso de necesidad. Con o sin títulos públicos de por medio (distinto era con las AFJP: en ese sistema de cuentas personales, los títulos públicos en cartera de las administradoras documentaban una deuda del Estado con individuos privados).El mismo razonamiento que se aplicó a los títulos públicos en cartera de la ANSeS es válido para los 22.600 millones de dólares de Letras del Tesoro que el Banco Central tiene contabilizados en su balance. En su gran mayoría las recibió a cambio de la cancelación con reservas de deuda externa. Es un título a perpetuidad que sólo cubre apariencias. Nada sustancial cambiaría en el patrimonio si la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont tachara ese activo del haber.Pero esta manera de entender el tema sí cambia sustancialmente la gravitación de la deuda pública, que de por sí ha caído muchísimo en el último quinquenio. El informe mensual del Estudio Bein muestra que en proporción al Producto Bruto Interno, la deuda pasó de representar el 74,1 por ciento en 2005 al 44,7 por ciento actualmente. Para tener una idea de lo poco que eso significa basta tener en cuenta que el conjunto de los países de la zona del euro deben el equivalente a casi el 90 por ciento del PBI, y que en Italia y Grecia la deuda es mayor al PBI.El peso de la deuda es aún mucho menor si se excluye la deuda intra-estatal, que como se vio es un pasivo que aparece en los papeles contables pero tiene escasa relevancia económica. En el informe citado se señala que sobre un total de 154.000 millones de dólares que el Estado debía a fines del año pasado, alrededor de 60.000 millones era deuda intra-estatal, sumando las acreencias con el Tesoro que tenían la ANSeS, el Banco Central y otros organismos públicos como PAMI, AFIP y Lotería Nacional. O sea que si se tachaba de activos y pasivos la deuda intra-estatal, la deuda pública habría quedado acotada a algo más de 90.000 millones de dólares.Además, el informe apunta que existen otros 16.200 millones de deuda con organismos financieros internacional (Banco Mundial, BID, etc.), cuyos vencimientos se cubren fácilmente con los nuevos créditos de esas instituciones.Con lo cual la deuda pública con privados a fines de 2009 quedaba reducida a la mitad. Y esos 78.000 millones de dólares equivalían al 25 por ciento del Producto Bruto Interno del país. Miguel Bein estima que este año esa proporción seguirá disminuyendo hasta llegar al 20,8 por ciento.Puesto en perspectiva histórica, en 2005 esa relación entre deuda con privados y tamaño de la economía era del 55,1 por ciento, más de dos veces y media superior. El informe explica: “Las cancelaciones netas con superávit financiero hasta 2007, la licuación de la deuda indexada a partir de entonces, la estatización de los fondos de pensiones, la colocación de letras a organismos intra sector público y la compra de deuda en el mercado a precios de default, en conjunto con un fuerte crecimiento del PBI en dólares, generó un desplome en el ratio entre deuda que flota y PBI” (la “licuación” hace referencia al impacto de la manipulación de la inflación sobre los títulos ajustados por CER).La refinanciación automática de la deuda intra-estatal implica para este año un alivio en los vencimientos de capital e intereses por 6.250 millones de dólares (una tercera parte del total), y para el 2011 por 3.400 millones (una quinta parte).El brutal desendeudamiento (que en el caso de la “licuación” fue hecho a lo bruto) ha dado lugar a una de las diferencias estructurales clave entre la situación macroeconómica posconvertibilidad y la de los treinta años anteriores. Al punto que hasta la calificadora de riesgo Fitch incluyó entre los argumentos para elevar de categoría a los títulos públicos argentinos que las “necesidades de financiamiento del sector público son relativamente administrables”. Para esa agencia, recién ahora la deuda argentina dejó de estar en riesgo de default. Para las otras, el peligro no pasó. Es increíble que haya personas inteligentes y poderosas que les sigan prestando atención. (Agencia Paco Urondo)

15.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Mucho se habla, poco se conoce, sobre ese clisé que da vueltas en el debate público argentino: 82% móvil. ¿De qué hablamos? Mirar la historia puede, a veces, ofrecernos sorpresas.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional expresa: “(…) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de la familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
 
Si bien en nuestra Carta Magna se menciona jubilaciones móviles, no se fija el porcentaje que debe representar del salario vital móvil, tampoco lo hace la primera ley (4.349) de jubilaciones que existió en nuestro país. La cual fue sancionada en 1904 bajo el gobierno de Julio A. Roca y solamente amparaba a los trabajadores de la Administración Pública Nacional a través de un sistema de capitalización colectiva administrado por el Estado.
 
