Economía //// 20.03.2017
Investigación: La Unidad de Impunidad Financiera

La caída de todas las investigaciones por lavado de activos revela la fuerte influencia de los lobistas de la city porteña en el organismo. Su rol mediático como defensora oficial y la conexión HSBC. 

Por Juan Cruz Guido

Luego del cambio de gobierno, en diciembre de 2015, un reconocido estudio jurídico, a cargo de la representación letrada del banco HSBC, brindaba ante el inminente cambio de preceptos políticos y éticos con respecto al lavado y la evasión fiscal. Las presunciones de este cambio se sustentaban en las declaraciones de Mariano Federici, actual titular de la Unidad de Información Financiera, que en ese momento ya sonaba para el cargo. El ex abogado del Fondo Monetario Internacional aseguraba que bajo su gestión no se perseguiría la fuga de capitales y las acciones de lavado vinculadas a empresas y a privados, sino que se centrarían “en la financiación del terrorismo y el narcotráfico”.

De esta manera, la administración macrista enviaba un claro guiño a los operadores de la citi porteña, encargados de diseñar la arquitectura financiera para la huida de divisas del país y el ocultamiento de dinero en el exterior para evitar pago de impuestos.

Federici a la UIF, el HSBC al poder

De la mano del abogado asesor del FMI desembarcó, como vicepresidenta del organismo, María Eugenia Talerico. Ambos son abogados egresados de universidades privadas (Federici de la Universidad Católica y Talerico de la de Belgrano) y tienen un largo recorrido por estudios jurídicos vinculados al lavado de activos y la evasión fiscal. Aunque, en los dos casos, la experiencia acumulada corresponde a haber litigado del otro lado del mostrador que hoy atienden. La segunda de la UIF representó al Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) en tres expedientes abiertos por la UIF. Los mismos se encuentran hoy en queja ante la Corte Suprema de Justicia.  Allí la abogada había esgrimido la falta de legitimidad de UIF como organismo capaz de sancionar. Dichos argumentos fueron leídos por las entidades que impugnaron su nombramiento. Las acusaciones sobre el banco internacional tenían asidero en un investigación conjunta entre varios países, iniciada a partir de las revelaciones del ingeniero en sistemas Herve Falciani. Las filtraciones realizadas por el técnico confirmaban que la filial suiza del banco fomentaba el fraude fiscal, garantizándoles a sus clientes la posibilidad de lavar activos y esconderlos del fisco. En ese sentido, HSBC Argentina fue investigada por la UIF, que recibió reportes de operaciones sospechosas de la AFIP y bancos nacionales, y luego por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a cargo, en ese momento, de Carlos Gonella. Según lo dictaminado por el Fiscal General, la cifra exacta de la sumatoria de las operaciones tendientes a blanquear dinero procedente de actividades ilícitas asciende a $ 397.030.616,97.

Carlos Gonella y Pedro Biscay, en su momento coordinador del área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, señalaron que el accionar fraudulento había sido posible “gracias a que el HSBC Bank Argentina S.A. omitía deliberadamente cumplir con su obligación de informar a la AFIP de la existencia de las cuentas de Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios S.R.L. en dicha entidad en las que se depositaban los cartulares [cheques], puesto que sólo comunicaba al organismo recaudador cuentas bancarias que carecían de movimientos, y atribuía las que sí lo tenían al CUIT 27-00000000-6 de carácter genérico, lo que impedía a las autoridades la trazabilidad de las operaciones realizadas. En definitiva, se detectaron una serie de operaciones sospechosas que dan cuenta de un incesante e importante flujo de dinero desde cuentas bancarias de una firma que egresan con motivo de operaciones comerciales fraguadas y que ingresan a cuentas que han sido intencionalmente ocultadas por la entidad bancaria para inmediatamente ser retiradas".

Con el cambio de gobierno y la complicidad manifiesta entre las entidades a ser controladas y los controladores, las acciones judiciales contra el banco oriundo de Hong Kong se cayeron. El contexto político, sumado a una inusitada presión al poder judicial, determinó que, el 8 de agosto del año pasado, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo anulara las sanciones dispuestas por el Banco Central contra el banco.

Los magistrados reconocieron la “potestad sancionatoria” del BCRA y ratificaron el faltante de legajos y el incumplimiento de los requisitos en las operaciones denunciadas. En ese sentido, declararon que el accionar “demuestra que los sancionados no habrían asumido una conducta por completo diligente en el cumplimiento de sus obligaciones específicas”.

De todas maneras, los camaristas Marcelo Duffy y Rodolfo Vincenti fallaron insólitamente a favor del banco asegurando que “no se verificó la existencia de dolo (intención) en los directivos responsables ni de daños a terceros y al propio BCRA, al igual que tampoco de beneficios comprobados en la persona de los sancionados”. A pesar de la contundente prueba aportada por la UIF y la PROCELAC en torno al accionar delictual del HSBC, los jueces exculparon a los directivos de la entidad bancaria.

Funcionarios bienmandados

Una vez en el cargo, la nueva conducción de la UIF siguió los lineamientos planteados por el gobierno de Mauricio Macri. Abandonaron las investigaciones que incluían a instituciones financieras para reportarse como especialistas técnicos en causas de interés para el presidente. En los dos expedientes que más complican al primer mandatario, sus cuentas reveladas en los Panamá Papers y las transferencias que recibió el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, de un “valijero” de Odebrecht, la Unidad Antilavado presentó “informes técnicos”. Ambos expedientes son instruidos por el fiscal federal de Federico Delgado.

