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Patria Grande //// 23.09.2019
Puerto Rico: verano boricua ‘19

El verano que allí acaba de concluir quedará en la historia del pueblo puertorriqueño como el de la reivindicación democrática en la colonia más antigua del mundo.

Por Isis Caraballo (*)

Desde tempranas horas del martes 24 de julio en Puerto Rico se rumoraba en los medios noticieros locales y en las calles de la isla la inminente renuncia del hasta aquel entonces primer mandatario, Ricardo Rosselló. La Calle Cristo y la Calle Fortaleza -escenario principal de la jornada de 14 días de manifestaciones-, ahora renombradas como la Calle del Corrupto y la Calle Resistencia, fueron nuevamente ocupadas por miles de manifestantes. Esta vez, para celebrar la tan rumorada victoria. No fue hasta tarde en la noche luego de que un comunicado de Facebook Live fuera filtrado por error, que Ricardo Rosselló anunció su renuncia: “Con desprendimiento les anuncio que estaré renunciando al puesto de gobernador, lo cual será efectivo el viernes 2 de agosto de 2019”. El 24 de julio de 2019 pasó a la historia como la noche en que por primera vez los habitantes de Puerto Rico y su diáspora remueven al gobernador, desde abajo, desde la calle y a través de una intensa y constante movilización pacífica a nivel global. Las cámaras grabaron alegría, festejo y un sentido de despertar esperanzado en el poder de la unidad del pueblo.

La revelación de un contenido de un chat donde el gobernador junto a varios de sus asesores más cercanos intercambiaron memes, comentarios despectivos, misóginos y homófobos, además de evidenciar una red de corrupción fue “la gota que colmó la copa” y el detonante para las movilizaciones del verano del 2019.

El Centro de Periodismo Investigativo reveló las 889 páginas del chat, que recibieron completo de una fuente anónima. El escándalo del chat se suma a los arrestos ocurridos una semana antes de varios exfuncionarios y contratistas del gobierno de Rosselló por un caso de presunta corrupción que incluye contratos por valor de más de 17 millones de dólares. Entre los detenidos se encontraban la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher; la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila, y el presidente de la consultora BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, empresa con múltiples contratos con agencias del gobierno. En conjunto, los detenidos están acusados de 32 cargos que incluyen conspiración para cometer fraude, robo y fraude electrónico de lavado de dinero a través de un esquema que, básicamente, tenía como objetivo beneficiarse con contratos gubernamentales.

Más del 44 por ciento de la población de Puerto Rico vive en la pobreza. Además, Puerto Rico se enfrenta a una grave crisis económica a causa de una deuda externa de más de 73 mil millones de dólares. A pesar de los reiterados llamamientos de la sociedad civil, el gobierno de Puerto Rico aún no ha llevado a cabo una auditoría de la deuda, la cual aparenta haber sido emitida ilegalmente.

Hace apenas dos años que los residentes de la isla se vieron ante la peor crisis humanitaria del Puerto Rico contemporáneo. Luego del desastroso paso del huracán María, el 20 de septiembre de 2017, la administración de Rosselló demostró no tener la capacidad de generar un plan de manejo de emergencias antes, durante y sobre todo, después del desastre natural que salvaguarde las vidas de cada residente de la isla. Los puertorriqueños se vieron forzados a vivir largos meses sin electricidad, sin agua potable, sin comida saludable, sin hospitales ni medicinas, además de no tener acceso a un sinnúmero de útiles de primera necesidad.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) brilló por su falta de asistencia necesaria para responder la crisis donde más de 1.1 millones de personas solicitaron la ayuda para sus viviendas tras ser afectadas por el huracán. Según un informe, FEMA denegó la ayuda para reconstruir sus hogares al 62 por ciento de las personas solicitantes, en la mayoría de los casos por no poder presentar la escritura de propiedad de sus viviendas.

