Política //// 05.07.2018
"En América Latina se está ejecutando un plan para perseguir y proscribir a los líderes populares"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al ataque que están recibiendo los exmandatarios en el Continente. Lawfare y democracias tuteladas. 

"En América Latina se está ejecutando un plan para perseguir y proscribir a los líderes populares. Al escándalo internacional de la prisión de Lula se suma ahora el pedido de detención a Rafael Correa. Sin Estado de Derecho, democracia en riesgo", fue el mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta oficial de Twitter. 

Con el pedido de detención del expresidente de Ecuador Rafael Correa cada vez está más claro el plan que se gestó en América Latina para sacar de competencia electoral a los exmandatarios populares que gobernaron sus países en tiempos no tan lejanos. 

Cristina Fernández se refirió al Lawfare como el instrumento para generar el descrédito de los líderes populares e incluso su reclusión en cárceles. La defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva también recurrió al término “lawfare”, guerra jurídica, para explicar el ataque del que está siendo víctima el líder popular brasilero. En su primera intervención como senadora después de salir de la presidencia, Cristina Fernández se apropió también del término para explicar los ataques recibidos. El término “lawfare” fue popularizado por el General de División retirado Charles Dunlap Jr., de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el año 2001, tras las limitaciones que las convenciones internacionales imponían al libre bombardeo de Afganistán. En el año 2010, el abogado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Orde F. Kittrie, en un artículo en el que analizó las potencialidades de la guerra jurídica para atacar a Irán, se refirió al juicio a la AMIA como estrategia de ataque. En los manuales de Operaciones Psicológicas de la NSA y la OTAN se destacan los beneficios de operar sobre la opinión pública desde cuentas anónimas.

En el año 2001 el entonces coronel Dunlap publicó un artículo titulado “Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts”, en el que abordó el conflicto que generaban los abogados del Estado a los generales en el campo de combate, al interferir en su deseo de bombardear libremente Afganistán contrariando las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. Los militares, así como también ciertos profesores y abogados internacionales, sostenían que la legislación sobre “daños colaterales”, eran poco realistas y dejaban a los Estados Unidos en una posición vulnerable. “Si se permite que las tendencias del derecho internacional maduren y se conviertan en reglas vinculantes, el derecho internacional puede convertirse en una de las armas más potentes jamás desplegadas contra los Estados Unidos”, sostuvieron los abogados David Riviken y Lee Casey, a los que Dunlap cita en su trabajo. El argumento era que las fuerzas que resistían la intervención extranjera, abusaban de la prohibición de bombardear poblaciones civiles, razón por la cual se escondían entre las mismas para realizar desde esas posiciones sus ataques.

En dicho artículo Dunlap definió la guerra jurídica (lawfare) como un método de guerra en el que el derecho es usado con el fin de cumplir con objetivos militares. Sostiene que la guerra jurídica es una vía que utilizan aquellos que no pueden hacer frente a las capacidades tecnológicas de los Estados Unidos y que por ello utilizan la ley como una forma de guerra asimétrica. Es fundamental entender que para los militares estadounidenses, como para los abogados que acompañaron las intervenciones de dicha potencia en el extranjero, era contra los Estados Unidos que se hacía la guerra jurídica, cada vez que se apelaba a una instancia internacional, con el objetivo de frenar aún más ataques sobre poblaciones civiles, exigiendo el cumplimiento de la normativa internacional. En su artículo de 2001, Dunlap sostuvo que cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) denunciaban las violaciones a los derechos humanos cometidas por generales del ejército, estaban haciendo “lawfare” con el objetivo decapitar al ejército.

El profesor de la Universidad de Derecho de Arizona, abogado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Orde F. Kittrie, y autor del reciente libro “Lawfare: a law as a weapon of war” (Guerra jurídica: la ley como un arma de guerra) publicó en el año 2010 un artículo titulado “Lawfare and U.S. National Security”, el cual dividió en tres secciones para explicar el cambio en el accionar del Estado norteamericano, de una posición defensiva, a una de ataque, así como sugirió estrategias para acabar con el programa de armamento nuclear de Irán.

Según Kittre son cinco las herramientas de las que dispone el presidente de los Estados Unidos para alterar el comportamiento de un país extranjero: "1) hablar (declaraciones y negociaciones); 2) edulcorar (incentivos); 3) sanciones (restricciones económicas y diplomáticas); 4) sabotaje y 5) soldados (acción militar). En el caso de Irán, hablar y endulzar han sido probados y han fallado,  los soldados son una opción muy problemática”. Es por esta razón, que explica que la estrategia fueron “las sanciones económicas y el sabotaje, incluido el virus Stuxnet”, creado para afectar el sistema informático del programa nuclear iraní.