En la causa que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello, a raíz de la investigación iniciada por la filtración de cuentas en Panamá, la Unidad de Información Financiera desligó al presidente de un hecho delictual. En la presentación del organismo, en carácter de secreto, se aseguró que Kagemusha, la sociedad offshore en la cual Mauricio Macri figura como director, "no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas, o criminalidad organizada”. No obstante lo declarado, la UIF no aporta prueba contundente que respalde su intento por exculpar al presidente de maniobras financieras en paraísos fiscales.

A pesar de la referida defensa a la figura presidencial, la UIF se excusó de opinar sobre el cuestionamiento que el fiscal Delgado había realizado sobre la declaración patrimonial del presidente. En su declaración jurada, Mauricio Macri omitió informar sobre su actividad en sociedades fuera del país.

En lo que respecta al expediente abierto contra el amigo íntimo del presidente y ex escribano de SOCMA, Gustavo Arribas, la UIF se presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y se mostró en plena sintonía con lo expuesto en el frente judicial y parlamentario por el director de la AFI. El informe, presentado ante el juzgado bajo el número N° 0086/17, sostiene que "frente a las consultas realizadas por la UIF a contrapartes internacionales respecto a la existencia de dichos vínculos (las transferencias denunciadas), los resultados de las mismas han sido por el momento todos negativos". En ese sentido, el organismo presenta un informe que se adecua a la defensa esgrimida por el jefe de los espías. Según lo declarado por Arribas, la única transferencia que recibió de Leonardo Meirelles, confeso operador de la constructora Odebrecht, fue la última, y de menor cuantía, por 70.500 u$s. 

La condescendiente actuación de la UIF se complica a partir de lo denunciado por Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, previo a ser corrido de la cobertura del tema. El periodista consignó que la UIF había omitido reportar la alerta por operaciones sospechosas, a partir de las transferencias recibidas por el director de la AFI. La “distracción”, que según consta en el artículo periodístico ocurrió en Abril de 2016, coincidió con la discusión de los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en el Senado.

El rol mediático

Más allá de las defensas esgrimidas por el organismo en los expedientes que involucran al presidente y a su círculo íntimo, la Unidad de Información Financiera actuó con una clara función mediática.  A pesar ubicarse bajo la órbita del Ministerio de Justicia, es decir, respondiendo al Poder Ejecutivo Nacional, sus informes, en el ámbito mediático, se presentan como objetivos. Basta repasar los titulares que los grandes medios de comunicación replicaron para inferir la utilización de un cierto aura de “juridicidad” e imparcialidad para legitimar los informes: “Arribas: un informe de la UIF avala su defensa” (La Nación); “Panamá Papers: para la UIF, no hay indicios de lavado de dinero contra Macri” (Infobae); “Panamá Papers: la UIF no encontró indicios de lavado contra Macri” y “Un informe de la Unidad de Información Financiera despega a Gustavo Arribas del "Lava Jato" (Clarín).

El tratamiento mediático revela la función de la UIF por fuera de lo actuado en lo expedientes. Repitiendo un accionar cada vez más común por parte del Poder Judicial de impactar en la agenda de los medios, el organismo dependiente del PEN busca desmarcar al presidente y su entono de las acusaciones corrupción sin aclarar su endeble autarquía del gobierno macrista.

¿Unidad antilavado en tiempos de blanqueo?

Fuentes consultadas para esta investigación remarcaron el absurdo que representa el accionar de un organismo antilavado en el contexto actual de fuga de divisas y blanqueo de capitales fugados. Un hombre ligado al análisis del lavado y la evasión, que pidió mantener su nombre en reserva, cuestionó la utilidad de la institución: “En pleno blanqueo sin límites y sin mayores investigaciones al capital blanqueado (condición establecida en la ley impulsada por el gobierno), resulta un sinsentido controlar el lavado. Habría que analizar realmente cual es la funcionalidad de UIF hoy, a qué intereses representa”.

En efecto, el artículo 46° de la norma aprobada por el Poder Legislativo indica que quienes ingresan al blanqueo "quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado".

Fue este artículo el que originó la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos que permite que los argentinos investigados por evasión fiscal en Suiza puedan ingresar al blanqueo. La consulta ante Alberto Abad, titular de la AFIP, surge a partir de las cuentas radicadas en la filial del HSBC en el país europeo.

“La UIF es la gerencia de la impunidad”

Con motivo de la investigación, AGENCIA PACO URONDO dialogó con el coordinador del Observatorio de la Riqueza, espacio que se propone generar "un cambio en el sistema financiero y comunicacional mundial". En ese sentido, Guillermo Robledo expresó que “la UIF es la gerencia de la impunidad de los cinco bancos extranjeros que fugan el capital para después endeudarnos”. No dudó en referirse al organismo como “una de las oficinas del colonialismo dentro del Estado”, al considerar que “es la cobertura legal local al sistema clandestino de los paraísos fiscales internacionales y el eslabón central que garantiza el saqueo financiero”. 

Ante la pregunta sobre la función comunicacional de la UIF descripto en la investigación, el dirigente social afirmó que “el objetivo comunicacional de la UIF hoy, es omitir información, obturarla.” Asimismo, explicó que la desinformación ejercida por el organismo reside “en el secreto bancario, estadístico e impositivo”, requiriendo que dichos secretos “deben ser eliminados en un próximo gobierno popular” ya que con ellos “el pueblo no puede conocer información básica para diseñar su destino”.