La ayuda de FEMA destinada a las viviendas tardó en llegar por retrasos burocráticos y regulaciones, que no contemplaron inicialmente los cientos de miles de habitantes en Puerto Rico que no tenían un título claro de sus propiedades. La ayuda promedio otorgada para reparar hogares fue de 1800 dólares, en comparación con los 9127 dólares entregados a los sobrevivientes del huracán Harvey en Texas, de acuerdo con un análisis de The New York Times. En total, FEMA gastó casi el doble en subsidios de reparaciones de casas en Texas de lo que desembolsó en Puerto Rico, aunque el dinero se destinó a 51 mil personas menos. Además de que en la isla se destinan menos fondos para combatir la crisis producto de nuestro estatus colonial y ciudadanos de segunda clase, el entonces gobernador Rosselló no le exigió al gobierno federal las ayudas inmediatas y necesarias para los puertorriqueños sino que escondió en un descampado miles de toneladas de agua potable y comida durante las primeras horas de caos. Como resultado de esta acción inhumana murieron 4,645 personas, mientras que en la cifra oficial dijeron que fueron 64 víctimas. Debemos tener presente que gran parte de esta cifra murieron de manera indirecta. Por lo tanto, miles de personas murieron porque la ayuda la escondieron, la retrasaron y la negaron. Muertes que pudieron ser evitadas si la administración de Rosselló hubiera puesto como prioridad la vida y la dignidad de cada residente de la isla. María, así como dejó a cada árbol de la isla sin hojas creando un panorama de desolación y muerte sacó a la luz los motivos de preocupación en materia de derechos humanos, motivos que impulsaron a las personas en llenar las calles durante las pasadas manifestaciones.

Ricardo Rosselló no fue el único que se vio forzado a renunciar: se presentaron las renuncias de la mayoría de los funcionarios públicos que participaron del chat, además de varios jefes de agencias creando una crisis institucional histórica en Puerto Rico.

En un país donde el puesto de vicegobernador no existe, el sucesor en caso de renuncia del gobernador según la constitución sería el Secretario de Estado, quien ya había presentado su renuncia días antes. Esta vacante fue ocupada por Pedro Pierluisi -abogado de la Junta de Supervisión Fiscal- luego de que Rosselló lo nombrara en sus últimas horas de mandato. Pierluisi juramentó el 2 de agosto a las 17, 01 horas, en casa de su hermana con una jueza del tribunal de primera instancia y a escondidas del país. Dos días más tarde, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declararía inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi y la gobernación quedaría en manos de Wanda Vázquez, quien ocupaba el cargo de secretaria de Justicia, el subsiguiente a ocupar el puesto de la gobernación según el orden de sucesión por secretarios de agencias.

Vázquez es criticada fuertemente por organizaciones feministas por no haber abordado correctamente como jefa de justicia la crisis de matanzas por género También es cuestionada por encubrir delitos relacionados a Unidos por Puerto Rico, organización sin fines de lucro manejada por la oficina de la ex primera dama, Beatriz Rosselló, quien recaudó fondos y malversó los alivios enviados a la isla luego del paso del Huracán María. Además, Wanda es señalada por hacer la vista larga a señalamientos de soborno en diferentes agencias y por no investigar el mal manejo de fondos durante la administración de Ricardo Rosselló. Actualmente, las manifestaciones continúan en menor escala pidiendo la renuncia de Wanda Vázquez, entre otros reclamos.

Cabría preguntarse si las grandes movilizaciones de estas últimas semanas tenían en su agenda directa la cuestión del status colonial de Puerto Rico. La respuesta es no.

Las imágenes de las masivas manifestaciones que recorrieron el mundo con artistas de alto reconocimiento mundial a la cabeza de muchas de ellas pudieron crear el interrogante a nivel internacional sobre si estas movilizaciones iban dirigidas a cambiar el status colonial que define a la isla desde la llegada de Colón a sus playas. Es cierto que con la bandera de Puerto Rico sin la estadounidense como imagen principal de esta jornada junto con las consignas que gritaban “ni pa buitres, ni corruptos, Puerto Rico es nuestro y punto” se respiran aires de alto valor patriótico y nacionalista. Sin embargo, este fenómeno se podría definir como un levantamiento popular que quebranta los orígenes y las disciplinas partidistas históricamente dominantes. El hecho de que durante esta jornada no se haya concretado una revolución social y política anticolonialista no debe sin embargo ser motivo para desechar y no apreciar la trascendencia popular y orgánica que obligó a Ricardo Roselló a renunciar a su puesto ejecutivo.