En 1944 solo el 7 por ciento de la población económicamente activa estaba afiliada a distintas cajas de jubilaciones. Con el impulso de Juan Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego desde la presidencia de la Nación, ese porcentaje aumentó rápidamente con la creación de la Caja para Empleados de Comercio y la del Personal de la Industria, a las que más tarde seguirían las de trabajadores rurales, personal doméstico, autónomos, profesionales y empresarios. En menos de una década, la totalidad de la población activa había quedado cubierta. Los fondos en gran medida fueron colocados en títulos públicos de largo plazo.
 
Las cajas creadas funcionaron en forma independiente y dieron un superávit muy elevado. En 1954, el haber jubilatorio empezó a calcularse mediante una escala independiente de los aportes acumulados por cada beneficiario. Se abandonó la idea de capitalización individual y se pasó a un sistema de reparto entre ingresos y egresos corrientes. El resultado que se obtuvo entre 1950 y 1954 fue un superávit que rondaba el 4% del PBI.
 
En 1958 en el gobierno de Frondizi sanciona la Ley 14.499 que establece el 82% móvil para jubilaciones y pensiones pero no contempló un aumento de los aportes al sistema ni la modificación de la edad jubilación, lo que llevó a que colapsara en cinco años. El gobierno de Onganía (1966) declara la inembargabilidad de los fondos ante la ola de juicios y sentencias judiciales, lo que genera la crisis del sistema previsional. Ante esta situación en 1967 se modifica el sistema previsional con las leyes 18.037 y 18.038 que comienzan a flexibilizar la forma de calcular los haberes, restringen considerablemente el 82% poniéndolo como techo y no como base, y aumentan considerablemente los aportes previsionales y la edad jubilatoria. El siguiente golpe al sistema previsional se da en la época de Alfonsín, cuando en 1986 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) suspende la ejecución y pago de sentencias judiciales contra el Estado durante dos años, además de modificar el modo de cálculo de la jubilación ordinaria, lo que conlleva a que cada nuevo jubilado pasaba a cobrar menos. Hasta aquí los fondos de nuestros jubilados seguían en las arcas del Estado Nacional, con períodos buenos y no tan buenos.
 
En 1994, con la presidencia de Carlos Menem y el auge de las políticas neoliberales, llegó un momento que eso dejó de ser así, los recursos pasaron a ser administrados por el sistema financiero mediante las AFJP y la capitalización individual. Los aportantes pagaron desmedidas comisiones y las AFJP invirtieron los fondos en activos dudosos y en negociados (por ejemplo, las acciones del Grupo Clarín se pagaron varias veces su precio).
 
Lo que ocurrió en la década de los 90 con el sistema previsional argentino fue, sencillamente, un robo; pero un robo maquillado bajo la idea de que mientras más chico era el Estado, más grande la Nación. Así, millones de jubilados y pensionados de nuestro país quedaron marginados y sin la gratificación de haber trabajado toda su vida para pasar una vejez feliz y tranquila.
 
Sin embargo, la película no concluye acá. En 1999-2001 gobierna al país la Alianza, que continúa la aplicación del programa neoliberal (pago de deuda, ajuste interno). Al final de su inconcluso mandato, se decidió recortar el 13% de los salarios estatales, las jubilaciones y pensiones. Hay que recordar que muchas figuras actuales de la oposición, que levantan la bandera del “82% móvil”, en aquel momento justificaban la poda a los ingresos y el ajuste (Patricia Bullrich, Gerardo Morales, entre otros).
 
Desde la llegada de Néstor Kirchner y continuando con la presidencia de Cristina Fernández, por primera vez en décadas se revirtió el patrón que vinculaba al Estado con los pasivos. En primer lugar, una moratoria permitió incluir a tres millones de jubilados al sistema previsional. Así, nuestro país se convirtió en el primero de la región en lo que respecta a cobertura previsional. En 2003 alcanzaba al 57% de los adultos mayores, ahora llega al 90%: de 3185 millones de beneficiarios se pasó a los actuales 5585 millones.
 
Otro de los puntos en los cuales se avanzó, y con creces, fue la modificación de la movilidad jubilatoria. A través de la sanción de la ley 26.417 se establece el aumento de la jubilación dos veces por año. En resumen, desde 2003 a la fecha el crecimiento de la mínima fue del 497% y de la media del 238%.
 
