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DDHH //// 17.11.2010
Guatemala en la búsqueda de verdad y justicia

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Prensa de Frente) Los gobiernos autoritarios en Guatemala fueron una constante que atravesó a su historia. El período más represivo dejó su huella durante los años 1975 y 1985, con 45.000 detenidos desaparecidos- el país no llegaba a los 10 millones de habitantes cuando esto ocurrió- y 155 mil asesinados, siendo el 83% de las víctimas maya, según los datos que estableció la Comisión Nacional para el Esclarecimiento Histórico. En una historia de impunidad vigente, el descubrimiento del archivo de la policía de este país en el año 2005 es un gran aporte para la memoria y la justicia de Guatemala y toda Latinoamérica.
En el marco de una conferencia organizada por la Comisión Provincial por la Memoria en La Plata, Gustavo Meoño, coordinador del ex archivo de la policía de Guatemala, explicó el valor de la existencia de este archivo en relación a la búsqueda de verdad en un país donde aún la violencia, la militarización y la polarización social continúan vigentes. A pesar de algunos cambios simbólicos como el paso de nombre de Policía Nacional a Policía Civil, el poder del Ejército aún se hace notorio en la organización de la sociedad, mientras las comunidades indígenas permanecen en condiciones de exclusión y pobreza. Hubo un lapso que interrumpió la continuidad de regímenes dictatoriales en la historia de Guatemala, cuando entre los años 1944 y 1954 se dio un giro democrático con los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, donde se puso fin a la dictadura militar comandada por Jorge Ubico en 1944. En este proceso democrático se dieron los cambios a nivel social, político y económico más importantes del país, vigentes hasta hoy. “Casi podemos decir que lo que tenemos se debe a ese período 44’- 55’; reforma agraria, autonomía para la Universidad, Código de Trabajo, Seguro Social, autonomía para las municipalidades, etc.”, explica Gustavo Meoño. En 1954 se produjo la intervención directa de los Estados Unidos en el derrocamiento de la presidencia de Jacobo Arbenz. A partir de allí comienza un largo período de tres décadas bajo el control de gobiernos militares. Entre el año 1966 y 1970, la presidencia estuvo encabezada por un civil, pero bajo el mando de los militares. “La Comisión por el Esclarecimiento Histórico hizo público el documento que evidencia que los militares le obligaron a firmar un compromiso para obedecer lo que ellos decidieran”, afirma Meoño. En ese contexto, el 13 de noviembre de 1960 se produjo un levantamiento de jóvenes del Ejército en contra de la corrupción del gobierno militar de la época, sumado a la indignación de que el país estuviera siendo usado como campo de entrenamiento para la contra revolución cubana. “Había cierto orgullo de sentimiento militar, porque los sargentos del Ejército de los Estados Unidos, que entrenaban a los contra cubanos y a un grupo de mercenarios, tenían el mismo rango que los coroneles guatemaltecos, un sargento gringo terminaba mandando incluso más que un coronel guatemalteco”, expresa.Con la ayuda de pilotos y aviones norteamericanos, el gobierno militar sofocó al levantamiento rebelde. Sin embargo a partir de aquí, los jóvenes militares entraron en contacto con el Partido Comunista, y se formó el movimiento revolucionario armado en Guatemala, dando inicio a una larga historia de 36 años, que se denominó como “conflicto armado interno”, hasta 1996, año en que se firman los acuerdos de paz, entre el gobierno y la guerrilla (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca- URNG).“Este proceso revolucionario que desembocó en la firma de los acuerdos de paz, resultó frustrante. Los acuerdos constituyen un análisis de la realidad social en todos los ámbitos y establecen qué cambios se necesitan para resolver los problemas, pero hoy esos acuerdos son letra muerta, no se han puesto en práctica. Los militares, los partidos políticos tradicionales, la oligarquía guatemalteca encontraron la manera para ir dejando esa agenda de paz de lado”, interpreta Meoño.La importancia del archivoLa policía de Guatemala negó sistemáticamente hasta el 2005, la existencia de los archivos. “Fueron destruidos”, “la guerra”, “el conflicto armado”, “alguien los destruyó”, fueron éstos, entre otros argumentos, los que de alguna manera instalaron esa falsa convicción en la sociedad. Sin embargo, en