fbpx Empieza el primer juicio en el Gran Mendoza contra diez represores
DDHH //// 15.11.2010
Empieza el primer juicio en el Gran Mendoza contra diez represores

 
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Es uno de los juicios más esperado y también el que sufrió más complicaciones. Debieron pasar 34 años para que los acusados estén de cara ante los miembros del Tribunal y además frente a los familiares de las 32 víctimas mendocinas. Será el tercero que se realiza en Cuyo, uno de los cuales (en San Rafael) aún no tiene sentencia, mientras que el primero se concretó hace más de 2 años en la vecina provincia de San Luis. Allá por mayo de 2008, el juez federal Walter Bento elevó al Tribunal Oral N° 1 después de investigar la privación ilegítima de la libertad de Lidia De Marinis, de 26 años, madre de un bebé de cinco meses y empleada de comercio, que se había establecido con sus padres en un departamento de Catamarca y Montecaseros, cuando hombres encapuchados que integraban un grupo de tareas ingresó en forma violenta minutos después de la medianoche del 3 de junio de 1976 y la secuestró. Desde ese momento figura como desaparecida. Fue el primer expediente que transitó los brillantes pasillos del edificio de los Tribunales Federales. Después se le sumaron otros, pero en ese mismo lapso hubo planteamientos y pedidos de excarcelación. Unos fueron negados en primera instancia pero al final la Cámara accedió al reclamo. Hecho que llevó a un grupo de abogados mendocinos a que pidieran ante el Consejo de la Magistratura el juicio político de Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra, acusándolos de "mal desempeño". Sin embargo al día de hoy los procesados llegarán a este debate en libertad, aunque algunos tengan problemas de salud que obligarían a que se los ubique en una sala contigua al salón de debate, pero intercomunicados por medio de teleconferencia. Paralelamente, hubo recusaciones que postergaron la puesta en marcha del proceso. De manera simultánea, defensores oficiales pidieron el apartamiento del juez Bento con el argumento de que "la Justicia Federal carece de potestad para investigar delitos esencialmente militares", lo que fue desestimado. También hubo denuncias, concretadas por los camaristas Julio Petra y Otilio Romano, sobre que el Tribunal "demoraba" el inicio de las causas. Finalmente ese atraso, que dio lugar a reclamos, marchas y protestas, permitió que se unificaran más expedientes, en los que todos los imputados comparten las mismas responsabilidades penales, llegando a estas 18 causas con que, este miércoles comenzará el debate. Algunas historias En marzo de 2006, después de declarar ante la Justicia, quedaron detenidos los ex coroneles Tamer Yapur (mendocino) y Orlando Dopazo (fallecido en febrero en Capital Federal) y el ex comisario Juan Agustín Oyarzábal, del que se dijo era uno de los torturadores de aquellos años. Concretamente el ex efectivo de la Policía de Mendoza era el segundo responsable del centro clandestino de detención tristemente conocido como D2, que funcionaba en el Palacio Policial, junto a otros imputados como Armando Fernández Miranda -que tenía la jerarquía de comisario inspector- y el ex comisario Eduardo Smaha Borzuk. A todos ellos, en la elevación a juicio, se los responsabiliza por el homicidio del periodista y escritor "Paco" Urondo y la desaparición de su mujer Alicia Raboy, en un hecho concretado el 17 de junio de 1976, en Guaymallén, cuando el Renault 6 en que viajaban Urondo y su mujer fue "emboscado" en la esquina de Tucumán y Remedios de Escalada en Dorrego. Ahí fueron interceptados por móviles policiales, que los tirotearon y capturaron. Este hecho después fue ratificado por el testimonio de Renée Ahualli, conocida como "La Turca", que viajaba en el mismo automóvil y logró escapar de aquella redada. También están imputados por la desaparición de Salvador Daniel Moyano, ex agente de la policía, y Ricardo Luis Sánchez, dirigente sindical bancario, quienes fueron vistos por última vez en el Palacio Policial, donde funcionaba el D 2. Y de otras "desapariciones", como el caso de Adriana Bonaldi de Carrera (23), embarazada de dos meses y maestra de música, o el matrimonio compuesto por Antonia Campos y José Antonio Alcaraz -ambos trabajaban de noche en una imprenta y fueron secuestrados en diciembre de 1976, junto a Martín, un bebé de 10 meses que fue devuelto a sus abuelos paternos. Los mencionados son sólo una mínima parte de los casos que engrosan los expedientes acumulados en el primer piso de los tribunales federales, que desde este miércoles se irán develando a la luz del debate, para saber o conocer lo que pasó en aquellos años de dictadura.
Y la sociedad espera que ahora sí se satisfaga el derecho a la verdad y la justicia que impulsa desde hace 12.400 días a los familiares de las víctimas.(Agencia Paco Urondo)