Sin dudas, el hito principal tiene que ver con la estatización de las fallidas AFJP en 2008. De esta manera, se abandonó un sistema basado en la estafa a los trabajadores pasivos para pasar a otro donde se recupera el rol del Estado. Sin la estatización, no hubieran sido posibles los aumentos y la movilidad jubilatoria. Tampoco tendría sentido la actual discusión. Nuevamente, emerge la hipocresía opositora: ¡muchos de los que participan en ese sector votaron contra la estatización (y qué decir de Clarín o La Nación)!
 
Conocer la historia nos permite entender un sistema previsional que pasó por diferentes momentos. También, comprender de qué hablamos cuando nos referimos al “82% móvil”, tomado como clisé hueco por opositores y medios hegemónicos. Por último, el recorrido histórico nos arroja elementos para detectar aquellas administraciones que pusieron el acento en mejorar la calidad de vida de millones de nuestros abuelos.
 
Por último, el recorrido histórico nos arroja elementos para detectar aquellas administraciones que pusieron el acento en mejorar la calidad de vida de millones de nuestros abuelos, como tambien aquellas otras que no lo hicieron tanto. Queda en la interpretación de cada argentino diferenciar cual es cual.
 
* María Luz Alonso es economista (UBA) y asesora de José Ottavis, secretario de JPBA. (Agencia Paco Urondo)

12.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en BAE, miércoles 23 de junio de 2010) Los sucesivos planes de ajuste que se están implementando en varios países europeos con el intento de restaurar sus economías de la formidable crisis que padecen, no tienen precedentes para el viejo continente, aunque sí se hicieron comunes en naciones en desarrollo o atrasadas. En el caso de éstas, el FMI condicionó una y otra vez a cambio de su ayuda, directa o indirecta, la implementación de planes similares cuando tenían problemas o crisis en sus balanzas de pagos o, lo que era también muy frecuente, aconsejaba su aplicación en forma preventiva. Países como la Argentina, que de crisis conocen bastante, constituyen un ejemplo del balance negativo de aquellas experiencias, que propiciaron un estado de inestabilidad permanente hasta el estallido del 2001.
Suman una treintena los acuerdos Stand-By (la gran mayoría) y convenios de otro tipo que firmó la Argentina desde su entrada al FMI en marzo de 1957 hasta diciembre de 2001, cuyas condicionalidades implicaron drásticos ajustes de la economía, es decir reducciones del gasto público, salarios y jubilaciones; aumentos de impuestos; flexibilización laboral y medidas que afectaron las condiciones de vida y de trabajo de la población.
 
Entre ellos, uno lleva la preeminencia en la memoria de muchos argentinos. En 1959 Álvaro Alsogaray, entonces Ministro de Economía y Trabajo, después de decir que no había dinero para pagar los sueldos de la administración pública ponía en práctica un “plan de austeridad” recordado, sobre todo, por una frase célebre: “las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula, hay que pasar el invierno”. No se sabe con certitud si el dicho se refería a la sensación térmica resultante del congelamiento de los salarios y otras remuneraciones o a la del frío propio de la estación climática, pero se creaba sin duda una disciplina original: la “meteorología económica”.
 
La implementación de estos programas no concordaba, sin embargo, con los objetivos primigenios establecidos para el FMI en el momento de su creación, en 1944, durante la conferencia de Bretton Woods. La cruel experiencia de la crisis de 1929 había alertado a economistas como John Maynard Keynes y Harry Dexter White, que representaban a las naciones líderes, Gran Bretaña y Estados Unidos, sobre las consecuencias que podrían tener medidas de ajuste como las practicadas por el presidente Hoover a principios de la década del ’30. Keynes mismo publicó un libro en 1936 que revolucionó la teoría económica a este respecto. En cambio, las políticas de reactivación de la demanda y del ingreso tendientes a estimular la actividad económica, que puso en práctica su sucesor, el presidente Roosevelt con el New Deal, pudieron paliar en parte los efectos de la crisis.
 
Por eso, el acuerdo según el cual se crea el FMI establece entre las obligaciones de la nueva institución, en el punto dos de su artículo primero, expandir el comercio internacional “contribuyendo […] al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de renta real así como al desarrollo de los recursos productivos de todos sus miembros [considerándolos] como objetivos fundamentales de política económica”. A esto se agrega en el punto 5 del mismo artículo que se pondría al alcance de los países miembros “los recursos disponibles […] dándoles la oportunidad de corregir los desajustes en sus balances de pagos sin recurrir a medidas destructivas de la prosperidad nacional e internacional” (Acuerdo de Bretton Woods sobre el FMI, 22 de Julio de 1944).
 
