Opinión //// 12.06.2018
Tenemos que legislar para que las mujeres dejen de morir por abortos clandestinos, por Fernández Sagasti

La senadora Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ) explica en una columna para AGENCIA PACO URONDO el por qué de su apoyo al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y analiza la importancia de la votación del miércoles en Diputados.

Por Anabel Fernández Sagasti (*)

Estamos viviendo días históricos en la República Argentina,  días de profundo debate. En el que muchxs legisladoras/es sienten que deben estar de un lado o del otro, a favor o en contra, y no  se trata de eso, claramente. Porque nosotrxs tenemos la obligación de legislar para que las mujeres dejen de morir por abortos clandestinos en nuestro país, dejando de lado las creencias personales, morales y religiosas.

Llegamos a esta instancia de profundo debate gracias al trascendental rol que tuvo el movimiento de mujeres organizadas, que hace años sostienen el reclamo, el debate y que lograron que la sociedad toda y el Congreso sehaya hecho eco de este reclamo. Sin esas cientas de mujeres organizadas en las calles, en asambleas, pañuelazos, marchas, convocatorias, no hubiese sido posible.

Escuchamos en estos días especialistas y referentes/as de diversas áreas que se  centraron en la necesidad de despenalizar el aborto, en tanto política de salud pública, para que las mujerespuedan acceder a estos de forma gratuita y segura.Me parece oportuno también reflexionar, sobre las implicancias que la penalización involucra en las experiencias de maternidad de cientas de mujeres. Por lo que es de vital importancia en este debate destacar el nexo entre  maternidad y aborto. Aclaro aquí, que desde la “Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Seguro Legal y Gratuito”, quienes llevan hace años este proyecto, el lema siempre fue:educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para morir. No hablamos solo de la interrupción del embarazo, esta es la última instancia, y es responsabilidad del Estadodiseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres, teniendo acceso a una educación sexual integral y a  anticonceptivos, para que puedan planificar sus vidas y eviten así maternidades no deseadas.

Como función biológica o como deseo existencial, la maternidad fue idealizada durante mucho tiempo. Si adoptásemos una actitud de sospecha en torno a  la maternidad podríamos observar que esta “labor de amor” tejía formas sutiles  de opresión personal y social hacia las mujeres: la renuncia a un proyecto propio, la doble jornada de trabajo, el subempleo, la discriminación laboral, la resignación ante la violencia familiar, entre otras.

El terreno biológico, campo de legitimación por excelencia de las normativas genéricas es la justificación última por la cual las mujeres se hallan destinadas a atravesar la maternidad, como si el hecho de ser portadoras de un útero nos determinara a tener que ineludiblemente pasar por esta experiencia. Ahora bien de qué forma el Estado opera a través de la restricción del aborto legal? ¿Cuáles son las implicancias de que el Estado por acción u omisión limite la autonomía de las mujeres al obligarlas a maternar aún a su pesar?

Lo femenino y lo maternal mantienen relaciones lógicas complejas: ni coinciden totalmente ni son disociables por completo. Lo que debe recategorizarse es la noción de mujer como sujeta y no como mero sujeta corporal de la reproducción o ejecutora de un mandato social o encarnación de un ideal cultural.

Por lo tanto es indispensable que el Estado habilite la posibilidad para las mujeres de plantearse proyectos de vida por fuera de la maternidad. La maternidad no puede ser un destino único y obligatorio.

El asunto ha quedado reducido a una elección más de las mujeres, sin contemplar qué implica esta decisión, quién tiene posibilidad de elegir y en qué condiciones y cuál es la responsabilidad del estado al limitar el margen de acción de las mujeres en general y de las mujeres de escasos recursos en particular, ya que son las más afectadas por la ilegalidad del aborto y sus condiciones de insalubridad y clandestinidad.

La existencia de una maternidad voluntaria y plena dependerá de habilitar la “no-maternidad” como elección y no como destino trágico e incompleto y para ello debemos saldar, de una vez por todas, la discusión sobre la necesidad del aborto legal. Ojalá que los legisladores y las legisladoras argentinas sintamos orgullo por haber votado una Ley, que en oposición a lo que afirman quienes están en contra, estaremos legislando a favor de la vida, de la autonomía de las mujeres y de una sociedad con mayor justicia social.

¡Que sea Ley!

“Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar, Aborto Legal para No Morir”.

(*) Senadora nacional del bloque Frente para la Victoria- Partido Justicialista (FpV- PJ) por la provincia de Mendoza. www.anabelfsagasti.com