En Puerto Rico no se materializó una revolución anticolonialista exitosa tal y como aconteció en otras posesiones españolas latinoamericanas y caribeñas en el siglo XIX. Esto no significa que no hayan ocurrido importantes intentos como el Grito de Lares en el 1868, donde fuerzas revolucionarias de liberación declaran la República de Puerto Rico ante el imperio español. Al poco tiempo, los ánimos que impulsaron la revolución independentista se vieron ahogados frente a la invasión de los Estados Unidos en 1898, en la llamada guerra hispanoamericana. Años más tarde, el 30 de octubre de 1950, se produjo otro levantamiento conocido como el Grito de Jayuya, donde Blanca Canales proclamó la República Independiente de Puerto Rico y se izó la bandera por primera vez en la isla bajo la soberanía de Estados Unidos. Acto seguido, Estados Unidos declara la ley Marcial y envía al municipio la Guardia Nacional. La localidad fue atacada por aire y tierra dejando el pueblo destruido e impidiendo la difusión de esta acción militar en las noticias internacionales.

Esta ambigua categorización hace que los boricuas no podamos defender ni solicitar ayuda como cualquier otro ciudadano estadounidense. A pesar de que pagamos todos los impuestos -3.400 millones de dólares en 2016, según los Servicios de Renta Interna (IRS)- no tenemos el mismo trato ni acceso a una representación real. Contamos solo con una figura de carácter simbólico en el Congreso de los Estados Unidos, un miembro sin capacidad de voto, mientras que el Congreso tiene el poder de frenar cualquier acción que tome el gobierno local. Además, controlan los asuntos económicos y fiscales, las relaciones exteriores, la migración y el comercio.

Tan reciente como en el 2016 se hace efectiva la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico -de quien Pierluisi, el ilegítimo gobernador por dos días, es abogado- bajo el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act 2016 (PROMESA). Se trata de un grupo de personas no electas, nombradas directamente por el presidente de los Estados Unidos con el poder de decidir sobre las leyes, presupuesto y las condiciones de vida del país. La Junta de ‘control’ fiscal, como se le conoce en las calles, acentúa el colonialismo en todas sus formas. Tiene como objetivo principal alterar las prioridades del presupuesto del país, para asegurar primero el pago de la deuda pública de dudosa legalidad de 73 billones de dólares. “Junta de Control Fiscal, Dictadura Colonial”, leen las paredes del Viejo San Juan.

Desde entonces, Puerto Rico continúa siendo una colonia de Estados Unidos, la más antigua del mundo, a pesar de no estar en la lista oficial de los países que son considerados colonia por la Organización de las Naciones Unidas. La lista está compuesta por 17 países de los cuales ocho pertenecen a las Antillas Caribeñas, islas históricamente controladas por los intereses económicos y militares de los Estados Unidos. Puerto Rico fue retirado de esta lista de países no autónomos tras haberse aprobado la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 1952. Es decir, dejó de ser legalmente una colonia pero tampoco se convirtió en el estado 51 de los Estados Unidos, ni en un país independiente. Sin embargo, en un sinnúmero de eventos históricos -como las pasadas semanas- se ha demostrado sin espacio para la duda que seguimos siendo una colonia.

Por lo tanto, las movilizaciones masivas del pasado verano son un precedente extraordinario que busca indirectamente crear desde abajo una nueva institucionalidad anticolonial. A pesar, de que el reclamo principal que se escuchaba en las calles o se viralizó con un # en las redes sociales no fuera “abajo la colonia” sino “Ricky renuncia”, en miles de pancartas se pudieron leer reclamos como “estamos bajo dictadura”, “auditoría de la deuda YA”, “fuera PROMESA”, “renuncia y llévate a la junta”... reflejando una vez más las desventajas que dictan las leyes coloniales como la raíz del problema y que por tantos siglos nos siguen empobreciendo. En fin: no se concretó una revolución anticolonialista el pasado verano, pero que no quepa duda alguna en que esta jornada de democracia directa es una acción revolucionaria que apunta, mediante la continua y constante organización del pueblo en asambleas populares, a resolver -de una vez y por todas- el problema del status colonial.

(*) Nacida en Puerto Rico, Isis Caraballo reside actualmente en Argentina. Es licenciada en Ciencias Políticas y delegada gremial del Sindicato de Empleados de Comercio.

Foto: Dennis Rivera Pichardo. Su trabajo como fotorreportero puede seguirse aquí