Pero estos objetivos no se tuvieron en cuenta desde que comenzó el funcionamiento del Fondo. En verdad, su fin último no fue ayudar a los países en crisis sino proteger y salvaguardar los intereses del sistema financiero internacional o contribuir a expandirlos. El Banco Central Europeo (BCE), con el apoyo del FMI, demanda ahora el ajuste de las economías de su esfera y toma el mismo camino. En vez de devaluar el euro y refinanciar las deudas existentes sobre la base de sus valores reales y no de los inflados por la especulación, o permitir que los países con problemas recuperen sus monedas y con ella instrumentos de contención cíclica como la tasa de interés y el tipo de cambio, el BCE prefiere mantener a todo precio la unidad monetaria y su valor. Exige para ello el retorno a las condiciones iniciales de entrada a la eurozona, cualesquiera fueran los sacrificios necesarios. Aun a costa de la remoción de los últimos restos del Estado de Bienestar europeo y de una profunda depresión interna en los países afectados, como ocurrió con nuestro esquema de convertibilidad.
 
El plan de ajuste que ya se aplica en Grecia y constituye la base de los que se están imponiendo en España y otros países de la zona, refleja en buena medida el malhadado ejemplo argentino. En el memorándum del FMI donde se explicita el acuerdo Stand-By (IMF, Greece, 2010) existe, sin embargo, una toma de conciencia en cuanto a la severidad del mismo y a sus efectos negativos sobre la economía griega. Dice allí: “las necesidades de ajuste no tienen precedentes y llevarán su tiempo, por lo que la fatiga podría establecerse [en la población] [Entonces] cualquier shock inesperado incidiría sobre la economía y el sistema bancario, aun con el programa de ajuste en ejecución. Grecia necesita perseverar para asegurarse la ayuda internacional”. A confesión de partes relevo de pruebas. Por un lado, el FMI anuncia precavidamente un posible cansancio de la gente frente al ajuste. Por otro, señala que esas medidas pueden no ser suficientes y extenderse demasiado en el tiempo. Finalmente, deja traslucir que si se produce un nuevo impacto externo, o el agravamiento de la crisis europea, el país necesitaría sacrificarse aún más para recibir ayuda adicional.
 
Pero los párrafos más notables del informe son aquellos en los que plantea que el “ajuste por venir será socialmente doloroso. Mientras todos los segmentos de la sociedad griega sentirán [su] peso, el staff del FMI saluda las medidas destinadas a mitigar sus efectos sobre los grupos sociales más vulnerables […] y a resguardar a las personas con bajos salarios y jubilaciones del impacto de los recortes realizados”. Pareciera que cierto sentimentalismo aflora en estas palabras aunque en el mismo documento sólo se indica que se asegurará el financiamiento de las jubilaciones menores, ya disminuidas, con una baja de las de más alto monto. Lo que podría entenderse, en el ambiente de ese organismo, como una redistribución “progresiva” de los ingresos. Propósitos loables a los que no ayudarán la disminución de los gastos de salud y el aumento del IVA, también programados.  
 
Por otro lado, se tiene en cuenta el sentir de otros sectores: “la fortaleza del programa –dice- crea las bases para una rápida mejora de los sentimientos de los mercados” cuya confianza es preciso reestablecer. El sistema bancario constituye finalmente una preocupación especial, por ello se creará un fondo de estabilidad financiera para que una adecuada capitalización le permita soportar bien la crisis.
 
Con todo, el informe destaca un peligro mayor para el éxito del plan: la “fiera resistencia” de vastos sectores de la sociedad griega. ¿No se estará intentando mecer con demasiada fuerza la cuna de la civilización occidental? (Agencia Paco Urondo)

