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Dossier //// 06.04.2019
Las actas de la UNS hablan

Medular en la biografía institucional, el libro de actas de la UNS de Bahía Blanca da testimonio de la historia nacional de las últimas seis décadas. Los documentos hablan por lo que dejan escrito, pero también por lo que omiten.

Por Diego Kenis

Bajo su actual denominación, la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca fecha su creación en el 5 de enero de 1956. Su acta fundacional no menciona a Juan D. Perón (el decreto ley 4161 sería firmado dos meses más tarde, pero la prohibición de nombrarlo estaba en vigencia de hecho), pero reconoce que la creación de la casa de estudios se concretó “sobre la base del Instituto Tecnológico del Sur” fundado por el peronismo en 1948. Ya a fines de los ’40, el ITS comenzó a dictar carreras de grado y formó a los primeros graduados de la nueva Universidad.

El libro de actas inaugurado en aquel verano de 1956 aún no ha sido completado, por lo que allí continúan asentándose los hechos más importantes de la vida institucional de la UNS. En sus páginas se leen las distinciones a docentes, las visitas del presidente Arturo Illia en 1965 y el vicepresidente Daniel Scioli en 2007 o los doctorados honoris causa que recibieron Estela de Carlotto, Baltasar Garzón, Raúl Zaffaroni, Raúl Alfonsín, Bernardo Kliksberg y Osvaldo Bayer.

Pero el sexagenario volumen guarda también, entre sus pliegues amarillentos, las huellas de los años del terrorismo de Estado. Pasados los folios que atestiguan los meses de la primavera camporista, con la Tendencia en la gestión de la mano de Víctor Benamo, asoman las actas que refieren a las intervenciones que se sucedieron desde 1975.

El 25 de marzo de 1976, con la precisión horaria castrense de las 8 de la mañana, está asentada la “toma de posesión” del cargo de interventor del capitán de navío Raúl González, designado por la dictadura cívico militar que había comenzado un día antes. La anónima redacción anuncia en el párrafo de cierre que suscribirían el documento el marino, el interventor saliente Julio Reynoso y “los testigos presentes”. Pero nadie firma el acta.

El documento de toma de posesión de Remus Tetu resulta aún más increíble. Tetu, que había sido expulsado como docente en 1973, retornó menos de dos años después como encargado de imponer la misión Ivanissevich. El acta de la fecha, que anuncia la presencia del escribano Osvaldo Campagnoli, apunta sus objetivos y comienza a transcribir el decreto de intervención del Poder Ejecutivo. Pero el texto finaliza abruptamente, sin completar la copia de la norma. No tiene siquiera punto final, ni mucho menos firma ni certificación alguna. Luego, casi tres páginas en blanco. Reservadas para algún fin que nunca se concretó.

Los boletines de prensa de la UNS de 1975 hallados recientemente quizá puedan ofrecer alguna explicación posible para tanta desprolijidad, aunque al precio de descubrir aún más. El reporte del 21 de febrero anuncia que Tetu “se hizo cargo de sus funciones” y ofrece párrafos textuales de sus declaraciones, aunque el interventor saliente, Héctor Arango, no estaba en Bahía Blanca para asistir al traspaso. Cuatro días más tarde, otro boletín de prensa informaba que el interventor designado viajaría “esta noche” a Buenos Aires, donde “será puesto en funciones mañana por la tarde, en la sede del Ministerio de Cultura y Educación, por el titular de la cartera, doctor Oscar Ivanissevich”. A su regreso, el 28 de febrero, firmó una resolución para reordenar la numeración de las resoluciones de Rectorado, decidiendo arbitrariamente que comenzaría a contar desde el número 50.

Tales desprolijidades no eran extrañas en la biografía de Tetu, y por regla general abren el camino a interrogantes y revelaciones. En 1949, había escapado de Francia con una cartilla del consulado brasileño que lo definía como mecánico. Sin embargo, en la Argentina se adjudicó títulos de grado en ciencias humanas que nunca comprobó. De acuerdo a su versión, el escape a una condena a siete años de prisión en su natal Rumania, donde había sido un dirigente juvenil de la dictadura aliada al nazismo, le impidió finalizar estudios de doctorado en Derecho y Filosofía y Letras, que había “prácticamente terminado”.  Antes y después los daría por ya concluidos, sin que autoridad alguna del Ministerio de Educación argentino acreditase la inaugural declaración jurada de pergaminos académicos que presentó por duplicado al ingresar como docente al ITS. Los ejemplares no están firmados ni sellados por nadie, tal y como ocurriría casi un cuarto de siglo después con el acta de toma de posesión del cargo de rector interventor.

Ese documento incompleto, sin punto final ni rúbricas es la única acta producida durante la intervención de Tetu, que en cambio sí dejó decenas de resoluciones donde puede rastrearse su accionar represivo.

La comunión entre el rector interventor y los represores militares que continuaron su tarea es ostensible. Un cable de la Agencia de Noticias Clandestina que dirigía Rodolfo Walsh informó el 18 de septiembre de 1976 que el general Adel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército con cabecera en Bahía Blanca, había reconocido públicamente la tarea del nazi rumano. Las investigaciones judiciales abiertas en la década pasada lograron determinar además que Tetu participaba de la “comunidad informativa” en que distintas reparticiones del Estado compartían y cruzaban datos para insumo de la represión clandestina. El propio Walsh plasmó la continuidad de un mismo esquema represivo en su Carta Abierta de 1977, cuando escribió que “las 3 A son hoy las 3 Armas”.

David “Watu” Cilleruelo, estudiante de Ingeniería y militante comunista a punto de ser electo titular de la Federación Universitaria del Sur, había denunciado esa complicidad criminal en una asamblea que encabezó menos de un mes antes de ser asesinado por los esbirros de Tetu, por entonces recién asumido como interventor de la UNS.  

Los espías navales infiltrados en el mitin estimaron la asistencia en 250 personas y resumieron los conceptos de “Watu”, que propuso el “estado de movilización total” y acusó a Tetu de “implantar la misión Ivanisevich, que no era otra cosa que la introducción del Imperialismo en la UNS con el apoyo de la Marina, que era la única arma que había bombardeado al pueblo indefenso y la consideraba el brazo armado del imperialismo” (sic, del informe de inteligencia).

La mención de los bombardeos de 1955 sobre la Plaza de Mayo impacta de lleno en el mito fundacional de la propia UNS, que hasta la creación de su Archivo de la Memoria reconocía institucionalmente como sus mentores a los autores de la masacre. De hecho, entre las firmas que rubrican el acta se encuentran las de los escritores Eduardo Mallea y Ezequiel Martínez Estrada, pero también la del todavía ignoto jefe de la policía provincial, Desiderio Fernández Suárez. En el invierno siguiente sería el responsable de concretar la Operación Masacre en los basurales de José León Suárez. 

Los dictadores de 1955 designaron como primer “normalizador” al radical Pedro González Prieto. Casi tres décadas después, volvió a ese cargo. Corría 1984, la democracia acababa de ser recuperada y su nombre quedó asociado a la nueva primavera. La añeja realidad decepcionó las jóvenes expectativas y la gestión de González Prieto dejó morir el pedido de cesantía promovido por la comunidad estudiantil contra Tetu, que acabó jubilándose sin reproche. El trámite dejó un pormenorizado informe del accionar del interventor rumano, puntualizando atropellos e irregularidades en más de medio centenar de puntos. Pese a tan minucioso recuento, a la hora de hablar del crimen de “Watu” omitió nombrarlo: “el asesinato de un estudiante”, se lee. Un extraño caso de asesinato sin víctima, ni victimario.