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Opinión //// 13.09.2016
Interrogantes sobre la resolución de Ercolini

Las casi treinta páginas que conforman el escrito judicial de citación a indagatoria a Cristina Fernández dejan interrogantes abiertos, al tiempo que evidencian una penalización de la acción política bajo la lupa judicial. La inevitable emergencia del tema pospone otros necesarios debates, que deben darse en ese tablero y no en los juzgados, y reduce el piso de las discusiones colectivas.

Por Diego Kenis
El porqué del lunes es sólo el primero de los interrogantes que rondan la principal noticia de ayer 12: el juez Julián Ercolini citó a indagatoria a una figura de la centralidad de Cristina Fernández y firmó su resolución en el primer día hábil de la semana, a contramano del manual de espectacularidad que los egos y las conveniencias políticas suelen seguir para ubicar fallos calientes los viernes, a última hora, con dos días y medio por delante y las tapas y editoriales dominicales en el horizonte.
La noticia sobre la citación a CFK impactó en los portales de los diarios, capitaneados por el Centro de Información Judicial (CIJ) de Ricardo Lorenzetti y el Clarín de Héctor Magnetto. La promoción del tema al primer plano de la agenda perjudica al piso de discusión democrática e impide abordar puntos saludables, como la importancia real de la corrupción en la discusión política por la renta, la judicialización de las decisiones de un gobierno legítimo, la concreción de obras públicas como motores keynesianos de reactivación tras las crisis y la conveniencia o no de tercerizarlas, aún sin considerar la eventual corrupción.
El viernes anterior a la novedad, el nuevo abogado de Lázaro Báez, Maximiliano Rusconi, había contrariado en TN las expectativas de Diego Leuco por el uso de la nueva “ley del arrepentido”, como se pretende llamar al curioso experimento de creerle más a un condenado que a un juez incómodo o a una persona que goza de la presunción de inocencia. “No lo hablé, pero a mí todo esto de negociar información no me gusta, no me parece digno de la Justicia”, marcó tajante el letrado, considerado el mejor penalista argentino en acción privada. Por la mañana del mismo día en que se conoció la resolución de Ercolini, Télam había confirmado la audiencia de Mauricio Macri con el Papa Francesco para el sábado 15 del mes próximo, cinco días antes de la indagatoria a Cristina. El ex arzobispo de Buenos Aires sigue prefiriendo impactar en las tapas dominicales de su país. Es fácil advertir que, en principio por coincidencia, los gestos del primus inter pares serán más examinados que nunca. Ni Bergoglio desde su Puerta de Hierro ni Cristina en su septiembre del ‘45 ni Macri en su cerrazón: nadie olvida que entre el 15 y el 20 de octubre se ubica el 17.
Las preguntas sobrevuelan, abiertas, el resto del escrito de Ercolini. Se trata de una resolución que no se fundamenta a sí misma en sus escasas veintinueve páginas, que sólo enuncia hipótesis en el nudo central y desarrolla hilos secundarios, para colocar a la política como rehén de evaluaciones judiciales posteriores. 
El juez concede los pedidos de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, pero tensa la delegación de la investigación en ellos para ordenar, por sí, diferentes medidas de prueba. Evitando la virulencia que la Corte supo descargar en su colega Martina Forns, Ercolini evidencia que la información que le llegó fue incompleta. Ello no le impidió dictar inhibiciones de bienes a los imputados, un paso que la costumbre fija en el procesamiento y no en la imputación.
En el quinto punto de su primera parte, para “completar la información aportada”, el magistrado ordena extraer de internet “la ley mediante la cual se aprobó el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2011”. Aquel año electoral, el último de su primer mandato, CFK lo gobernó sin presupuesto propio, en el marco de la única victoria del “grupo A” que antecedió a la ensalada Cambiemos. Aunque mezquino por los modos y efímero, porque en aquel octubre la presidenta revalidó su mandato por 37 puntos de diferencia respecto de su segundo, ese triunfo de la oposición de entonces marca que la política ofrece otras herramientas que el nicho judicial para resolver sus disputas.
La resolución de Ercolini, en cambio, transita el sentido inverso. La causa ahorra sorpresas en sus orígenes: nació en 2008 a partir de una denuncia de Elisa Carrió y creció por presentaciones como la que la diputada Margarita Stolbizer hizo en 2014. La hipótesis central es que entre los imputados se conformó una asociación ilícita, figura penal diseñada a comienzos del siglo XX para persecuciones políticas. Hace dos años, Stolbizer no era todavía aliada del Frente Renovador de Sergio Massa y Alberto Fernández, que como jefes de Gabinete debieron ser necesariamente parte del grupo delictivo que la diputada sostiene que existió. Como ya se ha explicado, el centésimo artículo de la Constitución otorga al jefe de Gabinete responsabilidad en “la administración general del país” y, junto con los ministros de cada área, “el despacho de los negocios de la Nación”, que requiere de sus firmas para obtener validez. Ese punto incómodo vuelve inexplicable que la mira judicial pudiera saltar, en el organigrama de la supuesta asociación ilícita, del ministro Julio de Vido y sus subsecretarios a la Presidencia, sin hacer escala en el cargo que ocuparon Massa y Fernández. Será, se adivina, un punto de encerrona en el trayecto conjunto de jueces y denunciantes seriales. 
De modo análogo, tampoco queda claro cómo es que el juez cita a indagatoria a Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez, todos “del círculo de los ex presidentes” pero nombrados en sus cargos de la Agencia General de Vialidad Provincial por los ex gobernadores Sergio Acevedo y Daniel Peralta, dos adversarios internos (de distinta intensidad) del kirchnerismo en su pago chico a los que el magistrado no incluye aún en la lista de imputados.
La resolución del juez no se explica a sí misma, al no ofrecer certezas sobre el modo en que se produjo el circuito, pero además se asienta sobre bases endebles y de indudable carácter político. La concreción del presunto delito es apenas el cuarto paso de una serie fijada en tres puntos precedentes:

  • La “inserción del amigo presidencial (léase: Lázaro Báez) en el negocio de la construcción vial”
  • La “exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional”, y
  • “la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz”.

El segundo y tercer punto, presentados como pasos de la materialización de un delito, son en realidad y en evidencia decisiones políticas de un gobierno legítimo. Nada resulta más lógico que el armado de un gabinete nacional en torno a gente de confianza que acompañó a los ex presidentes Néstor Kirchner y CFK en la década y media previa, desde la política municipal de Río Gallegos a la provincial de Santa Cruz y a la esfera nacional después del colapso de la primera Alianza.
Del mismo modo, es una decisión política, más o menos cuestionable pero siempre en ese tablero, la asignación de mayor presupuesto de obras públicas en rutas a una de las provincias más aisladas y desérticas del país, sin ferrocarriles desarrollados y con pocas vías de comunicación aérea, marítima y terrestre. Ensamblar ese hecho con una cadena de suposiciones que nutren un presunto plan criminal puede entenderse como una gruesa subestimación a los compatriotas santacruceños que sufren las condiciones que su residente más conocida narró entre bambalinas a Dady Brieva.