12.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) *María Luz Alonso es Licenciada en Economía (UBA) y asesora de José Ottavis, secretario de JPBA.
 Por lo general cuando se piensa en moda rápidamente nos remitimos a las nuevas campañas primavera-verano u otoño-invierno. Pero hay quienes no utilizan esa palabra para esos fines, sino por el contrario, la usan para instaurar falsas expectativas en la sociedad. Me refiero a la oposición política argentina, la cual en su momento puso de moda la negativa a liberar las reservas para propiciar el desendeudamiento argentino, sosteniendo que si accedía, el Poder Ejecutivo iba a “tirar manteca al techo” y dilapidaría el ahorro argentino. Hoy ya no hablan de eso porque el canje de deuda se produjo y en la actualidad tenemos más reservas que en aquel momento (¿alguien recuerda los augurios de Martín Redrado y compañía? 
Ahora tenemos un nuevo tema de moda: es el 82% móvil para jubilados y pensionados. La oposición ha lanzado al ruedo el tema para correr por izquierda al Gobierno. Los grandes medios han colaborado en la difusión de la problemática, sin dudas, sensible para toda la sociedad. Lo reprochable de la actitud de las principales fuerzas opositoras pasa por falsear la discusión (volviéndola un clisé) y ocultar argumentos imprescindibles. Por ejemplo: ¿cuál es el costo fiscal de esa intervención?
Veamos cada propuesta opositora. El primer proyecto que se presentó en el Parlamento es el otorgamiento del 82% móvil para todos los haberes del SIPA. Tendría un impacto anual adicional de $140.111 millones, lo que implica un aumento en las erogaciones previsionales del 157,42% con respecto a lo previsto en el 2010, generando así un déficit al ANSES de 11,44% del PBI por año.
El segundo proyecto pretende un haber mínimo equivalente al SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil), recomposición de haberes y Movilidad. La implementación de este proyecto tiene un piso de impacto fiscal anual adicional de $77.109,55 millones, lo que lleva a un aumento de las erogaciones previsionales del 86,63% con respecto al previsto en el 2010, ocasionándole un déficit al ANSES anualizado del 6,1% del PBI.
El tercer proyecto, por su parte, propone un aumento del haber mínimo previsional al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Actualmente el SMVM es de $1500. Con este proyecto la jubilación mínima pasaría a $1230. La puesta en marcha implicaría un impacto fiscal anual adicional de $22.406 millones, un aumento de las erogaciones previsionales del 25,1% con respecto al previsto en el 2010, propiciando un déficit del ANSES del 2% del PBI anualmente.
El cuarto proyecto determina una actualización del haber previsional según la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Este proyecto tiene como objetivo recomponer los haberes previsionales en base a la evolución del RIPTE entre diciembre de 2001 (o la fecha de alta del beneficio si fuese posterior) y diciembre de 2007. Esto tendría un impacto fiscal anual adicional de $10.252,90 millones, un aumento de las erogaciones previsionales del 11,5% con respecto al previsto en 2010, propiciando un déficit de ANSES anual del 0,9% del PBI.
Por último, se propone combinar los Proyectos de equiparar el Haber mínimo Previsional al SMVM y de Recomponer los Haberes Previsionales según la evolución RIPTE, lo que generaría un impacto fiscal adicional de $29.509 millones, aumento de las erogaciones previsionales del 33,15% con respecto al previsto en el 2010 y un déficit de la ANSES anualizado del 2,5% del PBI.
Como vimos, todos los proyectos implican déficit. Es decir, el gasto previsto supera a los ingresos de la ANSES. ¿Cómo se resuelve la cuestión? De eso no se habla. Una opción, podría ser el endeudamiento externo. Otra: aumentar impuestos a los sectores de mayores ingresos. Por caso, recomponer los aportes patronales. ¿Se animarán las fuerzas políticas que en el pasado lejano y reciente han estado ligadas a las corporaciones (recordar la discusión por la 125, estatización de las AFJP, ley de medios) a avanzar progresivamente sobre los actores más favorecidos? Sería una buena noticia, aunque permítanme dudar.  (Agencia Paco Urondo)

12.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, audio) Columna semanal de la economista María Luz Alonso en el programa Basta de Zonceras! (martes de 10 a 13, FM La Boca, 90.1). Situación del gigante asiático y repercusión sobre la Argentina.

 
Escuchar audio.

(Agencia Paco Urondo)

12.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Redacción Rosario) La Federación Agraria Argentina (FAA) resolvió movilizarse el próximo mes de agosto al Congreso de la Nación para reclamar lo que rechazó hace dos años, cuando el furor de la Mesa de Enlace: segmentación de las retenciones y compensación de fletes para aquellos productores que estén a más de 300 kilómetros del puerto.

