Relámpagos //// 10.07.2017
Matrimonio igualitario: grasa militante y politización del Estado, por Mauro Benente

“En este ejercicio de memoria, no podemos olvidar que de ser por la actual coalición parlamentaria PRO/UCR –actualmente y por entonces mayoritariamente conservadora y reaccionaria- el proyecto no se hubiera transformado en ley”.

El 15 de julio se cumplen siete años de la sanción de la ley 26.618 que modificó el artículo 172 del antiguo código civil y reguló el matrimonio con independencia del sexo de los contrayentes, dando lugar al denominado matrimonio igualitario. Desde la sanción de la ley se produjeron alrededor de quince mil casamientos, y en términos porcentuales la mayoría de ellos se concentró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El debate del proyecto de ley fue impulsado y estuvo atravesado por la incansable lucha del movimiento LGTBIQ, que antes de la sanción de norma había logrado algunas sentencias favorables en la Ciudad Buenos Aires y en La Plata. Sin la potencia y el apoyo de las organizaciones LGTBIQ la ley no se hubiera aprobado, pero tampoco si no se hubiera alcanzado la mayoría parlamentaria y por ello cobra relevancia analizar los resultados de las votaciones en el Congreso. En la Cámara de Diputados el resultado fue de 125 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones, con estos porcentajes: el 63% del bloque del Frente para la Victoria votó a favor del proyecto, el 79% del peronismo federal votó en contra, el 56% de la Unión Cívica Radical y el 55% del PRO también votaron en contra. Por su lado, partidos con menor representación política lucen los siguientes números: el 73% de la Coalición Cívica votó a favor, los bloques de Proyecto Sur, Partido Socialista, Generación para un Encuentro Nacional, y Nuevo Encuentro, votaron unánimemente  a favor. En la Cámara de Senadores el resultado fue de 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, y los bloques mayoritarios lucieron estos números: el 63% del Frente para la Victoria votó a favor, mientras que el 70% de Unión Cívica Radical votó en contra.

Es importante tener en cuenta que esta ley se inscribe en un conjunto normativo preocupado por cuestiones de géneros y sexualidades desarrollado durante los gobiernos kirchneristas: el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica y el programa nacional de educación sexual integral de 2006, la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas de 2008, la ley de protección integral a las mujeres de 2009, la ley de identidad de género y la ley de fecundación asistida de 2012. También se inserta en la mayor deuda en la materia: la constante negación de la mayoría del Frente para la Victoria –pero también de la UCR y el PRO- de no solamente no aprobar una ley sino ni siquiera discutir en el parlamento la interrupción voluntaria del embarazo. En el marco de estas luces y sombras, hay que recordar que el proyecto que se transformó en ley no fue elaborado por el Frente para la Victoria sino por Vilma Ibarra –de Nuevo Encuentro-, y en la votación en el recinto el partido de gobierno lució contradicciones internas y componentes, es cierto que minoritarios, de tinte conservador y reaccionario. Por su parte, en este ejercicio de memoria, no podemos olvidar que de ser por la actual coalición parlamentaria PRO/UCR –actualmente y por entonces mayoritariamente conservadora y reaccionaria- el proyecto no se hubiera transformado en ley.

La regulación jurídica del matrimonio que no distingue entre sexos, o que lo hace pero no impone efectos jurídicos diferenciales, ya existía en Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, y en seis de los Estados Unidos (Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire y Washington D.C.). Asimismo, aunque reconociendo menos derechos que los del matrimonio, varios Estados contaban con regulaciones jurídicas para las parejas del mismo sexo: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Israel, Luxemburgo, Uruguay, Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa, Suiza. Finalmente, a nivel provincial o estadual, estas regulaciones también ya existían en: California, Columbia, New Jersey y Oregon en Estados Unidos; Ciudad de México y Coahuila en México; Rio Grande do Sul en Brasil y; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudades de Río Cuarto y Villa Carlos Paz, y Provincia de Río Negro en Argentina. De todas maneras, es importante destacar que a nivel latinoamericano Argentina se transformó en un paradigma en la región, en el primer país en reconocer el matrimonio para personas del mismo sexo, adelantándose a los procesos políticos amados por las izquierdas y los progresismos como Venezuela o Bolivia, pero también a los idealizados por las derechas como Chile y Colombia.

Más allá de esos antecedentes judiciales y legislativos, quisiera subrayar las luchas y la militancia de diversas organizaciones del movimiento LGTBIQ que ya desde los años 90 reclamaban por el reconocimiento de sus derechos, y actualmente mantienen la disputa por el reconocimiento de otros. Quienes hoy reconocen el mérito del reconocimiento de derechos, no deben olvidar que muchas de las luchas que lo posibilitaron, se realizaron por fuera y hasta en violación del ordenamiento legal. Pero además, no solamente es importante recordar el accionar de estos colectivos como plataforma social para la sanción de la ley, sino que hay que destacar que algunos y algunas referentes de estas organizaciones se incorporaron en la gestión estatal de los distintos programas sobre géneros y sexualidades. Este no es un dato menor puesto que con todas las contracciones del proceso, el kirchnerismo sumó –que no es sinónimo de cooptó- a la administración de los programas a parte de la militancia que impulsó durante años los cambios legales. La presencia de movimientos sociales y de base en la gestión estatal, una bandera propia de las izquierdas, no es como supone el actual gobierno un componente graso que impide la sana gestión de los programas, sino que fue la que garantizó su funcionamiento vigoroso. En el mes de abril de este año el Presidente manifestó su deseo de “dejar de lado la intervención nociva de la política en transformar el Estado en aguantadero,” pero fue gracias a la grasa militante, y a la intervención de la política en el Estado, que éstas y otras políticas públicas de ampliación de derechos se desarrollaron.     

Las organizaciones LGTBIQ lucharon durante muchos años por un reconocimiento de derechos, pero también por la necesidad de establecer patrones normativos que reconocieran sus estilos de vida, reconocimiento necesario para llevar adelante una vida vivible. En parte, la condición de posibilidad, aquello que es necesario para desarrollar una vida no abyecta o marginal, es contar con patrones normativos, económicos, culturales y sociales, que reconozcan la legitimidad de diversas formas de vida. Esos patrones no solamente condicionan nuestros modos de ser sino que además, y en un mismo movimiento, reconocen como válidas y legítimas ciertas formas de vida y marginan otras. De esta manera, la lucha por el reconocimiento de derechos, se inscribía y se inscribe en la disputa por lograr una vida vivible.    

La ley de matrimonio igualitario representó un notable avance en el reconocimiento de derechos, transformó vidas abyectas, expulsadas y marginadas, en vidas vivibles. De esta manera, mientras el proceso parlamentario se estaba desarrollando creo que era muy oportuno apoyar la sanción de la ley. De todos modos, ya consolidada, es posible establecer algunos reparos. Es importante tener presente que la norma no solamente legitima la institución del matrimonio –figura estrechamente vinculada a la propiedad privada- y continúa normalizando el proyecto de vida matrimonial, sino que sigue sin reconocer, por ejemplo, formas de vida que no se adecuan a los parámetros de la monogamia –sea heterosexual u homosexual-. Incluso con esta norma, hay formas de vida que no son reconocidas como tales, hay subjetividades que no pueden desplegar una vida vivible y se mantienen en un estado de abyección. Incluso con la ley de matrimonio igualitario hay formas de amor que no son iguales, que no son reconocidas, y que sólo podrán ser reconocidas gracias a la grasa militante, a las luchas en los márgenes del derecho, y a la politización del Estado.       

* (UBA/UNPAZ)

RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).