Economía
15.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Mucho se habla, poco se conoce, sobre ese clisé que da vueltas en el debate público argentino: 82% móvil. ¿De qué hablamos? Mirar la historia puede, a veces, ofrecernos sorpresas.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional expresa: “(…) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de la familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
 
Si bien en nuestra Carta Magna se menciona jubilaciones móviles, no se fija el porcentaje que debe representar del salario vital móvil, tampoco lo hace la primera ley (4.349) de jubilaciones que existió en nuestro país. La cual fue sancionada en 1904 bajo el gobierno de Julio A. Roca y solamente amparaba a los trabajadores de la Administración Pública Nacional a través de un sistema de capitalización colectiva administrado por el Estado.
 
En 1944 solo el 7 por ciento de la población económicamente activa estaba afiliada a distintas cajas de jubilaciones. Con el impulso de Juan Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego desde la presidencia de la Nación, ese porcentaje aumentó rápidamente con la creación de la Caja para Empleados de Comercio y la del Personal de la Industria, a las que más tarde seguirían las de trabajadores rurales, personal doméstico, autónomos, profesionales y empresarios. En menos de una década, la totalidad de la población activa había quedado cubierta. Los fondos en gran medida fueron colocados en títulos públicos de largo plazo.
 
Las cajas creadas funcionaron en forma independiente y dieron un superávit muy elevado. En 1954, el haber jubilatorio empezó a calcularse mediante una escala independiente de los aportes acumulados por cada beneficiario. Se abandonó la idea de capitalización individual y se pasó a un sistema de reparto entre ingresos y egresos corrientes. El resultado que se obtuvo entre 1950 y 1954 fue un superávit que rondaba el 4% del PBI.
 
En 1958 en el gobierno de Frondizi sanciona la Ley 14.499 que establece el 82% móvil para jubilaciones y pensiones pero no contempló un aumento de los aportes al sistema ni la modificación de la edad jubilación, lo que llevó a que colapsara en cinco años. El gobierno de Onganía (1966) declara la inembargabilidad de los fondos ante la ola de juicios y sentencias judiciales, lo que genera la crisis del sistema previsional. Ante esta situación en 1967 se modifica el sistema previsional con las leyes 18.037 y 18.038 que comienzan a flexibilizar la forma de calcular los haberes, restringen considerablemente el 82% poniéndolo como techo y no como base, y aumentan considerablemente los aportes previsionales y la edad jubilatoria. El siguiente golpe al sistema previsional se da en la época de Alfonsín, cuando en 1986 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) suspende la ejecución y pago de sentencias judiciales contra el Estado durante dos años, además de modificar el modo de cálculo de la jubilación ordinaria, lo que conlleva a que cada nuevo jubilado pasaba a cobrar menos. Hasta aquí los fondos de nuestros jubilados seguían en las arcas del Estado Nacional, con períodos buenos y no tan buenos.
 
En 1994, con la presidencia de Carlos Menem y el auge de las políticas neoliberales, llegó un momento que eso dejó de ser así, los recursos pasaron a ser administrados por el sistema financiero mediante las AFJP y la capitalización individual. Los aportantes pagaron desmedidas comisiones y las AFJP invirtieron los fondos en activos dudosos y en negociados (por ejemplo, las acciones del Grupo Clarín se pagaron varias veces su precio).
 
Lo que ocurrió en la década de los 90 con el sistema previsional argentino fue, sencillamente, un robo; pero un robo maquillado bajo la idea de que mientras más chico era el Estado, más grande la Nación. Así, millones de jubilados y pensionados de nuestro país quedaron marginados y sin la gratificación de haber trabajado toda su vida para pasar una vejez feliz y tranquila.
 
Sin embargo, la película no concluye acá. En 1999-2001 gobierna al país la Alianza, que continúa la aplicación del programa neoliberal (pago de deuda, ajuste interno). Al final de su inconcluso mandato, se decidió recortar el 13% de los salarios estatales, las jubilaciones y pensiones. Hay que recordar que muchas figuras actuales de la oposición, que levantan la bandera del “82% móvil”, en aquel momento justificaban la poda a los ingresos y el ajuste (Patricia Bullrich, Gerardo Morales, entre otros).
 
Desde la llegada de Néstor Kirchner y continuando con la presidencia de Cristina Fernández, por primera vez en décadas se revirtió el patrón que vinculaba al Estado con los pasivos. En primer lugar, una moratoria permitió incluir a tres millones de jubilados al sistema previsional. Así, nuestro país se convirtió en el primero de la región en lo que respecta a cobertura previsional. En 2003 alcanzaba al 57% de los adultos mayores, ahora llega al 90%: de 3185 millones de beneficiarios se pasó a los actuales 5585 millones.
 
Otro de los puntos en los cuales se avanzó, y con creces, fue la modificación de la movilidad jubilatoria. A través de la sanción de la ley 26.417 se establece el aumento de la jubilación dos veces por año. En resumen, desde 2003 a la fecha el crecimiento de la mínima fue del 497% y de la media del 238%.
 
Sin dudas, el hito principal tiene que ver con la estatización de las fallidas AFJP en 2008. De esta manera, se abandonó un sistema basado en la estafa a los trabajadores pasivos para pasar a otro donde se recupera el rol del Estado. Sin la estatización, no hubieran sido posibles los aumentos y la movilidad jubilatoria. Tampoco tendría sentido la actual discusión. Nuevamente, emerge la hipocresía opositora: ¡muchos de los que participan en ese sector votaron contra la estatización (y qué decir de Clarín o La Nación)!
 
Conocer la historia nos permite entender un sistema previsional que pasó por diferentes momentos. También, comprender de qué hablamos cuando nos referimos al “82% móvil”, tomado como clisé hueco por opositores y medios hegemónicos. Por último, el recorrido histórico nos arroja elementos para detectar aquellas administraciones que pusieron el acento en mejorar la calidad de vida de millones de nuestros abuelos.
 
Por último, el recorrido histórico nos arroja elementos para detectar aquellas administraciones que pusieron el acento en mejorar la calidad de vida de millones de nuestros abuelos, como tambien aquellas otras que no lo hicieron tanto. Queda en la interpretación de cada argentino diferenciar cual es cual.
 
