Política //// 22.10.2018
Daniel Gollán: “El sistema de salud está en crisis”

El exministro de Salud subrayó a AGENCIA PACO URONDO que el estado crítico del sistema “no es el resultado de errores de gestión sino de una clara voluntad política”. Un balance social pormenorizado del despojo, tras mil días de gobierno neoliberal. Entrevista exclusiva.

Por Sergio Ferrari

Casi tres años después de la primera vuelta electoral del 25 de octubre del 2015 en las elecciones presidenciales argentinas que darían el triunfo a Mauricio Macri, reconfirmado el resultado en el ballotage de noviembre, un balance retrospectivo aparece como imprescindible.

La mirada analítica sobre el proyecto social en estos mil días del gobierno del empresario Macri, “puede ilustrar la lógica global de lo que está viviendo Argentina”, enfatiza el último Ministro de Salud del gobierno kirchnerista. Antes, el doctor Daniel Gollán, se desempeñó como secretario de Salud Comunitaria -con rango de viceministro- y desde el 2010 había asumido otras altas funciones en el mismo sector.

“El sistema de salud está en crisis… Pero la misma no es el resultado de errores de gestión sino de una clara voluntad política del actual gobierno neoliberal por desmantelar el Estado y los programas sociales”, enfatiza Gollán, que cuenta en su haber con un activo pasado militante desde los años ‘70. Incluido un largo periodo de prisión por motivos políticos durante la última dictadura cívico-militar que lo obligó, luego, a su exilio europeo-latinoamericano.

APU: ¿Cuál es la situación actual tras 1000 días del gobierno de Mauricio Macri?

DG: El salario mínimo y vital en la Argentina en 2015 era, en su equivalencia en dólares, el más alto del continente latinoamericano. Ahora cayó al noveno puesto, debajo entre otros de Brasil, Bolivia, Paraguay. Según la FAO, entonces, el hambre en el país era casi inexistente. Ahora, han vuelto a aparecer manifestaciones muy fuertes y rápidas de hambre, comprobado empíricamente en el desborde que confrontan los comedores comunitarios –así como los comederos y merenderos- que dependen de organizaciones sociales, escuelas barriales y diversas iglesias. El proceso inflacionario (de más del 40 por ciento anual) es tan devastador como la recesión. Se calcula que el PIB va a caer 2.5 por ciento con respecto al año pasado. Lo que influye directamente en la pérdida de la capacidad económica de la gente, en particular de los sectores más desfavorecidos.

APU: ¿Cómo repercute esa situación en lo social, en la salud?

DG: En todas las áreas del Estado hay una disminución de los recursos presupuestarios. En Salud, el presupuesto que habíamos proyectado para el 2016 era del 2.3 por ciento del presupuesto general de la República. Lo redujeron al 1.9 en 2017 y 2018. Y proyectan disminuirlo al 1.36 para el 2019. Es decir, en tres años, lo redujeron casi a la mitad. Lo mismo pasa con Educación, Ciencia y Tecnología, que pasó del 1.5 del presupuesto general en el 2015 a 1.2 en la actualidad.

Algunos ejemplos del impacto de ese desmantelamiento en la salud pública: una reducción dramática del Programa Nacional de Vacunas, que incluía 19 gratuitas y obligatoriasdurante el gobierno anterior. Lo que afecta esencialmente a niñas y niños, pero también a personas mayores y mujeres embarazadas. Otro ejemplo: el golpe contra el Programa Nacional HIV/SIDA, que hasta el 2015 aseguraba la atención a 67 mil personas de los 130 mil enfermos. Con el actual recorte, el año que viene, serán entre 15 y 20 mil personas afectadas menos que van a recibir el tratamiento adecuado. Incluso se dio la renuncia del director de dicho Programa, argumentado que no puede aceptar una situación donde se van a morir 15 mil personas por falta de atención. Además, adicionalmente, la discontinuidad radical del Plan Qunita, de acompañamiento a las madres provenientes de los sectores más desfavorables, que aseguraba una atención plena durante el embarazo y una maternidad segura.

