fbpx 82% móvil: sólo se pudo pagar durante 5 años en la historia argentina, por María Luz Alonso*
Economía //// 15.07.2010
82% móvil: sólo se pudo pagar durante 5 años en la historia argentina, por María Luz Alonso*

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Mucho se habla, poco se conoce, sobre ese clisé que da vueltas en el debate público argentino: 82% móvil. ¿De qué hablamos? Mirar la historia puede, a veces, ofrecernos sorpresas.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional expresa: “(…) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de la familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
 
Si bien en nuestra Carta Magna se menciona jubilaciones móviles, no se fija el porcentaje que debe representar del salario vital móvil, tampoco lo hace la primera ley (4.349) de jubilaciones que existió en nuestro país. La cual fue sancionada en 1904 bajo el gobierno de Julio A. Roca y solamente amparaba a los trabajadores de la Administración Pública Nacional a través de un sistema de capitalización colectiva administrado por el Estado.
 
En 1944 solo el 7 por ciento de la población económicamente activa estaba afiliada a distintas cajas de jubilaciones. Con el impulso de Juan Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego desde la presidencia de la Nación, ese porcentaje aumentó rápidamente con la creación de la Caja para Empleados de Comercio y la del Personal de la Industria, a las que más tarde seguirían las de trabajadores rurales, personal doméstico, autónomos, profesionales y empresarios. En menos de una década, la totalidad de la población activa había quedado cubierta. Los fondos en gran medida fueron colocados en títulos públicos de largo plazo.
 
Las cajas creadas funcionaron en forma independiente y dieron un superávit muy elevado. En 1954, el haber jubilatorio empezó a calcularse mediante una escala independiente de los aportes acumulados por cada beneficiario. Se abandonó la idea de capitalización individual y se pasó a un sistema de reparto entre ingresos y egresos corrientes. El resultado que se obtuvo entre 1950 y 1954 fue un superávit que rondaba el 4% del PBI.
 
En 1958 en el gobierno de Frondizi sanciona la Ley 14.499 que establece el 82% móvil para jubilaciones y pensiones pero no contempló un aumento de los aportes al sistema ni la modificación de la edad jubilación, lo que llevó a que colapsara en cinco años. El gobierno de Onganía (1966) declara la inembargabilidad de los fondos ante la ola de juicios y sentencias judiciales, lo que genera la crisis del sistema previsional. Ante esta situación en 1967 se modifica el sistema previsional con las leyes 18.037 y 18.038 que comienzan a flexibilizar la forma de calcular los haberes, restringen considerablemente el 82% poniéndolo como techo y no como base, y aumentan considerablemente los aportes previsionales y la edad jubilatoria. El siguiente golpe al sistema previsional se da en la época de Alfonsín, cuando en 1986 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) suspende la ejecución y pago de sentencias judiciales contra el Estado durante dos años, además de modificar el modo de cálculo de la jubilación ordinaria, lo que conlleva a que cada nuevo jubilado pasaba a cobrar menos. Hasta aquí los fondos de nuestros jubilados seguían en las arcas del Estado Nacional, con períodos buenos y no tan buenos.
 
En 1994, con la presidencia de Carlos Menem y el auge de las políticas neoliberales, llegó un momento que eso dejó de ser así, los recursos pasaron a ser administrados por el sistema financiero mediante las AFJP y la capitalización individual. Los aportantes pagaron desmedidas comisiones y las AFJP invirtieron los fondos en activos dudosos y en negociados (por ejemplo, las acciones del Grupo Clarín se pagaron varias veces su precio).
 
Lo que ocurrió en la década de los 90 con el sistema previsional argentino fue, sencillamente, un robo; pero un robo maquillado bajo la idea de que mientras más chico era el Estado, más grande la Nación. Así, millones de jubilados y pensionados de nuestro país quedaron marginados y sin la gratificación de haber trabajado toda su vida para pasar una vejez feliz y tranquila.
 
Sin embargo, la película no concluye acá. En 1999-2001 gobierna al país la Alianza, que continúa la aplicación del programa neoliberal (pago de deuda, ajuste interno). Al final de su inconcluso mandato, se decidió recortar el 13% de los salarios estatales, las jubilaciones y pensiones. Hay que recordar que muchas figuras actuales de la oposición, que levantan la bandera del “82% móvil”, en aquel momento justificaban la poda a los ingresos y el ajuste (Patricia Bullrich, Gerardo Morales, entre otros).
 
Desde la llegada de Néstor Kirchner y continuando con la presidencia de Cristina Fernández, por primera vez en décadas se revirtió el patrón que vinculaba al Estado con los pasivos. En primer lugar, una moratoria permitió incluir a tres millones de jubilados al sistema previsional. Así, nuestro país se convirtió en el primero de la región en lo que respecta a cobertura previsional. En 2003 alcanzaba al 57% de los adultos mayores, ahora llega al 90%: de 3185 millones de beneficiarios se pasó a los actuales 5585 millones.
 
Otro de los puntos en los cuales se avanzó, y con creces, fue la modificación de la movilidad jubilatoria. A través de la sanción de la ley 26.417 se establece el aumento de la jubilación dos veces por año. En resumen, desde 2003 a la fecha el crecimiento de la mínima fue del 497% y de la media del 238%.
 
Sin dudas, el hito principal tiene que ver con la estatización de las fallidas AFJP en 2008. De esta manera, se abandonó un sistema basado en la estafa a los trabajadores pasivos para pasar a otro donde se recupera el rol del Estado. Sin la estatización, no hubieran sido posibles los aumentos y la movilidad jubilatoria. Tampoco tendría sentido la actual discusión. Nuevamente, emerge la hipocresía opositora: ¡muchos de los que participan en ese sector votaron contra la estatización (y qué decir de Clarín o La Nación)!
 
Conocer la historia nos permite entender un sistema previsional que pasó por diferentes momentos. También, comprender de qué hablamos cuando nos referimos al “82% móvil”, tomado como clisé hueco por opositores y medios hegemónicos. Por último, el recorrido histórico nos arroja elementos para detectar aquellas administraciones que pusieron el acento en mejorar la calidad de vida de millones de nuestros abuelos.
 
Por último, el recorrido histórico nos arroja elementos para detectar aquellas administraciones que pusieron el acento en mejorar la calidad de vida de millones de nuestros abuelos, como tambien aquellas otras que no lo hicieron tanto. Queda en la interpretación de cada argentino diferenciar cual es cual.
 
* María Luz Alonso es economista (UBA) y asesora de José Ottavis, secretario de JPBA. (Agencia Paco Urondo)