* María Luz Alonso es economista (UBA) y asesora de José Ottavis, secretario de JPBA. (Agencia Paco Urondo)

12.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en BAE, miércoles 23 de junio de 2010) Los sucesivos planes de ajuste que se están implementando en varios países europeos con el intento de restaurar sus economías de la formidable crisis que padecen, no tienen precedentes para el viejo continente, aunque sí se hicieron comunes en naciones en desarrollo o atrasadas. En el caso de éstas, el FMI condicionó una y otra vez a cambio de su ayuda, directa o indirecta, la implementación de planes similares cuando tenían problemas o crisis en sus balanzas de pagos o, lo que era también muy frecuente, aconsejaba su aplicación en forma preventiva. Países como la Argentina, que de crisis conocen bastante, constituyen un ejemplo del balance negativo de aquellas experiencias, que propiciaron un estado de inestabilidad permanente hasta el estallido del 2001.
Suman una treintena los acuerdos Stand-By (la gran mayoría) y convenios de otro tipo que firmó la Argentina desde su entrada al FMI en marzo de 1957 hasta diciembre de 2001, cuyas condicionalidades implicaron drásticos ajustes de la economía, es decir reducciones del gasto público, salarios y jubilaciones; aumentos de impuestos; flexibilización laboral y medidas que afectaron las condiciones de vida y de trabajo de la población.
 
Entre ellos, uno lleva la preeminencia en la memoria de muchos argentinos. En 1959 Álvaro Alsogaray, entonces Ministro de Economía y Trabajo, después de decir que no había dinero para pagar los sueldos de la administración pública ponía en práctica un “plan de austeridad” recordado, sobre todo, por una frase célebre: “las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula, hay que pasar el invierno”. No se sabe con certitud si el dicho se refería a la sensación térmica resultante del congelamiento de los salarios y otras remuneraciones o a la del frío propio de la estación climática, pero se creaba sin duda una disciplina original: la “meteorología económica”.
 
La implementación de estos programas no concordaba, sin embargo, con los objetivos primigenios establecidos para el FMI en el momento de su creación, en 1944, durante la conferencia de Bretton Woods. La cruel experiencia de la crisis de 1929 había alertado a economistas como John Maynard Keynes y Harry Dexter White, que representaban a las naciones líderes, Gran Bretaña y Estados Unidos, sobre las consecuencias que podrían tener medidas de ajuste como las practicadas por el presidente Hoover a principios de la década del ’30. Keynes mismo publicó un libro en 1936 que revolucionó la teoría económica a este respecto. En cambio, las políticas de reactivación de la demanda y del ingreso tendientes a estimular la actividad económica, que puso en práctica su sucesor, el presidente Roosevelt con el New Deal, pudieron paliar en parte los efectos de la crisis.
 
Por eso, el acuerdo según el cual se crea el FMI establece entre las obligaciones de la nueva institución, en el punto dos de su artículo primero, expandir el comercio internacional “contribuyendo […] al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de renta real así como al desarrollo de los recursos productivos de todos sus miembros [considerándolos] como objetivos fundamentales de política económica”. A esto se agrega en el punto 5 del mismo artículo que se pondría al alcance de los países miembros “los recursos disponibles […] dándoles la oportunidad de corregir los desajustes en sus balances de pagos sin recurrir a medidas destructivas de la prosperidad nacional e internacional” (Acuerdo de Bretton Woods sobre el FMI, 22 de Julio de 1944).
 
Pero estos objetivos no se tuvieron en cuenta desde que comenzó el funcionamiento del Fondo. En verdad, su fin último no fue ayudar a los países en crisis sino proteger y salvaguardar los intereses del sistema financiero internacional o contribuir a expandirlos. El Banco Central Europeo (BCE), con el apoyo del FMI, demanda ahora el ajuste de las economías de su esfera y toma el mismo camino. En vez de devaluar el euro y refinanciar las deudas existentes sobre la base de sus valores reales y no de los inflados por la especulación, o permitir que los países con problemas recuperen sus monedas y con ella instrumentos de contención cíclica como la tasa de interés y el tipo de cambio, el BCE prefiere mantener a todo precio la unidad monetaria y su valor. Exige para ello el retorno a las condiciones iniciales de entrada a la eurozona, cualesquiera fueran los sacrificios necesarios. Aun a costa de la remoción de los últimos restos del Estado de Bienestar europeo y de una profunda depresión interna en los países afectados, como ocurrió con nuestro esquema de convertibilidad.
 
El plan de ajuste que ya se aplica en Grecia y constituye la base de los que se están imponiendo en España y otros países de la zona, refleja en buena medida el malhadado ejemplo argentino. En el memorándum del FMI donde se explicita el acuerdo Stand-By (IMF, Greece, 2010) existe, sin embargo, una toma de conciencia en cuanto a la severidad del mismo y a sus efectos negativos sobre la economía griega. Dice allí: “las necesidades de ajuste no tienen precedentes y llevarán su tiempo, por lo que la fatiga podría establecerse [en la población] [Entonces] cualquier shock inesperado incidiría sobre la economía y el sistema bancario, aun con el programa de ajuste en ejecución. Grecia necesita perseverar para asegurarse la ayuda internacional”. A confesión de partes relevo de pruebas. Por un lado, el FMI anuncia precavidamente un posible cansancio de la gente frente al ajuste. Por otro, señala que esas medidas pueden no ser suficientes y extenderse demasiado en el tiempo. Finalmente, deja traslucir que si se produce un nuevo impacto externo, o el agravamiento de la crisis europea, el país necesitaría sacrificarse aún más para recibir ayuda adicional.
 
Pero los párrafos más notables del informe son aquellos en los que plantea que el “ajuste por venir será socialmente doloroso. Mientras todos los segmentos de la sociedad griega sentirán [su] peso, el staff del FMI saluda las medidas destinadas a mitigar sus efectos sobre los grupos sociales más vulnerables […] y a resguardar a las personas con bajos salarios y jubilaciones del impacto de los recortes realizados”. Pareciera que cierto sentimentalismo aflora en estas palabras aunque en el mismo documento sólo se indica que se asegurará el financiamiento de las jubilaciones menores, ya disminuidas, con una baja de las de más alto monto. Lo que podría entenderse, en el ambiente de ese organismo, como una redistribución “progresiva” de los ingresos. Propósitos loables a los que no ayudarán la disminución de los gastos de salud y el aumento del IVA, también programados.  
 
Por otro lado, se tiene en cuenta el sentir de otros sectores: “la fortaleza del programa –dice- crea las bases para una rápida mejora de los sentimientos de los mercados” cuya confianza es preciso reestablecer. El sistema bancario constituye finalmente una preocupación especial, por ello se creará un fondo de estabilidad financiera para que una adecuada capitalización le permita soportar bien la crisis.
 