 
El pliego reivindicatorio también incluye la ganadería y la lechería, que sí tienen problemas. Eduardo Buzzi, presidente de la entidad federada, explicó que en 2008 rechazaron lo que ahora piden porque entonces “era mentira”. Llegó la hora de la verdad.
El comité de acción gremial de la FAA se reunió en Rosario para realizar un “análisis de la situación actual de los pequeños y medianos chacareros” y resolvió “convocar para mediados de agosto a una concentración de productores que marcharán al Congreso de la Nación”, informó la entidad.
El primer punto de sus reclamos es la “segmentación de las retenciones, para que el 50% de la producción deje de estar en manos de solamente el 7% de los productores”.
Eso fue justamente lo que el diputado Agustín Rossi introdujo en la media sanción de la resolución 125, aquella noche en que Buzzi le dio un abrazo. Pero poco después el titular de FAA se arrojó sobre otros brazos en busca de calor humano, y brindó con champagne cuando el Senado rechazó esa propuesta.
Los federados también reclamarán en agosto en el Congreso la “promoción ganadera y desarrollo de un plan de carnes alternativas”. El tercer punto de su pliego de reivindicaciones sectoriales dice: “Compensación de fletes para aquellos productores que estén a más de 300 kilómetros del puerto”.
Aunque parezca mentira, también la compensación por flete estaba incluida en la media sanción de Diputados que fue rechazada por el Senado la madrugada del “no positivo” de Julio Cobos.
Consultado Buzzi este jueves por LT8 respecto de sus reclamos actuales que fueron rechazados por la entidad hace dos años, el titular de la FAA explicó que en ese momento “era mentira”, y no explicó más. La mendacidad no requiere argumentos.
La Mesa de Enlace que intentó –sin fortuna– desestabilizar al gobierno de Cristina Fernández ya no funciona. La Sociedad Rural y CRA cumplieron sus objetivos, empleando para ello a las bases de la FAA, que ahora no consigue que sus viejos aliados peleen por la segmentación de las retenciones y las economías regionales que tanto afligían a Luciano Miguens hace dos años. Evidentemente, lo que hace dos años era mentira, ahora es verdad. (Agencia Paco Urondo)

10.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Aerolíneas.com.ar)  Aerolíneas Argentinas anunció la nueva ruta de cabotaje denominada “Corredor Norte“ que desde el aeroparque metropolitano Jorge Newbery unirá los destinos Iguazú-Salta-Mendoza y Bariloche. Estos vuelos comenzarán a operar a partir del 18 de agosto, con cuatro frecuencias semanales, dos iniciando la operación hacia Iguazú y dos hacia Bariloche, los miércoles y sábados.
 
Las partidas de los vuelos, desde aeroparque, serán a las 08,05 hs para arribar a Iguazú a las 09,50; de allí parten a las 10,30 hs, arribando a Salta a las 12,20 hs y saliendo a las 12,55 hs. con destino a Mendoza donde arribarán a las 14,40 hs, para despegar con destino a Bariloche a las 15,15 hs. con hora de arribo a las 16,55 hs. Finalmente los vuelo partirán de Bariloche a las 17,25 hs para arribar al aeroparque metropolitano a las 19,40 hs.
 
Los vuelos que comienzan con Bariloche como primer destino partirán desde aeroparque a las 06,10 hs aterrizando a las 08,30 hs. partiendo luego a las 09,10 hs con destino a Mendoza donde arribarán a las 10,50 hs con partida a las 11,25 hs. hacia Salta donde arribarán a las 13,15 hs saliendo hacia Iguazú a las 13,50 hs. El arribo a este destino está previsto para las 15,40 hs y partirán a las 16,20 hs para finalizar los vuelos en aeroparque a las 18,10 hs.
 
La presentación tuvo lugar en la sede central de Aerolíneas, Bouchard 547, con la presencia del Secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer; del Presidente de la Compañía, Mariano Recalde, y los Secretarios de Turismo de las de las provincias de Mendoza y Río Negro y representantes de Misiones y Salta. También asistieron representantes de la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo (AAAVYT); de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y del Consejo Federal de Turismo (CFT), como así también operadores turísticos del interior y Gerentes de las sucursales de dichos destinos. (Agencia Paco Urondo)
 

08.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en prensa. medios.gov.ar) La ministra Débora Giorgi se reunió hoy con la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, para analizar la capacidad de la industria tecnológica fueguina para participar de la licitación por 1.500.000 computadoras portátiles del programa Conectar-Igualdad, del gobierno nacional.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió hoy en su despacho a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, donde evaluaron la potencialidad de la industria tecnológica fueguina para participar de la licitación para la producción de 1.500.000 computadoras portátiles para el programa Conectar-Igualdad, del gobierno nacional.“Desde el Estado nacional seguimos trabajando para el fortalecimiento del polo tecnológico de Tierra del Fuego, con una estrategia a largo plazo que implica el desarrollo de una industria de alto valor agregado”, dijo Giorgi.En Tierra del Fuego se abrirá el régimen de promoción industrial por seis meses, para que se presenten los nuevos proyectos de producción de computadoras portátiles.

