Economía //// 23.06.2017
Reinstauración neoliberal de la economía argentina: la hoja de ruta del FMI

La economista Mercedes Marcó del Pont analiza en exclusiva para Agencia Paco Urondo la amenaza de una mayor intervención del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, como denuncia el programa presentado por Unidad Ciudadana.

Por Mercedes Marcó del Pont

A fines de 2016 el FMI elevó el informe con las conclusiones y recomendaciones de política que surgen de la revisión de la economía argentina llevada a cabo en cumplimiento del artículo IV del convenio constitutivo del organismo.  Este monitoreo periódico se encontraba suspendido desde el año 2006. El trabajo no es novedoso en su diagnóstico ni tampoco en su propuesta ya que reproduce los contenidos conceptuales e instrumentales que han estado en el ADN del FMI por alrededor de setenta años. Acrítico al fracaso recurrente que evidenciaron sus programas de asistencia a los países miembros, no se aparta en una coma de su diagnóstico ortodoxo que centra todos los problemas en la “dominancia fiscal” (desequilibrio de las cuentas públicas) y en las “rigideces” de la oferta, (fundamentalmente asociadas a la existencia de regulaciones protectoras de los derechos laborales). Con la miopía y descontextualización histórica que lo caracteriza, el FMI repite sus archi conocidas recomendaciones que conducen, en todos los lugares y en cualquier situación, a la necesidad de ajustar el gasto y flexibilizar las condiciones del mercado de trabajo.     

Quizás en otro contexto político de la Argentina carecería de interés detenerse a analizar las recomendaciones de política que hace el FMI. Se trata de un organismo desacreditado, con apenas 8 países que actualmente se encuentran dentro de un programa de asistencia de tipo Stand by del FMI ( muy lejos de los 19 de los dorados años 90  ). Además nuestro país no tiene – todavía -  un acuerdo vigente con dicho organismo por lo cual las “sugerencias” realizadas no poseen status de condicionalidad.  Sin embargo en el marco de la reinstauración neoliberal en la que vuelve a estar inmersa la economía argentina,  el rol que asume el FMI está lejos de ser neutro. Aparece casi como un “alter ego” del actual gobierno por lo que resulta útil repasar las principales advertencias e indicaciones que hace en su reporte, no sólo porque permite vincularlas con decisiones ya impulsadas a lo largo de los últimos dieciocho meses sino también porque anticipa contenidos de su estrategia futura, que aspira a profundizar a partir de octubre..
La dinámica exhibida por el sector externo, caracterizada por la ampliación del desequilibrio de la cuenta corriente y la intensificación de la fuga de capitales  estaría indicando que el gobierno podría enfrentar, más temprano que tarde, dificultades de financiamiento. La escandalosa colocación de deuda a 100 años recientemente realizada refleja, por un lado, la persistente priorización de los buenos negocios financieros - no sólo en términos de rendimientos sino también de comisiones – para sus principales socios del establishment financiero pero también, por otro lado, la desesperación por echar mano del endeudamiento para cubrir el agujero negro  de la fuga de capitales que exhibe máximos históricos. Nada nuevo bajo el sol, están endeudando al pueblo argentino para viabilizar la fuga de unos pocos ( de acuerdo a los datos del BCRA ese drenaje de excedente están en cabeza de alrededor de 700.000 personas físicas y jurídicas ).

En este escenario no puede descartarse que después de las elecciones de octubre se vuelque a firmar un acuerdo con el Fondo. A partir de allí las “recomendaciones” pasan a ser “condicionalidades”.
Como mencionamos, gran parte del documento elaborado por el equipo del FMI gira en torno al objetivo de reducir el déficit fiscal recurriendo a la fallida receta ortodoxa de bajar impuestos y achicar el gasto público.  El informe se detiene especialmente en el análisis del gasto en salarios, subsidios a la energía y en las erogaciones en educación y salud, definiendo un orden de prioridades que involucra el recorte de los planteles de empleo público nacional y provincial, la remoción de los subsidios a la energía y la reducción del gasto en salud. También enfatiza la necesidad de restaurar la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social.

En relación al Sistema de Seguridad Social, el informe del FMI reconoce que la “Ley de Reparación Histórica” impulsada por el gobierno ha introducido nuevos riesgos de sostenibilidad al sistema ya que compromete erogaciones futuras difícilmente financiables sin la utilización de una parte considerable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Cabe alertar que este desfinanciamiento de naturaleza estructural que generó la mencionada reforma previsional se verá inevitablemente acentuado si el gobierno avanza en su propuesta, también recomendada por el FMI, de recortar las contribuciones patronales. Siguiendo con su libreto habitual el organismo recomienda que para abordar estas inconsistencias inter temporales, se modifique la fórmula de ajuste de las jubilaciones al estilo del fallido intento del gobierno de cambiar el cálculo de la movilidad jubilatoria. Sugiere además reducir la relación entre el beneficio y el salario del trabajador activo y aumentar gradualmente la edad jubilatoria de las mujeres. Se trata sin duda de propuestas que el gobierno intentará incluir en la reforma “integral” que propone discutir en el 2019.

Muy al pasar el documento también celebra que el gobierno haya vuelto atrás en el  “involucramiento en industrias privadas”. La decisión del Poder Ejecutivo de vender en la Bolsa de Comercio las acciones de la empresa Solvay Indupa (el FGS era propietario de casi el 17% del paquete accionario) se presenta como una de las contracaras de esa exhortación fuertemente ideológica realizada por los funcionarios del FMI. Se trata de los primeros pasos, todavía cortos en función de la relación de fuerzas vigente ( el veto a leyes de expropiación paradigmáticas como las del Hotel Bauen va en igual sentido ) pero que sin duda ponen de manifiesto  la aspiración del gobierno de avanzar en  una nueva enajenación de empresas públicas de carácter estratégico.

No menos preocupante es advertir la referencia que el documento del FMI hace al  “elevado” gasto en educación y salud (que sin contextualizacion alguna compara con el promedio de los países emergentes). En el caso del gasto en salud el documento utiliza el eufemismo para justificar el ajuste de que hay  espacio para generar “ganancias de eficiencia”. Lo cierto es que el recorte ya llegó a esas áreas sensibles en un contexto de notable deterioro en las condiciones sociales.  En 2016 el gasto público en salud creció menos que el nivel promedio y perdió un 6% en términos reales. La proyección presupuestaria para este año reproduce esa dicotomía y la acentúa ya que el incremento pautado es de apenas el 17% por debajo de la tasa de inflación prevista para este año. La decisión de desactivar el Plan  Remediar (sin que su lugar se planteara un programa alternativo integral) o el recorte de la cobertura del PAMI son ejemplos elocuentes del costo social que está provocando este ajuste.

Creo que es necesario advertir que el problema no es el FMI (el gobierno anterior mantuvo el vínculo, hasta hizo el art IV en 2006, preservando la autonomía plena para ir en contra de su libreto neoliberal), sino el gobierno de Macri. En menos de un año y medio ha reinsertado a nuestro país plenamente en la lógica de la valorización financiera, pulverizado el mercado interno y destruido derechos.  Pero requieren de ajustes todavía más salvajes en términos de disciplinamiento laboral y vaciamiento del Estado para consolidar su proyecto. No hay duda que para el pueblo argentino esta no es una elección de medio término más. Es mucho lo que se juega en octubre.