Relámpagos //// 16.03.2017
Hotel Bauen: ilegal es dejar a los trabajadores sin sustento

Por Andrés Ruggeri l "No es, lógicamente, la primera vez que el diario de los Mitre editorializa contra las empresas recuperadas. Les duele la enorme legitimidad que tienen los trabajadores y trabajadoras que defienden su posibilidad de tener un empleo y un salario digno, formando empresas cooperativas que son más humanas".

 

El diario La Nación, vocero histórico de la oligarquía argentina (o “tribuna de doctrina” como les gusta llamarse), publicó el martes 14 de marzo un virulento editorial contra las empresas recuperadas por los trabajadores y, en especial, contra el Hotel BAUEN. Como es sabido, el BAUEN fue expropiado a favor de la cooperativa de sus trabajadores por el Congreso Nacional el 30 de noviembre de 2016, la ley fue vetada el 26 de diciembre por el presidente Mauricio Macri y la jueza Paula Hualde emitió la orden de desalojo para el próximo 19 de abril. En esa secuencia, el propósito del diario es transparente: presionar para que el Congreso no rechace el veto y la jueza no dude en efectuar el desalojo. Esa presión se está convirtiendo en una metodología de la prensa adicta al gobierno y a los negocios fraudulentos. Jorge Lanata hizo algo similar cuando se había aprobado (por unanimidad) la expropiación de la fábrica Petinari en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, haciendo una entrevista sumamente amable a los ex propietarios, que deben 60 millones de pesos en salarios y pedían que la gobernadora María Eugenia Vidal vetase la ley. La ley fue vetada y los trabajadores fueron desalojados por un megaoperativo policial de 600 efectivos el 3 de marzo. Hoy están acampando en el frente de la fábrica, que habían logrado reactivar como la cooperativa Acoplados del Oeste. Esa secuencia buscan para el BAUEN.

No es, lógicamente, la primera vez que el diario de los Mitre editorializa contra las empresas recuperadas. Lo hizo en varias ocasiones, así como en plena crisis Juan Alemann, ex ministro de la dictadura, había publicado un artículo en La Razón donde llamaba a las empresas recuperadas, contra toda evidencia, el “paraíso de los vagos”. Son arranques de patrones indignados contra el atrevimiento de esta experiencia de autogestión que defiende los puestos de trabajo y la infraestructura productiva que se perderían irremediablemente (como es noticia todos los días desde hace un año y medio) si, justamente, los trabajadores no ocuparan sus lugares de trabajo para poder preservarlos de la voracidad de empresarios que destruyendo activos y llevan a las empresas a la quiebra adrede y fraudulentamente. Lo hacen porque saben que, en nombre de la legalidad, les duele la enorme legitimidad que tienen los trabajadores y trabajadoras que defienden su posibilidad de tener un empleo y un salario digno, formando empresas cooperativas que son más humanas y, cuando tienen las herramientas necesarias, más eficientes porque no buscan el máximo beneficio para su propietario sino el bienestar colectivo.

La Nación se indigna por la falta de respeto a la propiedad privada que representarían “las ocupaciones ilegales” cuando se vulnera la propiedad privada para defender otros derechos constitucionales como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la vida digna. Nunca se indigna, en cambio, cuando se ataca la propiedad pública. No están indignados por la multiplicación de la deuda, por la destrucción de empleos o por el cierre de miles de fábricas, ni se indignaron cuando Martínez de Hoz y Cavallo destruían el patrimonio público y estatizaban la deuda externa privada o cuando Sturzenegger arma una gigantesca bicicleta financiera desde el Banco Central, a costa del Estado, como siempre.
Es lógico que no se indignen porque son parte de ese saqueo. No desde ahora, cuando acumularon una deuda de más de 300 millones de pesos al Estado, sino desde su mismo comienzo, cuando nacieron como el diario de la oligarquía en los tiempos en que se consolidó el Estado liberal con dos genocidios, el del Paraguay y el de los pueblos originarios de la Pampa y la Patagonia, en los cuales se “ocuparon ilegalmente” miles de kilómetros cuadrados de las tierras más ricas del país. Sería interesante que, cuando dicen que “nuestro país no es un buen ejemplo del respeto por la propiedad” miraran su propia historia.