La apertura de la licitación internacional para la compra de un millón y medio de computadoras portátiles para alumnos secundarios implicará una inversión aproximada de 500 millones de dólares, a ser financiados por la Anses. Al menos la mitad de los equipos deberán ser producidos en la Argentina (tanto en Tierra del Fuego como en otras provincias del país) y las iniciativas fueguinas tendrán que estar aprobadas por el Ministerio de Industria.En ese sentido, la cartera industrial aprobó recientemente el proceso productivo para la fabricación de notebooks y netbooks en Tierra del Fuego, al que deben adecuarse las empresas para obtener los beneficios de la promoción industrial en esa provincia insular. Este proceso productivo contempla la fabricación local de la placa madre.Giorgi señaló la “voluntad del Estado nacional de que los equipos a adquirir sean de producción nacional, impulsando así el desarrollo de ese sector de la industria local. Esto permitirá una paulatina sustitución de importaciones, tendiente a la generación de nuevas fuentes de trabajo en un sector demandante de mano de obra calificada”.Así, las computadoras portátiles se sumarán a los distintos proyectos de producción tecnológica que ya se están desarrollando en la isla (celulares, pantallas de LCD, equipos de aire acondicionado, DVD, etcéra.) por más de $ 400 millones y que implican la generación de 1.200 nuevos puestos de trabajo de manera directa y otros 3.000 de forma indirecta.La gobernadora Fabiana Ríos destacó: “Tierra del Fuego será protagonista del despegue de la industria tecnológica en la Argentina y por eso capitalizamos el impulso que en ese sentido está dando el gobierno nacional”.Parques Industriales del BicentenarioPor otra parte, la ministra y la gobernadora resaltaron la importancia para la provincia de la puesta en marcha del Programa Parques Industriales del Bicentenario, que distribuye un total de $ 352 millones al año. El Ministerio de Industria dispondrá de $ 300 millones anuales en créditos a tasa subsidiada para la radicación o ampliación de empresas dentro de estos predios y destinará $ 30 millones en aportes no reintegrables a las provincias y municipios que se sumen a la propuesta para que realicen obras de infraestructura dentro de los parques. Por su parte, el Ministerio de Planificación se encargará de las obras extra-muro.“Los parques industriales son una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria nacional y funcionan como motor de desarrollo económico y social de la región donde se localizan”, destacó Giorgi. Actualmente, en la provincia de Tierra del Fuego hay dos parques industriales y la gobernadora estimó que, a partir de este programa, crecerán los parques industriales en la isla. (Agencia Paco Urondo)

06.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Fundación Metropolitana) Por Enrique de la Calle
En 2009, la provincia de Buenos Aires envío la mitad de los fondos coparticipables para municipios al Gran Buenos Aires. Sin embargo, en el Conurbano vive el 70% de la población de la Provincia. Por habitante, se trata de 328 pesos anuales.
Desde 2003, Argentina mostró una notable mejoría económica. En ese marco, las arcas públicas se fortalecieron y también la capacidad estatal para responder ante múltiples demandas. Hasta ahora, las transferencias que la Provincia hizo a los municipios del Conurbano se incrementaron de un 25 a 35 % por año. En términos globales, pasó de 770 millones de pesos en 2003 a 3300 millones en 2009. El año pasado, todos los distritos bonaerenses (134) recibieron 6.138 millones. Para 2010, la transferencia total proyectada asciende a los 7500 millones .
 
En términos absolutos, los municipios de GBA son los que reciben más dinero. En 2009 la lista de partidos más beneficiados por el reparto estuve encabezada por La Matanza, con 400 millones; y seguida por Merlo (223), Malvinas Argentinas (208) La Plata, (188) y Lomas de Zamora (162). Sin embargo, un rápido repaso del listado muestra algunas incongruencias: La Matanza casi triplica en población a Merlo, La Plata o Lomas, y sin embargo sólo recibe el doble de recursos. Per cápita, la cuenta da 266 pesos anuales por matancero. En el caso de La Plata, la suma asciende a 329.
  
