Política //// 12.04.2018
"Hay una alianza entre la Corte Suprema y el sistema de inteligencia"

Entrevista a Sidonie Porterie, vicepresidenta del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), organización que forma parte de Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi). Servicios, Justicia y poder político en Argentina. 

Por Enrique de la Calle

APU: ¿Qué diagnóstico hace sobre la situación del sistema de inteligencia en Argentina?

Sidonie Porterie: El sistema de inteligencia está desbordado en el país. Está en una crisis que lleva muchos años y que se ha trasladado a otros ámbitos del Estado, como es la Corte Suprema y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que depende del Máximo Tribunal. 

Lo que detectamos es que en los últimos años, desde que asumió Mauricio Macri, se tomaron decisiones para dar marcha atrás con algunas reformas legislativas que buscaban revertir esa crisis. Además, trasladaron esos problemas a ámbitos del Estado que no deberían haber sido alcanzados por la crisis. La filtración de las escuchas (de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli), desde enero del 2017, da cuenta del uso de las escuchas para fines políticos. Si las escuchas fueran bien administradas no podría darse una filtración de esta naturaleza, que ya lleva un año. 

APU: La Corte reaccionó ahora cuando las escuchas están en los medios hace un año, por lo menos. ¿Por qué no lo hizo antes teniendo en cuenta el evidente impacto institucional de esa filtración?

SP: En primer lugar, hubo una reacción del Congreso, que hasta el año pasado no se veía, porque estaba bloqueada la comisión específica por el oficialismo. Ahora se le pidió al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que explique qué pasó con la filtración. Por eso, la Corte respondió pidiendo información a la DAJuDeCO, a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y proponiendo una auditoría a la bicameral de inteligencia. Ahí hay una puesta de escena de la Corte que no está a la altura de la crisis que enfrenta. 

Es insólito que la Corte crea que puede ser la bicameral la que realice una auditoría, cuando no hizo nada durante el año pasado por acción del oficialismo. Si, además, uno ve la conformación de esa bicameral, se da cuenta que no tiene la voluntad de controlar, no la ha tenido nunca históricamente. Por último, las reuniones de esa bicameral son secretas, con lo cual todo eso vuelve más complejo resolver por esa vía la actual crisis. 

APU: ¿Qué puede decirnos del sistema de inteligencia argentino? 

SP: La primera caracterización es que es un sistema de inteligencia que no cumple con la función para la que fue creado. Eso para arrancar. El objetivo debería ser la recolección y producción conocimiento sobre delitos complejos y cuestiones militares. El organismo demostró que nunca en su historia (por lo menos en los últimos 30 años) desarrolló bien esa tarea. Además, es una institución muy marcada por la reserva, en un nivel superior a lo que pasa con otros organismos similares en el mundo. Por otra parte, la última reforma, desarrollada por el macrismo en 2016 mediante decreto, restituyó el secreto absoluto, e hizo que todo el personal se considere como de inteligencia. Se volvió a un marco institucional que le permite a la institución cobijar actividades ilegales, negocios paralelos, acciones de espionaje político.   

APU: ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Estas características que tiene el sistema de inteligencia argentino lo hacen una excepción o es una lógica muy extendida en organismos de esta naturaleza. 

SP: Cualquier sistema de inteligencia maneja determinados niveles de secreto, lo que hace que esté siempre reñido con la democracia. Este es un punto de partida acá y en el mundo. En la Argentina ocurre que el nivel de control es muy débil y que además se ha dado todo un entramado entre ese sector y otros actores del Estado, pienso en parte del poder judicial por ejemplo. 

Nuestra ley de Inteligencia permite que los jueces convoquen a personal de inteligencia para investigaciones criminales. Eso que era una excepción se extendió y hoy está muy naturalizado. La Justicia en general no cuestiona esta utilización de los agentes de inteligencia para producir información y llevar adelante investigaciones criminales. Esto hace que ambos sectores estén muy vinculados. Además, como hasta 2015 la ex SIDE tenía las escuchas en su poder, esa relación se dio de un modo que no se da en otras partes del mundo. 

APU: Usted decía que en general los sistemas de inteligencia, por su propia característica, están en tensión con la democracia. Pero en la Argentina, la situación fue más allá, generando una crisis como la que existe hoy. ¿Hay algún ejemplo mundial que pueda copiarse para pensar sistemas de inteligencia menos reñidos con la democracia?

SP: Hay países del mundo donde se han podido lograr esquemas de control muchos más eficientes que los nuestros. El control parlamentario en nuestro país no es efectivo, es pour la galerie. No cumple con lo que establece la ley para esa comisión. Entre los modelos a copiar está el Reino Unido, donde hay organismos de control descentralizados muy fuertes, por afuera del Ejecutivo. Estamos tan atrasados en el tema que lo que estamos viendo ahora es cómo evitar que trascienda la crisis del servicio de inteligencia a otros ámbitos, como puede ser la Corte Suprema, en el caso de las escuchas. Que la Corte haya entrado en alianza con el sistema de inteligencia te pone patas para arriba todas las discusiones sobre cómo mejorar los controles. Se debe cambiar el esquema institucional, porque esa alianza no puede no salpicar a la Corte con las prácticas propias del sistema de inteligencia. 

APU: Lo que usted plantea pone límites muy claros a las posibilidades de reformar el actual sistema de inteligencia, que tiene que ver con quién puede controlarlo, considerando que hoy se da un entramado muy complejo entre servicios, política y sectores de la justicia. ¿Cómo se sale de esa lógica?

SP: Para nosotros hay dos medidas muy claras que deben tomarse para pensar cualquier mejora del sistema. En primer lugar, eliminar la posibilidad de que la Justicia pueda recurrir a los agentes de inteligencia para investigaciones criminales. En cualquier caso. Hoy, la AFI es casi una policía más y eso está mal. En segundo lugar, que las escuchas no sean gestionadas por la Corte Suprema, porque otra vez volvieron a ganar poder sobre ellas los servicios, que durante la gestión de Gils Carbó en el ministerio Público Fiscal se había limitado. 

APU: Posiblemente, me responderá que no lo sabe. Ahora: ¿Le parece verosímil cuando aparecen escándalos como el de Natacha Jaitt que se los vincule con operaciones de los servicios?

SP: Es verosímil si se tiene en cuenta que suelen convivir sectores activos e inactivos, orgánicos e inorgánicos, que nunca se sabe cuáles son los que conviven en cada momento. Además, las estrategias de prensa son un recurso utilizado por esos sectores. Después, si es o no es, es imposible responder.