Con todo, el informe destaca un peligro mayor para el éxito del plan: la “fiera resistencia” de vastos sectores de la sociedad griega. ¿No se estará intentando mecer con demasiada fuerza la cuna de la civilización occidental? (Agencia Paco Urondo)

12.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) *María Luz Alonso es Licenciada en Economía (UBA) y asesora de José Ottavis, secretario de JPBA.
 Por lo general cuando se piensa en moda rápidamente nos remitimos a las nuevas campañas primavera-verano u otoño-invierno. Pero hay quienes no utilizan esa palabra para esos fines, sino por el contrario, la usan para instaurar falsas expectativas en la sociedad. Me refiero a la oposición política argentina, la cual en su momento puso de moda la negativa a liberar las reservas para propiciar el desendeudamiento argentino, sosteniendo que si accedía, el Poder Ejecutivo iba a “tirar manteca al techo” y dilapidaría el ahorro argentino. Hoy ya no hablan de eso porque el canje de deuda se produjo y en la actualidad tenemos más reservas que en aquel momento (¿alguien recuerda los augurios de Martín Redrado y compañía? 
Ahora tenemos un nuevo tema de moda: es el 82% móvil para jubilados y pensionados. La oposición ha lanzado al ruedo el tema para correr por izquierda al Gobierno. Los grandes medios han colaborado en la difusión de la problemática, sin dudas, sensible para toda la sociedad. Lo reprochable de la actitud de las principales fuerzas opositoras pasa por falsear la discusión (volviéndola un clisé) y ocultar argumentos imprescindibles. Por ejemplo: ¿cuál es el costo fiscal de esa intervención?
Veamos cada propuesta opositora. El primer proyecto que se presentó en el Parlamento es el otorgamiento del 82% móvil para todos los haberes del SIPA. Tendría un impacto anual adicional de $140.111 millones, lo que implica un aumento en las erogaciones previsionales del 157,42% con respecto a lo previsto en el 2010, generando así un déficit al ANSES de 11,44% del PBI por año.
El segundo proyecto pretende un haber mínimo equivalente al SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil), recomposición de haberes y Movilidad. La implementación de este proyecto tiene un piso de impacto fiscal anual adicional de $77.109,55 millones, lo que lleva a un aumento de las erogaciones previsionales del 86,63% con respecto al previsto en el 2010, ocasionándole un déficit al ANSES anualizado del 6,1% del PBI.
El tercer proyecto, por su parte, propone un aumento del haber mínimo previsional al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Actualmente el SMVM es de $1500. Con este proyecto la jubilación mínima pasaría a $1230. La puesta en marcha implicaría un impacto fiscal anual adicional de $22.406 millones, un aumento de las erogaciones previsionales del 25,1% con respecto al previsto en el 2010, propiciando un déficit del ANSES del 2% del PBI anualmente.
El cuarto proyecto determina una actualización del haber previsional según la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Este proyecto tiene como objetivo recomponer los haberes previsionales en base a la evolución del RIPTE entre diciembre de 2001 (o la fecha de alta del beneficio si fuese posterior) y diciembre de 2007. Esto tendría un impacto fiscal anual adicional de $10.252,90 millones, un aumento de las erogaciones previsionales del 11,5% con respecto al previsto en 2010, propiciando un déficit de ANSES anual del 0,9% del PBI.
Por último, se propone combinar los Proyectos de equiparar el Haber mínimo Previsional al SMVM y de Recomponer los Haberes Previsionales según la evolución RIPTE, lo que generaría un impacto fiscal adicional de $29.509 millones, aumento de las erogaciones previsionales del 33,15% con respecto al previsto en el 2010 y un déficit de la ANSES anualizado del 2,5% del PBI.
Como vimos, todos los proyectos implican déficit. Es decir, el gasto previsto supera a los ingresos de la ANSES. ¿Cómo se resuelve la cuestión? De eso no se habla. Una opción, podría ser el endeudamiento externo. Otra: aumentar impuestos a los sectores de mayores ingresos. Por caso, recomponer los aportes patronales. ¿Se animarán las fuerzas políticas que en el pasado lejano y reciente han estado ligadas a las corporaciones (recordar la discusión por la 125, estatización de las AFJP, ley de medios) a avanzar progresivamente sobre los actores más favorecidos? Sería una buena noticia, aunque permítanme dudar.  (Agencia Paco Urondo)

12.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, audio) Columna semanal de la economista María Luz Alonso en el programa Basta de Zonceras! (martes de 10 a 13, FM La Boca, 90.1). Situación del gigante asiático y repercusión sobre la Argentina.

 
Escuchar audio.

(Agencia Paco Urondo)

12.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Redacción Rosario) La Federación Agraria Argentina (FAA) resolvió movilizarse el próximo mes de agosto al Congreso de la Nación para reclamar lo que rechazó hace dos años, cuando el furor de la Mesa de Enlace: segmentación de las retenciones y compensación de fletes para aquellos productores que estén a más de 300 kilómetros del puerto.

 
El pliego reivindicatorio también incluye la ganadería y la lechería, que sí tienen problemas. Eduardo Buzzi, presidente de la entidad federada, explicó que en 2008 rechazaron lo que ahora piden porque entonces “era mentira”. Llegó la hora de la verdad.
El comité de acción gremial de la FAA se reunió en Rosario para realizar un “análisis de la situación actual de los pequeños y medianos chacareros” y resolvió “convocar para mediados de agosto a una concentración de productores que marcharán al Congreso de la Nación”, informó la entidad.
El primer punto de sus reclamos es la “segmentación de las retenciones, para que el 50% de la producción deje de estar en manos de solamente el 7% de los productores”.
Eso fue justamente lo que el diputado Agustín Rossi introdujo en la media sanción de la resolución 125, aquella noche en que Buzzi le dio un abrazo. Pero poco después el titular de FAA se arrojó sobre otros brazos en busca de calor humano, y brindó con champagne cuando el Senado rechazó esa propuesta.
Los federados también reclamarán en agosto en el Congreso la “promoción ganadera y desarrollo de un plan de carnes alternativas”. El tercer punto de su pliego de reivindicaciones sectoriales dice: “Compensación de fletes para aquellos productores que estén a más de 300 kilómetros del puerto”.
Aunque parezca mentira, también la compensación por flete estaba incluida en la media sanción de Diputados que fue rechazada por el Senado la madrugada del “no positivo” de Julio Cobos.
Consultado Buzzi este jueves por LT8 respecto de sus reclamos actuales que fueron rechazados por la entidad hace dos años, el titular de la FAA explicó que en ese momento “era mentira”, y no explicó más. La mendacidad no requiere argumentos.
La Mesa de Enlace que intentó –sin fortuna– desestabilizar al gobierno de Cristina Fernández ya no funciona. La Sociedad Rural y CRA cumplieron sus objetivos, empleando para ello a las bases de la FAA, que ahora no consigue que sus viejos aliados peleen por la segmentación de las retenciones y las economías regionales que tanto afligían a Luciano Miguens hace dos años. Evidentemente, lo que hace dos años era mentira, ahora es verdad. (Agencia Paco Urondo)

10.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Aerolíneas.com.ar)  Aerolíneas Argentinas anunció la nueva ruta de cabotaje denominada “Corredor Norte“ que desde el aeroparque metropolitano Jorge Newbery unirá los destinos Iguazú-Salta-Mendoza y Bariloche. Estos vuelos comenzarán a operar a partir del 18 de agosto, con cuatro frecuencias semanales, dos iniciando la operación hacia Iguazú y dos hacia Bariloche, los miércoles y sábados.
 