el año 2005 se descubre de manera casual, entre roedores, insectos, y humedad, cientos de pilas de documentos que conforman al Archivo de la Policía de Guatemala, encontró en un predio de la Policía Nacional Civil, donde funcionan el Servicio de Desactivación de Explosivos y la Escuela de Formación de la Policía. Luego de la orden de una jueza, el archivo, que hasta ese momento seguía funcionando como tal, quedó intervenido. De esta manera hasta julio del año 2009 funcionó un equipo de trabajo junto a la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora depende del Ministerio de Cultura, bajo la rectoría del Archivo General de Centro América, mientras que el financiamiento se garantiza por el apoyo internacional. Este archivo es uno de los acervos documentales de la represión más grande de América Latina y cuenta con toda la historia de la policía desde su fundación. Pilas de unos 7900 metros lineales de paquetes de documentos, casi 8 kilómetros de papeles, 80 millones de folios y 115 años de historia de la policía fueron encontrados allí. De este modo, comenzó el proceso de trabajo donde lo primero que se debió hacer fue una intervención archivística clásica de conservación. En una primera instancia, se hicieron intercambios con las trabajadoras del ex archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), hoy Archivo de la Comisión Provincial de La Memoria de la Argentina. En la actualidad hay 12 millones de documentos que han atravesado el proceso de limpieza, organización, preservación, digitalización y descripción de los documentos, colocados en cajas y estantes. El período de los documentos recuperados y trabajados data entre los años 1975 y 1985, momento en que de acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos en Guatemala. “La gráfica se dispara a partir del año 1975, inherentes en todos los delitos del genocidio que se cometió en Guatemala: desaparición forzada; ejecuciones extrajudiciales; tortura; violación sexual de mujeres; sustracción de niños; masacres; etc. todo esto se concentra de una manera particular en esos años, y esta es la razón por la cual priorizamos ese período”, alude el coordinador del archivo.Hoy, como parte de una continuidad de los mecanismos de impunidad que corroen todas las estructuras jurídicas, policiales, políticas, etc., se encuentran grietas que están incidiendo cada vez más en la búsqueda de la verdad. Por eso la importancia que tiene un archivo como este, siendo una herramienta clave para la justicia, como así también por su valor histórico, político y social. “Es una lucha en contra de la impunidad que nunca se ha detenido. Es una lucha encabezada por los familiares de las víctimas como de las comunidades que no se han rendido, pese a los riesgos, durante años”.Hasta el momento se ha logrado el juicio y la sentencia de los comisionados militares que funcionaban como caciques rurales, quienes bajo mandato militar, señalaban a la gente que tenían que asesinar. Allí se juzgó por primera vez bajo la figura de desaparición forzada, un delito de naturaleza imprescriptible. Hubo un segundo juicio, contra un Coronel y un grupo de militares comisionados, donde también se juzgó en el marco del delito de desaparición forzada con agravantes, por violación sexual y torturas contra seis campesinos de una comunidad. El archivo está abierto a la consulta pública de manera irrestricta, amparado en una ley de acceso a la información que establece que cualquier documento posiblemente vinculado con la violación a los DDHH, no puede ser sujeto de reservas o censura. “El usuario firma un compromiso, y a partir de ahí es responsabilidad del usuario el uso que haga de la información. Hemos entregado unos 85.000 folios. Y así hemos podido contribuir de manera eficaz a los procesos judiciales”, explica Meoño y destaca la importancia de formarse en la pericia técnica para los juicios, en analizarlos e interpretarlos, no solo entregarlos a la Fiscalía. En eso están trabajando para el próximo juicio por desaparición forzada donde toda la defensa y la estrategia se basa en la los documentos aportados por el archivo.De este modo, en un país donde aún las consecuencias de más de tres décadas de Terrorismo de Estado atraviesan a la sociedad, la incidencia y la utilización de este archivo se constituye como un elemento más para dar batalla a la impunidad y al silencio que negocia con la justicia y corrompe la identidad y la dignidad de los pueblos. (Agencia Paco Urondo)