Géneros //// 05.09.2018
San Miguel: “Las mujeres se embarazan porque las incentivan enseñando métodos anticonceptivos”

Tres historias, un mismo desenlace: persecución y hostigamiento por parte del municipio de San Miguel, Buenos Aires, a profesionales de la salud que brindaban acceso justo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo e información en materia de salud sexual y reproductiva.

Por Paula Bellingeri y Julia Pascolini

En San Miguel, provincia de Buenos Aires, tres profesionales fueron desplazadas de su cargo sin justificación. Desde comienzos de este año, el municipio fue testigo de reiteradas denuncias producto de políticas de hostigamiento, persecución, despidos y vulneración de derechos hacia las y los trabajadores de la salud. En este caso se trata de profesionales que brindaban, conforme a la ley vigente, acceso a la información adecuada y garantizaban ILEs (Interrupción Legal de Embarazos) desde la Secretaría de Salud y Bienestar familiar.

Las despedidas acuerdan en que las y los funcionarios de la Secretaría de Salud responden a la línea de ajuste y persecución ejercida por parte de la actual gestión municipal, que está a cargo de Jaime Méndez, de Cambiemos (responde a Joaquín De la Torre). Se trata de los mismos sectores que impulsaron, en conjunto, una consejería llamada “Guadalupe” en el hospital Larcade, cuya función es intervenir en el proceso de ILEs, promoviendo la obstrucción de la práctica de interrupción voluntaria del embarazo.

La persecución política

El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo fue rechazado por el voto de 38 senadores. En palabras de Ana Paula Fagioli, médica integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, esto “promueve la clandestinidad y muerte”.

El municipio de San Miguel impulsó desde comienzos de año “políticas de desidia, políticas que buscan hacernos volver a tiempos arcaicos. Las mismas que consideran que los métodos anticonceptivos no pueden ser incorporados en relaciones sexuales con fines de placer. Que no buscan, tampoco, la defensa de las dos vidas sino el terror, el miedo y la exclusión de determinados sectores de la población que conforman al sistema de salud”, aseguró Fagioli en comunicación con AGENCIA PACO URONDO.

En 2002, la Ley de Reproducción Sexual y Procreación Responsable puso sobre la mesa tanto su modalidad de ejecución así como también las discusiones en torno al deseo y la reproducción a partir de la elección de cuerpos autónomos. Promovido en el año 2010 y sentenciado en 2012, el fallo conocido como FAL (siglas de la mujer violentada a partir de la cual se aprueba el fallo) consideró los alcances de la ley de interrupción del embarazo según las causales correspondientes e incentivó al rol activo de las y los trabajadores de la salud. Es la legislación vigente hasta la fecha.

Las políticas de la actual gestión de San Miguel buscan “forzar a las trabajadoras y a los trabajadores a ir en contra de leyes que efectivamente rigen en nuestro país”, describieron desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Acerca de la creación de la Consejería “Guadalupe”, Fagioli describió: “En municipios como los de San Miguel lo único que se busca con estas consejerías es restringir el acceso a la salud, fomentando así prácticas clandestinas e inseguras”. Las personas con capacidad de gestar quedan entonces desprotegidas en un marco que legalmente sí las contiene.

Por su parte, Silvana Rodríguez, trabajadora social despedida del Centro de Salud María Lobato, agregó en diálogo con AGENCIA PACO URONDO que se trata de una persecución ideológica y política.

“En mi caso el despido fue en mayo y no hubo argumentos. Fue producto de mi acompañamiento y derivación de una ILE a la maternidad Estela de Carlotto”, dijo. Esta y otras situaciones no sólo desencadenaron su desplazamiento del cargo sino también una persecución constante hacia su persona. “Basta de despidos por persecución política, por condenar a aquellos trabajadores o trabajadoras; en este caso, a las tres personas que respetamos los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar más allá de la impronta moral que el municipio quiere imponer”, explicó Rodríguez.