Las partidas de los vuelos, desde aeroparque, serán a las 08,05 hs para arribar a Iguazú a las 09,50; de allí parten a las 10,30 hs, arribando a Salta a las 12,20 hs y saliendo a las 12,55 hs. con destino a Mendoza donde arribarán a las 14,40 hs, para despegar con destino a Bariloche a las 15,15 hs. con hora de arribo a las 16,55 hs. Finalmente los vuelo partirán de Bariloche a las 17,25 hs para arribar al aeroparque metropolitano a las 19,40 hs.
 
Los vuelos que comienzan con Bariloche como primer destino partirán desde aeroparque a las 06,10 hs aterrizando a las 08,30 hs. partiendo luego a las 09,10 hs con destino a Mendoza donde arribarán a las 10,50 hs con partida a las 11,25 hs. hacia Salta donde arribarán a las 13,15 hs saliendo hacia Iguazú a las 13,50 hs. El arribo a este destino está previsto para las 15,40 hs y partirán a las 16,20 hs para finalizar los vuelos en aeroparque a las 18,10 hs.
 
La presentación tuvo lugar en la sede central de Aerolíneas, Bouchard 547, con la presencia del Secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer; del Presidente de la Compañía, Mariano Recalde, y los Secretarios de Turismo de las de las provincias de Mendoza y Río Negro y representantes de Misiones y Salta. También asistieron representantes de la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo (AAAVYT); de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y del Consejo Federal de Turismo (CFT), como así también operadores turísticos del interior y Gerentes de las sucursales de dichos destinos. (Agencia Paco Urondo)
 

08.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en prensa. medios.gov.ar) La ministra Débora Giorgi se reunió hoy con la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, para analizar la capacidad de la industria tecnológica fueguina para participar de la licitación por 1.500.000 computadoras portátiles del programa Conectar-Igualdad, del gobierno nacional.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió hoy en su despacho a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, donde evaluaron la potencialidad de la industria tecnológica fueguina para participar de la licitación para la producción de 1.500.000 computadoras portátiles para el programa Conectar-Igualdad, del gobierno nacional.“Desde el Estado nacional seguimos trabajando para el fortalecimiento del polo tecnológico de Tierra del Fuego, con una estrategia a largo plazo que implica el desarrollo de una industria de alto valor agregado”, dijo Giorgi.En Tierra del Fuego se abrirá el régimen de promoción industrial por seis meses, para que se presenten los nuevos proyectos de producción de computadoras portátiles.

La apertura de la licitación internacional para la compra de un millón y medio de computadoras portátiles para alumnos secundarios implicará una inversión aproximada de 500 millones de dólares, a ser financiados por la Anses. Al menos la mitad de los equipos deberán ser producidos en la Argentina (tanto en Tierra del Fuego como en otras provincias del país) y las iniciativas fueguinas tendrán que estar aprobadas por el Ministerio de Industria.En ese sentido, la cartera industrial aprobó recientemente el proceso productivo para la fabricación de notebooks y netbooks en Tierra del Fuego, al que deben adecuarse las empresas para obtener los beneficios de la promoción industrial en esa provincia insular. Este proceso productivo contempla la fabricación local de la placa madre.Giorgi señaló la “voluntad del Estado nacional de que los equipos a adquirir sean de producción nacional, impulsando así el desarrollo de ese sector de la industria local. Esto permitirá una paulatina sustitución de importaciones, tendiente a la generación de nuevas fuentes de trabajo en un sector demandante de mano de obra calificada”.Así, las computadoras portátiles se sumarán a los distintos proyectos de producción tecnológica que ya se están desarrollando en la isla (celulares, pantallas de LCD, equipos de aire acondicionado, DVD, etcéra.) por más de $ 400 millones y que implican la generación de 1.200 nuevos puestos de trabajo de manera directa y otros 3.000 de forma indirecta.La gobernadora Fabiana Ríos destacó: “Tierra del Fuego será protagonista del despegue de la industria tecnológica en la Argentina y por eso capitalizamos el impulso que en ese sentido está dando el gobierno nacional”.Parques Industriales del BicentenarioPor otra parte, la ministra y la gobernadora resaltaron la importancia para la provincia de la puesta en marcha del Programa Parques Industriales del Bicentenario, que distribuye un total de $ 352 millones al año. El Ministerio de Industria dispondrá de $ 300 millones anuales en créditos a tasa subsidiada para la radicación o ampliación de empresas dentro de estos predios y destinará $ 30 millones en aportes no reintegrables a las provincias y municipios que se sumen a la propuesta para que realicen obras de infraestructura dentro de los parques. Por su parte, el Ministerio de Planificación se encargará de las obras extra-muro.“Los parques industriales son una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria nacional y funcionan como motor de desarrollo económico y social de la región donde se localizan”, destacó Giorgi. Actualmente, en la provincia de Tierra del Fuego hay dos parques industriales y la gobernadora estimó que, a partir de este programa, crecerán los parques industriales en la isla. (Agencia Paco Urondo)

06.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en Fundación Metropolitana) Por Enrique de la Calle
En 2009, la provincia de Buenos Aires envío la mitad de los fondos coparticipables para municipios al Gran Buenos Aires. Sin embargo, en el Conurbano vive el 70% de la población de la Provincia. Por habitante, se trata de 328 pesos anuales.
Desde 2003, Argentina mostró una notable mejoría económica. En ese marco, las arcas públicas se fortalecieron y también la capacidad estatal para responder ante múltiples demandas. Hasta ahora, las transferencias que la Provincia hizo a los municipios del Conurbano se incrementaron de un 25 a 35 % por año. En términos globales, pasó de 770 millones de pesos en 2003 a 3300 millones en 2009. El año pasado, todos los distritos bonaerenses (134) recibieron 6.138 millones. Para 2010, la transferencia total proyectada asciende a los 7500 millones .
 
