DDHH //// 07.06.2010
El nuevo abogado de Ernestina Herrera De Noble: ¿Quién es Gabriel Cavallo?, por Juan Gasparini

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Revista Zoom) Pronto la Justicia confirmará si los hijos de la dueña de Clarín fueron apropiados durante la última dictadura militar. Luego de que se levantará en manto de impunidad que cubría “al gran diario argentino”, la principal accionista ha recurrido a “un gran defensor” con impecables antecedentes.Tal vez sorprendió la reciente nominación del ex magistrado Gabriel Cavallo, como flamante abogado de Ernestina Herrera de Noble, propietaria del grupo Clarín, bajo sospecha de una irregular adopción de dos bebes durante el último régimen militar. 
Catapultado a la fama por su desempeño en la causa de los sobornos del Senado de la Nación, encontrarán una reseña de su carrera de juez de instrucción en mi libro La injusticia federal , publicado en abril de 2005, cuya consulta pública es accesible en mi sitio Web www.juangasparini.com. En ese libro quedó demostrado que Gabriel Cavallo, para obtener la promoción a camarista, obstruyó el avance de la investigación penal mientras fuera responsable de instruir la “coima De la Rúa”, entre el 19 de febrero de 2001 y el 17 de agosto de 2001, dejando sin resolver la situación de los principales imputados (José Genoud, Fernando de Santibañes y Mario Alberto Flamarique).
 
Nada menos que la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, lo afirmó sin ambages: “el juez Cavallo fue ascendido a camarista con el voto de los senadores que estaba investigando”, cargo que obtuvo “pese a que otros candidatos consiguieron mejor calificación al concursar por el puesto en el Consejo de la Magistratura” (La Prensa, 29 de octubre de 2001). En efecto, durante su mandato al juez federal Cavallo lo cambiaron en el orden que arrojaba la mayoría de los exámenes, pasando a ocupar el primer lugar de una lista por jerarquía “alfabética”, siendo acomodado a la exigencia que había planteado el presidente De la Rúa de mandar al Senado para aprobación a quien, por mérito, encabezara la terna.
 
Cavallo no definió cargas penales contra nadie en el flagrante cohecho en la Cámara Alta, y alejó toda posibilidad de escudriñar los patrimonios de los senadores imputados. Entorpeció la acción de los fiscales, Eduardo Freiler y Federico Delgado, apartando del expediente a Rafael Bielsa, responsable de la SIGEN, todos decididos a seguir la pista del dinero mediante la auditoría de las cuentas de la SIDE, y la revelación de documentos secretos. Sin embargo, gracias a la confesión dos años después del arrepentido Mario Pontaquarto, y en virtud de la encomiable labor del nuevo instructor, Daniel Rafecas, pudo elevarse el procedimiento a juicio oral, sobre la base de las pruebas ya existentes en épocas de la actuación de Cavallo, cometido en el que pudo haber progresado y no lo hizo.
 
El libro denuncia el doble discurso de Cavallo, de independencia hacia los medios de comunicación, pero de complicidad con el poder de turno. Esa conducta se vio al parecer manifestada en la excarcelación que ordenara el 7 de noviembre de 2001 en favor de doce genocidas de la ESMA y de otros seis de los centros clandestinos de la dictadura implantados en Santa Fe, solicitados en extradición por el juez español Baltasar Garzón, represores que no podían ser juzgados en Argentina por las leyes de amnistía vigentes en esa fecha.
 
El libro evoca también su fallo del 6 de marzo de 2001, que decretaba inconstitucionales tales leyes, para lo que supuestamente careció de jurisdicción al producirse en diligencias por el despojo y apropiación ilegal de una menor, hechos no cubiertos por esas normas, en apariencia tergiversando un Amicus Curiae del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidiendo esclarecer el secuestro y desaparición de los padres de aquella víctima, crímenes sí cubiertos por las mentadas leyes.
 
Quien tiró abajo las leyes fue la Cámara Federal de Buenos Aires, en el entendido que fueron inútiles al ser adoptadas con posterioridad a la ratificación por parte del Estado de instrumentos que las prohibían (la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y la Convención Internacional contra la Tortura) subsanando así la presunta falta de Cavallo. El Amicus Curiae del CELS, retomado por tres prestigiosas ONGs a nivel mundial (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas), fue desestimado por la Cámara Federal.
 
Cabe asimismo recordar que luego de haber expulsado en 2004 al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, el gobierno de Néstor Kirchner desactivó dos proyectos de enjuiciamiento contra Gabriel Cavallo, por su participación en el caso Blumberg, y por el papel jugado en el escándalo del Senado y su asenso a camarista. Tampoco conviene olvidar que el 29 de junio de 2007, la Cámara Nacional de Apelaciones declaró nulo el sobreseimiento que dictara Cavallo en beneficio del juez instructor de la voladura de la AMIA, Juan José Galeano, destituido por haber construido una hipótesis falsa del atentado. Desde el 31 de diciembre de 2007, Cavallo se dedica a la actividad privada: periodista de ocasión, e integrante de la sociedad que explotaba el diario Crítica de la Argentina, hoy en día fundido con todos sus trabajadores en la calle. Y ahora, abogado estrella. (Agencia Paco Urondo)