Opinión //// 16.04.2018
Intervención del PJ: la solapada proscripción impulsada por Servini

El autor cuestiona los fundamentos de la jueza federal en la intervención del sello electoral. Una reflexión sobre el devenir del Partido Justicialista: "Se hace necesario hoy un replanteo profundo del esquema organizativo, y la manera de entender a la política como herramienta superadora."

Por Sebastián Enricci

Por estos días mucho se escribe sobre la solapada proscripción del Partido Justicialista decretada por la jueza de competencia electoral, Maria Romilda Servini de Cubría. En realidad se trata de un decreto de intervención judicial con características que de por sí hacen inviable la medida, sobre todo si se tiene en cuenta las razones que esgrime la magistrada y que fundamenta en "un vaciamiento partidario, provocado por quienes dicen ser peronistas al solo efecto de obtener una ventaja electoral".

En rigor, la intervención de la jueza Servini nombrando al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo al frente del PJ nacional es la segunda en la historia del partido justicialista puesto que la primera fue en 2005. En aquella oportunidad la misma jueza había nombrado como interventor al exdiputado nacional por el FpV, Ramón Ruiz, tarea que terminó con el expresidente de la nación Néstor Carlos Kirchner asumiendo la conducción del PJ en 2008.

Resulta hasta incómodo tener que explicar, en el 2018, que la movilización de todo un pueblo aquel 17 de octubre de 1945 a la Plaza de Mayo para pedir por la liberación del Coronel Juan Domingo Perón (preso en la isla Martín García y único garante de pequeñas pero sensibles e importantes mejoras para los asalariados) no fue la creación de un partido político sino que, muy por el contrario, fue la expresión de un movimiento popular que llevaba décadas gestándose en la sociedad argentina.

En estricto apego a la verdad histórica se debe aclarar que por Decreto Ley Nº 4161 del año 1956 el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu no intervino al PJ sino que lo proscribió y que los sucesivos gobiernos militares y pseudodemocráticos intentaron borrarlo de la vida política del país, objetivo que nunca lograron.

Por el Decreto Ley Nº 19.102 de 1971 del presidente de facto Alejandro Agustin Lanusse se posibilitó el regreso triunfante de Perón y el posterior acceso a su tercer mandato presidencial en 1973. Luego los años oscuros de la última dictadura cívico-militar hundieron a la Argentina en la página más sangrienta y atroz de su historia con el nefasto resultado de 30 mil desaparecidos.

Es notorio que la hecatombe económica, financiera e institucional sufrida en el 2001 resultó en una crisis de representatividad de los partidos políticos, sólo basta con recordar la frase popular: "Que se vayan todos". Las históricas agrupaciones políticas implosionaron y pasaron a ser fantasmas de lo que alguna vez fueron. Como ejemplo práctico se pueden notar las variopintas vertientes del legado peronista y de igual modo se ve la deshilachada la herencia del caudillo radical Leandro N. Alem.

Lo que sí queda claro como consecuencia de esta situación es que no sirven para nada ni las organizaciones, ni las teorías políticas, ni los conceptos de movilización política del pasado. Es momento de diferenciar muy bien entre peronismo, peronistas y partidos de extracción peronista, porque no son lo mismo y además no son los únicos que conforman la oposición.

Se hace necesario hoy un replanteo profundo del esquema organizativo, de la línea política, del lenguaje y la manera de entender a la política como herramienta superadora. Esta etapa histórica de neoliberalismo recargado necesita de organizaciones en servicio de la sociedad con propuestas programáticas que esten permanentemente elaborando y sintetizando: "acción-reflexión, acción-reflexión".

La oposición debería dejar de divagar en la falta de respuesta coherente y unirse en función de lo que los ciudadanos necesitan imperiosamente: modificar el precario y supuesto orden establecido por un gobierno que administra al Estado como si fuera un club de fomento. Unir a los ciudadanos frente a un gobierno que deteriora a las instituciones, al Estado de Derecho, a los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes, que desnaturaliza la conciencia política de los hombres y mujeres de a pie y lo despolitizan mientras se endeudan a 100 años y reprimen ferozmente con la connivencia de "formadores de opinión" y un el Poder Judicial alejado de su función básica que no es otra que la de velar por la legalidad constitucional.

A modo de aprendizaje y reflexión final se puede afirmar que si cambian los paradigmas, cambian las personas y las organizaciones, pero las ideas siempre prevalecen.