Contra el BAUEN

La indignación de La Nación contra las “ocupaciones ilegales” tiene un destinatario directo, los trabajadores de la cooperativa BAUEN. Presentan al empresario Marcelo Iurcovich y su hijo Hugo, sin nombrarlos, como unas pobres víctimas de los nuevos bárbaros, los obreros que ocupan empresas (prefieren llamarlos empleados, para destacar su subordinación a un contrato de empleo, que en realidad vulneraron los empleadores). Pasan por alto el hecho de haber construido el hotel con un crédito impago del BANADE gracias a sus vínculos con la dictadura militar y que su quiebra dejó a unas 70 familias en la calle. Afirman que el uso de la sigla B.A.U.E.N. por la cooperativa infringe la ley de patentes, cuando los empresarios que están defendiendo cambiaron la razón social unas cuantas veces para evadir impuestos y pagos, y la última maniobra la hicieron con la fantasmal empresa Mercoteles, a la cual la jueza le atribuye la propiedad del hotel.

Llaman al desalojo inmediato porque si no “el hecho consumado” se impone frente a la propiedad. Pero no reclaman que se actúe frente al hecho consumado del vaciamiento empresario que deja a la gente sin trabajo. Ni frente a las maniobras fraudulentas de los empresarios que toman créditos que no pagan (preferentemente en los bancos públicos), que no pagan cargas sociales de sus trabajadores (por lo cual estos llegan a la edad de jubilarse, habiendo trabajado décadas, y no tienen los aportes registrados), que no pagan impuestos y dejan una deuda millonaria ante la AFIP, un enorme pagadios que en realidad lo paga el pueblo argentino.

Ignoran la reforma de la ley de quiebras. No conocen ni siquiera los antecedentes en tal sentido en los “países serios” que ellos admiran, como en los propios Estados Unidos, Francia, España o Italia, que posee una ley específica, la ley Marcora, para que las empresas en quiebra pasen a ser gestionadas por las cooperativas de sus trabajadores con apoyo financiero del Estado. O que uno de los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en las últimas elecciones y hoy, según las encuestas, un político aún más popular que el presidente Trump, Bernie Sanders, planteara la formación de cooperativas en empresas quebradas como la principal medida para recuperar los índices de empleo ese país.

Tampoco parecen conocer que hubo una reforma de la ley de concursos y quiebras en 2011 que beneficia la recuperación de empresas por los trabajadores. Con todas sus deficiencias (entre ellas que deja mucha discrecionalidad a los jueces para decidir utilizar el mecanismo o no y prolonga los tiempos muy por encima de la capacidad de espera de trabajadores que acaban de perder su fuente de ingresos), La Nación decide ignorar su existencia. Sucede que en la cabeza simplificadora de los neoliberales las empresas son como seres vivos, que nacen, crecen, envejecen y mueren (y algunas se reproducen al infinito, como el Grupo Macri), y la ley de quiebras es la que regula qué se hace con los bienes del muerto. Pero este falso finado, el empresario vaciador, vendió todo a un testaferro y le dejó a sus empleados un peine gastado y unos zapatos viejos. Y en el caso de Bauen SACIC, nada.

La ocupación de fábricas y empresas es una de las pocas herramientas de lucha que tienen los trabajadores para defender su derecho al trabajo cuando los empleadores abandonan sus responsabilidades. Ilegal es el fraude empresario. Ilegal es dejar a la gente sin medios de subsistencia para hacer un negocio financiero, inmobiliario o simplemente para deshacerse sin costo de los activos de la empresa. El BAUEN cooperativo no es ilegal, entre otras cosas porque el Congreso Nacional lo reconoció mediante una ley que, aunque el presidente la haya vetado, todavía está en trámite legislativo porque el parlamento tiene la facultad de aprobar o rechazar el veto. Y es, al igual que la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas recuperadas (y por recuperar) legítima a los ojos del pueblo argentino.

* Antropólogo, UBA/UNAJ, Director del Programa Facultad Abierta.

RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).