En términos absolutos, los municipios de GBA son los que reciben más dinero. En 2009 la lista de partidos más beneficiados por el reparto estuve encabezada por La Matanza, con 400 millones; y seguida por Merlo (223), Malvinas Argentinas (208) La Plata, (188) y Lomas de Zamora (162). Sin embargo, un rápido repaso del listado muestra algunas incongruencias: La Matanza casi triplica en población a Merlo, La Plata o Lomas, y sin embargo sólo recibe el doble de recursos. Per cápita, la cuenta da 266 pesos anuales por matancero. En el caso de La Plata, la suma asciende a 329.
  
Las inequidades se vuelven más explícitas cuando se relaciona lo que ocurre en GBA con el resto de la Provincia. En el interior de Buenos Aires se encuentran las mejores variables en lo que respecta a dinero por habitante. Una ponencia de los investigadores de la UNGS, Alejandro López Accoto, Carlos Martínez y Martín Mangas, señala que los distritos “que más coparticipación reciben por habitante en ningún caso cuentan con más de 30 mil habitantes, mientras que los 20 que menos reciben son en su mayoría del conurbano (trece)” .
 
Un caso paradigmático es Malvinas Argentinas: tiene 300 mil habitantes y recibe más de 200 millones, es decir, 712 por habitante. ¿Cómo se explica? En buena medida, gracias a lo que los teóricos citados denominan el “factor salud”: “El 37% de la coparticipación corresponde a salud y se distribuye considerando las camas ocupadas según su complejidad, las consultas médicas realizadas, los egresos registrados, los pacientes internados y el número de establecimientos sin internación”. El peso del “factor salud” es el mismo que el poblacional. Según el estudio, esto explica que “algunos municipios han desarrollado estrategias para aprovechar la potencialidad de este componente”.
 
Qué y cómo se coparticipa
 
Los 134 partidos bonaerenses obtienen recursos por dos vías. La primera, tasas municipales compuestas por fondos genuinos, que significan en promedio alrededor del 58% del presupuesto local. Si dependieran sólo de las tasas, las municipalidades podrían afrontar poco más que el pago de salarios, que se lleva la mitad de las erogaciones actuales. Como bien describe el estudio de los investigadores de la UNGS, las finanzas municipales se vuelven “muy dependientes de la recepción de ingresos extra-jurisdiccionales que provienen de la ley de coparticipación provincial cuyo coeficiente de distribución primario (16,14% del total) es muy escaso”.
 
Los demás ingresos municipales provienen de la coparticipación provincial. Del total que la Provincia percibe vía impuesto sobre ingresos brutos, inmobiliario, a los automotores, de sellos, tasas retributivas de servicios, reparto federal de tributos, entre otros, el 16,14% se destina a los municipios. Además, se transfiere otra suma de menor cuantía que proviene de los juegos de azar, la descentralización tributaria y diferentes fondos, como el ambiental, el social y el solidario.
 
En síntesis, el valor principal dentro del total de los fondos transferidos desde la Provincia a los municipios surge de la denominada “coparticipación bruta” (70% del total del dinero enviado), la cual se destina teniendo en cuenta un “coeficiente único de distribución” (en adelante CUD). El CUD tiene en cuenta las siguientes variables: población, 36%; “inversa de la capacidad tributaria” 13,3%; superficie, 8.7%; salud, 42% . Este esquema surge de la ley 10.559 que es la que actualmente regula la distribución de fondos provinciales .
 
Efecto salud y cuentas pendientes
 
El caso de Malvinas Argentinas se vuelve paradigmático para entender las prioridades del actual esquema de reparto. Se trata de un distrito de poco menos de 300 mil habitantes que recibe más de 208 millones anuales. Por habitante, son 712 pesos cada mes. El partido que actualmente conduce Jesús Cariglino se encuentra por encima del promedio bonaerense.
 
El talón de Aquiles de la coparticipación se encuentra en la organización de un sistema que privilegia la complejidad de los sistemas sanitarios locales. Según el estudio de la UNGS antes citado: “Produce incentivos que condicionan negativamente la política de salud de los municipios: prioriza el gasto de alta complejidad y no contempla, por ejemplo, los gastos en prevención”. El trabajo señala también otras deudas: “La distribución de recursos per cápita indica disparidades y brechas muy significativas y poco explicables desde el punto de vista de las políticas de desarrollo y equidad”. Por eso, los investigadores proponen aumentar el caudal de fondos coparticipables y hacerlo con una lógica que incluya otras variables, como pueden ser las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la población de cada partido.
 
En segundo plano, el estudio cuestiona “las inconsistencias (que) se sustentan en la ausencia de criterios sólidos en cuanto a la recolección de la información y de reglas de auditoria y pautas de control permanente acerca de la calidad y pertinencia de los mismos”.
 
Un Estado atento a las demandas sociales requiere de espaldas fortalecidas y arcas robustas. Como se explica en esta nota, los municipios dependen de los fondos coparticipables para asumir buena parte de sus responsabilidades. Cómo se reparten esos ingresos, con qué lógica, atendiendo qué necesidades y prioridades, es parte de la discusión de este tiempo. (Agencia Paco Urondo)