APU: Sin embargo, el gobierno afirma que varios de los programas de salud y sociales, propios de la época kirchnerista, siguen vigentes…

DG: Teóricamente nada desaparece. Pero se le van restringiendo significativamente los presupuestos. Y, en muchos casos, como por ejemplo el Programa Progresar -apoyo a jóvenes estudiantes- o la Asignación para Hijo o Embarazo, se introducen nuevas exigencias administrativas, nuevos formularios y controles, que los convierten en procedimientos inaccesibles para mucha gente, especialmente la más carente. Si bien hay algunos programas de contención que formalmente continúan, se ven debilitados enormemente por la pérdida real del poder de compra, la inflación galopante y el desquicio de la política monetaria. Si en abril un dólar norteamericano valía 20 pesos, en la actualidad el dólar ha superado los 40 pesos. Un proceso descontrolado de profundo impacto popular dado el aumento de los precios que no se corresponde ni remotamente con los ajustes salariales, a veces inexistentes y en otros casos de entre 15 y 20 por ciento. Todo esto multiplicado por las nuevas exigencias antisociales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el nuevo crédito que acaba de otorgar a Macri.

P: ¿Cómo comprender este ejercicio político: son errores de gestión o responden a un proyecto global?

R: No se trata de errores de gestión -que, por otra parte, existen y en abundancia-, sino el resultado de una expresión del pensamiento neoliberal. Algunas de las principales personalidades del actual gobierno, como el vicejefe del Gabinete, Mario Quintana, o la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, así como Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, publicaron ya en 1998, Domando el Elefante Blanco. Pasos para construir un Estado que funcione. Definen allí, claramente, una suerte de ideario para “domar” al Estado, es decir, terminar con los mitos de un Estado responsable de tareas esenciales como salud, educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología. Apuestan a un Estado muy chiquito, a la privatización de prácticamente todo, incluyendo las fuerzas armadas, la seguridad, justicia, cárceles, así como muchas actividades educativas, sociales, culturales.

Para ello, además, implementan dos mecanismos maquiavélicos. El primero, de transferir a las provincias -muchas de ellas, tremendamente empobrecidas y endeudadas- responsabilidades para aplicar algunos programas sociales que antes estaban en las manos del Estado nacional. El segundo, es la no utilización de una parte importante de las partidas presupuestarias asignadas en lo social, a pesar de las grandes necesidades de la gente. En particular, partidas para la prevención y promoción de la salud. Con resultados dramáticos. En el caso de la prevención del dengue, se reduce el uso de los montos asignados, al mismo tiempo que la epidemia se dispara con más de 74 mil casos en 2018. Luego de 18 años de casi desaparecido, vuelve a circular el virus del sarampión. En lo profiláctico de enfermedades sexualmente transmisibles, durante nuestra gestión pasada, asegurábamos la distribución social de 75 millones de preservativos. Ahora lo redujeron a un 10 por ciento, al mismo tiempo que la sífilis aumentó de 3.800 a 11.700 casos y el SIDA registra 6.500 nuevos casos anuales. Esta política de achicamiento produce desastres.

APU: ¿Se puede hablar de una salud en crisis?

R: Sin duda alguna. Con una proactividad directa del modelo y de las autoridades para que no funcione el hospital público. Para desalentar al sector, congelando aumentos salariales (casi un tercio de pérdida del valor salarial en 2018). Derivando responsabilidades a provincias en quiebra y subempleando los fondos presupuestados.

APU: ¿Qué hacen las autoridades con esa parte de los fondos presupuestados que no ejecutan en los programas y planes previstos?