La licenciada obstétrica del Centro de Salud Castelo, Carina Luchetti, agregó que las persecuciones políticas tienen antecedentes históricos en el municipio, especialmente por su carácter fervientemente católico. “Ha venido muchas veces Pablo de la Torre, Secretario de Salud (hermano de Joaquín de la Torre que actualmente ejerce en la secretaría de Gobierno de María Eugenia Vidal), a la sala con el objetivo de sacar carteles de las consejerías, retirar los preservativos que se brindaban a la comunidad, a la vez que nos pedía a quienes trabajamos allí que los ocultáramos para que no hubiera problemas con Pablo de la Torre”, explicó. “Las mujeres se embarazan porque ustedes las incentivan enseñando métodos anticonceptivos”, relató Luchetti que le dijeron desde el municipio.

¿Qué maternidad?

“La maternidad es un hecho deseante y político”, afirmó Fagioli. Además, la médica de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir consideró fundamental el ejercicio de la libertad de elección sobre los cuerpos y, en relación a este derecho, resaltó como prioridad al rol que ejercen las y los trabajadores de la salud.

El horizonte de la Red es la promoción de políticas públicas que acompañen y den contención en materia de salud; a diferencia de las políticas de vulneración que ofrece el municipio de San Miguel. No se trata únicamente de políticas que atentan contra los derechos de autonomía sobre lxs cuerpxs gestantes, sino que además se está negando la posibilidad de acceder conforme a la ley a estos derechos. “No vamos a permitir que se vulneren los derechos de las trabajadoras por garantizar el derecho a la información sobre métodos anticonceptivos, sobre una sexualidad plena, libre y placentera. Estamos en alerta porque se siguen vulnerando los derechos de las personas con capacidad de gestar”, denunció.

Por su parte, Silvana Rodríguez manifestó que la gestión del actual intendente de San Miguel, Méndez, sucesor de de la Torre, está vinculada a las políticas implementadas a nivel provincial por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Esas acciones van en línea contraria a garantizar el derecho a la implementación de la Ley IVE. Esto hace que para las mujeres y personas con capacidad de gestar se anulen las prácticas aún contempladas por el protocolo nacional de interrupción voluntaria del embarazo.

Tres despidos por garantizar derechos

La trabajadora social Cecilia Ayala y la obstetra Carina Luchetti fueron desplazadas de sus cargos el 23 de agosto de 2018. El despido de la primera tuvo como único argumento la orden de la Senadora Nacional María Belén Tapia (Cambiemos), luego de su visita al centro de Salud Marta Antoniazzi. La razón fue un cartel que decía “Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos”. “Atenta, aparentemente, contra la política Pro Vida que promueve el propio municipio de San Miguel”, dijo Silvana.

Resulta evidente que la razón del desplazo no fue producto del desempeño de Ayala. Ya que el propio Diego Lambert, subsecretario de salud del municipio, atendió a su necesidad de encontrar otro trabajo ofreciéndole una carta de recomendación.

Con respecto al caso de Luchetti, ella llevaba 14 años en el centro de salud Cándido Castelo. El desplazamiento fue promovido por el doctor Alejandro Pittaro, Jefe del Programa Materno Infantil del Primer Nivel de Atención en el Hospital Larcade.

Luchetti fue citada por el Subsecretario de Salud a una reunión el 23 de agosto. Allí le comunicaron que su desplazamiento del cargo tuvo que ver con “la incomodidad e insatisfacción” por parte de Pittaro acerca de la ejecución de sus funciones como profesional: ¿Por qué despedir a alguien a quien no conoce y con quien no tuvo vinculación? El responsable de su despido no es, siquiera, el superior directo del área en el que ella se desenvolvía.

“No vuelvas bajo ningún punto de vista a la sala, no vayas al lugar de trabajo y quedate tranquila ante la situación”, le dijo el Subsecretario Lambert a Luchetti y agregó que “es una medida política y te tenemos que echar, no sos funcional para el trabajo en salud del primer nivel en el municipio de San Miguel”. La medida fue cuestionada de inmediato por las responsables del sector.

“Yo soy una simple obstetra que trabajaba en una sala y era feliz con su trabajo, y me vi envuelta en esta situación y en esta persecución política cuando en realidad no estaba haciendo nada malo más que empoderar y darle el acceso a la información como derecho a las mujeres y personas con capacidad de gestar”, concluyó Luchetti.