Géneros //// 27.02.2019
Tucumán: “Están poniendo en peligro a las mujeres más pobres”

Así lo denunció Cecilia Ousset, médica y miembro de la Red de Profesionales por la Vida y el Aborto Legal, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO.

Por Soledad Allende

En la provincia de Tucumán y otra provincias del Norte argentino parece existir un entramado de relaciones de poder que involucra a directores de hospital, operadores de justicia y funcionarios provinciales. Estos actores no sólo están obstaculizando las interrupciones voluntarias del embarazo (ILE), y violando todos los protocolos que existen, sino que en muchos casos han llegado a tener prácticas violentas con mujeres que acuden al hospital con abortos en curso.

Algunos ejemplos de estas violencias, que son de público conocimiento, tienen que ver con la práctica de un legrado sin anestesia y la denuncia penal de mujeres que acuden al hospital con abortos en curso; una de las cuales llegó a cumplir una condena de 3 años de prisión. Se trata de cuestiones que están fuera de los marcos de la ética profesional, e incluso, de la medicina legal.

En éste contexto se inscribe el caso de la niña tucumana de 11 años, a quien se le negó el acceso a la ILE aun habiendo hecho el pedido expreso de interrumpir su embarazo, y que fue obligada en el Hospital Eva Perón a proseguir el embarazo a los fines de culminar en una cesárea, tal como ocurrió con la niña jujeña de igual edad.

La Dra Cecilia Ousset, es médica especialista en ginecología y obstetricia, e integrante de la Red de Profesionales por la Vida y el Aborto Legal, que acompaña a la Campaña Nacional por la Legalización del Aborto. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO (la entrevista se realizó antes de que se hiciera, finalmente, la intervención a la niña) reflexionó sobre los intereses que hay detrás de la obstaculización de las ILE, y el clima de violencia política que se fomenta a través de las manifestaciones violentas de los pañuelos celestes en las instituciones de salud, así como las persecuciones que sufren profesionales de salud y sus familias que integran la Red.

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo caracteriza la red de complicidades que se construyó en torno a la obstaculización del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos ya adquiridos por las personas gestantes?

Cecilia Ousset: En Tucumán no sólo hay un entramado político entre el poder ejecutivo y el judicial, ese entramado involucra también la iglesias católica y las evangelistas, que tienen gran influencia en el legislativo y también en el electorado. Éste es un año electoral y nosotros como profesionales lo tenemos muy claro. Creemos que en el caso de ésta niña de 11 años, donde no se practica la ILE y la van a obligar a tener una cesárea como la niña de Jujuy, hay un objetivo que es conformar a un electorado que está en contra de las leyes que protegen los derechos humanos.

Elizabeth Àvila, directora del Hospital donde se encuentra internada la niña, se ha mantenido callada. La situación en este hospital es atípica, porque los profesionales de los equipos de salud mental y del servicio social no estàn asistiendo a la niña.

El director de salud mental y adicciones de la provincia, Dr Walter Sigler, está asistiendo personalmente a la niña, sustituyendo al equipo de salud mental del hospital y siendo él, además, psiquiatra de adultos y no de niños: ¿Por qué el gobierno envía funcionarios a hacer asistencia, habiendo profesionales donde la niña está internada?, ¿Por qué Vigliocco, viceministro de salud y pediatra, dijo tan irresponsablemente que la niña estaba en condiciones de maternar porque pesa más de 50 kg?, ¿Por qué la Dra Obeid, jefa del servicio de Tocoginecología del Hospital Eva Perón, antes practicaba las ILE y ahora guarda silencio sobre el caso de la niña de 11 años obligada a proseguir con el embarazo?

El año pasado, el vicegobernador Jaldo impulsó exitosamente la iniciativa de declarar a la provincia Pro Vida y Cuna del Niño por Nacer. Luego hubo un legislador de apellido Caponio que propuso una ley para dejar de practicar las ILE y otorgar subsidios para apoyar la crianza de niños, sin importar el deseo de la paciente de no continuar con un embarazo que es producto de una violación. Parece que eso es muy difícil de comprender.

