DDHH //// 08.02.2017
Chaco: la pata judicial al banquillo

Más de 50 testigos declararán contra el ex juez Luis Córdoba y el ex fiscal Roberto Mazzoni, que formaron parte de la complicidad judicial con la última dictadura cívico-militar, negando habeas corpus de detenidos desaparecidos.

Por Brian PellegriniDesde Resistencia
El viernes pasado (3) concluyó el plazo para el ofrecimiento de pruebas de las partes acusadoras contra el ex juez federal de Resistencia, Luis Córdoba, y el ex fiscal Roberto Mazzoni. También se juzgará por delitos de lesa humanidad al ex jefe de Guardia de la prisión federal de Resistencia, César Casco. Aguardan la fecha para el inicio del juicio oral y público.Mientras en el Chaco se desarrolla el cuarto juicio oral y público contra los autores materiales del Terrorismo de Estado en la provincia –que incluye a policías y militares-, se avecina el momento de ver en el banquillo de los acusados a ex funcionarios judiciales, a quienes se acusa de no haber actuado para impedir el despliegue clandestino de los grupos de tareas y la represión ilegal de detenidos políticos en el territorio provincial, fundamentalmente en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia, mayor centro clandestino de detención del nordeste argentino y en la Unidad 7, la cárcel federal localizada en la capital chaqueña.  En este contexto, el viernes 3 de febrero pasado concluyó el plazo de ofrecimiento de prueba contra el exjuez federal de Resistencia, Luis Angel Córdoba y el exfiscal federal, Roberto Domingo Mazzoni y también contra el ex jefe de Guardia de la prisión federal de Resistencia (U7), Pablo César Casco. Las presentaciones ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia (TOF) estuvieron a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, que dirige Juan Carlos Goya –quién integrará la lista de testigos-, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Más de 50 testigos La lista de testigos superará los cincuenta y en su gran mayoría está compuesta por ex detenidos y detenidas políticas que realizaron algún tipo de presentación (denuncias y/o solicitudes de habeas corpus) ante el Juzgado Federal y ante la Fiscalía Federal de Resistencia que por aquel entonces encabezaban los hoy acusados Luis Angel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, respectivamente. Entre los testigos también habrá ex funcionarios judiciales que se desempeñaron durante la última dictadura en la justicia federal del Chaco.  Por otro lado, se solicitó al TOF una serie de medidas suplementarias como la incorporación de las sentencias referidas a casos de complicidad judicial en distintos puntos del país como en las provincias de Tucumán, Mendoza y Santa Fe, también de libros de investigación sobre el accionar de la justicia durante la última dictadura cívico militar y abundante prueba documental que incluye alrededor de 80 expedientes y trámites de habeas corpus durante la década del ’70 y también expedientes actuales referidos a delitos de lesa humanidad, de los cuales se podría inferir el papel que habrían desempeñado tanto Córdoba como Mazzoni durante los años de plomo.   A quiénes se juzgará  El ex juez federal de Resistencia, Luis Angel Córdoba, será juzgado por nueve casos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad”; “incumplimiento de la obligación de promover la represión penal” y “encubrimiento” por delitos de Lesa Humanidad. En tanto, al ex fiscal federal Roberto Mazzoni se le imputan los mismos delitos pero en cinco casos. Córdoba fue quien, como magistrado, aceptó la versión “oficial” según la cual los fusilados de Margarita Belén, entre los cuáles había detenidos a su disposición, habían muerto en un “enfrentamiento” cuando intentaron escapar de un celular que los “trasladaba” a la cárcel de Formosa. El juez y su secretario, Carlos Flores Leyes, quién murió impune en 2010, no objetaron que el supuesto traslado se hubiera realizado un domingo, ni que el motivo alegado hubiera sido llevar a un grupo de presos políticos a una cárcel que no estaba preparada para recibirlos. Según la acusación que promovió en su momento Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, víctima de la Masacre, tampoco certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares. En tanto, el ex penitenciario federal Pablo César Casco será juzgado por el delito de tormentos agravados contra dos ex detenidos políticos dentro de la Prisión Regional Norte (Unidad 7), donde se registraron “torturas sin límite”. Casco comandaba la denominada “Guardia dura o la Guardia de Casco”.El TOF incompleto  Por el momento, el Tribunal Oral Federal está conformado por dos jueces: Eduardo Belforte y el polémico Juan Manuel Iglesias, quién desde hace semanas es duramente cuestionado por organismos de derechos humanos por haber beneficiado con la prisión domiciliaria al represor Gabino Manader, conocido como exjefe de la “Patota” de Investigaciones de Resistencia. Aun resta definir al tercer y cuarto juez, que actúa como suplente. Se estima que una vez definidos los integrantes del TOF se debería fijar la fecha de inicio de las audiencias del juicio oral y público que se podría concretar durante el segundo semestre del año, tras la feria judicial.