Las inequidades se vuelven más explícitas cuando se relaciona lo que ocurre en GBA con el resto de la Provincia. En el interior de Buenos Aires se encuentran las mejores variables en lo que respecta a dinero por habitante. Una ponencia de los investigadores de la UNGS, Alejandro López Accoto, Carlos Martínez y Martín Mangas, señala que los distritos “que más coparticipación reciben por habitante en ningún caso cuentan con más de 30 mil habitantes, mientras que los 20 que menos reciben son en su mayoría del conurbano (trece)” .
 
Un caso paradigmático es Malvinas Argentinas: tiene 300 mil habitantes y recibe más de 200 millones, es decir, 712 por habitante. ¿Cómo se explica? En buena medida, gracias a lo que los teóricos citados denominan el “factor salud”: “El 37% de la coparticipación corresponde a salud y se distribuye considerando las camas ocupadas según su complejidad, las consultas médicas realizadas, los egresos registrados, los pacientes internados y el número de establecimientos sin internación”. El peso del “factor salud” es el mismo que el poblacional. Según el estudio, esto explica que “algunos municipios han desarrollado estrategias para aprovechar la potencialidad de este componente”.
 
Qué y cómo se coparticipa
 
Los 134 partidos bonaerenses obtienen recursos por dos vías. La primera, tasas municipales compuestas por fondos genuinos, que significan en promedio alrededor del 58% del presupuesto local. Si dependieran sólo de las tasas, las municipalidades podrían afrontar poco más que el pago de salarios, que se lleva la mitad de las erogaciones actuales. Como bien describe el estudio de los investigadores de la UNGS, las finanzas municipales se vuelven “muy dependientes de la recepción de ingresos extra-jurisdiccionales que provienen de la ley de coparticipación provincial cuyo coeficiente de distribución primario (16,14% del total) es muy escaso”.
 
Los demás ingresos municipales provienen de la coparticipación provincial. Del total que la Provincia percibe vía impuesto sobre ingresos brutos, inmobiliario, a los automotores, de sellos, tasas retributivas de servicios, reparto federal de tributos, entre otros, el 16,14% se destina a los municipios. Además, se transfiere otra suma de menor cuantía que proviene de los juegos de azar, la descentralización tributaria y diferentes fondos, como el ambiental, el social y el solidario.
 
En síntesis, el valor principal dentro del total de los fondos transferidos desde la Provincia a los municipios surge de la denominada “coparticipación bruta” (70% del total del dinero enviado), la cual se destina teniendo en cuenta un “coeficiente único de distribución” (en adelante CUD). El CUD tiene en cuenta las siguientes variables: población, 36%; “inversa de la capacidad tributaria” 13,3%; superficie, 8.7%; salud, 42% . Este esquema surge de la ley 10.559 que es la que actualmente regula la distribución de fondos provinciales .
 
Efecto salud y cuentas pendientes
 
El caso de Malvinas Argentinas se vuelve paradigmático para entender las prioridades del actual esquema de reparto. Se trata de un distrito de poco menos de 300 mil habitantes que recibe más de 208 millones anuales. Por habitante, son 712 pesos cada mes. El partido que actualmente conduce Jesús Cariglino se encuentra por encima del promedio bonaerense.
 
El talón de Aquiles de la coparticipación se encuentra en la organización de un sistema que privilegia la complejidad de los sistemas sanitarios locales. Según el estudio de la UNGS antes citado: “Produce incentivos que condicionan negativamente la política de salud de los municipios: prioriza el gasto de alta complejidad y no contempla, por ejemplo, los gastos en prevención”. El trabajo señala también otras deudas: “La distribución de recursos per cápita indica disparidades y brechas muy significativas y poco explicables desde el punto de vista de las políticas de desarrollo y equidad”. Por eso, los investigadores proponen aumentar el caudal de fondos coparticipables y hacerlo con una lógica que incluya otras variables, como pueden ser las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la población de cada partido.
 
En segundo plano, el estudio cuestiona “las inconsistencias (que) se sustentan en la ausencia de criterios sólidos en cuanto a la recolección de la información y de reglas de auditoria y pautas de control permanente acerca de la calidad y pertinencia de los mismos”.
 
Un Estado atento a las demandas sociales requiere de espaldas fortalecidas y arcas robustas. Como se explica en esta nota, los municipios dependen de los fondos coparticipables para asumir buena parte de sus responsabilidades. Cómo se reparten esos ingresos, con qué lógica, atendiendo qué necesidades y prioridades, es parte de la discusión de este tiempo. (Agencia Paco Urondo)