06.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Alfredo Sainz, publicado en La Nación) No pasaron ni 48 horas desde la eliminación del seleccionado argentino en el Mundial y los bancos confirmaron su decisión de mantener las 50 cuotas y los descuentos que tuvieron un papel clave en la reactivación del consumo.
A partir de marzo, las cuotas sin interés y la fiebre mundialista se habían convertido en la fórmula perfecta para disparar el consumo, especialmente en los televisores de LCD, que en los primeros seis meses del año estuvieron cerca de duplicar en ventas las que se habían registrado a lo largo de todo 2009. Sin embargo, la dura derrota del equipo que dirigía Diego Maradona ante la selección alemana despertó algunas dudas acerca de cómo podrían evolucionar las ventas de electrodomésticos y otros rubros sensibles al crédito. Los principales bancos, sin embargo, ya adelantaron que las cuotas sobrevivirán al Mundial.
El primero en hacer público su intención de mantener las 50 cuotas fue el presidente del Santander Río, Enrique Cristofani, que desde la casa matriz del banco en Santander, España, adelantó la continuidad de esta política comercial. "Hace ocho años empezamos con los descuentos y las cuotas sin interés y pasamos de un millón a dos millones de clientes", expuso Cristofani ante la prensa.
Su principal competidor en España y América latina, el BBVA, también adelantó sus planes de compras en cuotas. "Por el momento, vamos a seguir con el esquema de las 50 cuotas, aunque redireccionando los rubros. La idea es no trabajar exclusivamente con los televisores de LCD y extender la propuesta hacia otros segmentos acompañando la evolución de la demanda", explicó Enrique Bartolomé, director de Innovación y Desarrollo del BBVA Banco Francés.
En la misma línea, en el Galicia sostienen que las cuotas llegaron para quedarse. "No vamos a discontinuar las cuotas y a grandes rasgos seguiremos con el financiamiento y los descuentos no sólo en electrodomésticos, sino también en indumentaria, restaurantes y supermercados", explicaron en la entidad.
Por su parte, en el Citi también apuestan a la combinación de cuotas y descuentos. "Vamos a seguir ofreciendo financiamiento a largo plazo, con nuestra política de hasta 60 cuotas sin interés en algunos rubros, pero sin descuidar otras propuestas más dirigidas al segmento ABC1, que prefiere combinar las cuotas con descuentos del 20 o 25 por ciento", señaló Ignacio Capparelli, gerente de la división Propuestas de Valor de Citibank Argentina.
Los grandes bancos además adelantaron que mantendrán el esquema de descuentos con las distintas cadenas de supermercados, como en los casos del Santander Río, que está asociado con Carrefour; el Galicia, con Coto, y el BBVA, con el grupo Cencosud (Disco y Jumbo).
Entre las grandes cadenas comerciales confían en que la decisión de los bancos de mantener las cuotas servirá para evitar un estancamiento del consumo, después de un primer semestre que no dudan de calificar de "brillante".
"En el caso puntual de los LCD, las ventas ya se habían tranquilizado en la última semana y, de acá en más, esperamos que la demanda continúe evolucionando impulsada por el recambio tecnológico. Igualmente, el mercado en general está respondiendo muy bien y varias categorías muestran índices muy positivos como notebooks, cámaras digitales y lavarropas", explicó Guillermo Olsen, gerente comercial de Frávega.
Optimismo de los comerciantes
La visión optimista sobre la evolución del consumo es compartida por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que pronosticó una suba en las ventas de julio, al menos en la medición interanual. "Julio de 2009 había sido un mes muy flojo por la gripe A y, a diferencia de lo que sucedió con otros mundiales, creo que esta vez la eliminación de la selección no provocó que la gente se bajoneara", señaló Vicente Lourenzo, director de CAME.
La sensación de que el consumo viene sobrellevando muy bien la eliminación del Mundial incluso es confirmada por los comerciantes que operan en La Salada. "El domingo después de la eliminación no notamos una baja en la concurrencia del público. Los únicos que sufrieron una caída muy fuerte en las ventas fueron los puestos que habían apostado muy fuerte a las remeras de la selección y las banderas argentinas, que no vendieron nada", explicó Jorge Castillo, administrador de Punta Mogote, una de las tres principales ferias que componen el polo comercial La Salada. (Agencia Paco Urondo)

06.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, prensa. medios.gov.ar) Economía informó que tenedores de títulos presentaron ofertas por un monto elegible aproximado de u$s 12.862.131.347,9, alcanzando al 70,2% de los 18.300 millones de dólares en cesación de pagos. Está previsto que el proceso de emisión de los nuevos documentos comience el 11 de agosto.
El Ministerio de Economía informó que la adhesión al canje de deuda fue mayor al 66,4% anunciado originalmente y alcanzó al 70,2% de los 18.300 millones de dólares en cesación de pagos. A través de un comunicado, la cartera a cargo de Amado Boudou detalló que los tenedores de títulos presentaron ofertas por un monto elegible aproximado de u$s 12.862.131.347,91, de los cuales, aproximadamente u$s 10.204 millones han optado por el bono con descuento y otros u$s 2.657 millones por el bono Par."Las ofertas de Títulos Elegibles serán debidamente procesadas, procediéndose a la cancelación de los mismos y a la emisión de los Nuevos Títulos, durante el Proceso de Liquidación, que está previsto que comience el 11 de agosto y que puede extenderse durante varios días hábiles", expresa.El ministro de Economía, Amado Boudou, expuso esta noche, tras el anuncio, en una charla debate sobre "Economía y Sociedad”, en el marco de las jornadas de Capacitación de Políticas Públicas en las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo acompañado (ver foto) por el viceministro, Roberto Feletti y el titular de la Biblioteca Nacional, Horacio González. (Agencia Paco Urondo)

05.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Javier Blanco, publicado en La Nación) Alquilar en la Capital Federal es más accesible. El fenómeno, según los operadores inmobiliarios, es consecuencia lógica de un reacomodamiento del mercado que se caracteriza por un fuerte aumento en la cantidad de unidades ofrecidas (contracara del auge que la construcción tuvo en la ciudad en los últimos años y el traspaso de unidades que se ofrecían a turistas al mercado convencional), cierta flexibilización en las condiciones de contratación y una marcada tendencia a la estabilidad en los precios que, si bien se ajustan, lo hacen por debajo de la tasa de inflación de la economía.
Aunque no hay cifras exactas, los agentes coinciden al estimar que la oferta de alquileres, que había crecido 45% en 2009 por la crisis, sigue ampliándose de manera muy sostenida. Néstor Walenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, adjudicó el fenómeno "al progresivo traspaso al mercado locativo de unidades que originalmente se habían construido para su venta".
De hecho, se estima que hay en oferta un número récord de inmuebles. El Centro de Investigaciones Inmobiliarias del Servicio de Ofertas Múltiples (SOM, un sistema creado en abril de 1982 y decano en el relevamiento de datos del mercado) tiene poco más de 25.000 unidades relevadas en el último trimestre, a partir de la publicación de avisos en los diarios Clarín y LA NACION. A esto hay que sumar unas 15.000 viviendas ofertadas en portales especializados de Internet (Zonaprop.com.ar y Argenprop.com.ar) y agregarle "un 39%, según los últimos cálculos realizados", dice Armando Pepe, dueño de la firma homónima y presidente del SOM, en referencia a la parte del mercado que se mueve por los métodos más tradicionales (cartel de la inmobiliaria o simple aviso artesanal del locador).
Como en muchos casos la oferta se repite por distintos canales, los operadores estiman que son entre 40.000 y 45.000 las unidades en oferta, una cifra sin muchos precedentes para una plaza con casi un millón de viviendas.
Para el operador Miguel Altgelt, la oferta de inmuebles aumenta en general porque, ante la falta de otras opciones rentables de inversión o la incertidumbre que conllevan, "la gente que puede pone su plata en ladrillos". Y lo siguen haciendo y volcando unidades al mercado de alquileres "aunque la renta que obtienen sea ya muy baja (entre 3 y 4% anual), porque lo que buscan es un mix de inversión e ingreso seguro mensualizado. Hay que saber que el común de los propietarios de los inmuebles en la Capital tienen hasta 2 departamentos", apunta.
Efectos sobre el mercado
Lo concreto es que el sostenido nivel de la oferta comienza a tener efectos sobre el mercado. A saber:

 

 

 

 

 
En materia de precios, los contratos se están renovando con aumentos promedio del 10 al 15% y un sistema de subas escalonadas cada seis meses o un año, "que no sigue la inflación proyectada o la actual, porque este mercado tiene su propia dinámica y se rige por simple ley de oferta y demanda", apunta Pepe.
Pero Altgelt agrega otro factor que está empezando a tener incidencia: "En su gran mayoría los inquilinos son asalariados y son sus propias limitaciones las que ayudan a ponerle límites a la actualización de precios", en alusión a la fuerte erosión que los persistentes ajustes en servicios tienen sobre los ingresos de la clase media. (Agencia Paco Urondo)

  • Las unidades chicas son las más demandadas, razón por la cual sus precios se mantienen más sostenidos, especialmente en los casos de departamentos ubicados en zonas universitarias o con acceso al subte, que son los más solicitados.
  • Se flexibilizan las condiciones de contratación. "Con tal de alquilar a alguien que parece confiable, los propietarios no dudan en pedir menos adelantos y garantías. Antes se pedían garantías de Capital Federal y un depósito de 2 meses, además del mes de alquiler por adelantado. Ahora se ha comenzado a aceptar sólo un mes de depósito y garantes de otros distritos", agrega el directivo.
  • La espiralización de las expensas está haciendo desaparecer los "paquetes", es decir, el tipo de contratos en los que los propietarios se hacían cargo de este costo para evitar sorpresas desagradables. "Cada vez más volvemos al esquema en que el inquilino tiene que asumir las expensas, lo que hace que tengan mejor posibilidad de colocación las unidades nuevas o mejor ubicadas y de expensas menores o razonables", dice Walenten.
  • Además, los precios de plaza tienden a achatarse. "El ingreso de unidades nuevas a valores competitivos hace que muchos inquilinos comiencen a arbitrar. Hoy se encuentran departamentos de 2 ambientes nuevos a precios que son apenas 15% superiores a los de una unidad igual y usada, cuando, por lo general, los edificios nuevos tienen más comodidades. Eso está generando un desplazamiento de la demanda a este segmento en detrimento de los departamentos usados", advierte Pepe.
  • La mayor oferta acrecienta el remanente de viviendas que permanecen vacantes por más tiempo, lo que limita la actualización de los precios. "Los propietarios, antes que bajar el precio de venta y desprenderse de algo que les costó tanto, prefieren volcar el inmueble al alquiler aunque tengan que discutir el precio", dice Walenten.
02.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en prensa. medios.gov.ar) El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció un crecimiento de la recaudación de junio del 39,4% interanual, alcanzando los $37.295,3 millones. El acumulado del año llegó a $191.681,3 millones, superando en un 14,6% la meta presupuestaria para este período.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, anunciaron hoy que la recaudación de junio alcanzó los $37.295,3 millones, registrando un crecimiento del 39,4% interanual.De esta manera, el acumulado del año alcanzó los $191.681,3 millones, superando por $24.458 millones (14,6%) la meta presupuestaria para este período. Así, la recaudación de los recursos tributarios creció, desde 2003, 475,6 por ciento. La recaudación "refleja el crecimiento de la actividad económica y la mayor performance del comercio exterior", explicó Echegaray, en una conferencia de prensa realizada en la AFIP. El funcionario destacó el crecimiento de las fiscalizaciones, que creció 226,4% en los primeros cinco meses del año, en relación a mismo período del 2009.El crecimiento de los recursos tributarios fue impulsado principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias, el IVA y los Derechos de exportación, indicó la AFIP.Los ingresos del IVA alcanzaron $9.938 millones, con una variación interanual de 37.1%, mientras que el Impuesto a las Ganancias registró $9.170 millones, reflejando un crecimiento de 46,1%, por los mayores ingresos en concepto de anticipo de sociedades y personas físicas, determinado en el período fiscal 2009, y como consecuencia del crecimiento de la actividad y los salarios.Por unidad de gestión, el área Impositiva representa un 49,9% del total de la recaudación, Aduana 24,7% y Seguridad Social el 25.4% restante. (Agencia Paco Urondo)

02.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en prensa. medios.gov.ar) En declaraciones a la TV Pública el ministro De Vido aseveró que la inauguración de la central Atucha II será un punto importante en la historia energética argentina y destacó las inversiones del gobierno para diversificar la matriz de energía del país. Aseguró que esto nos da mayor soberanía.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseveró que la próxima inauguración de la Central Atómica de Atucha II "va a marcar un punto importante en la historia" de la energía en Argentina. En declaraciones a la Televisión Pública esta mañana, el ministro destacó la finalización de la línea de transmisión NEA-NOA, y la importancia de la energía eólica con proyectos "de los más importantes en Latinoamérica”.