Aquí no hay un desconocimiento de las leyes, ni de los protocolos, ni de los derechos del niño, ni del daño que provoca que una niña esté embarazada. Aquí hay conveniencias políticas, y un deseo de caerle bien a un electorado estructurado, patriarcal e hipócrita que lidera las encuestas en nuestra provincia.

APU: ¿Creé que hay un recrudecimiento de las prácticas de violencia institucional que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde que se masificó la lucha por la legalización del aborto?

C.O: En realidad el Norte del país se caracteriza por practicar la menor cantidad de ILE en nuestro país. Sin embargo, antes no veías manifestaciones en la puerta de los hospitales de las personas con pañuelos celestes, o la exposición de las niñas y mujeres que tenían que practicarse las ILE. La judicialización de las ILE ahora es rapidísima. Y las causas las toma como una causa personal la fiscal Gianolli.

Jamás había visto yo que un gobernador, que además fue ministro de salud (Manzur) encabezara una marcha a favor del aborto clandestino, poniendo plata para sonido, iluminación, etc.

Entonces creo que sí. Desde que esto se puso en debate y la sociedad tomó partido, se han formado dos bandos, y las personas en contra de la legalización del aborto comenzaron a manifestarse de manera muy violenta en clínicas y hospitales, incluso poniendo en peligro la libertad de los trabajadores de la salud.

La situación que se vive en Tucumán es muy grave. Muchos integrantes de nuestra Red tienen miedo a perder su trabajo o a ser agredidos. Sin ir más lejos, a mí y a mi familia, después de mi exposición en la cámara de senadores, nos pasaron muchas cosas. El colegio católico al que iban mis hijos dejó de aceptarlos. Mis hijos, que son niños, han sufrido un hostigamiento tremendo, con agresiones físicas y psicológicas. Esto me llevó a denunciar al colegio ante el INADI y el ministerio de educación. Mi familia es muy consciente de esta lucha, que es una lucha por la justicia social, y no vamos a claudicar. Pero los antiderechos no tienen límites, y se meten con los niños también.

APU: Hay organizaciones y personas que se reivindican católicas o evangelistas que están a favor de la legalización del aborto. ¿Pensás que el pañuelo celeste se identifica con la religión o te parece que es una utilización político-electoral de estas alternativas de derecha para generar adhesión hacia ideas antiderechos en general?

C.O.  Yo creo que no sólo en las iglesias, sino que en las familias, en los clubes, en todos lados hubo dos posturas. De hecho yo soy catolica practicante, y no estoy a favor del aborto en sí, pero sí a favor de su legalización. Porque las únicas que sufren son las personas gestantes que han sido vulneradas en sus derechos, que son pobres y no tienen acceso a la información, y que no pueden pagar un lugar con buenas condiciones sanitarias. Hay mucha gente de la iglesia que comparte mi idea. De hecho los curas de la opción por lo pobres me han acompañado y apoyado diariamente con todo a lo que me tuve que exponer. El arzobispo de Tucumán hizo una bajada de linea importante, que se está cumpliendo, pero no todos los sacerdotes piensan igual.

Lo que más une a la Red de profesionales por la vida y el aborto legal es que somos personas religiosas y no religiosas, e incluso hay objetores de conciencia adentro. Yo, por ejemplo, no soy capaz de hacer un aborto, pero sé que otros colegas si; derivamos tranquilamente y nos respetamos. Tenemos que tener el suficiente amor y apertura para saber que hay inequidad social, que tenemos que llegar a la justicia social, y que las acciones de cada uno quedan en la vida y la conciencia de cada uno.

El poder ejecutivo, judicial y el legislativo provincial está poniendo en peligro a las mujeres más pobres, porque hacen que tengan terror de acudir a los hospitales. Cuando llegan esas mujeres, arrojadas a la clandestinidad por estos poderes, no podemos hacer nada. Los abortos no van a disminuir pero si van a aumentar las muertes, los avasallamientos a los derechos de las mujeres. Esto es lo que más nos preocupa como grupo, porque lo que nos une es la salud pública, el amor y la justicia social, más allá de las diferencias religiosas y políticas.