Opinión //// 07.03.2019
El homenaje al Teniente Cáceres y el pasado reciente en las escuelas

Si el homenaje a Cáceres hubiera ocurrido en una escuela, la otra gran institución formadora de conciencia nacional, los organizadores hubieran sido sumariados porque ese es el procedimiento institucional que corresponde para directivos y/o docentes que reivindiquen el terrorismo de Estado.

Por Anita F.

El 60% de los estudiantes del nivel secundario del país dijeron, en una investigación realizada en el 2015 por la UBA y el ministerio de Educación de la Nación, que fue en la escuela donde por primera vez y con más frecuencia escucharon hablar sobre la última dictadura. Y puestos a elegir entre una serie de textos el que mejor explicaba lo sucedido, el 31,8% optó por el que decía “fue una dictadura cívico militar” y menos del 6% seleccionó el que afirmaba “fue una guerra”.

En febrero pasado, en cambio, en Tucumán, en la localidad de Capitán Cáceres hubo un acto oficial del Ejército para honrar a un hombre de esa fuerza que en 1975 cayó en un enfrentamiento con el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), el entonces Teniente Héctor Cáceres, cuyo nombre después se usó para rebautizar al pueblo. No se trata acá de juzgar el dolor de los deudos de Cáceres, ni el de su familia ni el de sus compañeros de armas, sino de discutir qué significa que una institución estatal realice un homenaje -celebrado por otras agencias estatales desde sus páginas oficiales- para recordar un hecho que forma parte del Operativo Independencia que, tal como demostró el juicio concluido en 2017, fue la antesala del terrorismo de Estado y no un eslabón de un “conflicto armado”. Así, incluso, lo expresó el mismo Acdel Vilas, primer responsable del Operativo, cuando escribió en su diario personal que el objetivo no era aniquilar a la guerrilla sino “a la guerrilla cultural” que anidaba en los estudiantes, los obreros, los dirigentes sindicales.

Si el homenaje a Cáceres hubiera ocurrido en una escuela, la otra gran institución formadora de conciencia nacional, los organizadores hubieran sido sumariados porque ese es el procedimiento institucional que corresponde para directivos y/o docentes que reivindiquen el terrorismo de Estado. Hay cantidad de ejemplos de escuelas de diferentes jurisdicciones que así lo acreditan.

La Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006, aunque no prescribe contenidos, incluyó un artículo, el 92, instando a las provincias a incluir en sus curriculums algunos temas imprescindibles, entre ellos la enseñanza del pasado reciente, en particular la última dictadura. Ese artículo señala que debe hacerse desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos y desde valores democráticos. Y utiliza una categoría precisa para definir lo que sucedió durante la última dictadura: terrorismo de Estado.

No son muchos los países que se atrevieron a delimitar con tanta justeza en sus curriculums las prácticas sociales genocidas. En Chile, por ejemplo, hasta hace un tiempo se discutía si había que denominar “régimen” o “dictadura” a los años de Pinochet. En los primeros quince años de la Alemania post Hitler, las escuelas no enseñaban nada sobre el nazismo ni sobre el Holocausto/Shoa. Recién en los años sesenta, cuando los hijos increparon a sus familias preguntándoles “¿y ustedes qué hacían durante aquellos años?”, se empezó a forjar una pedagogía de la memoria.

Definir qué enseñar y cómo hacerlo no es una discusión exclusiva de educadores, técnicos o funcionarios: el currículum es un documento público que expresa acuerdos sociales sobre lo que hay que transmitir a las nuevas generaciones en el espacio escolar. Sin embargo, para explicitar esos acuerdos sí se necesita la decisión política de una gestión.

Desde 1983 en adelante el campo educativo volvió a repensar qué significaba construir ciudadanía en la escuela después de la experiencia del terrorismo de Estado pero fue durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que la formación ciudadana abandonó la abstracción y cobró historicidad al quedar hermanada con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Si las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo construyeron un piso ético y político para reconstruir las bases de la democracia argentina, los gobiernos de Néstor y Cristina se ocuparon de que ese piso estuviera presente en las 50 mil escuelas argentinas. Fue en esos años que el 24 de marzo se convirtió en feriado nacional y que se desarrolló una política de estado de educación y memoria.

Esa política se propuso un objetivo audaz: desarmar la llamada “teoría de los dos demonios”. Discutirla en cada aula, en cada espacio de formación docente teniendo como punto de partida una premisa ético-política: un estado democrático (y una escuela democrática) no puede fundarse en la equivalencia entre la violencia estatal y otras formas de violencia, menos aún en la equivalencia entre un torturador y un desaparecido. Este objetivo venía a poner en cuestión, además, la supuesta “inocencia” de una sociedad que había sido agredida por la violencia de dos bandos simétricamente “endemoniados”. Esta discusión invitaba a que las escuelas asuman el desafío de pensar cómo definir “lo justo” después de la experiencia del terror.

Por supuesto que una política educativa de esta índole exigió la decisión y el compromiso de una gestión. El cambio de dirección política del estado nacional implicó el declive de ese compromiso, un incentivo para que algunos actores se sientan autorizados para volver a hablar en términos de “guerra” o de “memoria completa”. Lo novedoso de estas voces no está en su conceptualización, ya que siempre la tuvieron, sino que ahora exigen que, además de ser reconocidos como “salvadores de la patria”, se les haga una suerte de “reparación histórica” por cómo fueron tematizados durante los años del kirchnerismo.

Difícilmente en las escuelas argentinas podría ocurrir sin consecuencias algo similar a lo del Ejército en Capitán Cáceres. Hay un piso de acuerdos, hay una normativa vigente, y existe, sobre todo, el compromiso de las escuelas, los sindicatos y los docentes. Es decir: tal vez hoy no sean los consensos básicos de Memoria, Verdad y Justicia los que están amenazados sino las políticas de estado articuladas en torno a esas nociones y construidas durante los años del kirchnerismo. Porque esas políticas, como decía Walter Benjamin, sabían que articular el pasado es “apoderarse de un recuerdo como relampaguea en un instante de peligro”, es decir: sabían que no hay garantía de que los muertos estén a salvo si vence el enemigo.