Al respecto, remarcó que el gobierno nacional ha impulsado inversiones que implican la "diversificación de la matriz energética". Explicó que "no depender de una sola matriz, hace a la soberanía de un país en materia energética". El ministro de Planificación Julio de Vido defendió la política oficial de nacionalización de la matriz energética argentina que le permita al país "mantener un equilibrio racional y sustentable y definir qué combustible usar". "Hemos tratado de nacionalizar nuestra matriz energética", explicó De Vido, y añadió que "hoy sólo el 35% está en manos privadas extranjeras". Enfatizó que es necesario “un equilibro racional y sustentable para que la Argentina sea soberana y tenga autonomía para decidir sobre su matriz energética. El modelo es importante, pero el modelo y lo nacional van de la mano. El Estado no podía tener el 26% de la generación, no puede tener menos del 41% de generación”, aseguróAl respecto, adelantó que a fines de este año, la generación energética estará “en un 41% en manos del Estado y un 27 en manos privadas nacionales”. Advirtió De Vido que un país que carece de autonomía para determinar su matriz o hacerlo “dependiente de otro para generar energía, no es totalmente soberano”. El funcionario agregó que quienes vaticinaban la crisis “eran los que de alguna manera habían dejado la bomba preparada para que estallara". Venezuela - Caso SadousEn otro orden, el ministro fue consultado por el testimonio del ex embajador Sadous, quien habría denunciado irregularidades en el comercio bilateral con Venezuela. De Vido criticó a la oposición por su "oportunismo político" en relación con el testimonio de Eduardo Sadous y sostuvo que le gustaría saber "quién le hace decir lo que dice"."Más allá del oportunismo político que pudiera tener la oposición en función de los comentario de Sadous, a mí me gustaría ver las terminales de Sadous o sea, quién le hace a Sadous decir lo que dice", sostuvo el funcionario en la misma entrevista con Canal 7.De Vido recordó que en ese momento Redrado, por entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, "participó técnicamente en la redacción de estos convenios en el marco de las instrucciones" que provenían del entonces presidente Néstor Kirchner y del venezolano Hugo Chávez. Además, comentó que, por "lo que uno veía de cómo se movía" Sadous en Venezuela, estaba "claro que tenía claras relaciones con la oposición y con el sector golpista. Esto era vox populi en Venezuela, a tal punto que él mismo se jacta de haberle armado al ex presidente (Néstor Kirchner) una reunión con la oposición".Más adelante, el ministro consignó que el acuerdo con Venezuela -que incluyó la creación de un fideicomiso- surgió en 2004, luego de que el presidente de esepaís se ofreciera a "ayudar a resolver la crisis energética" argentina."En ese momento éramos víctimas de la presión de las petroleras que trabajaban acá para subir los precios del mercado interno", afirmó el ministro. Asimismo, De Vido valoró los favorables términos de intercambio del comercio de Argentina con Venezuela.Indicó al respecto que "del universo de sus importaciones, por cada tonelada la Argentina paga 1.700 dólares", mientras que "por cada tonelada que la Argentina exporta al mundo, el mundo le paga 390 dólares", lo cual implica "un gran desafío a equilibrar, y eso se hace con conocimiento y desarrollo tecnológico"."En el caso de Venezuela, no sólo es inversa la relación sino que en promedio están en 420 dólares por tonelada el combustible que compramos y las ventas argentinas a Venezuela son del orden de los 2.500 dólares por tonelada", informó el funcionario. Detalló De Vido que incluso en el caso del intercambio comercial entre el país y Venezuela, "la relación de empleo es de 1 a 100. Es decir que por cada empleo que nos venden los venezolanos en esos 420 dólares, Argentina está en los noventa y pico de empleo". De todas maneras, aclaró que eso no implica que exista una "posición dominante" o de "opresión" de Argentina hacia Venezuela producto de estos términos del intercambio, sino "todo lo contrario, es con transferencia tecnológica" porque el país no pretende "vender producto terminado", concluyó. (Agencia Paco Urondo)

01.07.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Infobae)
 
El ministro de Economía desmintió que el Vicepresidente haya otorgado el 82% móvil a jubilados cuando fue gobernador de Mendoza. "Se le prendía fuego la provincia", recordó sobre el traspaso de los pasivos de ese distrito a la Nación.
El ministro de Economía, Amado Boudou, salió al cruce del vicepresidente Julio Cobos que esta mañana aseguró que durante su gestión como gobernador se reintegró el 82% móvil a los jubilados mendocinos. Lo acusó de"mentiroso" y "oportunista".
"En 2007 Cobos vino a la Anses porque se le prendíafuego la provincia", recordó el funcionario en diálogo con Oscar "El Negro" González Oro en Radio 10 sobre el traspaso de los pasivos de ese distrito a la Nación.
Boudou reiteró que el mendocino "vino a pedir auxilio y desde la Nación se le dio". "El Estado hizo un gran esfuerzo para una recomposición de haberes (a los jubilados)pero no es el 82% móvil", aclaró.
El titular del Palacio de Hacienda volvió a criticar la"irresponsabilidad de algunos dirigentes" y aseguró:"Cobos me hace acordar a De la Rúa, que iba avender el avión presidencial para salvar el país".
"Opina como si estuviera en la tribuna o en la oposición y no como vicepresidente", aseveró el ministro respecto de las declaraciones de Cobos
 
(Agencia Paco Urondo)

30.06.2010

Washington, EEUU (Agencia Paco Urondo) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, anuló un dictamen de 2007 que favorecía a la compañía norteamericana Sempra Energy International, en una controversia contra la Argentina por medidas tomadas en 2002 en el ámbito de la distribución de gas. La Procuración General del Tesoro informó que el comité del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, anuló hoy un laudo de 2007 que había sido dictado a favor de la compañía norteamericana Sempra Energy International, en una controversia contra la República Argentina.Se trata de la primera anulación total de un laudo Ciadi contra la Argentina. Anteriormente, se había anulado parcialmente el laudo dictado a favor de la compañía norteamericana CMS Gas Transmission Company. A fines de 2002, Sempra inició un arbitraje ante el Ciadi a raíz de algunas de las medidas de emergencia tomadas por el país en el ámbito del transporte y distribución de gas, para hacer frente a la crisis que se desató a fines de 2001, alegando que tales medidas violaban el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre la Argentina y los Estados Unidos.El tribunal del Ciadi dictó un laudo el 28 de septiembre de 2007 condenando a la Argentina al pago de más de u$s128 millones más intereses. Poco después, la Argentina solicitó la anulación de esa decisión alegando, entre otras razones, que el tribunal se había extralimitado manifiestamente en sus facultades al no aplicar el artículo XI del tratado con Estados Unidos que autorizaba a la Argentina a tomar las medidas cuestionadas. El artículo XI del tratado autoriza a los Estados a tomar medidas necesarias para mantener el orden público y proteger sus intereses esenciales de seguridad. Específicamente establece que "el Tratado no impedirá la aplicación por cualquiera de las Partes de las medidas necesarias para el mantenimiento del orden público, el cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento o la restauración de la paz". En base a ello, la Argentina había manifestado que las medidas de emergencia adoptadas para hacer frente a la crisis estaban permitidas por ese artículo. Sin embargo, el tribunal se negó analizar si las medidas cuestionadas estaban autorizadas por el artículo XI y resolvió que la Argentina había violado el tratado con Estados Unidos. El día de hoy, el comité del caso Sempra -una suerte de tribunal de alzada dentro del sistema del Ciadi- decidió por unanimidad anular totalmente el laudo dictado anteriormente, en virtud de que el tribunal se había extralimitado manifiestamente en sus facultades al no aplicar el artículo XI del tratado con Estados Unidos, destacó la Procuración General del Tesoro.Asimismo, el comité ordenó a la compañía norteamericana reembolsar a la Argentina el monto total de los costos del Ciadi con relación al procedimiento de anulación. Durante el procedimiento de anulación, Sempra había intentado embargar preventivamente la casa museo en la que vivió José de San Martín, en Boulogne Sur Mer, Francia, y el edificio del Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján en España. Con la decisión de anulación, Sempra ha perdido todo derecho a cobrar el monto del laudo y todos los embargos quedarán sin efecto. (Agencia Paco Urondo)