DDHH //// 26.02.2018
“La presencia de Etchecolatz en el Bosque Peralta Ramos es una ofensa a la memoria”

Juan Tapia es un abogado que se desempeña en el Poder Judicial de Mar del Plata. También es docente en la Facultad de Derecho de dicha ciudad. Se especializó en Derecho Penal y Procesal Penal y tiene una maestría en Sistemas Penales comparados. Su opinión sobre el caso Chocobar. 

Por Branco Troiano

APU: Desde la asunción del macrismo, ¿considera que la Justicia actúa con mayor o menor independencia respecto del Poder Ejecutivo?

J.T: Considero, en primer término, que la subjetividad de cada actor no es una pauta fiable en torno al concepto de mayor o menor independencia. No sé con qué parámetro medirlo. Tal vez, lo que sí habría que revisar es la coherencia en las decisiones judiciales para evaluar si modifican criterios o endurecen determinados parámetros conforme a ciertos discursos. Y eso requiere un nivel de análisis complejo y un estudio de campo. Igualmente, me parece que hay análisis interesantes que suelen hacer algunas organizaciones no gubernamentales, como puede ser el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), para revisar estos casos.

El deber de los actores es mantenerse al margen de las presiones internas y externas, decidiendo de acuerdo a sus convicciones. También, debemos recordar que los jueces son actores políticos. En cada decisión, ellos expresan su visión de la democracia, del poder, de castigo, de los roles de género.

APU: ¿Qué análisis hace de lo ocurrido con Chocobar y su posterior repercusión, tanto en los medios como en la opinión ciudadana?

J.T: En cuanto al caso Chocobar, uno podría analizarlo en tres dimensiones de problemas diferentes. Por un lado el falso debate de justificar el accionar de un funcionario por la gravedad del delito de un particular. En un Estado de Derecho debemos tender a reivindicar los puntos de un acuerdo por una seguridad democrática. El hecho cometido por el joven que lamentablemente murió es un hecho grave, injustificable, merecedor de una pena penal. Ahora bien, lo que correspondía era la intervención del Estado conforme a las reglas que hemos establecido entre todos: su detención, ejercicio derecho de defensa, su juzgamiento y eventualmente su castigo; con una finalidad concreta, que es la de su reinserción, y no su eliminación. Ese es el primer punto.

Por otra parte, el segundo nivel de análisis sería la conducta puntual de Chocobar. En ese sentido, los dos fallos de primera instancia son muy claros. Hay una hipótesis que apunta un exceso en la labor del policía, y tal exceso está sancionado con pena. Cuando se da un hecho así, en el que una persona se da a la fuga, es decir, que no pone en riesgo la salud de nadie, no debería haber terminado como terminó.

Y el tercer nivel de análisis del caso se centra en la decisión del Poder Ejecutivo de recibir a Chocobar; y luego, las críticas que le hace al Poder Judicial  sobre el contenido de la decisión. En ese caso, las críticas me parecen siempre válidas. No comparto esa visión corporativa que siempre pone el grito en el cielo cuando se cuestionan los procedimientos judiciales. Pero bueno, en fin, recibir a un funcionario que está haciendo juzgado deja a entrever un mensaje que implica un aval a un procedimiento que el Poder Judicial ya ha señalado como un delito.

APU: ¿Qué le pareció el otorgamiento de prisión domiciliaria a Etchecolatz?

J.T: Con relación a este caso, siempre me parece interesante cuestionar esas decisiones manteniendo una coherencia discursiva con el respeto a las garantías constitucionales. El desafío de las organizaciones de Derechos Humanos, y los que proponemos un sistema penal que se adecue necesariamente a nuestra Constitución, es cómo hacer para ese rechazo que nos genera la decisión no nos haga incurrir en lo más retrógrado de la demagogia, cómo evitar enamorarnos del discurso manodurista, simplista y efectista que, como sabemos, después se despliega contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde esta lógica, hay diversos argumentos para cuestionar el arresto domiciliario del genocida Etchecolatz. Primero, que el normativo del Código Penal indica que las personas mayores a setenta años podrán cumplir las penas de prisiones domiciliaria. Como vemos, es una facultad. Pero el podrán, no significa deberán. Hay que destacar Etchecolatz había sido condenado en el 1986 y, por las leyes de impunidad, evitó cumplir las penas. Eso es un dato significativo. Logró mantenerse impune y ahora consiguió esto.

Por otra parte, cuando se argumenta la domiciliaria con el estado de la salud de Etchecolatz, hay que decir que son patologías que se podían tratar en cualquier cárcel. Sabemos, además, que los autores de delitos de Lesa Humanidad están en un sitio especial en las cárceles, aislados del resto de  los presos. Por eso es que podía ser debidamente atendido.

A su vez, no hay que olvidar que hay investigaciones en curso, de delitos permanentes que se continúan ejecutando. Varias de las víctimas de Etchecolatz siguen desaparecidas, de modo tal que el Estado no puede controlar con quién se entrevista, con quién habla en su domicilio. Y eso implica la posibilidad concreta de que obstaculice la investigación. Es un personaje al que se le conoció en mensaje de su puño y letra en el que pedía por las declaraciones del señor López en el medio de su propio juzgamiento. O sea, su prisión domiciliaria claramente es un riesgo en el curso de la investigación.

Como cuarto argumento, uno también tiene que señalar que un arresto domiciliario no se puede dar en lugares cercanos al paradero de las víctimas. Y en este caso, en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata habitan víctimas de sus crímenes. Su presencia es una ofensa a la memoria. En esa idea de evitar discursos manoduristas, hay que recordar que el arresto domiciliario no es impunidad, pero uno debería pensar en quiénes pueden gozar de ella.

Hoy tenemos detenidos por hurtos insignificantes, y un genocida está en su casa.

APU: ¿Qué lugar tiene en la actualidad el llamado “gatillo fácil”?

J.T: Tratar de pensar en cuanto a un caso particular es un diagnóstico errado. Tenemos que construir indicadores de control sobre las fuerzas de seguridad. En Mar del Plata, en algún momento, fueron muy bien medidos, y lamentablemente fueron desarticulados. Necesitamos tener organismos de control. En ese marco, hay que destacar que la violencia institucional no es solo propia de las fuerzas de seguridad, sino que las decisiones del Poder Judicial en muchos casos son violencia institucional. Durante todos estos años de democracia, se miró para otro lado en cuestiones gravísimas. Evaluar todo esto es un desafío pendiente de la democracia.