R: Sacrifican aceleradamente el sistema de salud –y otros sectores sociales y educativos- para pagar la deuda, fundamentalmente la externa. Al mismo tiempo, se autoriza a los productores que exportan -esencialmente granos, soja, carne- a no ingresar sus ganancias en el sistema. Es decir, reducción brutal de lo social para pagar la deuda, fundamentalmente la externa, al mismo tiempo que se autoriza la fuga de capitales que ganan los exportadores. Se calcula que en lo que va de la gestión Macri hay 80 mil millones de dólares que se fugaron, sea a paraísos fiscales o a los colchones. Cifra impresionante que desapareció del sistema formal, sin control ni sanción alguna.

APU: Radiografía de una realidad de parálisis social…

R: Sin duda, una realidad dramática. Pero que no nos lleva a la desmovilización ni a la pérdida de nuestras certezas. El 4 de octubre pasado se realizó, por ejemplo, una multitudinaria marcha nacional del sector de la salud contra el gobierno. Son numerosas las organizaciones sociales implantadas en el territorio que realizan un trabajo diario sobre el tema. En nuestro caso, hemos conformado un Frente Ciudadano por la Salud, y la Comisión de Salud de la Fundación Patria (que es presidida por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner). Nucleamos unas 25 mil personas interconectadas en una base de datos, de las cuales 5 a 6 mil bien activas y con un núcleo de unos mil militantes sanitarios. Nos movilizamos y expandimos la organización no solo para denunciar y crear conciencia sobre las brutalidades de la política oficial actual sino también para prepararnos para un proceso que va a ser muy duro, en condiciones desfavorables, en la perspectiva de delinear una política nacional y popular de salud para el futuro.

Crisis actual y corrupción precedente

Según el gobierno de Mauricio Macri, la “pesada herencia”, es decir la corrupción del gobierno anterior, es la única causa de la actual crisis argentina. Usted fue alto funcionario, viceministro y ministro, durante varios años. ¿Qué piensa del argumento esbozado por el actual gobierno?, preguntamos a Daniel Gollán.

“Durante todos mis años en el Ministerio de Salud”, responde el exministro de Salud, “puedo asegurar que nunca tuve que enfrentarme con nadie que viniera a proponerme ninguna actividad irregular. Cuando hablo en primera persona no quiero ser autorreferencial. Compartí el Gabinete de gobierno con un montón de gente que hoy vive en la misma casa que antes, que no aumentó ni un peso su patrimonio previo. No puedo descartar algún acto de corrupción en una administración pública muy grande, y esos casos deben ser investigados y penados si se comprueban fehacientemente. Yo mismo fui acusado en una causa de eventuales sobreprecios del Plan Qunita, uno de los más exitosos de la salud en la gestión pasada. Pero no hay ni una sola prueba de hecho irregular alguno. Solo se me imputa por haber firmado la ejecución del programa, que significaba compras de materiales, todas debidamente probadas y avaladas por una serie de firmas de distintos niveles de funcionarios que controlaban y certificaban. No dudo que dentro de un tiempo seremos absueltos de esa acusación totalmente inventada y sin base jurídica alguna. Uno se entera de un juicio en su contra, cuando lo llaman a declarar, pero no antes. Sin derecho de consultar los expedientes. Sin embargo, durante todo el tiempo del proceso jurídico en marcha, aprovechan para denigrar mediáticamente nuestro nombre.

”Constato que en Argentina y en otros países de América Latina se hace un uso claramente político del tema/acusación de la corrupción. Un grado de utilización altísima. Con el componente mediático complementario -los grandes monopolios, por ejemplo, en Argentina- que lo aprovechan para desprestigiar a los gobiernos precedentes. Sin duda, se usa la bandera de la corrupción como arma de persecución política contra los gobernantes de procesos que intentaron ampliar derechos y promovieron un desarrollo autónomo de sus países.

”Y atrás de este manejo, se esconden manejos estructurales, como la fuga masiva de capitales de miles de millones de dólares. ¡Esa es la verdadera corrupción, sistémica, promovida por el actual modelo neoliberal, aceptada como norma por la comunidad internacional y que se refuerza en todo el continente!”.

(Foto: Sergio Ferrari)