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Opinión //// 09.12.2019
Baja calificación

La encrucijada económica que recibirá el nuevo gobierno popular debe resolverse tomando como premisa a la recuperación del trabajo de argentinos y argentinas. Por Enrique Martínez.

Por Enrique Martínez (*)

Comienza un gobierno popular.

Son millones los que necesitan salir del hambre y huir de la pobreza.

Son miles los responsables de implementar políticas para que eso suceda y otros miles los que discurrimos acerca de las mejoras formas. Tal vez hay un denominador común central: todos creemos que el trabajo es un componente central de la solución.

Tener un trabajo. Individual, grupal, familiar, en relación de dependencia o no. Produciendo bienes o brindando servicios que los compatriotas requieran o que les sean útiles.

En este escenario de numerosos senderos es que comienzan las diferencias.

La cultura dominante señaló durante mucho tiempo que serían los emprendedores capitalistas quienes resolverían gran parte de las necesidades de trabajo. La responsabilidad de un gobierno, en ese marco, sería facilitar la capacitación de una oferta laboral masiva; la financiación de planes de infraestructura a ser ejecutados por las empresas; crear un clima de negocios favorable a la inversión. Esa oferta encontraría así su demanda adecuada.

Eso no pasó nunca, a satisfacción plena, desde hace medio siglo. Ni siquiera con un gobierno que estimuló el consumo interno durante doce años y pudo reducir el desempleo al seis por ciento, si bien referido a una baja proporción de población económicamente activa, comparada con el mundo central, pero que dejó el gobierno con un nivel de pobreza entre 22 y 25 por ciento.

Al presente, la situación de subconsumo es desesperante y se necesitan ideas para la emergencia. Aparecen entonces los planes de ocupación masiva, a fogonear desde el gobierno, sin esperar a los “inversores”. Algunos movimientos sociales, que representan sectores hoy excluidos del campo laboral, sumados a observadores especiales, como un observatorio de la Universidad Católica Argentina, proponen entonces avanzar con programas de atención de necesidades sociales, que requerirían “baja calificación” laboral.

Se habla de cuidadoras domiciliarias; vivienda e infraestructura social a cargo de cooperativas de “pala y pico”; recuperación y reciclado primario de residuos y algunos campos no demasiado especificados de producción de alimentos. Sin conocer exactamente el sentido del término usado, interpreto que por baja calificación se entiende la posibilidad de capacitar en breve plazo a muchas personas, por tratarse de tareas simples.

Diferenciemos los servicios personales de la producción de bienes.

Un paseador de perros, una entrega de comida preparada, el cuidado de un anciano o de un enfermo, manejar un taxi o tantos otros servicios personales, requieren experticias variadas, de también densidad diversa, que deben ser adquiridas dentro de un protocolo cuidadoso, sobre todo cuando está en juego la salud o hasta la vida de alguna persona. Pero además, los capacitados necesitan una protección especial al ingresar al mundo del trabajo, para evitar que su aporte sea cooptado por intermediarios organizadores del vínculo con los usuarios o aportantes del capital necesario, por mínimo que sea éste.

Los peones de taxi o quienes trajinan bicicletas portando pizzas, podrían contar muchas cosas sobre esta cuestión.

Al no tener en cuenta estas posibilidades se corre el riesgo de promover trabajos, pero de tal modo no ayudar a emerger de la pobreza a compatriotas, porque otros se quedarán con el fruto de su esfuerzo. La solución es relativamente simple para los casos descritos, pero también es habitual no prestar atención a ella.

Más complejo aún es el caso de la producción de bienes. La posibilidad que millones de compatriotas se inserten en cadenas de valor de producción de vivienda; de infraestructura; de energía renovable; de recuperación y reciclado de materiales desechados; de lácteos, de pollos, de hortalizas a escala local en miles de localidades; es bien concreta, recomendable y puede constituir un camino de corto y mediano plazo hacia la plena ocupación.

Pero el diseño de cada ámbito debe ser afinado para conseguir la meta de asegurar el acceso a trabajos dignos y sustentables. Esa afinación incluye eliminar, descartar, enterrar el término “baja calificación”.

Que haya una baja calificación para una tarea implica que hay otra que es alta. En términos capitalistas, en consecuencia, habría quienes son más tenidos en cuenta por los empresarios y recibirán mejor remuneración que otros, menos productivos y por lo tanto con ingresos inferiores.

Si los trabajadores se organizan en cooperativas, como alternativa, tener menor formación será causa de menor productividad relativa y llevará a la necesidad de depender de un subsidio estatal o de competir con otros ámbitos privados en base a menores salarios. Sería la famosa auto explotación, tan elogiada por Castillo, el rey derrocado de La Salada, como explicación de quienes tienen éxito en ese ámbito.

La norma de trabajo debe ser más bien la contraria. La tecnología utilizada y la formación de los trabajadores deben asegurar la mayor eficiencia posible en la tarea, en el contexto social argentino vigente. Solo esta condición llevará a que los trabajadores populares no dependan de compradores abusivos de su trabajo o de sus productos En la gran mayoría de los casos no se requiere formaciones académicas complejas. Se necesita, en cambio, insertar a los compatriotas en eslabones de la cadena de valor donde no sean explotados por otros eslabones dominantes.

No se trata de tener trabajadores golondrina cortando flores de maíz con tijera a mil kilómetros de su casa, cuando en Estados Unidos esa tarea se hace a máquina. Se trata de eliminar la necesidad de ese trabajo, generando espacios productivos locales para los que ya no serán migrantes y obligando así a las empresas a utilizar las máquinas, que seguramente a la vez se pueden diseñar y construir en el país.

No se trata de diseñar carros de cartonero que se puedan trasladar con más facilidad. Se trata de diseñar y llevar a la práctica sistemas de separación en origen; facilitar a los recuperadores el acceso a medios de transporte adecuados; capacitar para operar plantas locales de separación e implementar enérgicas políticas de reciclado con agregado de valor, que los liberen de la dependencia de oligopolios compradores de cartón, plástico o vidrio.

No se trata de reservar un porcentaje de las obras públicas para que cooperativas locales las hagan prácticamente a mano. Se trata de establecer, por el contrario, que toda obra pública local la hacen los locales, salvo razones técnicas específicas en contrario; con la consiguiente obligación de promover emprendimientos comunitarios y acompañarlos para que tengan el mejor equipamiento posible y la experticia necesaria.

Algunas de las propuestas pueden llevar tiempo para ser plenamente implementadas. Pues entonces se podrá pagar a los involucrados su formación en el trabajo, como lo hace cualquier corporación, que tiene programas internos de preparación laboral que suelen llevar años. Siempre será mejor este camino que generar estructuras de baja eficiencia o en el límite, pseudo trabajos.

Lo esencial no es solo sumar gente rápidamente al trabajo, sino garantizar que ese paso contribuye de manera sólida a la salida de la pobreza. Por lo tanto, no hay que ver el árbol sino el bosque y la relación entre los distintos estratos para tener la tranquilidad que todos podrán crecer.

Un concepto resumen: el trabajo digno nunca podrá ser de baja productividad. Este atributo –mal atributo– pronostica la dependencia de un intermediario o la necesidad de un subsidio, que nunca será suficiente, o finalmente un ingreso pobre. Cualquier proyecto de generar trabajo en un país tan golpeado como el nuestro, puede comenzar por esquemas de cualquier modestia que se crea conveniente. Sin embargo, no debe detenerse hasta que la productividad se sume al escenario en términos virtuosos.

(*) Ingeniero, miembro del Instituto para la Producción Popular (IPP).